¿Y los $2500 millones? Las empresas de colectivos negaron por escrito haber recibido fondos para poner cámaras

LA NACION accedió al documento que la Cámara Empresa de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) presentó ante autoridades provinciales

Domitila Dellacha

El asesinato del chofer de la Línea 620, Daniel Barrientos, sacudió al gobierno bonaerense, que tuvo que salir a explicar qué pasó con el dinero destinado a equipar a los colectivos con cámaras de video y botones antipánico. Tanto el gobernador bonaerense Axel Kicillof como el ministro de Seguridad, Sergio Berni, dijeron que las empresas habían recibido en 2021 $2500 millones con ese fin, pero que solo se habían equipado el 10 por ciento de la flota en provincia.

Las empresas que operan en territorio bonaerense negaron hoy haber recibido esos fondos y agregaron más misterio al destino de esa cifra millonaria en subsidios. No solo lo hicieron verbalmente ante el ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio: también lo pusieron por escrito.

La Cámara Empresa de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) advirtió: “Esta Cámara quiere negar que las mentadas empresas hayan recibido específicamente suma alguna de dinero para equipar las unidades con cámaras de video”. LA NACION tuvo acceso a la carta, que también indica: “Mucho menos es cierto que las empresas tengan alguna responsabilidad sobre el funcionamiento del Centro de Monitoreo y respuesta que está previsto para que el sistema impacte en la Seguridad Pública, responsabilidad inherente e indelegable del Estado Provincial”, agregó.

El ministro de Transporte dijo después de la reunión que acordaron con los empresarios poner en marcha una mesa de trabajo.

En una improvisada conferencia de prensa, D’Onofrio aseguró que –tras el encuentro con empresas de transporte y representantes de la UTA- se dispuso como primer objetivo que las 1800 cámaras que ya se encuentran instaladas incorporen el sistema de transmisión a los centros de control. Es decir que hasta ahora no transmitían en directo como había dicho la Provincia. “Para eso ya hemos tenido charlas con el Enacom, esta semana veremos cómo lo instrumentamos”, aseguró.

Y anticipó: “En los próximos meses desarrollaremos un plan de trabajo para seguir multiplicando la cantidad de cámaras para este tipo de infraestructura, no solo para identificar al agresor sino como elemento disuasivo”.

Mientras se pone en marcha el proceso para implementar los reclamados sistemas de cámaras -un proceso que puede estar afectado por el stock disponible y las trabas a las importaciones-, el Gobierno resolvió que instalará botones antipánico a bordo de los colectivos. “La Provincia ha hecho un esfuerzo, que hay cámaras instaladas, no el número que todos hubiéramos querido, pero la reunión de hoy no tiene que ver con establecer responsabilidades, sino en cómo le demostramos a la sociedad que lo más rápido posible vamos a tener estos instrumentos a disposición”, evaluó D’Onofrio.

Puntalmente, al ser consultado por los costos de los sistemas de seguridad, el ministro de Transporte bonaerense apuntó: “Lo que está claro es que no se va a pagar dos veces por lo mismo”.

La versión de las empresas

La CEAP destacó hoy que, si bien no se opone a la instalación de las “cámaras, ni a ningún otro dispositivo que tienda a disuadir el delito y a proteger a sus trabajadores y pasajeros”, se advierte que “para ello resulte posible, en una actividad sometida a ingresos regulados, deficitarios y pagos en flagrante mora, tales implementaciones resultan de imposible cumplimiento”.

“Los servicios operan de manera deficitaria, sin cubrir siquiera los costos de operación, con una fuerte descapitalización de las empresas y obviamente incapacitadas de ejecutar inversiones que no sean sostener precariamente el servicio mientras el capital ya invertido lo soporte”, justificaron.

En este sentido, desde la cámara que nuclea a las empresas de transporte de pasajeros se señaló que las compensaciones desde el Estado “se han percibido con mora y sin factor de corrección alguno”. “Resultan representativos de costos alejados de sus valores reales”, aseguraron.

Se indicó también que en la Provincia de Buenos Aires existieron varios intentos por promover este sistema de monitoreo con cámaras: el primero data de 2014, cuando Daniel Scioli era gobernador. “Pero nunca se logró superar el escollo inicial: la asignación presupuestaria para solventar la inversión inicial y mantenimiento del sistema incluyendo el Centro de Monitoreo sobre el cual el Estado no puede eludir su responsabilidad indelegable”, indicaron las compañías.

“Hasta la fecha, el Monitoreo en la Provincia de Buenos Aires solo tuvo una implementación parcial en el año 2018 y 2019 cuando la misma, instaló a su costo, cámaras y botones de alerta en aproximadamente 1000 unidades, siguiendo las prioridades que marcaban los mapas de las áreas críticas con hechos de inseguridad pública; en esta etapa el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires tenía montado un centro de Monitoreo con enlace inalámbrico, supervisaba la instalación y mantenimientos de las cámaras, botones de alerta y unidades de grabación montada bajo llave en las unidades, sistema que luego dejo de tener soporte, al grado que, cuando las unidades equipadas eran renovadas solo se limitaron a quitar y llevarse los equipos instalados, no siendo reubicados en las nuevas unidades”, repasaron.

A mediados de 2021, a través de la resolución de la entonces subsecretaría de Transporte, el Gobierno bonaerense promovió que se incorporasen en los costos generales del sistema los referidos a la instalación de las cámaras en el resto de las unidades. “Pero no tuvo ninguna asignación presupuestaria específica”, adujeron.

Además, la CEAP destacó que “el costo fue prorrateado considerando una amortización en 10 años”, mientras tampoco se consideró una actualización por inflación.

“El sector que esta entidad empresaria representa, en forma alguna se niega a implementar cualquier sistema o procedimiento que conlleve a disuadir el delito, pero ello no implica que deba transferirse al empresario del transporte automotor de pasajeros la responsabilidad por la seguridad pública, de exclusiva incumbencia del Estado Provincial”, consideraron, y añadieron: “Además, se requiere de una efectiva recomposición de la ecuación económica financiera de la explotación, en donde la asignación de los recursos necesarios para la implementación de tales medidas, resulten ajustados a la realidad, y no impliquen una detracción del resto de los ítems que conforman el costo más la razonable ganancia, dado que ello conlleva a la situación actual: empresas fuertemente endeudadas y descapitalizadas en donde el servicio de calidad termina siendo una quimera, arriesgándose el concepto de la seguridad vial”.

Domitila Dellacha

La Nación