Celis niega vínculos con la opereta narco contra Roncaglia y Frigerio
El condenado respondió la carta documento del ministro y aseguró que no participó ni tuvo contacto con quienes impulsaron las acusaciones.
El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, difundió la respuesta formal enviada por el condenado Daniel Andrés Celis a la carta documento que se le había cursado para que aclarara su presunta participación en la operación mediática que involucró acusaciones de narcotráfico contra el gobernador Rogelio Frigerio y el propio funcionario provincial. El descargo, lejos de sostener las versiones difundidas públicamente, niega de manera tajante cualquier intervención y rechaza haber mantenido contactos o vínculos con autoridades provinciales.


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Según el documento firmado por Celis desde su lugar de detención, el interno afirma que “desconoce los hechos” y califica como “falaz mentira” haber tenido comunicación con la ex secretaria de Seguridad de la Municipalidad de Paraná, Grisela Bordeira, o haber realizado publicaciones en redes sociales. El condenado sostiene que se encuentra alojado en la Unidad Penal N°1 de Paraná, en condiciones de aislamiento, sin acceso a televisión ni redes, y que previamente estuvo detenido en la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú, por lo que asegura que “es imposible” que haya participado en la difusión de acusaciones o armado mediático alguno.

El escrito también niega cualquier tipo de relación personal o beneficio con el ministro Roncaglia. Celis afirma que jamás habló con el funcionario y que “de ninguna manera” ha tenido comunicación con él. En el mismo texto describe sus condiciones de detención y califica la situación como una “tortura psicológica” para él y su familia.
Un giro que refuerza la denuncia oficial
Desde el entorno del ministro interpretan la respuesta como un elemento clave que confirma lo que ya sostenían: la existencia de una maniobra de desinformación basada en datos falsos y sin sustento. Las acusaciones que circularon públicamente habían sido impulsadas por versiones periodísticas y declaraciones, replicadas en medios digitales, en las que se vinculaba al gobernador y al ministro con supuestas redes narco.
El Gobierno provincial sostiene que el descargo de Celis desarma el núcleo de esas versiones, ya que la narrativa difundida señalaba que el condenado habría tenido participación directa en la construcción de esas acusaciones. La negativa explícita del propio interno, subrayan, deja sin sustento ese eje.
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Continuidad de las acciones en la Justicia Federal
El ministro confirmó que, pese a la respuesta recibida, las acciones legales seguirán su curso ante la Justicia Federal. La denuncia presentada busca determinar responsabilidades por la difusión de información que consideran falsa y dañina, y por la eventual existencia de una operación coordinada para perjudicar la imagen institucional del Gobierno entrerriano.
El contexto judicial es especialmente sensible: la investigación también se vincula con la causa que indaga presuntos planes criminales contra el juez federal Leandro Ríos y el fiscal José Candioti, lo que eleva la gravedad del escenario y la necesidad de esclarecer el origen de las versiones.
Mensaje político y judicial
Desde el Gobierno provincial remarcan que el objetivo es llegar “hasta las últimas consecuencias” para identificar a los responsables de la difusión de acusaciones que consideran infundadas. La respuesta de Celis, insisten, marca un punto de inflexión: lejos de confirmar las versiones, las desmiente y abre un nuevo capítulo judicial.
Estas son las cartas documento del ministro Roncaglia
En medio de la polémica, el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, avanzó por la vía legal y envió cartas documento a los canales de televisión que difundieron las acusaciones y al periodista Tomás Méndez. En las intimaciones, el funcionario rechazó de manera categórica las versiones que lo vinculaban con el narcotráfico, exigió la rectificación pública de los contenidos emitidos, la eliminación de los materiales difundidos y advirtió que iniciará acciones civiles y penales si no cesa la difusión de lo que calificó como información falsa y agraviante.



El mensaje final es contundente: la administración provincial ratifica que continuará con las denuncias y la vía judicial para esclarecer los hechos, sosteniendo que las acusaciones formaron parte de una “burda operación de prensa” destinada a dañar la gestión y la imagen de sus principales autoridades.
FM del Este 100.5
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