La Biotecnóloga Lorena Diblasi expone presiones y hostigamiento en torno a la vacunación obligatoria

“Si las vacunas COVID 19 fueran seguras, sería ridículo pensar que alguien no vacunado pondría en riesgo a quienes ya están inmunizados con estos inóculos”

La Biotecnóloga Lorena Diblasi, coautora de un estudio científico que detectó 55 elementos no compatibles con la vida en vacunas contra la COVID-19 y otras vacunas de calendario, sigue alzando la voz contra lo que considera violaciones a la libertad y la autonomía personal. Diblasi, quien ya presentó denuncias ante la justicia y Trámites a Distancia dirigidos al Ministerio de Salud, quien sigue respondiendo que las vacunas son “seguras y eficaces”


En una acción reciente, Diblasi se presentó en el Hospital de Plottier, Neuquén, para denunciar una situación alarmante: mensajes de WhatsApp enviados por una persona identificada como Laura_KL, instan a padres a llevar a sus hijos al vacunatorio bajo amenaza de judicializar el caso. Este tipo de comunicaciones genera temor y coloca a las familias en una encrucijada, ya que sienten que podrían enfrentar consecuencias legales graves o, incluso, perder la custodia de sus hijos.


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La directora del Hospital de Plottier, Natalia Álvarez, recibió a Diblasi y se comprometió a investigar y frenar estas prácticas. Además, solicitó más información sobre el estudio que evidencia la presencia de sustancias no declaradas en las vacunas. Este gesto es un paso importante, pero insuficiente para quienes buscan un cambio profundo en las políticas de vacunación.

Una ley que atenta contra la libertad

En el centro del debate está la Ley 27.491, que establece la obligatoriedad de las vacunas de calendario en Argentina y en su art. 13 condiciona actividades esenciales, como la educación, el acceso a exámenes médicos requeridos por las ART, asignaciones familiares, la obtención de licencias de conducir. Según Diblasi, esta ley no solo viola la autonomía personal, sino que también pone en riesgo la salud de la población, ya que no considera los efectos adversos documentados científicamente. “Las leyes están para cumplirse, siempre y cuando no pongan en riesgo la vida de las personas”, enfatizó.

Estudios realizados por múltiples investigadores independientes sobre vacunas de calendario y otras reveló la presencia de óxido de grafeno no declarado en las fórmulas, además hay elementos declarados como el aluminio y mercurio que están asociados con el aumento de casos de trastornos del espectro autista (TEA), miocarditis, turbocáncer, accidentes cerebrovasculares (ACV), abortos espontáneos y otros problemas de salud graves. Denuncias como estas cuestionan la narrativa oficial y exigen un debate abierto y transparente sobre los componentes y efectos de las vacunas.

Un llamado a salir del estado de hipnosis colectiva

Diblasi señala que el Ministerio de Salud argentino sigue directrices de organismos internacionales como la OMS y la OPS, los cuales han sido cuestionados por su financiamiento proveniente de farmacéuticas y empresarios con posibles conflictos de interés. “Tenemos que salir del estado de hipnosis colectiva ante las decisiones del Ministerio de Salud”, afirmó, subrayando que las decisiones sobre vacunación deben basarse en ciencia independiente y no en intereses políticos o económicos.

La biotecnóloga también critica la narrativa que justifica la vacunación obligatoria bajo el argumento de proteger a la comunidad. Según Diblasi, si las vacunas realmente protegen, no habría razón para temer a las personas no vacunadas. “Es ridículo pensar que alguien no vacunado puede poner en riesgo a quienes ya están inmunizados con estos inóculos”, comentó.



Denuncias silenciadas y resistencia popular

Diblasi lamenta que muchos medios de comunicación no informen sobre los efectos adversos documentados de las vacunas y los casos graves relacionados con su aplicación, como la muerte de 24 bebés en Córdoba tras recibir la vacuna pediátrica de Pfizer, según sus declaraciones. “La economía y la política no deberían estar por encima de la salud”, expresó, instando a la población a resistir estas presiones y exigir un debate científico abierto.

Esta situación abre un debate urgente sobre los límites de la obligatoriedad de la vacunación, la transparencia en la información científica y la protección de los derechos individuales. El compromiso de las autoridades locales, como la directora del Hospital de Plottier, es un paso alentador, pero el camino hacia un cambio real requiere de más voces que desafíen el status quo y exijan justicia.


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