El Gobierno acelera su agenda legislativa: busca aprobar la reforma del Banco Central, Inocencia Fiscal, el Súper RIGI y la Ley de Propiedad Privada

El oficialismo apunta a que durante agosto el Congreso avance en cuatro proyectos demorados: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la nueva Ley de Inocencia Fiscal, el Súper RIGI y la Ley de Propiedad Privada.

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Con el calendario electoral de 2027 cada vez más cerca, el Gobierno nacional decidió reactivar una serie de reformas consideradas estratégicas para consolidar su programa económico e institucional.

La intención de la administración de Javier Milei es aprovechar la segunda mitad del año para dejar encaminadas las principales reformas estructurales antes de que la actividad parlamentaria comience a quedar condicionada por la campaña presidencial de 2027.

Reforma del Banco Central

Uno de los proyectos más importantes es la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La iniciativa propone devolverle un único mandato: preservar el valor de la moneda, eliminando la posibilidad de que el organismo financie directa o indirectamente al Tesoro Nacional mediante emisión monetaria. También busca fortalecer la independencia de las autoridades del Banco Central frente al poder político, dificultando su remoción y modificando el sistema de designación de sus directores.

El presidente Javier Milei sostuvo que la emisión para financiar el déficit fiscal fue una de las principales causas de la inflación crónica argentina y calificó esa práctica como una “estafa”. Incluso propuso que, de aprobarse la reforma, quienes utilicen al Banco Central para financiar gasto público puedan ser sancionados penalmente.

Inocencia Fiscal II

Otro de los proyectos prioritarios es la nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal.

El Gobierno sostiene que el objetivo es brindar mayores garantías jurídicas a quienes poseen ahorros no declarados para que puedan incorporarlos al sistema financiero sin temor a futuras persecuciones fiscales. Según el Ministerio de Economía, la iniciativa mantiene el espíritu del régimen aprobado anteriormente, pero introduce modificaciones sugeridas por especialistas tributarios para ofrecer mayor seguridad legal.

Sin embargo, el proyecto ya genera debate entre oficialismo y oposición. Algunos bloques dialoguistas manifestaron dudas sobre determinados artículos, mientras sectores opositores cuestionan el alcance de las protecciones previstas y la posibilidad de beneficiar a funcionarios públicos.

Súper RIGI

El denominado Súper RIGI busca ampliar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, ofreciendo mayores beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos considerados estratégicos.

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Aunque el Gobierno sostiene que será una herramienta para atraer inversiones de gran escala en minería, energía, infraestructura e industrias vinculadas a recursos naturales, distintos sectores políticos y organizaciones sociales vienen expresando reparos sobre el alcance de esos beneficios, la estabilidad jurídica otorgada por décadas y el impacto que podría tener sobre las economías regionales y la capacidad regulatoria de las provincias.

El proyecto continúa siendo uno de los más sensibles dentro de la agenda económica del oficialismo.

Ley de Propiedad Privada

La denominada Ley de Propiedad Privada apunta a reforzar las garantías legales frente a usurpaciones y conflictos sobre la posesión de inmuebles.

Desde el oficialismo sostienen que la iniciativa busca brindar mayor seguridad jurídica a propietarios e inversores, mientras que sectores opositores advierten que algunos aspectos podrían generar tensiones con comunidades rurales, pueblos originarios y conflictos de tenencia histórica.

Una estrategia con la mirada puesta en 2027

La decisión de acelerar estos proyectos responde tanto a razones económicas como políticas.

El Gobierno considera que una parte importante de su programa de transformación aún depende de la aprobación legislativa y entiende que el margen para negociar disminuirá a medida que avance el proceso electoral hacia 2027. Por ese motivo busca cerrar acuerdos durante las próximas semanas con bloques dialoguistas como el PRO, sectores de la UCR e Innovación Federal para reunir los votos necesarios.

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De concretarse, agosto podría convertirse en uno de los meses de mayor actividad parlamentaria desde el inicio de la gestión de Javier Milei, con debates que abarcan desde la política monetaria y tributaria hasta el régimen de inversiones y la protección de la propiedad privada, cuatro pilares que el Ejecutivo considera fundamentales para consolidar su modelo económico.

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