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La abogada Delma Abt, que interviene en la causa en representación de la parte querellante, presentó ante el Juzgado Federal N.º 1 de Concepción del Uruguay un escrito en el que solicita el procesamiento de Juan Padilla García Hamilton, presidente de la empresa El Carmen S.A.

La causa está caratulada “Marsilli, Néstor Oscar s/Infracción Ley 24.051”, y tramita bajo el expediente FPA N.º 0006467.

El pedido de la querella se fundamenta, principalmente, en las últimas pericias realizadas por la Prefectura Naval Argentina, cuyos resultados —según sostiene la presentación— vuelven a detectar parámetros de contaminación por encima de los valores guía establecidos para distintos puntos de muestreo.

Entre los parámetros que aparecen excedidos se mencionan la conductividad, la demanda química de oxígeno, fosfatos y dureza, mientras que en otra de las muestras también se registraron valores superiores a los establecidos para demanda química de oxígeno y sólidos sedimentables.

La querella sostiene que estos resultados se suman a otros estudios incorporados durante la investigación y plantea que existiría una situación de contaminación sostenida en el tiempo.

Según la presentación, los líquidos provenientes de la actividad industrial de El Carmen habrían impactado sobre el Arroyo Alpargatas, curso de agua que forma parte de la cuenca del Arroyo Mandisoví Chico, y desde allí, por derivación de la cuenca, sobre el río Uruguay.

La acusación sostiene además que el problema no se limitaría a los cursos superficiales de agua, sino que también habría afectado las napas subterráneas de la zona.

Uno de los aspectos mencionados en el escrito tiene que ver con el abastecimiento de agua de vecinos de la zona y, particularmente, con la situación de la Escuela Primaria N.º 12 Manuel Belgrano, donde —según se afirma— se habría utilizado agua proveniente de esas napas.

Ahora bien, hay un dato judicial importante que también debe ser destacado: la fiscal federal Josefina Minatta también solicitó el procesamiento de Juan Padilla García Hamilton.

Es decir, el pedido de procesamiento no proviene únicamente de la querella. La representante del Ministerio Público Fiscal también habría considerado que existen elementos suficientes para avanzar en esa dirección dentro de la investigación.

La abogada Delma Abt sostiene en su presentación que, a esta altura de la investigación, la reiteración de los resultados de las pericias permite considerar acreditada, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal, la existencia de un hecho que podría constituir un delito de contaminación ambiental y la presunta responsabilidad de García Hamilton como presidente de la empresa.

La querella encuadra los hechos en los artículos 55, 56 y 57 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, además del artículo 200 del Código Penal.

También cuestiona la conducta del empresario frente a una medida ordenada por la Justicia: concretamente, la realización de un informe socioambiental.

De acuerdo con lo expuesto en el escrito, personal de Gendarmería Nacional habría intentado realizar esa entrevista en tres oportunidades, sin poder concretarla. Posteriormente, el Juzgado habría realizado un nuevo requerimiento para establecer día y horario para efectuar el informe.

La presentación de la querella invoca además los principios preventivo y precautorio establecidos por la Ley General del Ambiente y el artículo 41 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano y establece el deber de recomponer el daño ambiental.

Pero es importante hacer una aclaración: que se solicite el procesamiento no significa que exista una condena ni que la responsabilidad penal esté definitivamente determinada. El procesamiento es una decisión judicial que, de ser dictada, implicaría que el juez considera que existen elementos suficientes para continuar el proceso penal con una persona formalmente vinculada a los hechos investigados.

Ahora, la decisión queda en manos del Juzgado Federal N.º 1 de Concepción del Uruguay, que deberá analizar las pruebas incorporadas a la causa y resolver si corresponde o no avanzar con el procesamiento solicitado.

Lo que queda claro es que la investigación por la presunta contaminación de la cuenca del Arroyo Alpargatas y del Mandisoví Chico vuelve a cobrar relevancia, y que tanto la querella como la fiscalía han planteado que existen elementos para avanzar contra quien actualmente se encuentra al frente de la empresa El Carmen S.A.

FM del Este 100.5

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El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, suma un nuevo procesamiento por corrupción. En esta ocasión, el juez federal Sebastián Casanello lo encontró responsable del delito de enriquecimiento ilícito, en un expediente que inició en 2008. La resolución incluye a la esposa del ex funcionario, Alessandra Minnicelli, quien también ocupara cargos públicos durante el kirchnerismo. El embargo trabado sobre ambos asciende a 998 millones de pesos.

La causa que instruyó el fiscal federal Carlos Stornelli se concentra en el presunto incremento patrimonial que habían registrado Julio De Vido y Alessandra Minnicelli, mientras ejercían la función pública. Se trata de una ventana temporal que abarca los doce años de Néstor y Cristina Kirchner en el poder.

La causa que tuvo anteriormente otros dos jueces, recapituló dos hechos puntuales: las acusaciones que están siendo juzgadas por el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) en la causa Cuadernos, donde a De Vido se le atribuyen 190 hechos de sobornos. Asimismo, se mencionó la condena contra Nélida Caballero (ex cocinera de la residencia del entonces ministro), por lavado de dinero y el decomiso de sus bienes hasta cubrir 395 millones de pesos.

En este expediente por enriquecimiento ilícito, el juez Casanello le atribuyó a De Vido haber “incrementado su patrimonio de forma apreciable durante el período en que ejerció la función pública en el Ministerio de Planificación Federal y en la Cámara de Diputados -entre el 10 de diciembre de 2015 y el 25 de octubre de 2017”.

El sustancial incremento patrimonial, a criterio de la Justicia, fue “sin justificación en sus ingresos legítimos o recursos lícitos registrados y declarados, por un monto de 690.000 dólares”.

La resolución, a la que accedió Clarín, explica que la esposa del ex ministro -quien cumplió funciones en la Sindicatura General de la Nación- habría tenido una importante participación en la estructura criminal investigada, por haber actuado con su marido “para incrementar y disimular su patrimonio, por fuera de sus ingresos legítimos”.

Aquellos incrementos -expresa la imputación de la fiscalía- “injustificados con sus ingresos legítimos” se habrían visto reflejados en la compra de un inmueble en CABA y la tenencia de dólares en efectivo, que no fueron declarados formalmente ante los organismos correspondientes”.

El magistrado había ordenado una pericia actualizada que abarque las tres presidencias kirchneristas, período en el cual Julio De Vido ostentó siempre el mismo cargo. El Cuerpo de Peritos Especializados no pudo “validar el saldo inicial que decían tener en efectivo -pesos y dólares- en 2003”; ni “tampoco se ha contado con la documentación que acredite los ingresos de la señora Minnicelli provenientes de la profesión liberal”.

Además, tanto De Vido como su mujer se inscribieron en el Impuesto a los Bienes Personales recién en agosto de 2002, “lo que no sería coherente con la tenencia de la cantidad de moneda extranjera auto denunciada”.

A esos debe sumarse otro dato: “El Gobierno de Santa Cruz informa que no hay declaraciones juradas presentadas entre los años 2000 y 2003”, cuando De Vido fue funcionario de esa provincia.

Luego, tras adentrarse en el análisis de la documentación remitida a estudio, el personal especializado destacó “un escaso detalle de los consumos personales y familiares, que en principio no condicen con su nivel de actividad y patrimoniales”.

Finalmente, se evaluó el desarrollo patrimonial registrado por De Vido y Minnicelli “durante el período objeto de análisis”. El juez Casanello consignó que las conclusiones arrojadas por el Cuerpo de Peritos de la Corte “ponen en evidencia que la evolución patrimonial registrada por los imputados habría observado incrementos injustificados con sus ingresos legítimos”.

El departamento en la avenida Del Libertador

En primer lugar, se da cuenta de una propiedad sobre Avenida del Libertador que adquirió el matrimonio entre el 11 de mayo de 2007 y 18 de septiembre de 2009, “aplicando sumas de dinero que no encontrarían justificación en actividades legítimas”. Además, se acreditó que, a pesar de haberse concretado aquella operación, “los funcionarios simularon su alquiler hasta el 2 de octubre de 2018, y su posesión continuó incluso hasta el 9 de marzo de 2023”.

La valuación oficial con perito de parte designado por De Vido, determinó que el valor de venta del inmueble era: para el 2 de febrero de 2007 de entre 600.000 y 660.000 dólares; y para el 17 de enero de 2012 de entre 670.000 y 730.000 dólares. Pero la compra fue prácticamente por la mitad del valor real.

La unidad estuvo registrada a nombre de una empresa cuyo capital no podría haber afrontado la compra del inmueble que “simularon alquilar De Vido y Minnicelli”.

Un dato: el fallecido empresario Juan Chediak, uno de los imputados colaboradores del caso Cuadernos, identificó el lugar como la vivienda del entonces ministro de Planificación Federal.

El juez Casanello determinó que el matrimonio de funcionarios kirchneristas era dueño del inmueble, pero al no poder justificarlo con sus ingresos, fingió ser inquilino.

En los diversos allanamientos se demostró que ellos estaban en poder de documentación de Uni-Vite Argentina SA (la empresa usada para comprar el departamento) que los vincularía “directamente con la compra del paquete accionario de la mencionada sociedad”.

Como se expuso con la documentación recabada a lo largo de la pesquisa y “pese a los vaivenes de una investigación accidentada, se ha logrado reunir una larga cadena de indicios interrelacionados y concomitantes al hecho que se refuerzan y explican mutuamente dando solidez a la hipótesis del enriquecimiento ilícito”, indicó Casanello.

No solo se acreditó que las personas que adquirieron el paquete accionario de la sociedad no tenían antecedentes fiscales ni una evolución patrimonial suficiente para afrontar semejante compra, sino que, además, se corroboró que para realizar esta operación el titular -Sebastián Pérez- “recibió en España fondos enviados desde la República Argentina, presumiblemente del propio De Vido -al que estaba vinculado-”.

El juez reconstruyó la sucesión de operaciones comerciales y societarias para diluir a De Vido y su esposa en el control de la sociedad Uni-Vite Argentina y los movimientos de esta entidad respecto del departamento en la avenida Del Libertador.

En definitiva, indica la resolución judicial, toda a documentación analizada, es suficiente “para afirmar que los fondos utilizados para adquirir la sociedad (e indirectamente la unidad inmueble) habrían provenido de los funcionarios públicos mencionados, únicos usufructuarios del bien hasta la venta final materializada en el año 2023. Ello pese a que, tal como se desarrolló, en el período indicado De Vido y Minnicelli no contaban con fondos lícitos y registrados suficientes para afrontar la operación”.

Lucía Salinas/Clarín

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El Juzgado Federal convalidó el acuerdo, pero la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia le dio la razón a la fiscalía y revocó esa decisión.

El Juzgado Federal de Caleta Olivia procesó a una empleada del Banco Nación de esa localidad santacruceña, acusada de haber realizado diversas extracciones en las cuentas de cajas de ahorro de siete clientes entre diciembre de 2021 y mayo de 2022. De acuerdo con la investigación, el perjuicio económico habría sido de 948.600 pesos. En el caso, interviene el fiscal federal de la Sede Fiscal Descentralizada Caleta Olivia, Lucas Colla.

La mujer fue procesada por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de funcionario público. Además, se le fijó un embargo de cinco millones de pesos.

El caso comenzó con la denuncia que hizo la entidad donde relataron que recibieron un “alerta por actitudes y accionar sospechoso” de una de sus empleadas. En concreto, sostuvieron que habría realizado extracciones en cuentas de cajas de ahorro de clientes “sin la autorización de los titulares de las mismas” y en beneficio propio.

Tras el análisis de los videos presentados que daban cuenta de los movimientos, el fiscal Colla y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) solicitaron en marzo de 2024 el llamado a indagatoria para la empleada. No obstante, la defensa de la imputada presentó luego un acta de acuerdo de conciliación celebrado con el banco donde se ofrecía una reparación de tres millones de pesos con el objetivo de no avanzar sobre su situación procesal.

El MPF se opuso al acuerdo ya que consideró que el hecho fue ejecutado por una persona que, al trabajar en un banco público, se encontraba alcanzada por el concepto de funcionario público. Consideró que el Estado argentino asumió una postura de lucha contra la corrupción a nivel internacional e hizo foco en el compromiso que tiene en esta temática. Sin embargo, el juzgado homologó el acuerdo.

La apelación del MPF y el fallo de la Cámara

El MPF apeló y, en su recurso, Colla consideró que la decisión se basó en una “valoración discrecional, fragmentada y selectiva de la prueba producida y de la ley aplicable”. Además, sostuvo que la resolución no analizó lo planteado, sino que aprobó el acuerdo “en clara contraposición a los lineamientos legales establecidos para los casos de corrupción”.

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia consideró que las razones de política criminal que esgrimió el MPF para rechazar el acuerdo estuvieron correctamente fundadas. “Guarda congruencia con el posicionamiento de nuestros legisladores ya que en general ha exhibido un criterio distintivo para los casos en los cuales un funcionario público ha quebrantado -o se sospecha- la confianza en él depositada”, sostuvieron los camaristas Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez y así revocaron la decisión que había homologado la propuesta de la defensa.

Tras esto y en línea con lo que marcó la Cámara, el juzgado federal avanzó en resolver la situación procesal de la mujer. Allí, repasó los videos que aportó la entidad bancaria y los movimientos considerados “llamativos” en la denuncia, donde se observaban los retiros del dinero y como los colocaba luego en su cuaderno o billetera.

“Las maniobras reprochadas a la causante, han tenido su origen en un beneficio económico para la propia imputada y realizadas en perjuicio de clientes con los cuales no mantenía ningún tipo de vínculo como así también de la institución bancaria, por lo que, resulta inverosímil que pueda alegarse falta de direccionamiento de dichas conductas o que las mismas disten de ser realizadas al azar o sin raciocinio”, sostuvo el juez federal Claudio Vázquez.

Consideró entonces que quedó demostrado que la empleada se aprovechó de su posición y de la relación de confianza que la unía con sus compañeros de trabajo. El objetivo fue “procurarse las autorizaciones necesarias que el sistema operativo habilitado por dicha entidad financiera exige para efectuar las transacciones ilegales”.

Fuente: Fiscales.gob.ar

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La Cámara Federal porteña confirmó hoy el procesamiento del expresidente Alberto Fernández por violencia de género hacia la ex primera dama Fabiola Yañez, en una decisión que lo dejó en condiciones de ser enviado a juicio oral.

La decisión fue de la sala II del Tribunal de Apelaciones, con los votos de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, y la disidencia de Roberto Boico, según la resolución a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Fernández quedó con procesamiento confirmado por “lesiones leves y lesiones graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y por amenazas coactivas”.

También se confirmó un embargo de 10.000.000 de pesos sobre los bienes del exmandatario y se desestimaron los planteos de nulidad promovidos por su defensa.

“Es probable que los delitos se hayan cometido del modo en que fueron descriptos por las partes acusadoras”, afirmó el juez Martín Irurzun en la resolución, de 82 carillas.

Los hechos “sucedieron en un ámbito muy especial (la Quinta Presidencial de Olivos), fuertemente custodiado por funcionarios federales bajo el mando de Fernández”, advirtió Irurzun.

“Se ha establecido que, forzada por la naturaleza de su relación, la víctima tuvo que practicar una suerte de reclusión en un espacio para huéspedes de la residencia. También que tenía un alto grado de aislamiento -fue auxiliada por familiares directos que declararon en la causa-. Valorar en su justa dimensión este contexto es fundamental”, concluyó al confirmar el procesamiento.

Yañez “era alguien que notoriamente estaba en una situación de desigualdad de poder, al interior y exterior de la pareja, con relación a su victimario”, agrega la sentencia.

En un contexto así, “por imperio del sentido común más básico, es razonable presumir que, en ese momento, no guió a sus acciones otra finalidad que pedir algún modo de auxilio sobre una situación que, efectivamente, había pasado, estaba pasando y, evidentemente, seguiría pasando”, advirtió el juez.

La Cámara confirmó lo que había resuelto el juez federal Julián Ercolini, con intervención de la fiscalía de Ramiro González.

En disidencia, el camarista Boico votó en minoría por dictar la falta de mérito y pedir una profundización de la pesquisa.

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La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná rechazó la apelación presentada por la defensa de Jade Isabela Callau Barriga, de 21 años, la joven boliviana que fue detenida junto a un piloto brasileño por los casi 360 kilos de cocaína que llevaban en una avioneta que tuvo un aterrizaje forzoso en el sur de Entre Ríos. De este modo, confirmaron el procesamiento y la prisión preventiva y el embargo de sus bienes.

Los hechos investigados en esta causa se iniciaron el 22 de enero de 2025, a partir de un procedimiento realizado por la Policía de Entre Ríos en un campo cercano a Holt Ibicuy, llamado “Campo Grande”, en el Departamento Islas. Una persona cuya identidad se reservó fue quien avisó a las fuerzas de seguridad que una avioneta había aterrizado alrededor de las 20 en ese lugar.

Según la información inicial, en la avioneta viajaban un ciudadano brasileño que se identificó como Carlos Costa Días (luego identificado como Leonardo Monte Alto Gusmão) y una ciudadana boliviana llamada Jade Isabela Callau Barriga.

Tras ser comunicado el Juzgado Federal de Gualeguaychú, se impartieron medidas a la policía y se dio intervención a la Gendarmería Nacional. Dentro de la avioneta se encontraron 10 bultos que contenían 342 ladrillos envueltos, con un peso total de 358,9 kilos de clorhidrato de cocaína. También se hallaron cinco capuchones de plástico con 12,9 gramos de la misma sustancia y un cigarrillo artesanal de marihuana. Se procedió al secuestro de las sustancias y otros elementos relevantes para la investigación.

Al día siguiente se produjo la detención de Monte Alto Gusmão y Callau Barriga en el Monumento de la cruz de madera en la localidad de Ibicuy. Ambos fueron encontrados mojados. Al divisar a la policía, la mujer habría intentado tirar su celular.

En aquellos días se conocieron luego detalles de la vida de la joven narcotraficante: Jade era reina de belleza de San Borja, un municipio de Beni, en el amazonas boliviano. Tiene 21 años y fue reina de belleza de la FexpoBorja en Bolivia, hace seis años. Además, es la hija de un conocido jefe narco boliviano.

La aeronave involucrada fue identificada inicialmente con la matrícula LV-GOP, debajo de la cual tenía otra que rezaba “CP-3806”. Posteriormente, se determinó que era un avión Cessna, modelo 210E, fabricado en Estados Unidos en 1965, con matrícula argentina LV-GQA.

Durante la investigación, se tomaron testimonios de personas que trabajaban en locales comerciales en Holt Ibicuy, quienes manifestaron que una joven se había presentado solicitando dinero en efectivo a cambio de transferencias virtuales, mencionando en algunas ocasiones haber sufrido un accidente aéreo.

Además, en la investigación se constató que Callau Barriga había denunciado a Leonardo Monte Alto Gusmão por violencia doméstica un mes antes de estos hechos.

La Unidad de Inteligencia Criminal de la GNA informó que la mujer no registraba movimientos migratorios recientes, lo que sugería un ingreso ilegal al país.

Finalmente, el 17 de febrero de 2025, el Juzgado Federal de Gualeguaychú dictó el auto de procesamiento y prisión preventiva para ambos imputados por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte. A Leonardo Monte Alto Gusmão también se le imputó el delito de cohecho.

“Sin perspectiva de género”

La defensora pública oficial de Callau Barriga, Walkyria Bertoli, presentó el recurso de apelación, en el cual planteó, entre otros puntos:

• Insuficiencia de pruebas para la coautoría: argumentó que la resolución del juez federal no se sustenta en elementos de prueba suficientes para considerarla coautora del delito de transporte de estupefacientes. Afirmó que la decisión se basó exclusivamente en su presencia en la aeronave, sin considerar sus circunstancias particulares.

• Solicitó la nulidad de la declaración indagatoria debido a la falta de notificación de su derecho a tener asistencia consular, invocando el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Señaló irregularidades en la confección y notificación del acta relacionada con sus derechos.

• Cuestionó que el procesamiento sostuviera su intervención en la cadena de tráfico, ya que no existiría ninguna prueba concreta que demostrara que tuvo dominio del hecho ni actos de disposición sobre la droga. Consideró errónea la interpretación de que tenía “co-dominio” junto con Monte Alto Gusmão, y que la mera presencia física no configura coautoría.

• Destacó la conducta de Callau Barriga después del aterrizaje, como el recorrido que realizó en diferentes comercios pidiendo ayuda, acceso a Wi-Fi y cambio de dinero virtual por efectivo, lo que, según ella, refleja una conducta transparente e incompatible con la de una persona involucrada voluntariamente en el tráfico de drogas.

• Cuestionó que no se haya valorado la denuncia por violencia doméstica realizada por su defendida contra Monte Alto Gusmão un mes antes de los hechos, argumentando que su defendida no estaba en condiciones de ejercer dominio sobre el hecho ni de resistir la voluntad de su agresor. Alegó la omisión del análisis con perspectiva de género.

• Sostuvo que no se examinaron individualmente los riesgos procesales de su asistida. Argumentó que cuenta con arraigo probado en Bolivia (estudiante universitaria con domicilio familiar estable), acreditó su identidad, no tiene antecedentes penales, carece de medios para fugarse, y su condición de víctima demuestra su voluntad de someterse a la justicia. Negó la existencia de peligro de entorpecimiento de la investigación y consideró absurdo el análisis sobre un contacto en común en Facebook.

Engaños

Por su parte, el fiscal general, Ricardo Carlos María Álvarez, pidió que se confirmara el procesamiento. Sus principales argumentos fueron:

• Que la resolución presenta suficiente solidez argumental derivada de la valoración de las pruebas y que la reconstrucción de los eventos situaría a la imputada como parte integrante de la cadena de tráfico.

• Ofreció una interpretación diferente de la conducta de Callau Barriga tras el aterrizaje, sugiriendo que su búsqueda de dinero y Wi-Fi se asemejaba más a “una huida” que a la búsqueda de auxilio frente a una supuesta coacción

• Señaló que la mujer no se dirigió a las autoridades ni manifestó haber sido víctima de violencia.

• Remarcó la contradicción entre la denuncia por violencia doméstica y el posterior viaje con el denunciado en una aeronave cargada de estupefacientes. Si bien reconoció que la situación de vulnerabilidad debía ser investigada, consideró que la evidencia actual no mostraba indicios convincentes.

• En cuanto a la prisión preventiva, entendió que se ponderaron correctamente los indicadores de alto riesgo procesal, incluyendo el riesgo de fuga y de entorpecimiento. Argumentó que la imputada no pudo precisar su domicilio en Bolivia, evidenciando un arraigo insuficiente, y destacó su ingreso ilegal al país, posibles contactos con personas de alto riesgo y la transnacionalidad de las maniobras delictivas.

• Consideró probable la concurrencia de una organización de gran envergadura dada la cantidad de droga, la modalidad del transporte y su transnacionalidad.

La Cámara Federal, al rechazar la apelación de la defensa, coincidió con la Fiscalía. Entre otros puntos, refirió que en la coautoría no importa el carácter de propia mano de la comisión del delito. Señaló que cuando se investiga una organización, no se puede segmentar la titularidad de los elementos hallados según su tenedor inmediato.

Los jueces consideraron que, si bien la investigación debe profundizarse sobre su rol concreto y la existencia de otros implicados, en esta instancia se advierte la intervención de la joven en el transporte de la droga, lo que justifica su procesamiento por dicho delito. Fuente: Análisis

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Disposición judicial

A los Tórtul la magistrada les trabó embargos millonarios y dispuso que continúen cumpliendo prisión preventiva en dependencias de Gendarmería. A los tres gerentes también los embargó por fuertes sumas y les prohibió salir del país, aunque les anticipó penas de cumplimiento condicional.

Se trata de la causa iniciada tras una investigación interna de la filial argentina de la empresa de seguridad privada “Securitas” en la cual se detectaron indicios de supuestos pagos de coimas a funcionarios públicos para lograr y mantener contratos con distintos organismos y empresas, entre ellas Enersa.

En la resolución de 217 páginas con fecha 3 de mayo, la magistrada confirmó la prisión preventiva de Claudio Raúl Tórtul y Marcelo Javier Tórtul y dictó su procesamiento por considerarlos prima facie autores de los delitos de asociación ilícita en carácter de organizadores en concurso real con cohecho activo (coautores) y negociaciones incompatibles con la función pública (partícipes necesarios). A cada hermano le trabó embargo por 30 mil millones de pesos.

Respecto de Alejandro Cis, ex gerente de Logística de Enersa, la magistrada resolvió procesarlo por cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionarios público y negociaciones incompatibles con la función pública. Le trabó embargo por 1.000 millones de pesos.

Por último, a Marcelo Morales (gerente de Asuntos Legales- y Juan Carlos Pimentel, exgerente general y actual gerente de Innovación Tecnológica), la jueza los procesó sin prisión preventiva por considerarlos presuntos autores de los delitos de violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. Los embargos para estos dos imputados fueron de 100 millones de pesos a cada uno.

Prisión preventiva, extendida

Para extender las prisiones preventivas de los Tórtul, la jueza consideró que “los imputados revisten calidad de empresarios del rubro de la seguridad con importantes medios económicos y aceitados vínculos con personal militar y de fuerzas de seguridad”.

Sumando los presuntos pagos indebidos a miembros de fuerzas de seguridad, la jueza consideró que “los medios al alcance de los imputados constituyen parámetros a tener en cuenta de cara a los peligros procesales”. Acto seguido, mencionó que “desde la óptica del riesgo de fuga existen elementos objetivos para considerar que poseen amplias facultades para abandonar el país o permanecer ocultos”.

También aludió a la posibilidad de entorpecimiento e influencia sobre testigos, dado que muchos implicados fueron o son sus subordinados.

Medidas contra Cis, Morales y Pimentel

Respecto de Cis, Morales y Pimentel, Arroyo Salgado les dictó la prohibición de salir del país. “Basta, de momento, para asegurar los fines del proceso a su respecto”, mencionó. También sobre estos tres imputados indicó que “no se descarta la posibilidad de la aplicación de penas de ejecución condicional”.

La causa se inició por una “autodenuncia” de apoderados de “Securitas”, enmarcada en el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Los apoderados reportaron que los ejecutivos de diversas empresas del grupo, entre ellos Claudio y Marcelo Tórtul, gerentes de la Regional Litoral de “Securitas”, “abusaron y utilizaron la estructura corporativa, así como su posición en el mercado y el renombre del grupo Securitas, con el fin de obtener un beneficio para ellos y, de forma indirecta, para las empresas que representaban”, reseñó Arroyo Salgado.

Los hermanos Tórtul están presos junto a los ejecutivos Jorge Christian Faria, Luis Vecchi, Alberto Alesci, Alejandro Castex, Gabriel Di Cesare y Fernando Azpiroz.

Investigación interna

“Securitas Argentina” es la filial local de “Securitas AB”, que ofrece servicios de seguridad, monitoreo, consultoría e investigación con sede principal en Estocolmo (Suecia). En la investigación interna, la compañía identificó distintos hechos “que podrían configurar delitos como defraudación contra la administración pública, cohecho, dádivas y administración infiel o fraudulenta”, enumeró la jueza.

Los hechos denunciados sucedieron entre 2016 y 2018, aunque no se descarta que hubieran acontecido antes de dicho período. Fueron detectados en una pesquisa que incluyó el análisis de una gran cantidad de documentos (1.27 terabytes de data), aproximadamente 395.900 correos electrónicos, 290 cajas con documentación relevante, 85 entrevistas con 43 empleados de la firma y el análisis de 76 equipos electrónicos (computadoras, teléfonos celulares, etc.).

De esa investigación surgieron hechos presuntamente delictivos vinculados a la contratación de la empresa de seguridad privada en diversos organismos, entidades y empresas. Entre otros, se menciona el Registro Nacional de las Personas (Renpaer), la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), la petrolera PDVSA, AySA, la Policía de Tucumán, Prefectura Naval Argentina, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Registro Nacional de Armas (Renar), Aeropuertos Argentina 2000 y Enersa.

En la denuncia se apuntó a la relación comercial entre la empresa entrerriana y Securitas en el período entre 2016 y 2018. Se indicó que era principalmente gestionada por la Regional Litoral a cargo de los hermanos Tórtul que, según permitió determinar la investigación interna, “habrían efectuado pagos en efectivo para mantener la contratación”.

Ese efectivo “habría sido obtenido a través de un supuesto proveedor fraudulento de nombre Tornell SA” (otra empresa propiedad de los Tórtul), que facturaba sin brindar ningún servicio concreto.

Tras detallar la copiosa documentación aportada por Securitas en el marco del “acuerdo de colaboración eficaz” alcanzado con la compañía -que incluyó abundante documental vinculada a Enersa- Arroyo Salgado puntualizó: “Se imputa a Securitas la realización de presuntos pagos indebidos a funcionarios de Enersa con la finalidad de mantener y/o renovar el contrato con dicho cliente, pagos estos que habrían ocasionado el enriquecimiento de los funcionarios públicos intervinientes en el pacto venal”.

También remarcó que, en el acuerdo de colaboración pactado, Securitas se obligó a continuar cooperando con la investigación mediante “la revelación de información y datos precisos y comprobables; la identificación de sus autores o partícipes, incluyendo funcionarios públicos; y el recupero del producto de los delitos en cuestión”.

En el marco de la investigación, Arroyo Salgado ordenó los registros de llamadas entrantes y salientes con geolocalización desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2018 de “las personas que podrían haber intervenido” en cada uno de los casos investigados y dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bursátil para determinar si los aludidos poseen registros de operaciones sospechosas.

Para la jueza, la organización operó al menos desde junio de 2012 con la posible intervención de “otras personas que de momento no han sido legitimadas”.

Fuente: Análisis Digital.

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Fue al declarar “inadmisible” el recurso de casación presentado por la defensa de Leandro Rodríguez, uno de los imputados en la investigación penal, contra la resolución de los vocales del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Elvio Osir Garzón, José María Chemez y Rafael Martín Cotorruelo, que habían resuelto revocar el sobreseimiento oportunamente dispuesto por el fallecido juez de Transición, Carlos Ríos.

En el expediente se investigó el destino de $5,5 millones que recibió la firma Grandes Máquinas, del Grupo Senor, como créditos otorgados por el Estado entrerriano entre 2009 y 2012 para la fabricación de cosechadoras en un establecimiento en Concepción del Uruguay. La asistencia financiera llegó a través del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), mediante decretos firmados por el entonces gobernador Sergio Urribarri y los ministros de Producción, Roberto Schunk y de Economía, Diego Valiero. Sin embargo, la compañía que fue beneficiada con los fondos fue declarada en quiebra en 2014. Y las cosechadoras prometidas nunca aparecieron.

Las mentadas cosechadoras nunca llegaron al mercado y la empresa que las iba a fabricar cerró.

Los defensores de Rodríguez, Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli –hoy funcionario de la Justicia-, señalaron que “el auto de procesamiento de la Cámara incurre en inadmisibles arbitrariedades, pues carece de fundamentación suficiente para contradecir el sobreseimiento dictado por el juez instructor respecto de la conducta específica de Leandro Rodríguez, arribando a su procesamiento merced a un fallo dictado ignorando la prueba y manifestaciones de descargo, e incurriendo en errores materiales y contradicciones que lo convierten en una pieza judicial inválida, a la que se arriba tras un derrotero de más de 10 años, en que Rodríguez ha estado sometido al escarnio público, pese a que aportó en su descargo razonamiento basado en pruebas que demuestran objetivamente su inocencia total y absoluta”.

A su vez, refirieren que su defendido “era por entonces un funcionario de cuarta línea del gobierno provincial, quien ni remotamente tenía facultades para dar los créditos en cuestión (no era parte del Fondo de Inversiones de Entre Ríos, Finver), no firmó los decretos de otorgamiento, ni tampoco integraba la Contaduría General que aprobó los desembolsos”.

El fallo de Casación destaca que para los defensores “quedó sumamente demostrado –aunque el fallo omita reconocerlo- que la actuación de Leandro Rodríguez no resultó en modo alguno determinante para el otorgamiento de los créditos cuestionados; así lo demuestra el simple hecho que en el último crédito –Decreto N° 529/2012 por $1.000.000– ni siquiera le dieron intervención para opinar (pese a que ese es el crédito más cuestionado por Fiscalía), que tampoco le dieron intervención en la prórroga que de hecho le fuera otorgada a la empresa Grandes Máquinas ante el impago del primer crédito por $574.500 (expediente administrativo N° 1.311.134); y que ello evidencia que la voluntad de otorgar tales asistencias crediticias excedía largamente las facultades de Leandro Rodríguez”.

También, que “cuando las autoridades políticas le pidieron a su defendido opinión respecto del proyecto productivo y su avance, se trataba siempre de una operación de crédito, debidamente garantizada, donde el riesgo era empresarial y no estatal; que justamente por ello, Leandro Rodríguez observó diligentemente por escrito, antes de los desembolsos, que el organismo otorgante (Finver) analice la pertinencia de las garantías y demás condiciones del crédito, para resguardar el patrimonio público”.

Los defensores cuestionan el fallo del 8 de julio de 2021, en el que el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por los jueces Elvio Garzón, José María Chemez y Rafael Cotorruelo, revocó el sobreseimiento de los empresarios Ricardo Vicente Senor, Sergio Eduardo Scravaglieri, Carlos Ariel Boll, y los funcionarios Leandro Rodríguez y Teresita Mabel López por el delito de defraudación a la administración pública.

Entonces también se resolvió procesar por el delito de defraudación a la administración pública por administración fraudulenta a los ex ministros Roberto Schunk y a Diego Valiero.

Ese fallo revocó la resolución del viernes 8 de mayo de 2020, cuando el juez de Transición Carlos Hugo Ríos (fallecido) dictó el sobreseimiento de todos los involucrados en la causa de las cosechadoras. El fallo benefició entonces a los empresarios Ricardo Senor padre e hijo, a Scravaglieri y Boll; al ex ministro de Economía Diego Valiero (hoy representante del Estado entrerriano en el banco Bersa) y al ex ministro de Producción, Roberto Schunk; y a funcionarios de bajo perfil, Teresita López, coordinadora ejecutiva del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver) y Leandro Rodríguez, quien fuera coordinador de Gestión del Ministerio de Producción (actualmente está a cargo de la Dirección de Auditoría Interna).

Qué se investiga

En el expediente se investigó el destino de $5,5 millones que recibió la firma Grandes Máquinas, del Grupo Senor, como créditos otorgados por el Estado entrerriano entre 2009 y 2012 para la fabricación de cosechadoras en un establecimiento en Concepción del Uruguay.

La asistencia financiera llegó a través del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), mediante decretos firmados por el entonces gobernador Sergio Urribarri y los ministros de Producción, Roberto Schunk y de Economía, Diego Valiero. Sin embargo, la compañía que fue beneficiada con los fondos fue declarada en quiebra en 2014. Y las cosechadoras prometidas nunca aparecieron.

La causa de las cosechadoras se inició a mediados de 2012 por una denuncia presentada por el abogado Guillermo Mulet ante el procurador General del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge Amilcar García, y luego de que el caso tomara relevancia pública por investigaciones periodísticas.

La Fiscalía considera que los funcionarios “consintieron y apoyaron, actuando sin probidad, realizando con su conducta un aporte necesario sin el cual los integrantes de Grandes Máquinas de Concepción del Uruguay S.A., no habrían podido concretar su maniobra delictiva”. Para la Fiscalía, los empresarios aparentaron contar con solvencia económica para acceder a los préstamos estatales para fabricar las cosechadoras.

Créditos

El 18 de noviembre de 2009, a través del decreto N° 4.432, el gobierno le otorgó a la firma “B.S.V. S.A” $574.500. Esa suma de dinero fue cedida a la empresa “Grandes Máquinas de Concepción del Uruguay S.A” (que fue creada en diciembre de 2010); el 15 de febrero de 2011, mediante el decreto Nº 96, la empresa obtuvo otro crédito, esta vez por $4 millones; el 19 de marzo de 2012, Urribarri firmó el decreto Nº 529 por $1 millón.

Fuente: Entre Ríos Ahora

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por Alejandro Alfie

La Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de cuatro exdirectivos de la TV Pública, por el retiro irregular de 11,4 millones de pesos en bolsas en efectivo, el año pasado, para producir la miniserie Los Amores Prohibidos de Belgrano. 

n un fallo dividido, los jueces confirmaron los procesamientos de los entonces funcionarios Guillermo Siaira, Ernesto Molinero, Alejandro De La Torre y Ariel Berliner, más la proveedora Adriana Maestri, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, cuyas penas pueden llegar hasta los seis años de cárcel.

Y revocaron el procesamiento del tesorero Claudio Lamalfa, que todavía sigue trabajando en la TV Pública, porque entendieron que todavía “no hay mérito suficiente” para procesarlo o sobreseerlo.

El juez Martín Irurzun detalló las irregularidades cometidas por los exfuncionarios, que “exceden las simples falencias administrativas” y “corroboran la existencia de un manejo discrecional en los fondos de RTA (Radio y Televisión Argentina) que resultó perjudicial para la entidad”.

Allí planteó que hubo tres expedientes en los que se estableció el retiro de fondos para la compra de materiales “para arte, vestuario y ambientación”. Pero que en ninguno había un presupuesto que detallara qué se iba a comprar, ni cuál era el costo, para hacer una “previsión económica” que a su vez permita controlar los gastos.

Irurzun también sostuvo que en ningún momento los acusados pudieron explicar por qué hicieron estas compras por fuera del “régimen de compras y contrataciones” y sin contar con la aprobación del área competente, que por las sumas involucradas correspondían a “Presidencia, Comité Ejecutivo o Directorio” de RTA.

“Las tres exacciones objeto de reproche superaban individualmente el monto máximo habilitado, ya sea para la contratación directa como para el anticipo de gastos”, sostuvo Irurzun en su voto, que fue avalado también por el juez Eduardo Farah. 

En cambio, el juez Roberto Boico firmó el fallo en disidencia, ya que entendió que debían dictar la “falta de mérito” para todos los acusados y profundizar la investigación en el rol de las autoridades de la empresa Radio y Televisión Argentina, que maneja a la TV Pública.

Es que, según planteó Boico -en su voto disidente- los acusados declararon que la presidenta de RTA, Rosario Lufrano, y otros funcionarios estaban al tanto de los avances en la producción de la miniserie, para la cual se retiró ese dinero en forma irregular.

La denuncia fue presentada por Ricardo Benedetti y Jimena Castiñeira contra la titular de RTA. A esa denuncia luego se le agregó otra de la propia denunciada Lufrano.

Rosario Lufrano, presidenta de Radio y Televisión Argentina.

Los exfuncionarios a los que la Cámara Federal les ratificó sus procesamientos fueron Guillermo Siaira, exdirector de Administración y Finanzas; y Ernesto Molinero, exgerente de Producción, que tenían contratos con la TV Pública y presentaron sus renuncias el año pasado, a pedido de Lufrano.

Además, los jueces procesaron a Alejandro De La Torre, director adjunto de Administración y Finanzas, y a Ariel Berliner, subgerente de Producción, que tenían cargos de planta permanente y fueron despedidos “con causa” a fines del año pasado por las autoridades del canal.

La quinta persona a la que los jueces le ratificaron su procesamiento fue Adriana Maestri. La escenógrafa no es empleada de RTA ni de la TV Pública, pero fue el caso que permitió demostrar la irregularidad de los gastos para la miniserie, ya que le pagaron 1,9 millón de pesos en efectivo, “sin firmar contrato alguno o presentar factura que documente la contraprestación comprometida”, plantearon los jueces en su fallo.

El único funcionario involucrado en esta causa que sigue cumpliendo funciones en la actualidad es el tesorero Claudio Lamalfa, que fue quien retiró los 11,4 millones de la sucursal del Banco Itaú que está dentro de las instalaciones del canal estatal.

Es que los jueces establecieron que el tesorero Lamalfa no formó parte de la administración fraudulenta, ya que fue apartado por los otros exfuncionarios de la operatoria irregular del dinero.

Desde que estalló el escándalo, el año pasado, ya se fueron diez funcionarios, incluyendo dos directores ejecutivos de la TV Pública: Eliseo Alvarez, que sufrió picos de presión cuando estalló el caso; y Leo Flores, que duró solo una semana, por presiones ideológicas de sectores ultracristinistas y tuvo que volver a su cargo anterior, como gerente artístico del canal.

El caso se conoció públicamente cuando Clarín reveló, el 9 de marzo del año pasado, que un directivo de la TV Pública retiró varios millones en efectivo, para pagar gastos de producción de una ficción sobre Manuel Belgrano; y que las autoridades del canal habían iniciado una auditoría interna y le habían reclamado a los directivos implicados que devolvieran ese dinero y entregaran los comprobantes de los pagos que realizaron esos días, ya que está prohibido en la TV Pública el retiro de dinero y pago en efectivo, sin contrato, autorización, ni presupuesto aprobado.

Fuente: Clarin

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La Justicia rechazó los planteos de la defensa de Cristina Kirchner y dejó firme la acusaciónen su contra por la presunta comisión delitos en el marco de la causa de los Cuadernos. El fallo del tribunal de Casación contó con los votos de los jueces Diego Barrotaveña y Daniel Petrone y la disidencia de la jueza Ana María Figueroa.

En respuesta a las acusaciones de coautoría de los delitos atribuidos en la causa conocida como “Cuadernos de las Coimas”, que constan de asociación ilícita y 27 hechos delictivos, Cristina Kirchner presentó un recurso de queja ante el órgano judicial a través de su abogado Carlos Beraldi, que fue rechazado este miércoles 16 de febrero.

Los fundamentos de Casación para sostener el procesamiento de Cristina Kirchner

“La presentación directa en estudio no habrá de prosperar en la medida en que la resolución recurrida no supera el límite de impugnación objetivo previsto por el artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN)”, fundamentaron los jueces Barrotaveña y Petrone, los dos miembros del tribunal que votaron en contra del recurso presentado por la Vicepresidenta. 

Entre los motivos del rechazo, los magistrados evaluaron que “no se trata de una sentencia definitiva ni de un auto que ponga din a la acción, a la pena o haga imposible que continúen las actuaciones“. 

Asimismo, Petrone agregó: “A mi modo de ver, la parte recurrente no logra refutar de forma adecuada en su presentación directa la ausencia del presupuesto objetivo de admisibilidad que se advierte como objeción al recurso de casación intentado”.

Tras el rechazo al recurso presentado por la defensa de Cristina Kirchner, Casación dejó firme su procesamiento como jefa de una asociación ilícita y coautora de 27 hechos de recaudación de sobornos de adjudicatarios de obra pública del Estado nacional en el marco de la causa conocida como Cuadernos de las Coimas.

El caso de los “Cuadernos de las Coimas”

El caso se difundió en 2018 a partir de la revelación de los manuscritos del chofer Oscar Centeno, quien anotó los presuntos viajes que realizó con funcionarios del ministerio de Planificación para retirar sobornos de empresas y llevarlos a dependencias particulares. A partir de la denuncia, procesaron a Cristina Kirchner, el exministro Julio De Vido y su hombre de confianza Roberto Baratta, José López y una veintena de empresarios.

El procesamiento fue impulsado por el juez Claudio Bonadío y se elevó a juicio oral en el año 2019 luego de la decisión de la Cámara federal porteña. Posteriormente, en el año 2020, Casación revocó la orden de prisión preventiva contra la expresidenta, pero hasta ese momento no había un pronunciamiento del máximo tribunal respecto al procesamiento. 

Fuente: Perfil

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El expresidente Mauricio Macri fue procesado sin prisión preventiva, pero con un embargo de 100 millones de pesos sobre sus bienes, por el juez federal de Dolores Martín Bava, quien consideró al líder de Juntos por el Cambio (JxC) como “autor” de espionaje ilegal contra los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.

Tras analizar la prueba y tomarle declaración, Bava estimó que “prima facie” Macri es “penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal”.

El fallo también establece que el expresidente no podrá salir del país, medida que regirá cuando Macri regrese de un viaje que realizó a Chile, donde fue recibido por el presidente Sebastián Piñera.

Además de sufrir un embargo en sus bienes de 100 millones de pesos, el exmandatario “no podrá ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los diez días sin previo aviso al tribunal”, establece el fallo.

El juez Bava, reiteradamente cuestionado por el mismo Macri y dirigentes de JxC, consideró que el exmandatario fue responsable de “haber posibilitado, generado las condiciones, acumulado información, hacer uso y no haber dispuesto el cese de la realización de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520”, sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan entre diciembre del año 2017 y finales del año 2018.

“Esas acciones (de espionaje) buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento del referido submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes y los reclamos que realizarían”, señaló el juez en el fallo de 171 páginas al que Télam tuvo acceso.

Bava estimó que “prima facie” Macri es “penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal”

En la misma línea argumentativa, el magistrado federal subrayó que “todas estas tareas de inteligencia ilegal no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional”.

Para Bava, está demostrado en la investigación que “el entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, en conjunto con los jefes de la Agencia Federal de Inteligencia, posibilitó, generó las condiciones, acumuló información, hizo uso y no dispuso el cese de la realización de tareas de inteligencia expresamente prohibidas”.

La causa en la que este miércoles quedó procesado Macri se inició en septiembre del año pasado, a raíz de la denuncia de la titular de la Administración Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, sobre la aparición de documentos en la delegación Mar del Plata que daban cuenta de espionaje ilegal sobre los familiares del ARA San Juan.

Por el mismo expediente, el juez federal procesó a principios del mes pasado al ex titular de la AFI y a su segunda en la jerarquía, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, además de otros involucrados.

Ayer, dos ex jefes de Contrainteligencia de la AFI durante el Gobierno de Macri, también fueron procesados con embargos de 20 millones de pesos.

La defensa de Macri, encabezada por el ex fiscal Pablo Lanusse, sostuvo como estrategia que los documentos hallados eran producto de las tareas vinculadas a la seguridad presidencial y en este sentido pidió que el juez indagara a funcionarios vinculados a esas gestiones.

En este sentido, en los últimos días, ingresó al expediente la declaración testimonial escrita de Alejandro Guglielmi, quien se desempeñó como segundo jefe de la Casa Militar y jefe de la Agrupación Seguridad e Inteligencia de dicho organismo durante los años 2017 y 2018, el período comprendido por la investigación judicial.

Bajo juramento de decir la verdad, relató que, en forma previa a que el expresidente visitara algún lugar, la AFI entregaba a la Casa Militar “un informe socioambiental en soporte papel, que complementaba el informe previo del jefe del equipo de seguridad que concurría al evento”.

El juez federal procesó a principios del mes pasado al ex titular de la AFI y a su segunda en la jerarquía, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, además de otros involucrados

La declaración de Guglielmi fue en la misma dirección que la del ex jefe de la Casa Militar, José Luis Yofre, quien dijo que ese “informe socioambiental” quedaba en la Casa de Gobierno y no en la AFI, y que contenía cuatro puntos: estado del clima, rutas de escape, hospitales públicos y privados y eventuales cortes de ruta que podían afectar el recorrido del presidente.

Según informaron a Télam fuentes de la causa, las explicaciones de los funcionarios de la Casa Militar no alcanzan para justificar la aparición de imágenes de familiares de tripulantes del submarino San Juan, ni su individualización, ni los informes sobre sus movimientos y reclamos, que forman parte de la denuncia.

Fuentes de la defensa del ex presidente aseguraron que apelarán el procesamiento, con lo cual será la Cámara Federal de Mar del Plata la que decidirá si Macri continúa o no procesado.

El fallo del juez Bava:

Fuente: Télam

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