El millonario negocio del tráfico de productos veterinarios
La justicia investiga a un empresario santafesino por el contrabando de productos veterinarios no autorizados que se utilizan para incrementar la producción lechera. Se trata de un cargamento valuado en unos 5 millones de pesos. El riesgo que eso implica en la producción de alimentos y el impacto en la economía del país.
Los policías se vieron sorprendidos más por lo inusual del contenido que por el tamaño de la encomienda. Eran las once y media de la mañana de un día rutinario en el puesto de La Picada y el hallazgo, tan casual como inhabitual, ni siquiera fue producto de lo que suelen llamar “olfato policial”. Eran unas sesenta cajas que contenían productos de uso veterinario con leyendas en inglés que les llamaron la atención y encendieron las alarmas. Inmediatamente hicieron algunas consultas y decidieron secuestrar la carga, que estaba a nombre de un comerciante santafesino.
Lo que transportaba el camión eran cajas de inyectables de Elanco Lactotropina, un medicamento de origen norteamericano que se utiliza para aumentar la síntesis láctea y mejorar la persistencia en el ciclo productivo de las vacas. Lo que provoca la aplicación de esta hormona es un aumento en la producción y un incremento en la cantidad de grasas y proteínas de la leche.
El problema es que se trata de productos no registrados en el país y cuyo uso y comercialización no se encuentran autorizados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa); por lo tanto, la utilización por parte de los productores hasta podría afectar la inocuidad de los alimentos, con sus consecuencias sobre la salud de las personas y sobre el comercio internacional.
La encomienda estaba a nombre de Germán Rodrigo Cartasegna, dedicado a la venta por mayor de productos veterinarios en Rafaela, una ciudad en medio de la cuenca lechera de la provincia de Santa Fe, según los registros de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El valor de la carga secuestrada se estima en unos 5 millones de pesos.
La investigación judicial no pudo establecer cómo ingresaron estos productos al país –el imputado no dio pistas de ello–; pero sí determinó que Cartasegna no cuenta con permisos de importación del Senasa ni para la tenencia, distribución o expendio de productos destinados al tratamiento de enfermedades de los animales.
A partir de estos datos, el empresario fue procesado por la violación de las reglas establecidas por las leyes de policía sanitaria animal, que prevé penas de prisión de uno a seis meses de prisión y el procesamiento fue recientemente confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.
El delito imputado se complementa con las previsiones de la ley que regula la importación, exportación, elaboración, tenencia, distribución y/o expendio de los productos destinados al diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades de los animales y los somete al control del Poder Ejecutivo a través del Senasa.
Entre otras funciones, el Senasa es el organismo encargado de realizar la evaluación técnica de la documentación presentada para la aprobación y registro de los productos veterinarios y alimentos para animales; proponer la prohibición o restricción de los productos veterinarios y/o alimentos para animales cuando corresponda; e intervenir en las tramitaciones de importación y exportación de productos y drogas de uso en medicina veterinaria, y de alimentos para animales.
Si bien el uso de “anabólicos” es habitual para mejorar el rendimiento agrícola y ganadero, para la importación de productos destinados al tratamiento de enfermedades de los animales es obligatorio estar inscripto en el Senasa, y Cartasegna no lo estaba. Esta previsión existe precisamente porque “los productos veterinarios constituyen un eslabón fundamental dentro de todas las cadenas productivas y los mismos tienen por objetivo el cuidado de la sanidad de los animales, así como la seguridad de los alimentos provenientes de estos”, tal como lo explicó la Cámara Federal de Apelaciones al confirmar el procesamiento de Cartasegna.
Argentina forma parte integrante del Comité Americano de Medicamentos Veterinarios de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y, como país exportador, debe cumplir con todas las exigencias que se le imponen; de lo contario, se podrían perder mercados. De hecho, algunos países prohíben determinados productos que se utilizan para el crecimiento de animales y no importan alimentos que los contengan.
En este caso, se trata de productos que no han sido registrados por el Senasa, y su utilización por parte de los productores implica un riesgo que seguramente es subestimado por quien los utiliza o, en algunos casos por desconocimiento de los productores.
Si bien no existen estadísticas oficiales que registren el ingreso al país de productos veterinarios de contrabando que podrían contener principios activos cuyo uso no ha sido aprobado por el Senasa, en el sector agropecuario admiten que eso ocurre y la preocupación está dada en que la sola aparición de residuos de esas sustancias podría impactar negativamente en la imagen del país como productor de alimentos, con el perjuicio que eso ocasionaría en el resto de la economía.
La consecuencia de esta mala práctica podría ser la pérdida de mercados, ya que el uso de productos de contrabando, que no han pasado por los debidos controles, puede afectar directamente la inocuidad de los alimentos.
Pagina Judicial