Representantes de la entidad expusieron la coyuntura del sector primario, relacionada a la rentabilidad de la cadena. En este marco, Boc-Hó destacó la importancia de generar instancias de diálogo: “Es fundamental poder escuchar de primera mano a los actores, conocer su realidad y trabajar de manera conjunta para encontrar alternativas que permitan sostener y fortalecer la actividad”, señaló.

Asimismo, el funcionario remarcó el rol estratégico de Entre Ríos en la producción porcina y la necesidad de acompañar al sector en un contexto complejo. “Nuestra provincia tiene un fuerte potencial productivo, por eso es clave avanzar en herramientas que contribuyan a dar respuestas concretas a esta situación”, afirmó.

El secretario también subrayó la importancia del trabajo entre el Estado y el sector privado. “Estos espacios de diálogo son el punto de partida para construir soluciones en conjunto, con una mirada puesta en el desarrollo de las economías regionales”, agregó. De la reunión participaron, además, el coordinador de Políticas Agropecuarias, José Carlos Basaldúa, y el director de Producción Animal, Martín Sieber.

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Más de $ 67 de cada $ 100 de renta agrícola quedará en manos del Estado, según un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA), esta participación del Estado sobre los ingresos del campo aumentó casi seis puntos respecto a la medición de octubre.

“Uno de los motivos es la profunda sequía que atraviesa el país, lo cual hace que los rindes disminuyan”, explicó David Miazzo, Economista Jefe de FADA.

Todo esto, según la entidad, impactará en el volumen de la renta del agro que se queda en manos estatales.

Así, sostiene que, con respecto al trimestre pasado, el número creció 5,9 puntos porcentuales y arroja una participación de 67,2% para el promedio ponderado por cultivos. Esto significa que por cada $ 100 de renta que genera una hectárea, $ 67,20 se va en impuestos”, explica Nicolle Pisani Claro, economista de FADA.

Mientras que el promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es de 67,2%, la participación del Estado en soja es del 69,3%, maíz 60,6%, trigo 73,7% y girasol 65,7%.

El especialista señaló que “uno esperaría que si la producción baja, sea por sequía o el motivo que sea, la presión de los impuestos también baje”. “Sin embargo, por la estructura tributaria que pesa sobre la producción agrícola, un evento adverso como la sequía, en lugar de reducir el peso de los impuestos, lo aumenta”, agregó.

El peso de las retenciones

Miazzo explicó que esta situación se da porque “el impuesto con mayor participación es el derecho de exportación que, al actuar sobre el precio bruto, no reconoce caídas en la rentabilidad”.

“Así, a medida que empeora la sequía, aumenta la participación de los impuestos sobre la renta. Además “por la sequía también hace que se alteren los saldos de IVA de los productores”, explicó.

Miazzo afirmó que “si se acumulan saldos técnicos por una situación excepcional como una sequía que hace caer las ventas, el productor no puede usar ese saldo para pagar otros impuestos ni lo puede recuperar fácilmente, por lo que directamente se convierte en mayor carga fiscal“.

En este escenario de caída de la producción y de la rentabilidad “si bien todos los productores se ven afectados, los más chicos tienen menor capacidad para absorber el impacto y corren el riesgo de salir de la actividad”, afirmaron desde FADA.

La entidad estimó que la sequía significará una caída de ingresos para el país de entre u$s 10.000 y u$s 15.000 millones. Por otra parte, calculó una merma de tres puntos en el PBI. 

Fuente: El Cronista

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SANTIAGO SPALTRO

El Estado nacional prepara el desembarco en un terreno que le perteneció hasta hace tres décadas: el dominio de las represas hidroeléctricas en el Interior del país, que factura el equivalente a unos 300 millones de dólares al año.

l secretario de Energía, Darío Martínez, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, encabezaron ayer la primera reunión del “Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados” (ETAHC), que realizará un “análisis integral” del estado de situación de los contratos de concesión de 22 aprovechamientos hidroeléctricos en ocho provincias argentinas, que tienen en conjunto una potencia instalada de 5800 megavatios (MW), un 13% del total del sistema eléctrico nacional.

Las concesiones de las represas hidroeléctricas privatizadas durante la década de los años ’90 empezarán a vencer en 2023, unos 30 años después de la cesión de la empresa pública Hidronor a firmas que hoy manejan los aprovechamientos, como Central Puerto, Pampa Energía, la italiana Enel y las estadounidense Orazul Energy y AES.

Según pudo saber El Cronista, no existe hoy una definición concreta y el Gobierno definirá “caso por caso”, después de la revisión de la ETAHC. Sin embargo, las concesiones volverían a la Nación, situación que genera conflicto con Río Negro y Neuquén buscan que se haga valer la reforma constitucional de 1994, luego de la que los recursos naturales pasaron a formar parte del patrimonio de las provincias.

En el sector privado señalan que el negocio de las represas hidroeléctricas ya no es rentable y los empresarios hasta se sentirían aliviados de que el Estado tome a cargo esas unidades. Así lo expresaron dos número 1 de las generadoras eléctricas en diálogo con este diario. Es que las tarifas están pesificadas (por no tener un contrato vigente con Cammesa) y con un atraso respecto a la evolución de los precios desde 2020.

“En 2021 cobramos en promedio 22 dólares por megavatio-hora y este año, dada el ajuste de 43%, percibiremos menos aún”, expresó una fuente.

Fuente: El Cronista

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