Diecisiete años de denuncia y una lucha desigual por la contaminación del arroyo Las Alpargatas

Mientras la investigación judicial continúa sin una resolución definitiva, los querellantes Néstor Marsilli y la Dra. Delma Abt, sostienen una batalla que lleva casi dos décadas para demostrar la contaminación del arroyo Las Alpargatas.

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Denuncian demoras, falta de controles efectivos y una degradación ambiental que, aseguran, sigue avanzando.

Diecisiete años de denuncia y una lucha desigual por el arroyo Las Alpargatas

Lo que comenzó como el reclamo de un productor rural por el deterioro del agua que atravesaba su propiedad por efluentes contaminantes de una empresa instalada en el Area Industrial de Chajarí, terminó convirtiéndose en una de las causas ambientales más prolongadas y complejas de la región.

Entrevista completa a la Dra. Delma Abt y el Sr. Néstor Marsilli

Hace 17 años, Néstor Marsilli inició las primeras denuncias administrativas por la contaminación del arroyo Las Alpargatas, en Colonia Belgrano, cuando –según sostiene– la única industria que volcaba efluentes en la zona era la empresa El Carmen S.A., cuyo titular es el sr. Juan Padilla García Hamilton, oriundo de Tucumán, que fabrica los jugos CITRIC. Con el paso del tiempo, ante la falta de respuestas satisfactorias, el conflicto llegó a la Justicia Federal y hoy continúa abierto, sin una condena definitiva.

La abogada de la querella Delma Abt recordó que las primeras presentaciones fueron realizadas ante la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos y posteriormente ante el CORUFA, donde representantes de la empresa habrían reconocido la ausencia de una planta adecuada para el tratamiento de sus efluentes y se comprometieron a instalar un sistema de tecnología italiana de última generación.

Compromiso ante el CORUFA – año 2017

Sin embargo, la instalación de esa infraestructura sufrió importantes demoras y los damnificados sostienen que pasaron varios años antes de que la planta entrara en funcionamiento y que, aun después de su puesta en marcha, los episodios de contaminación continuaron registrándose hasta hoy.

Una contaminación que, según la denuncia, nunca cesó

Para Marsilli y su representación legal, el problema ya no puede analizarse por datos específicos del día, sino como un proceso continuo de degradación ambiental.

La causa sostiene que el crecimiento del Área Industrial de Chajarí incrementó la presión sobre el sistema hídrico, aunque remarca que cuando comenzaron las denuncias El Carmen S.A. era la única firma que vertía efluentes en el sector cuestionado. Por ello, consideran que no puede perderse de vista el origen histórico del conflicto.

En la entrevista, Delma Abt señaló que existen estudios, registros fotográficos, videos, testimonios y numerosas denuncias acumuladas durante años que muestran mortandad de peces, olores intensos, alteraciones en el agua y una significativa reducción de la biodiversidad del arroyo.

También recordó que vecinos de la zona y establecimientos educativos habrían advertido problemas en el agua de consumo debido a la posible afectación de las napas subterráneas.

La planta de tratamiento bajo la lupa

Uno de los ejes centrales de los cuestionamientos apunta al funcionamiento de la planta de tratamiento de efluentes instalada por la empresa.

Según la abogada, la tecnología disponible debería permitir un tratamiento adecuado de los residuos industriales, pero sospechan que no estaría operando a plena capacidad o que parte de los líquidos evitarían el circuito previsto.

Incluso mencionó antecedentes de inspecciones judiciales en las que se habrían detectado sectores con acumulación de líquidos y barro, además de un conducto clandestino cuya clausura fue ordenada oportunamente. La defensa sostiene que es necesario verificar si esas situaciones persisten o si existen nuevos mecanismos de descarga que eludan el tratamiento.

Una causa atravesada por cambios judiciales

Otro factor que, según los querellantes, ha ralentizado el expediente es la inestabilidad en la conducción del juzgado.

La investigación avanzó durante años bajo la órbita del entonces juez federal Pablo Seró, quien ordenó medidas de prueba, allanamientos y tomas de muestras. Sin embargo, su fallecimiento dejó la causa en manos de magistrados subrogantes que se fueron sucediendo en el cargo, obligando —según la querella— a reiniciar una y otra vez el análisis de un expediente voluminoso y técnicamente complejo.

En marzo de este año se dictó una falta de mérito respecto del titular de la empresa investigada, decisión que posteriormente fue confirmada por la Cámara Federal, aunque sin disponer el sobreseimiento y ordenando que la investigación continúe para profundizar la obtención de pruebas. Sin embargo, según señaló Néstor Marsilli durante la entrevista, una de las medidas dispuestas por la Justicia —el monitoreo periódico del arroyo por parte de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos— nunca se habría materializado. Marsilli afirmó que, pese a la orden judicial, hasta el momento no se observaron inspecciones en el lugar ni se incorporaron al expediente informes de control ambiental, situación que, a su entender, prolonga la incertidumbre, genera dudas de parcialidad y dificulta el avance de la investigación.

Ampliaciones de denuncias y nuevas pericias

Pocos días después de esa resolución judicial, Marsilli denunció un nuevo episodio de contaminación que motivó la intervención de la Prefectura Naval Argentina para una constatación inicial y, posteriormente, la realización de nuevas medidas probatorias por parte de la Policía Federal Argentina, que acudió al lugar para tomar muestras de agua por orden del juzgado. Sin embargo, según denuncia la querella, no se concretó la extracción de muestras de lodo o sedimentos, pese a que esa medida había sido solicitada y autorizada judicialmente. De acuerdo con lo manifestado en la entrevista, la omisión se debió a que las fuerzas intervinientes argumentaron carecer de presupuesto y de capacidad operativa para analizar muestras sólidas.

Para la Dra. Abt, esta situación resulta especialmente grave porque los sedimentos conservan una “memoria” de la contaminación acumulada a lo largo del tiempo y podrían aportar evidencia clave sobre la persistencia y el origen de los vertidos, aun cuando el agua superficial presente variaciones circunstanciales.

La Dra. Abt cuestionó las limitaciones presupuestarias existentes para realizar análisis de muestras sólidas, como sedimentos o lodos, que podrían conservar evidencia de contaminación durante períodos más prolongados que el agua superficial.

La querella también planteó que las inspecciones anunciadas con anticipación reducen la eficacia de los controles y volvió a solicitar allanamientos sorpresivos dentro de las instalaciones industriales, pedidos que hasta el momento no prosperaron.

La apatía de la CARU

Durante la entrevista también surgieron cuestionamientos hacia la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). La abogada Delma Abt señaló que el organismo cuenta con un digesto ambiental que fija parámetros para distintos contaminantes y agroquímicos, pero manifestó su preocupación por lo que considera una escasa intervención frente al deterioro de la calidad del agua. (recordemos que el arroyo Las Alpargatas es afluente de el arroyo Mandisoví chico, cuya desembocadura es directamente al lago Salto Grande). En ese contexto, el conductor del programa recordó que el exdiputado provincial Pedro Galimberti se desempeña como vicepresidente de la CARU (Arg), a lo que Abt respondió que, dado que su nombre aparece mencionado en la causa vinculada al Área Industrial, existe a su entender una situación incompatible, sintetizándola con la frase: “el lobo no puede cuidar el gallinero”.

Ref.: Pedro Galimberti se desempeña actualmente como Delegado y Vicepresidente de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM). En septiembre de 2024, dejó su banca como Diputado Nacional para asumir esta función tras la propuesta del gobernador Rogelio Frigerio. Previamente, fue Intendente de Chajarí entre 2015 y 2021

“No estamos contra la producción”

Tanto Marsilli como su abogada remarcan que su reclamo no busca impedir la actividad industrial sino exigir el cumplimiento de las normas ambientales.

Sostienen que una producción sustentable requiere sistemas eficientes de tratamiento de efluentes y controles permanentes por parte de las autoridades competentes, de modo que el desarrollo económico no implique costos irreversibles para los recursos naturales ni para la salud de las comunidades.

Después de 17 años de reclamos, numerosas presentaciones administrativas, actuaciones judiciales y pericias, la causa sigue abierta. Mientras tanto, los denunciantes aseguran que el arroyo Las Alpargatas continúa soportando una presión ambiental que afecta su biodiversidad y mantiene vigente una pregunta de fondo: quién controla efectivamente a quienes tienen la responsabilidad de proteger el ambiente.

FM del Este 100.5