ONGs solicitan la suspensión inmediata de la Caza Menor de animales autóctonos en todo el país

En una carta dirigida al Dr. Pablo Siroski , del Ente Coordinador Interjurisdiccional para la Fauna Silvestre (ECIF) las instituciones expresan una profunda preocupación acerca del manejo de las especies susceptibles de caza menor

En una carta dirigida al Dr. Pablo Siroski , del Ente Coordinador Interjurisdiccional para la Fauna Silvestre (ECIF) las instituciones expresan una profunda preocupación acerca del manejo de las especies susceptibles de caza menor, en particular, las aves autóctonas y solicitan con carácter de urgencia, una medida para interrumpir los alarmantes impactos negativos que año tras año se generan y acumulan
en las distintas jurisdicciones del país donde se siguen otorgando permisos y cupos de caza.

La nota dirigida al ECIF (Ente Coordinador Interjurisdiccional para la Fauna)  está firmada por varias instituciones del país y solicita “la interrupción inmediata de la caza menor en toda la Argentina” debido a las numerosas falencias e incongruencias técnicas que presenta esta práctica y su alarmante impacto en la biodiversidad.

El resonante fallo del juez Andrés Marfil que suspendió en julio pasado la caza de especies autóctonas en Entre Ríos desnudó numerosas irregularidades y falencias en la implementación de esta práctica por parte del Gobierno provincial y abrió el debate nacional acerca de si se debe permitir o no la caza de animales autóctonos. “Resulta inadmisible que se siga habilitando la caza de especies cuya información biológica es nula o escasa y sin mediar evaluaciones poblacionales” reza la nota enviada el pasado martes por varias entidades ambientalistas al ECIF, organismo consultor que coordina las acciones de las provincias en materia de fauna.

Otro aspecto fundamental que resalta la carta es que “en la mayoría de las provincias no existen estudios ni normativas sobre los impactos a niveles ecotoxicológicos del plomo de origen cinegético en la salud humana, el ambiente y la biodiversidad”, aludiendo en este caso a la contaminación por plomo que provocan los perdigones de la caza en los humedales y a sus graves consecuencias para la salud del hombre y la fauna.

La nota es firmada por 17 instituciones entre las que se destacan algunas de prestigio nacional como Fundación Azara, Fundación EOS, ACEN (Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza), Grupo GEKKO (Universidad del Sur), Fundación Cullunche (Mendoza), Custodios del Territorio (Santa Fe), Capibara (Santa Fe), Foro Ecologista de Paraná (Entre Ríos) y CEYDAS (Entre Ríos), entre otras.

Otras de las numerosas falencias que destaca la nota son la carencia de un registro nacional de cazadores, la “determinación azarosa y arbitraria de cupos de caza” y la “escasa o nula capacidad de fiscalización y control” que tienen las provincias.

Por todas las cuestiones señaladas, las entidades firmantes solicitan “la interrupción inmediata de la caza menor (de especies autóctonas) en toda la Argentina hasta que se puedan atender los puntos mencionados”.

*** “El ECIF es un ente que nuclea a todas las autoridades de fauna del país y, en el marco de la concertación federal, es clave para coordinar acciones vinculadas con políticas de fauna silvestre con las provincias”.

Principales ejes de la solicitud

El primer aspecto a señalar es que la gran mayoría de las especies habilitadas son
anátidos migratorios (fundamentalmente patos). Es decir, son “recursos compartidos” no solo entre las distintas jurisdicciones provinciales de nuestro país, sino también con países limítrofes y otros de nuestra región. Por tal motivo, resulta inapropiado ética y técnicamente que cada provincia tome decisiones de manera unilateral y arbitraria sobre un recurso común o una especie cuya conservación depende de un manejo coherente e integrado en toda su área de distribución geográfica. 

Las ONGs, piden recordar que nuestro país adhirió a la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias (CMS) que promueve la cooperación internacional para conservar a estas aves y sus hábitats, ratificada mediante la Ley 23.918/91. Esto ubica a la Argentina en una posición regional no menos que incómoda para justificar su política cinegética actual.

En un contexto de crisis ambiental global y nacional, resulta inadmisible, además, que
se siga habilitando la caza de especies cuya información biológica actual es nula o escasa, y sin
mediar evaluaciones poblacionales de las especies que son susceptibles de ser cazadas. Desde
hace años, instituciones y especialistas vienen señalando la necesidad de contar con estudios
demográficos que contemplen todo el ciclo de vida de la especie (tasas de reclutamiento y
supervivencia, entre otros parámetros poblacionales, más aún cuando los ciclos biológicos se
desarrollan en distintos países). De esta manera, no puede ignorarse que, por ejemplo, muchas
especies de patos se desplazan a través del corredor migratorio del sistema Paraguay-Paraná.

Existe otro aspecto fundamental: en la mayoría de las provincias no existen estudios ni
normativas sobre los impactos a niveles ecotoxicológicos del plomo de origen cinegético en la
salud humana, el ambiente y la biodiversidad. Existen antecedentes internacionales y
nacionales sobre estos impactos negativos que no pueden desconocerse y requieren de
acciones conjuntas e inmediatas. Por ello, solicitamos atender de manera urgente esta
amenaza para no incrementar la hipoteca sanitaria, social y ecológica de la Argentina.

Desde el punto de vista administrativo, no se cuenta con un registro nacional de
cazadores. Cada provincia, entonces, determina cupos de caza (números de individuos de cada
especie abatidos por persona) de manera totalmente azarosa y arbitraria. De esta manera,
otorgar cupos sin conocer el número de cazadores ni el de las poblaciones de aves afectadas
implica asumir el riesgo de que el número de ejemplares permitidos por especie sea
prácticamente ilimitado. Hecho que se ve agravado por la escasa o nula capacidad de
fiscalización y control que poseen las distintas jurisdicciones, por razones presupuestarias,
logísticas y de personal, sabiendo que la actividad cinegética se realiza en ciertos meses del
año de manera simultánea. A esa complejidad de control en el terreno se suma la necesidad
de una coordinación interjurisdiccional que tampoco existe.

Por todo lo señalado, consideramos que el ECIF debe acordar la interrupción
inmediata de la caza menor en toda la Argentina hasta que pueda atender los puntos
mencionados. La situación actual es insostenible y el contexto socioambiental exige un cambio
de paradigma, potenciado por el creciente y amplio rechazo que genera la caza de especies
autóctonas en gran parte de la sociedad. Cualquier análisis serio concluirá en que las falencias
e incongruencias técnicas se contraponen legalmente a todo criterio precautorio, por el cual
los administradores de la fauna silvestre deberían velar.

Nota presentada al ECIF

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