Conexión narco y plan de sicarios: denuncian complot para asesinar a autoridades judiciales en Entre Ríos
Narco detenido habría planeado matar a un juez y al ministro de Seguridad de Entre Ríos
La denuncia pública realizada por el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, sobre un presunto plan criminal atribuido al narcotraficante Leonardo Airaldi abre interrogantes que exceden un expediente judicial y vuelven a poner en debate la capacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado.
Qué dice el documento difundido
Según el texto publicado por Roncaglia —que surge de actuaciones judiciales— el sospechoso habría evaluado contratar sicarios para cometer un homicidio en territorio argentino, incluyendo detalles logísticos sobre el traslado, el seguimiento del objetivo y la eliminación de rastros.
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En el documento se mencionan referencias a:
- contratación de sicarios
- análisis de costos para cometer el crimen en Argentina
- información sobre movimientos del objetivo en zonas cercanas a Paraná
- indicaciones para no dejar evidencia
El ministro sostuvo que el plan criminal estaba dirigido contra:
- el juez federal Leandro Ríos
- el fiscal Candioti
- su propia persona
Investigación federal y detención en 2024
De acuerdo con la publicación oficial, Airaldi era investigado por integrar un presunto entramado de narcotráfico con operaciones en:
- la costa del río Paraná
- la ciudad de Rosario
- el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires
El ministro afirmó que el sospechoso fue allanado y detenido en 2024 junto a presuntos cómplices, en una investigación que involucró a la Policía de Entre Ríos y al juzgado federal a cargo de Leandro Ríos.
Según Roncaglia, el acusado “se sentía intocable” por distintas circunstancias vinculadas a su actividad criminal.
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El funcionario sostuvo que el acusado —detenido en 2024 tras una investigación federal— habría planificado atentados contra autoridades judiciales, entre ellas el juez federal Leandro Ríos, el fiscal Candioti y el propio ministro. La gravedad de la denuncia revela un escenario preocupante: organizaciones criminales que, presuntamente, no sólo operan en el narcotráfico sino que también intentarían influir o intimidar al sistema judicial.
El caso vuelve a poner el foco en la expansión del narcotráfico en el corredor del río Paraná, una zona estratégica que desde hace años aparece vinculada a circuitos ilegales con conexiones interprovinciales, especialmente con Rosario y el conurbano bonaerense. La reiteración de investigaciones en estas áreas expone una problemática estructural que trasciende gestiones políticas y plantea desafíos permanentes para las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, el episodio también abre preguntas sobre la transparencia de las investigaciones, el funcionamiento de los mecanismos de inteligencia criminal y la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de prevenir la penetración del crimen organizado en el aparato estatal.
La decisión del ministro de difundir públicamente el contenido de actuaciones judiciales refuerza el mensaje político de confrontación con el narcotráfico, pero también refleja el nivel de tensión existente entre seguridad, justicia y poder criminal en la región.
En este contexto, el caso Airaldi no sólo representa una causa judicial específica sino un síntoma de un problema más amplio: el avance de estructuras criminales con capacidad de organización, recursos económicos y presunta influencia territorial en el litoral argentino.
El desafío para el Estado, más allá de los discursos, será demostrar capacidad sostenida para investigar, juzgar y desarticular estas redes sin que las instituciones queden expuestas a presiones o amenazas.
FM del Este 100.5
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