La farsa de la audiencia por la Ley de Glaciares: cuando la política decide no escuchar
Dra. Cecilia Domínguez: Más de 102 mil personas pidieron participar, casi todos rechazaron modificar la ley y los diputados respondieron con indiferencia, celulares y una decisión aparentemente tomada.
Una audiencia pública convertida en trámite exprés. Diputados desinteresados, participación bloqueada y el avance del extractivismo sobre el agua. Este episodio no es neutral: es una denuncia pública.
Lo que ocurrió en el Congreso durante la audiencia por la modificación de la Ley de Glaciares no fue un debate democrático: fue una puesta en escena.
Más de 102.000 personas se inscribieron para participar. La cifra por sí sola debería haber obligado a extender el debate, abrir instancias federales y escuchar a la ciudadanía. Nada de eso ocurrió.
“Si una audiencia pública no influye en la decisión política, no es participación: es simulación.”
En cambio, el proceso dejó imágenes difíciles de justificar: acceso restringido al Congreso, expositores acreditados esperando afuera, una sala con escasa presencia legislativa y diputados que, según relatan los participantes, pasaban el tiempo mirando el celular mientras se exponía sobre el futuro del agua del país.
La abogada Cecilia Domínguez, expositora en la audiencia, describe un clima de burla, desinterés y decisiones políticas ya tomadas. Y aporta un dato demoledor: prácticamente la totalidad de los expositores se manifestó contra la modificación de la ley. Solo dos hablaron a favor, y hubo denuncias públicas de que uno de ellos no estaba inscripto para la audiencia.
Sin embargo, la maquinaria legislativa sigue avanzando.
Escuchá la nota:
Lo que debía ser una instancia clave de participación ciudadana terminó, según los testimonios de quienes estuvieron allí, en una escena incómoda para la democracia argentina: una audiencia pública que cumplió la formalidad legal pero vació de contenido el derecho a ser escuchados.
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La abogada Cecilia Domínguez, integrante de CEYDAS, participó como expositora en el Congreso durante el debate por la modificación de la Ley de Glaciares. Su relato no deja margen para la tibieza: describe un proceso atravesado por la desidia legislativa, la desigualdad en la participación y la sensación generalizada de que la decisión política ya estaba tomada.
102.000 inscriptos y una audiencia comprimida
El dato inicial es demoledor: más de 102.000 personas se inscribieron para participar.
Una cifra inédita que, en cualquier sistema que se pretenda democrático, debería haber obligado a ampliar los tiempos, abrir sedes en provincias y garantizar un debate federal real.
Nada de eso ocurrió.
La audiencia se realizó en tiempos acotados, con acceso restringido y con miles de voces afuera. La participación masiva se convirtió en un número incómodo que debía administrarse, no en un mandato ciudadano que debía escucharse.
Cuando una audiencia pública récord se resuelve como un trámite exprés, la pregunta deja de ser ambiental: pasa a ser institucional.
Congreso vallado, expositores afuera
La escena que describe Domínguez es reveladora: el Congreso vallado a varias cuadras, presencia de fuerzas federales y expositores acreditados sin poder ingresar.
Mientras algunos lograban entrar casi por casualidad, otros debían reclamar desde afuera para poder exponer. La imagen de una sala con escasa presencia contrasta con miles de ciudadanos intentando participar.
La audiencia pública comenzó a parecerse más a un operativo de control que a una instancia de escucha.
Diputados mirando el celular mientras se hablaba del agua
Si algo sintetiza el clima de la audiencia es el comportamiento de los legisladores.
Durante las exposiciones, la abogada relató que los diputados estaban con el celular, conversando entre ellos o directamente desatentos.
Tuvo que pedirle al presidente de la comisión que interviniera por la falta de respeto hacia quienes habían viajado para exponer.
Lo que siguió fue aún más grave: burlas y ninguneo tras las presentaciones.
La escena es difícil de justificar: ciudadanos exponiendo sobre el agua del país y legisladores comportándose como si el debate no los involucrara.
Un rechazo casi unánime ignorado
El dato político más fuerte del proceso es la magnitud del rechazo a la modificación de la ley.
Según Domínguez, la abrumadora mayoría de los expositores se manifestó en contra de los cambios.
Los apoyos fueron marginales y hasta irregulares.
La audiencia, lejos de mostrar un debate dividido, evidenció un consenso amplio de especialistas, organizaciones y ciudadanos.
Pero ese consenso no se tradujo en interés legislativo.
La sospecha de decisiones tomadas de antemano
El diagnóstico que emerge del testimonio es inquietante: la audiencia habría sido convocada para cumplir con un requisito legal, no para influir en la decisión política.
Si esto es así, la audiencia deja de ser una herramienta de participación para convertirse en una escenificación.
La democracia pierde cuando escuchar se vuelve opcional.
Extractivismo y crisis de representación
El trasfondo del conflicto es claro: la presión del modelo extractivo sobre los territorios y el agua.
Modificar la Ley de Glaciares no es una discusión técnica. Es una decisión estratégica sobre reservas hídricas esenciales.
Y, según lo expresado en la audiencia, el Congreso parece avanzar en sentido contrario al reclamo social.
La crítica es directa: cuando la política deja de representar a la ciudadanía y comienza a responder a intereses económicos, se rompe el contrato democrático.
El camino hacia la judicialización
El escenario que se abre es previsible: amparos, demandas y un conflicto que probablemente termine en la Justicia.
Cuando el Congreso no escucha, la sociedad busca otros caminos.
Lo que realmente quedó expuesto
La audiencia por la Ley de Glaciares dejó una imagen incómoda:
la participación existió en los papeles, pero no en la práctica.
Más de cien mil personas quisieron hablar.
El Congreso decidió escuchar poco.
Y cuando la política no escucha sobre el agua, lo que está en juego no es solo el ambiente: es la soberanía y el futuro.
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