“Tráfico de armas”: cómo funcionaba la red tucumana que abastecía al crimen organizado en Chile

Una armería en San Miguel de Tucumán era, según la justicia, la fachada perfecta. Allí no solo se vendían armas, se “fabricaba” legalidad para el contrabando.

La Justicia Federal de Tucumán dictó el procesamiento de ocho personas acusadas de integrar un eslabón clave en el tráfico internacional de armas. La maniobra consistía en “limpiar” el origen de pistolas y fusiles mediante el mercado legal para luego enviarlos clandestinamente a Chile. 

Entre los imputados figuran tres empleados de una armería, un proveedor, intermediarios y “usuarios legítimos” que actuaban como testaferros.

El “modus operandi” del engaño

La investigación, liderada por el fiscal Agustín Chit, reveló un esquema de triangulación sofisticado. La banda captaba a personas con permiso de tenencia para registrar armas a su nombre. Una vez obtenido el papel oficial, el arma se entregaba inmediatamente a la red de contrabando.

Para agilizar los trámites, los empleados de la armería falsificaban firmas y utilizaban documentación apócrifa. Un dato escalofriante surgió de las pericias: una de las pistolas secuestradas había sido registrada a nombre de una persona que murió en 2020, años antes de la supuesta transacción.

Un micro y ocho pistolas

El hilo de la madeja comenzó a desenredarse en diciembre de 2023, cuando Gendarmería detuvo un ómnibus en La Invernada. Allí, dos ciudadanos chilenos fueron sorprendidos con ocho pistolas de alto calibre (9mm, .40 y .45) ocultas en su equipaje.

El análisis de sus teléfonos y los registros de la Anmac confirmaron que las armas habían sido compradas en Tucumán apenas días antes.

La conexión de Mendoza

Esta causa es una ramificación de una megainvestigación en Mendoza, donde hay 34 personas camino a juicio. Tucumán funcionaba como el centro de adquisición. Las armas se compraban aquí, se trasladaban por tierra y cruzaban a Chile, principalmente por el paso Cristo Redentor.

Aunque el juez José Manuel Díaz Vélez no dictó prisión preventiva, impuso embargos de hasta $12 millones y prohibió la salida del país a los implicados. 

Fuente: La Gaceta