Benegas Lynch y Glocal Terra: cuando el negocio de la tierra se sienta en el Senado

La participación del senador entrerriano Joaquín Benegas Lynch en Glocal Terra SRL, abre fuertes cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses en el Senado.

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Mientras el Senado de la Nación debatía un proyecto de alto impacto sobre la propiedad privada y el régimen de las tierras rurales, (extranjerización de tierras – Ley de Tierras – Ley de inviolabilidad de la Propiedad Privada), uno de los legisladores encargados de votar integraba una empresa cuyo negocio consiste, precisamente, en asesorar la compra, venta y administración de campos para inversores, incluidos compradores extranjeros.

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No se trata de una denuncia política ni de una versión sin sustento. Se trata de Glocal Terra SRL, sociedad de la que participa el senador nacional por Entre Ríos Joaquín Benegas Lynch, representante de La Libertad Avanza.

El dato es contundente y modifica inevitablemente la lectura del debate parlamentario.

Porque ya no se discute únicamente una ley. Se discute la credibilidad del Congreso y el estándar ético que debe exigirse a quienes tienen la responsabilidad de legislar.

La actividad de Glocal Terra no es un secreto. La empresa ofrece asesoramiento para inversiones en campos, valuaciones rurales, administración de establecimientos agropecuarios y operaciones inmobiliarias destinadas a clientes nacionales e internacionales. Es decir, desarrolla su actividad en uno de los mercados más sensibles y estratégicos del país: la tierra.

Y es precisamente sobre ese mercado donde el Senado debate normas que pueden modificar derechos, garantías y reglas de funcionamiento.

Aquí aparece una pregunta que ningún legislador oficialista ha respondido con claridad.

¿Puede un senador intervenir en una discusión legislativa cuando mantiene intereses empresariales en el mismo sector alcanzado por esa legislación?

No se trata de cuestionar el derecho de Benegas Lynch a desarrollar una actividad privada. Nadie discute eso.

Lo que resulta inadmisible es naturalizar que un representante de la Nación participe en decisiones que pueden repercutir sobre el ámbito económico donde desarrolla su actividad empresarial sin que exista, al menos, una explicación pública convincente o un gesto de prudencia institucional.

Las democracias modernas no sólo exigen que sus funcionarios respeten la ley, exigen algo mucho más importante.

Que no exista ninguna duda razonable sobre la independencia de sus decisiones.

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La confianza pública no depende únicamente de que los funcionarios no cometan delitos. También exige que ejerzan sus responsabilidades sin que existan intereses particulares capaces de poner en duda la imparcialidad de sus decisiones. Ese principio, esencial en cualquier democracia, debería aplicarse con el mismo rigor sin importar el partido político al que pertenezca el funcionario involucrado. Sin embargo, en la Argentina la intensidad de los cuestionamientos suele variar según quién ocupe el poder. Situaciones que generan una fuerte reacción cuando involucran a la oposición muchas veces reciben un tratamiento mucho más indulgente cuando alcanzan al oficialismo. Esa doble vara debilita la credibilidad de las instituciones y erosiona el discurso de transparencia que toda fuerza política dice defender. En ese contexto, el caso de Joaquín Benegas Lynch deja de ser un episodio individual para convertirse en una prueba de coherencia institucional: si el conflicto de intereses merece ser investigado en unos casos, el mismo criterio debe aplicarse cuando afecta a quienes hoy ejercen el poder.

Expone una forma de entender el Estado donde empresarios vinculados a determinados sectores económicos llegan a ocupar los lugares desde los cuales se redactan las reglas que regulan esos mismos sectores.

Ese fenómeno tiene un nombre conocido en el derecho público y en la ciencia política: captura de la decisión pública por intereses privados.

No implica necesariamente la comisión de un delito, pero sí representa uno de los mayores riesgos para cualquier sistema republicano.

Porque cuando quienes participan de un negocio también participan en la elaboración de las normas que rigen ese negocio, la imparcialidad deja de ser una certeza y pasa a convertirse en una duda.

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Cuando esa confianza se debilita, también se resiente la legitimidad del sistema democrático. Y en este caso no está en discusión un mercado cualquiera. La tierra representa uno de los activos estratégicos más importantes de la Argentina: de ella dependen la producción de alimentos, la administración de recursos naturales, la disponibilidad de agua y, en última instancia, el ejercicio efectivo de la soberanía sobre el territorio. Por eso, cualquier sospecha de que intereses privados puedan influir en las decisiones sobre su regulación merece el máximo nivel de escrutinio público.

Por esa razón, cualquier modificación de su régimen jurídico exige un debate libre de intereses particulares y de cualquier circunstancia que pueda comprometer la objetividad de quienes votan.

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La sociedad tiene derecho a preguntarse si un senador que integra una empresa dedicada al negocio inmobiliario rural debió intervenir en un debate legislativo que involucra al mismo sector en el que desarrolla su actividad privada. Del mismo modo, tiene derecho a exigir explicaciones y a reclamar estándares éticos que vayan más allá del mero cumplimiento formal de la ley.

La función pública no se agota en respetar las normas vigentes; también implica preservar la confianza de los ciudadanos en la independencia de quienes toman decisiones en su nombre. Ese principio adquiere una relevancia aún mayor en el caso de La Libertad Avanza, un espacio político que construyó buena parte de su identidad sobre la promesa de terminar con los privilegios, erradicar los conflictos de intereses y recuperar la transparencia en la gestión pública. Precisamente por ello, ese compromiso debe aplicarse con el mismo rigor a sus propios dirigentes que al resto de la dirigencia política. La ética institucional pierde valor cuando se convierte en una exigencia para los adversarios y en una excepción para quienes ejercen el poder.

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Si la política pretende recuperar credibilidad, debe entender que la apariencia de independencia es tan importante como la independencia misma.

El Congreso está para representar a los argentinos, no a los negocios de quienes ocupan una banca. Nadie discute el derecho de un senador a desarrollar una actividad privada; lo que sí está en discusión es que participe de decisiones que pueden alcanzar al mismo mercado del que forma parte. Esa es una línea que nunca debió cruzarse. Porque cuando un legislador vota sobre un negocio en el que también tiene intereses, la sospecha deja de ser un problema político y pasa a convertirse en un problema de credibilidad. Y sin credibilidad, cualquier discurso sobre transparencia pierde valor.

FM del Este 100.5