De la garantía a una licitación de $30 millones: el caso de la retroexcavadora de Chajarí

Una licitación por dos motores para una retroexcavadora New Holland en garantía quedó anulada tras un pedido de informes del concejal Roque Mary Dalprá.

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La retroexcavadora sobre orugas había sido adquirida por unos $229 millones y contaba con un año de garantía sin límite de horas. Sin embargo, antes de reclamar formalmente al proveedor, el Municipio había avanzado con una licitación para comprar dos motores de traslación. Tras el pedido de informes presentado por el concejal Roque Mary Dalprá, la licitación fue dejada sin efecto y el Ejecutivo anunció que iniciaría el reclamo de la garantía. En El Despertador, el concejal cuestionó el funcionamiento de los controles municipales y los oyentes plantearon nuevas preguntas sobre el manejo de la maquinaria vial.

Escuchá la entrevista al Concejal Roque Mary Dalprá (Más para Entre Ríos)

La pregunta que quedó instalada en el aire de FM del Este 100.5 es tan sencilla como incómoda: ¿por qué una máquina prácticamente nueva, todavía dentro del período de garantía, terminó en un proceso de licitación para comprar dos motores?

El caso fue expuesto públicamente por el concejal Roque Mary Dalprá, del bloque Más para Entre Ríos, a partir de un pedido de informes presentado en el Concejo Deliberante. Según explicó durante la entrevista realizada en El Despertador, la excavadora sobre orugas había sido adquirida el año pasado por aproximadamente $229 millones, fue entregada en abril y tenía una garantía de un año sin límite de horas.

Sin embargo, pocos meses después se había iniciado un procedimiento para adquirir dos motores de traslación. La primera licitación fue adjudicada por unos $27 millones, pero el proveedor no cumplió con la entrega. Luego se volvió a convocar a una nueva licitación. Fue en ese momento cuando apareció el dato que modificó completamente el escenario: la Secretaría de Obras y Servicios Públicos solicitó dejar sin efecto la compra porque se iniciarían las actuaciones legales para reclamar la garantía de la máquina.

Y ahí aparece el interrogante central.

Si la máquina estaba en garantía, ¿por qué no se reclamó esa garantía antes de iniciar la compra de los motores?

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Dalprá sostuvo durante la entrevista que esa pregunta fue precisamente una de las razones que motivaron el pedido de informes. El concejal había solicitado conocer las causas de la rotura, determinar si se trataba de una falla mecánica o de un eventual mal uso y establecer quién debía afrontar el costo de la reparación. Después de presentado el pedido, la licitación fue anulada y se anunció el reclamo de garantía.

Para el edil, la secuencia no es un dato menor. Su interpretación es que el pedido de informes puso el expediente bajo la mirada pública y obligó a revisar una operación que podía haber significado un desembolso millonario para las arcas municipales.

Pero la entrevista dejó planteadas preguntas que van incluso más allá de la posición política de Dalprá.

¿Cuántos controles atravesó el expediente?

Uno de los momentos más significativos de la conversación se produjo cuando el periodista recordó que en el decreto de adjudicación de la primera licitación figuraba que el trámite había sido supervisado jurídicamente y que se había compartido el criterio de la Comisión de Adjudicación Permanente.

La pregunta, entonces, fue inevitable: si hubo una comisión de adjudicación y además intervención del área jurídica, ¿cómo pudo avanzar el proceso sin que apareciera antes la posibilidad de utilizar la garantía?

La propia entrevista deja planteado que el expediente había pasado por distintos niveles de control. Y eso desplaza el eje de la discusión: ya no se trata solamente de saber quién debía comprar los motores, sino de determinar cómo funciona el sistema de controles cuando se trata de gastar recursos públicos.

Dalprá fue contundente al respecto. Consideró que, como mínimo, había existido una falla en los controles y cuestionó que nadie hubiera reparado en que una máquina con una vida útil estimada de entre 10 y 15 años había sufrido una avería de semejante magnitud antes de cumplir un año de uso.

Eso sí: la entrevista no demuestra por sí misma que haya existido corrupción, pero plantea esa posibilidad como una de dos hipótesis —negligencia o corrupción—, aunque se espera que no se trate de la segunda. Lo que sí cuestiona de manera concreta es la falta de transparencia y control.

Los mensajes de los oyentes agregaron otra pregunta

El tema provocó una inmediata reacción de los oyentes de FM del Este.

Durante la entrevista comenzaron a llegar mensajes que apuntaban a otra cuestión: el uso y mantenimiento de la maquinaria municipal y la preparación de quienes la operan.

Uno de los mensajes leídos al aire sostenía que habría maquinistas sin preparación suficiente y cuestionaba la forma en que se utilizan las máquinas municipales. Otro oyente directamente preguntó si la eventual rotura podía haber sido consecuencia de un mal uso y mencionó una versión según la cual la fábrica podría no reconocer el desperfecto como cubierto por la garantía.
Aquí aparece otro punto que merece ser investigado y que la propia entrevista deja abierto: ¿qué provocó exactamente la rotura de los dos motores?

La respuesta es fundamental.

Si se trató de una falla mecánica atribuible al equipo, correspondería analizar la cobertura de la garantía. Si, en cambio, existió un problema derivado del uso, mantenimiento u operación de la maquinaria, el escenario sería diferente.

Dalprá sostuvo que justamente eso fue lo que pidió determinar mediante el pedido de informes. Y anunció que seguirá de cerca el resultado del reclamo que finalmente formule la Municipalidad ante la empresa proveedora.

Una empresa que vendió la máquina también había ofertado los motores

Otro dato mencionado durante la entrevista merece atención.

Según explicó Dalprá, la empresa que había vendido la retroexcavadora a la Municipalidad de Chajarí, también se presentó en la licitación para proveer los dos motores.

El concejal aclaró que no hay nada irregular en que una empresa participe de una licitación si está habilitada para hacerlo. Pero volvió a poner el foco sobre la pregunta previa: si esa empresa había vendido la máquina apenas un año antes y el equipo todavía se encontraba dentro del período de garantía, ¿por qué el primer camino administrativo fue comprar los repuestos y no reclamar la garantía?

La respuesta a esa pregunta debería surgir de los expedientes administrativos y de la documentación técnica de la máquina.

Del caso de la retroexcavadora a una discusión más amplia

La entrevista no terminó en los dos motores.

Los mensajes de los oyentes y las preguntas del conductor llevaron la conversación hacia otros episodios vinculados, según el concejal, con contrataciones, obras públicas, mantenimiento de equipamiento y mecanismos de control municipal.

Dalprá planteó que su rol como concejal opositor consiste precisamente en revisar los actos del Ejecutivo y pedir explicaciones cuando considera que algo no está claro. También cuestionó que algunos pedidos de informes de su bloque no hayan prosperado, mencionando entre otros un pedido relacionado con la calidad del agua y otro sobre la planificación de la pavimentación de la ciudad.

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Pero el caso de la retroexcavadora tiene una particularidad que lo vuelve especialmente sensible: hay una diferencia potencialmente millonaria entre utilizar una garantía existente y comprar por cuenta del Municipio los repuestos necesarios para reparar una máquina que todavía estaba cubierta por ella.

La cifra mencionada durante la entrevista ronda los $30 millones para los dos motores. La primera adjudicación referida por Dalprá había sido de aproximadamente $27 millones.

Por eso, más allá de las posiciones políticas, el caso deja preguntas concretas que deberían poder responderse con documentación:

¿Cuándo se detectó la falla? ¿Qué diagnóstico técnico determinó que debían reemplazarse los dos motores? ¿Quién decidió iniciar la compra? ¿Por qué no se activó inicialmente la garantía? ¿Qué áreas municipales intervinieron? ¿Qué determinó la Comisión de Adjudicación? ¿Qué intervención tuvo el área jurídica? ¿Por qué la empresa proveedora participó de la licitación? ¿Cuál fue finalmente la causa de la rotura? ¿La garantía será aceptada por el fabricante o proveedor?

Y, fundamentalmente:

¿Cuánto le costará finalmente esta reparación al vecino de Chajarí?

El pedido de informes como mecanismo de control

El episodio también deja expuesto el valor que puede tener un pedido de informes dentro de una administración pública.

Según la versión expuesta por Dalprá, el Concejo pidió explicaciones sobre una máquina que se había roto antes de cumplir un año, cuestionó el proceso de adquisición de los motores y preguntó expresamente si la reparación estaba cubierta por garantía. Poco después, la licitación fue dejada sin efecto y se anunció el inicio del reclamo correspondiente.

Eso no demuestra que el Municipio hubiera terminado pagando los motores si no mediaba el pedido de informes. Pero sí establece una secuencia temporal que merece ser explicada por quienes tuvieron a su cargo el expediente.

Y ahí está probablemente la cuestión más importante que dejó la entrevista de El Despertador: el dinero público no sólo debe gastarse legalmente; también debe ser administrado con controles suficientes para evitar que el Municipio pague por algo que eventualmente otro está obligado a cubrir.

En este caso, la garantía apareció después de que aparecieran las preguntas.

Ahora corresponde saber qué ocurrió antes de que esas preguntas fueran formuladas.

FM del Este 100.5