La economía citrícola en jaque: la sangre que se va de la región

Juicios infundados, desigual competencia interna, acuerdos sindicales opacos y empleo precario hipotecan el futuro económico de Chajarí y la región.

La región del corredor citrícola —que engloba zonas productivas como Chajarí, Villa del Rosario, Santa Ana, Mocoretá y Concordia— enfrenta una crisis de empleo y desarrollo que viene de décadas y se agrava con cada temporada de cosecha.

Según los propios números de productores de la zona: con 300 colectivos que entran desde Concordia hacia la cosecha, trasladando trabajadores por día, el movimiento económico genera 450 millones de pesos diarios (a razón de 1.500.000 $ por colectivo) — es decir 2.250 millones por semana y, si se repite cuatro semanas en un mes, 9.000 millones de pesos mensuales. En una campaña intensa de nueve meses, eso asciende a 81.000 millones de pesos que circulan fuera de ciudades como Chajarí y pueblos vecinos en lugar de potenciar su economía local.

Este flujo de dinero y mano de obra no se queda en los pueblos que producen la fruta, sino que se exporta en mano de obra y recursos — un constante drenaje que debilita a las economías regionales y demora cualquier recuperación sostenible.

Un sistema laboral que no resuelve la informalidad

En el Departamento de Concordia hay centenares de cooperativas de trabajo, muchas de ellas de carácter rural, que según estudios representan un significativo porcentaje de las entidades del sector (cerca del 36% de las cooperativas de trabajo locales) y son parte activa de cómo se contrata mano de obra para cosecha y empaque.

Sin embargo, diversas fuentes y organizaciones del sector productivo han reclamado por la ausencia de empleo formalizado, la informalidad de muchos trabajadores y la necesidad de un régimen laboral que garantice derechos básicos.

Solo alrededor del 17 % de los cosecheros trabaja en blanco y con aportes adecuados, mientras que miles operan bajo condiciones de trabajo temporario, irregular o tercerizado sin seguridad social plena.

Demandas injustificadas

En el centro de este esquema aparece la denominada industria del juicio, alimentada por un reducido pero activo grupo de abogados caranchos que, mediante demandas laborales muchas veces infundadas o sobredimensionadas, han instalado el miedo como método de presión sobre los productores regionales. Ante el riesgo permanente de juicios millonarios, embargos y costos judiciales imposibles de afrontar, numerosos productores de Chajarí y del corredor citrícola se ven forzados a tercerizar la contratación de mano de obra a través de cooperativas radicadas en Concordia, trasladando así la responsabilidad legal y laboral. El resultado es un círculo perverso: se destruye el empleo local genuino, se vacía la economía de los pueblos productores y se consolida un negocio judicial que prospera sobre la precarización, la extorsión legal y el debilitamiento deliberado de las economías regionales.

La Municipalidad de Concordia y organizaciones productivas han organizado mesas de trabajo para regularizar el empleo informal, con participación de legisladores nacionales y gremios, precisamente para combatir la competencia desleal y mejorar la productividad.

Sindicato de la Fruta y acuerdos poco claros

Existe un Sindicato de la Fruta que históricamente ha intervenido en convenios de traslado y empleo, y también ha sido objeto de críticas por no lograr corregir la precariedad laboral persistente en el sector.

La modalidad bajo la cual muchas cooperativas actúan puede convertirse en una forma de tercerización encubierta, donde asociaciones formales existan jurídicamente, pero en la práctica actúen como intermediarios sin aportar condiciones dignas de trabajo, seguridad ni estabilidad.

Impacto económico y social en los pueblos productores

Esa mano de obra itinerante, que según los cálculos expande miles de millones en salarios fuera de la región, no se traduce en mejoras sostenibles ni en desarrollo local.

Además, esta dinámica distorsiona la competencia entre productores locales: aquellos que operan con economías de escala o mecanismos de contratación más flexibles tienen ventaja sobre pequeños y medianos productores que no pueden competir bajo los mismos términos, y a la vez se afecta el precio final al consumidor, ya que la fruta que sale a mercados puede llevar altos costos de logística y manipulación sin que eso revierta beneficios claros al trabajador ni al productor local.

Una cadena que sangra, pero deja pocas respuestas

La falta de una política clara y eficaz en materia laboral, el entramado de cooperativas y sindicatos sin suficiente control, y la competencia interna entre empacadores —que elevan los costos de producción sin garantías sobre mejores ingresos de mercado— dejan a la cadena citrícola regional en una encrucijada.

Mientras 300 colectivos trasladan diariamente mano de obra de la zona hacia la cosecha, generando decenas de miles de millones de pesos en movimiento económico, la región ve una fuga de valor agregado, empleo formal y oportunidades de desarrollo local.

Es necesario repensar:

la formalización real del empleo rural, que incluya aportes, seguridad social y derechos laborales;
un control transparente de las cooperativas y intermediarios, para que no actúen como mecanismos de evasión laboral o tercerización encubierta;
y una política regional que retenga valor en los pueblos productivos, fortaleciendo cadenas de valor local en lugar de exportar mano de obra y recursos hacia otros destinos.

Si no se actúa con decisión, los pueblos del corredor citrícola quedarán atrapados en una dinámica de importación de mano de obra y drenaje económico, con pocas perspectivas de crecimiento genuino y sostenido.

FM del Este 100.5

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