Sumario en CONICET: el 19 de mayo declaran testigos en la causa contra las investigadoras que analizaron vacunas COVID
Crecen las muestras de apoyo a las investigadoras sumariadas
El próximo 19 de mayo marcará un nuevo capítulo en el sumario administrativo iniciado por el CONICET contra la biotecnóloga Lorena Diblasi y la Dra. Marcela Sangorrín. Ese día comenzarán a declarar cuatro médicos y dos científicos convocados como testigos de las investigadoras, quienes desde 2022 analizan la composición de vacunas COVID-19 y aseguran haber detectado elementos “no declarados y no compatibles con la vida”.
Escuchá la entrevista a la Biotecnóloga Lorena Diblasi en El Despertador
La situación genera una profunda indignación: mientras dos investigadoras enfrentan un sumario por investigar, el poder político parece cerrar filas para que no exista debate ni investigación independiente. Resulta inevitable preguntarse si el silencio oficial responde al temor de que una investigación real exponga responsabilidades de médicos, organismos y autoridades que debían proteger a la población. La sensación que queda es amarga: instituciones sostenidas con el aporte de todos terminan percibiéndose como herramientas políticas antes que garantes del interés público. En ese contexto crece la desconfianza y el reclamo ciudadano por transparencia, libertad de investigación y decisiones sanitarias que respeten el derecho a elegir, sin imposiciones ni zonas oscuras.
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El caso viene siendo seguido desde hace tiempo por FM del Este y forma parte de una serie de informes y entrevistas publicados en el sitio, donde se documentan denuncias, presentaciones judiciales y debates públicos impulsados por la investigadora.
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El origen del conflicto
Según explicó Diblasi en la entrevista radial cuya transcripción completa forma parte de este informe, la investigación comenzó tras advertir la falta de análisis independientes sobre los viales utilizados durante la pandemia.
“Nosotros venimos desde el año 2020 alertando a la población. Desde 2022 analizamos las vacunas que el gobierno no quiere analizar, que el CONICET no quiere analizar, que ANMAT no quiere analizar y que el Ministerio de Salud tampoco quiere analizar”.
Dos títulos del mismo día:
Las investigadoras contrataron servicios de análisis en institutos vinculados al propio CONICET, cuyos resultados —según afirman— mostraron la presencia de múltiples elementos químicos no declarados en los prospectos de las vacunas.
Con esos informes realizaron presentaciones administrativas, judiciales y científicas y convocaron un Ateneo en el Congreso.
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Sin embargo, lejos de abrir un debate científico, el organismo decidió iniciar un sumario administrativo en su contra.
El 19 de mayo: testigos ante el sumario
Diblasi explicó que la audiencia no será su declaración sino la de los testigos.
“El 19 de mayo declaran nuestros testigos: cuatro médicos y dos científicos. Nosotras vamos a presenciar esas declaraciones que se realizarán en distintos institutos del CONICET según el domicilio de cada testigo”.
En marzo, la defensa presentó más de 1500 páginas de documentación, incluyendo casos de personas con daños posteriores a la vacunación. Entre las medidas solicitadas figuraba repetir análisis de los viales, algo que —según afirma— fue rechazado.
“Una de las medidas probatorias que pedimos fue que se analicen los viales. Eso fue denegado el 6 de abril”.
Denuncias judiciales y reclamos públicos
Durante la charla, Diblasi también mencionó que el abogado Javier Garin, vinculado a las acciones judiciales, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios nacionales por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, en relación con la situación de personas que aseguran haber quedado con secuelas tras la vacunación y reclaman el funcionamiento de un fondo de reparación. Según relató, la intención es que quienes consideren haber sido afectados puedan sumarse a esa presentación y aportar documentación para ampliar la causa.
La Denuncia:
Las investigadoras sostienen que agotaron todas las vías institucionales para informar sobre sus investigaciones: denuncias ante la justicia federal, presentaciones administrativas y convocatorias al debate científico, pero no hemos conseguido que acepten debatir sobre el riesgo para la salud de estos inóculos.
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El proceso administrativo también se articula con presentaciones judiciales impulsadas por el Dr. Javier Garin, quien trabaja en la recopilación de testimonios de personas que afirman haber sufrido problemas de salud posteriores a la vacunación contra COVID-19, a la vez que esta recibiendo desde toda la Argentina, adhesiones para exigir a la justicia, se investiguen los hechos .
Estas planillas de adhesión, deben ser completadas y luego enviadas al mail: javiergarin@yahoo.com.ar
El escrito “denuncia generica” es una adhesion a la denuncia para completar los datos, firmar, adjuntar documentación, cud, etc y enviar foto o escaneado con la firma a este correo: jncrimcorrfed5.sec9@pjn.gov.ar JUZGADO CRIMINAL CORRECCIONAL FEDERAL 5, SECRETARIA 9 Dra. Capuchetti. Fiscalia federal 10 dra. Paloma Ochoa
Según explicó Diblasi en la entrevista, la intención es unificar denuncias y ampliar las causas existentes para que quienes consideren haber sido afectados puedan aportar documentación médica y sumarse a las acciones legales en curso, en busca de investigación, reparación y reconocimiento de sus situaciones.
También se organizaron congresos y encuentros científicos donde se presentaron investigaciones relacionadas.
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“No quieren investigar”
Uno de los ejes centrales del conflicto es la negativa —según las científicas— a repetir o ampliar análisis.
“El CONICET nos abre un sumario en lugar de investigar. En vez de darnos el debate público que pedimos, nos sumarian por haber analizado las vacunas”.
“¿Por qué el Estado no quiere que se sepa qué le inyectaron a la población?” ¿Que conflictos de intereses tienen?
También cuestionó que los resultados obtenidos inicialmente luego fueran desconocidos.
“Pagamos más de un millón de pesos por el análisis. Nos entregaron resultados y ahora dicen que las muestras fueron contaminadas adrede. Es ridículo”.
Presiones mediáticas y debate público
Durante la entrevista, Diblasi también denunció campañas mediáticas de desacreditación y apuntó directamente al rol de algunos medios nacionales. En particular mencionó una nota publicada por el diario La Voz, que —según afirmó— buscó ridiculizar su trabajo y deslegitimar los resultados sin refutarlos científicamente. Además, el medio publicó una foto de Diblasi sin permiso y sin haberla contactado.
Según expresó, lo que más le llamó la atención fue que la cobertura mediática se enfocó en desacreditar a las investigadoras en lugar de analizar los datos presentados.
“Nadie refutó científicamente nuestros datos”.
Diblasi sostuvo que la estrategia comunicacional fue instalar la idea de que las investigaciones carecen de sustento, evitando el debate técnico sobre los análisis realizados. En ese sentido, interpretó que el tratamiento mediático tuvo como objetivo desalentar el cuestionamiento científico y generar rechazo social hacia quienes investigan el tema.
Ciencia, ética y conflicto de intereses
Para Diblasi, el eje del conflicto no es solo su situación laboral sino el debate científico en sí.
“Si alguien revisa nuestro trabajo y dice que estamos equivocadas, perfecto: debatamos científicamente. Pero que el debate sea científico, no mediático”.
“El código de ética dice que si un investigador observa un daño en la población tiene el deber de analizarlo y explicarlo. Eso es lo que hicimos”.
Un caso que sigue abierto
La audiencia del 19 de mayo será un paso clave en el proceso administrativo que podría derivar en sanciones definitivas.
Mientras tanto, el caso continúa generando broncas y sumando capítulos judiciales, políticos y científicos.
FM del Este 100.5
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