Denuncian la campaña sucia de “fake news” de YPF contra ONG ambientales

Entidades socio ambientales presentaron un escrito para poner en conocimiento el intento de “manipular la opinión pública” por parte de la empresa petrolera YPF.

La denuncia se realizó luego que se filtrara a la prensa un documento realizado por una consultora con el objeto de establecer una estrategia de comunicación para desacreditar las posiciones que objetan la exploración petrolera con detonación sísmica para la búsqueda de hidrocarburos en el Mar Argentino. Se apuntó sobre el intento de “demonización de colectivos socioambientales y difusión de información falsa”, apuntó el letrado y activista Rafael Colombo.

Greenpeace Argentina, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAAA), la Asociación Civil Medio Ambiente Responsable, Ecos de Mar, Surfrider Argentina, Fundación Patagonia Natural, Asociación de Surf Argentina, Kula Earth Asociación Civil, Asociación de Surfistas de Necochea – Quequén y Asociación de General Alvarado de Surf pusieron en conocimiento de la Justicia del documento titulado “YPF – Exploración Off Shore con Licencia Social”, en donde se detalla un plan estratégico para vilipendiar a las entidades que critican la explotación off shore en el Mar Argentino frente a las costas bonaerenses. El paper que tomó estado público recientemente “expone dramáticamente la atroz manipulación de la opinión pública y la sociedad argentina por parte del sector petrolero”, apuntaron.

De acuerdo a lo que trascendió, “este documento sería considerado por YPF en el marco del proyecto ‘Campaña de adquisición sísmica offshore Argentina; Cuenca Argentina Norte (Áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)’, cuya filtración se hizo pública el día 5 de junio en medios de comunicación, redes sociales y prensa especializada, incluso trascendencia internacional, en razón de la gravedad institucional en la que ha incurrido la parte demandada YPF”, se explicó.

“El documento evidencia una ‘estrategia de comunicación’ voraz y una ‘desprejuiciada campaña de manipulación de la información pública’”, plantearon las ONG. De acuerdo a la lectura sobre este incidente, las maniobras de descrédito pretende “Correr el foco del enorme riesgo de daño ambiental que este proyecto conlleva para los ecosistemas marinos, la biodiversidad, el clima, las actividades ligadas a la pesca y el turismo y las comunidades costeras”; “Desvirtuar la información que debe contar la ciudadanía para otorgar una correcta licencia social”; “Afectar la participación ciudadana a través de divulgación de información falsa y publicidad engañosa de las actividades sísmicas y sus impactos sociales, ecológicos y económicos, ya que no se puede ejercer debidamente el derecho a la participación con información falsa e imprecisa”; “Moldear la opinión pública usando falsas iniciativas populares de junta de firmas, como por ejemplo, exigiendo a Shell que cumpla sus promesas de inversión”; “Estigmatizar y promover una agitación mediática contra defensores y defensoras ambientales que junto a vecinos y vecinas de la costa atlántica se oponen al avance de las actividades sísmicas en nuestro mar”, y “Limitar la democracia ambiental y afectar las bases mismas del Derecho a la Información Pública Ambiental y Participación Ciudadana consagrada en nuestra Constitución Nacional, el Acuerdo de Escazú y otros acuerdos internacionales”.

SIN LICENCIA SOCIAL

Para los Abogados Ambientalistas “resulta fundamental dejar en claro que lo que se está manifestando es una maniobra en curso de ejecución para manipular -con fondos públicos- la opinión pública en general, estableciendo una suerte de protocolo con etapas, modelos y parámetros para intervenir y revertir, al menos de forma aparente, la grave carencia de licencia social que tiene el proyecto sísmico frente a la ciudad de Mar del Plata. Esta situación no hace más que agravar los vicios ya denunciados en la causa judicial por deficiente y falsa información y también un reconocimiento expreso por parte de YPF de la falta de licencia social de este proyecto”.

Por último, apuntaron que “manipular la opinión pública a través de noticias falsas no solo es ilegal y configura una situación de abuso sobre los derechos de acceso a la información pública y participación ciudadana que requiere de datos e información precisa, cierta, veraz, temprana y adecuada, sino que como publicidad engañosa es una gran estafa a la sociedad democrática”.

De la Redacción de ERA Verde