Preocupación por la planta de hidrógeno en Paysandú y el silencio de la CARU

RGM Sociedad 17/12/2025 | 0

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, advierte sobre riesgos ambientales y cuestiona la falta de pronunciamiento del organismo binacional (CARU)

El destacado Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel expresó su preocupación por la posible instalación de una planta de producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos en la costa uruguaya del río Uruguay, frente a la provincia argentina de Entre Ríos.

En declaraciones recogidas por medios locales, señaló que “es preocupante que la CARU no se haya expresado sobre los posibles daños” que este proyecto podría generar sobre el medio ambiente y las poblaciones ribereñas.

La crítica de Pérez Esquivel se suma a las objeciones difundidas por residentes de Colón, Pueblo Liebig y otras localidades entrerrianas, quienes temen que una infraestructura de gran escala altere el paisaje, la calidad del aire y las actividades económicas tradicionales vinculadas al turismo y la agricultura.

¿Qué es el proyecto de HIF Global?

La empresa HIF Global, con sede en Chile, impulsa un macroproyecto en el departamento de Paysandú (Uruguay), destinado a producir hidrógeno verde y e-combustibles –combustibles sintéticos generados a partir de hidrógeno obtenido mediante electrólisis con energía renovable y dióxido de carbono biogénico– para exportar principalmente a mercados europeos.

El gobierno uruguayo otorgó recientemente la Viabilidad Ambiental de Localización, un paso administrativo preliminar que considera que el sitio es apto ambientalmente y habilita el comienzo de la etapa de estudio de impacto ambiental.

Críticas y preocupaciones

Desde su anuncio, el proyecto generó tensiones sociales y políticas:

Preocupaciones ambientales: Organizaciones y vecinos advirtieron sobre posibles impactos en la biodiversidad ribereña, el uso intensivo de agua del río Uruguay, emisiones y el riesgo de accidentes industriales.
Incertidumbre y transparencia: Algunos críticos sostienen que no hay suficiente información pública sobre los protocolos de seguridad, mitigación de riesgos y efectos transfronterizos.
Protestas y movilizaciones: En ciudades como Colón se realizaron manifestaciones pacíficas en rechazo al proyecto, recordando que una planta de esta magnitud podría tener efectos visibles y perceptibles para la población argentina.
Tensiones diplomáticas a nivel binacional: El tema llegó a discusiones entre los gobiernos de Uruguay y Argentina, incluidos encuentros de cancilleres para analizar posibles consecuencias ambientales y sociales.

El rol cuestionado de la CARU

La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) es el organismo binacional que supervisa la gestión del río compartido entre ambos países. Para defensores del ambiente y líderes sociales, su silencio ante las inquietudes generadas por el proyecto resulta alarmante, dado que el emprendimiento se ubica a pocos kilómetros de la margen argentina y podría implicar efectos transfronterizos significativos.

Pérez Esquivel subrayó que la falta de pronunciamiento oficial de este organismo, en un contexto donde históricamente controversias industriales sobre las riberas han provocado conflictos internacionales entre Uruguay y Argentina, constituye un llamado de alerta.

Desmontes y multa de USD 45.000

La empresa HIF Global respondió a la notificación del Ministerio de Ambiente por una posible multa de 1.000 Unidades Reajustables tras una denuncia vecinal por tala de monte nativo en Paysandú, negando haber incumplido la normativa. La firma sostuvo que las tareas observadas —desmonte en sectores puntuales, apertura de corredores y estudios de suelo— contaban con autorización de la Dirección General Forestal desde septiembre de 2025 y que no estuvieron vinculadas a la construcción de la planta, sino a trabajos preliminares necesarios para el Estudio de Impacto Ambiental y la delimitación de padrones con servidumbre ecológica. HIF también cuestionó la calificación de la falta como “grave” y el monto de la sanción, alegando ausencia de antecedentes, minimización del impacto y que se trató de un bosque secundario de baja densidad, además de haber detenido las tareas al recibir la notificación oficial.

Perspectivas y próximos pasos

A pesar de las críticas, las autoridades uruguayas y la empresa sostienen que el proyecto puede cumplir con las exigencias ambientales más estrictas antes de iniciar la construcción. El proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) –que aún está por desarrollarse– será clave para determinar si y cómo la planta puede operar sin comprometer la salud de los ecosistemas ni de las comunidades locales. PV Magazine Latam

Promesas verdes sin fundamentos

Hay una frase que se repite como un mantra cada vez que un megaproyecto industrial genera resistencia social: “cumplirá con las exigencias ambientales más estrictas”. En el caso de la proyectada planta de hidrógeno de HIF Global en la costa uruguaya del río Uruguay, esa afirmación no solo resulta tranquilizadora para los inversores, sino profundamente problemática para las comunidades afectadas. Más aún cuando se la pronuncia antes de que exista una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) imparcial.

La contradicción es evidente y grave. No se puede cumplir exigencias ambientales que aún no han sido definidas. La EIA no es un trámite posterior ni una formalidad administrativa: es el instrumento técnico, legal y democrático que permite establecer cuáles son esas exigencias, si el proyecto es viable y bajo qué condiciones. Sin estudio, no hay parámetros; sin parámetros, no hay cumplimiento posible.

Este modo de proceder invierte peligrosamente el orden que impone el derecho ambiental moderno. Primero se anuncia el proyecto, luego se le otorga viabilidad política y recién después se promete evaluar su impacto. La protección del ambiente queda así subordinada a la lógica del negocio, y la evaluación ambiental se transforma en una instancia de convalidación de decisiones ya tomadas. No se evalúa para decidir: se evalúa para justificar.

La situación se agrava porque el emprendimiento se proyecta sobre un río compartido, regido por tratados binacionales que obligan a actuar con prevención, transparencia y cooperación. El principio precautorio —que indica que ante la duda debe primar la protección del ambiente— queda relegado por un discurso de promesas futuras. Mientras tanto, organismos clave como la CARU permanecen en silencio, como si la historia de conflictos ambientales en el río Uruguay no hubiera dejado enseñanzas.

Decir que “el proyecto puede cumplir” no es una garantía, es una expresión de deseo. El derecho ambiental no se rige por intenciones ni por slogans verdes, sino por evidencia científica, estudios independientes y participación pública. Hasta que la Evaluación de Impacto Ambiental no sea realizada, debatida y validada, cualquier afirmación sobre seguridad ambiental carece de sustento y se vuelve, en el mejor de los casos, prematura; en el peor, engañosa.

Aprobar primero y evaluar después no es desarrollo sostenible: es una apuesta riesgosa que desplaza los costos hacia las comunidades y el ambiente. En un río que pertenece a dos países, esa irresponsabilidad no reconoce fronteras. La pregunta no es si el proyecto promete cumplir, sino si puede demostrarse, con estudios serios y públicos, que no causará daño. Todo lo demás es relato.

FM del Este 100.5 con info de El Entre Ríos, Análisis, Infobae, PV Magazine Latam y propia

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