#Proscripcion #Condena #CristinaKirchner #causavialidad

La definición del juez Jorge Gorini y el caso Ricardo Echegaray vuelven a poner en discusión la estrategia de Cristina Kirchner para recuperar la posibilidad de ser candidata en 2027.

La palabra “proscripción” se convirtió en el eje de la estrategia política de Cristina Kirchner. Desde que quedó firme su condena en la causa Vialidad. La expresidenta sostiene que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos no es una consecuencia legítima de una sentencia penal, sino una maniobra destinada a sacarla de la carrera política.

Pero en los últimos días aparecieron dos elementos que complican ese relato.

El primero es particularmente significativo: Jorge Gorini, uno de los jueces que integró el Tribunal Oral Federal N° 2 que condenó a Cristina Kirchner, salió públicamente a rechazar la idea de que la expresidenta esté “proscripta”.

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“Cristina no está proscripta, está cumpliendo una condena por corrupción”, sostuvo el magistrado. La afirmación no es menor: proviene precisamente de uno de los jueces que intervino en el proceso que terminó con la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La diferencia semántica es, en realidad, política y jurídica.

Una proscripción implica impedir que una persona participe de la vida política por razones políticas. En cambio, en el caso de Cristina Kirchner, la imposibilidad de ejercer cargos públicos deriva de una condena penal por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, ratificada por las distintas instancias judiciales hasta llegar a la Corte Suprema.

La Corte confirmó la condena en junio de 2025. Desde entonces, Cristina cumple una pena de seis años de prisión bajo modalidad domiciliaria y tiene vigente la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La estrategia de Cristina apunta justamente a esa inhabilitación

La propia Cristina Kirchner dejó claro que el objetivo central de su ofensiva judicial no es solamente cuestionar las condiciones de su prisión domiciliaria.

En su carta pública de julio, anunció que llevó su reclamo al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Allí cuestionó la sentencia, denunció supuestas violaciones a sus derechos políticos y apuntó especialmente contra la inhabilitación perpetua.

La estrategia tiene una lógica política evidente: si consigue revertir la inhabilitación, podría intentar recuperar la posibilidad de competir electoralmente.

Y eso explica también el renovado operativo del kirchnerismo alrededor de una eventual candidatura para 2027. Máximo Kirchner volvió a afirmar que quieren que su madre sea candidata, mientras distintos dirigentes de La Cámpora reforzaron la consigna de que Cristina debe volver a competir.

El problema es que, mientras el kirchnerismo habla de “proscripción”, la Justicia continúa tratando las consecuencias de las condenas como lo que son: consecuencias jurídicas de sentencias penales.

El caso Echegaray: cuando la inhabilitación se convierte en una consecuencia concreta

En ese punto aparece un episodio que resulta especialmente incómodo para la estrategia de Cristina Kirchner.

Ricardo Echegaray, histórico funcionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y extitular de la AFIP, fue exonerado de ARCA después de que quedara habilitada la ejecución de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió en la causa Oil Combustibles.

Echegaray fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. Además de la pena de prisión, recibió una inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública.

Durante años continuó formando parte de la estructura estatal pese a aquella condena. Pero después de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara su recurso extraordinario, ARCA decidió hacer efectiva la inhabilitación y dispuso su exoneración.

Ahora Echegaray intenta frenar judicialmente su desvinculación y sostiene que debería esperarse una definición definitiva de la Corte Suprema. Ese planteo vuelve a poner sobre la mesa una cuestión central: qué ocurre cuando una sentencia penal impone como consecuencia la imposibilidad permanente de ejercer funciones públicas.

Y allí aparece el problema político para Cristina.

El caso Echegaray no es jurídicamente idéntico al de la expresidenta. Se trata de causas diferentes, personas diferentes y situaciones administrativas diferentes. Pero existe un punto común: una condena penal incluye una inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública.

Si en un caso esa consecuencia es considerada una sanción derivada de una sentencia y no una “proscripción política”, resulta más difícil sostener que toda inhabilitación judicial de un dirigente condenado constituye, por sí misma, una persecución política.

La discusión que queda planteada

El debate, entonces, ya no pasa solamente por Cristina Kirchner como dirigente política.

La pregunta es mucho más incómoda: ¿una persona condenada por corrupción puede ser inhabilitada para ejercer cargos públicos sin que eso sea considerado una proscripción?

La respuesta del juez Gorini es categórica: sí.

Desde esa perspectiva, Cristina no habría sido excluida de la política mediante una decisión administrativa o una prohibición dictada contra una dirigente por sus ideas. Estaría impedida de ocupar cargos públicos como consecuencia de una sentencia penal que incluye expresamente esa sanción.

El kirchnerismo plantea exactamente lo contrario. Para Cristina y sus abogados, la inhabilitación es la verdadera finalidad política de la condena. En su presentación internacional, la expresidenta sostuvo que existe una persecución destinada a impedirle ejercer sus derechos políticos.

La disputa está lejos de terminar. De hecho, Cristina busca ahora que un organismo internacional intervenga sobre una sentencia que ya fue confirmada por la Justicia argentina.

Pero hay algo que cambió.

Ya no alcanza con repetir la palabra “proscripción”. Hay que demostrar por qué una inhabilitación que surge de una condena penal debería ser considerada una proscripción política.

Y el caso Echegaray agrega un dato difícil de ignorar: cuando una sentencia establece una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, el Estado puede terminar aplicándola, incluso años después y aunque el condenado continúe recurriendo ante la Justicia.

Para Cristina Kirchner, el problema es todavía mayor porque su estrategia de regreso político depende precisamente de conseguir que esa inhabilitación sea dejada sin efecto.

Mientras tanto, el juez que la condenó sostiene que no hay proscripción.

Hay una condena.

Y esa diferencia puede terminar siendo decisiva para el futuro político del kirchnerismo.

FM del Este 100.5

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#cristinakirchner #ONU #proscripcionpolitica

Buenos Aires, 29 jul (NA) — La ex presidenta Cristina Kirchner defendió este miércoles su inocencia en una columna publicada de manera simultánea en medios internacionales y anunció que llevará su caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al considerar que la condena que la inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos vulnera garantías fundamentales.

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El artículo fue difundido en diarios como El País de España y Libération de Francia, en paralelo con una conferencia de prensa encabezada por su equipo de abogados, que oficializó la presentación de una comunicación individual ante el organismo internacional con sede en Ginebra.

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El Comité de Derechos Humanos de la ONU deberá analizar inicialmente la admisibilidad de la presentación. Si considera que reúne los requisitos previstos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, podrá solicitar información al Estado argentino antes de emitir una recomendación sobre el caso.

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En el texto, la ex mandataria sostiene que cuando el Poder Judicial deja de cumplir su función de garante de derechos y pasa a intervenir en la competencia política, se produce un deterioro de la calidad democrática.

“No se trata de recurrir a una instancia internacional por mera disconformidad con decisiones judiciales. Se trata de someter al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos la actuación de quienes condujeron mi juzgamiento”, señaló.

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Fernández de Kirchner califica la inhabilitación perpetua impuesta en la denominada “Causa Vialidad” como una forma de “proscripción” y resalta que la condena afecta a “la única mujer electa y reelecta para ejercer la Presidencia de la Nación Argentina. 

También incluyó en su argmentación al atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022, que según expresa el texto fue “un episodio de extrema gravedad que puso en riesgo mi vida y evidenció hasta qué punto la violencia política puede amenazar la convivencia democrática”. 

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Sostiene que el expediente estuvo atravesado por arbitrariedades incompatibles con las garantías judiciales y denunció además un contexto de hostilidad que, a su juicio, refleja la persistencia de prácticas de machismo estructural dentro de sectores del sistema judicial.

La ex presidenta aseguró que el caso excede su situación personal y sostuvo que la condena también afecta el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes mediante el voto.

Para impulsar la estrategia internacional, la defensa incorporó al jurista brasileño Rafael Valim, quien integró el equipo legal del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y al ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Javier Borrego. Ambos participaron de la presentación junto con el abogado Alberto Beraldi.

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En su columna, Cristina Kirchner remarcó que no pretende recibir un tratamiento excepcional, sino que reclama un proceso “imparcial, independiente” y compatible con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino.

La ex mandataria cumple arresto domiciliario tras quedar firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en la “Causa Vialidad”, fallo confirmado por la Corte Suprema en junio de 2025. 

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Posteriormente, en julio de 2026, el máximo tribunal del país también dejó firme el decomiso de bienes por 684.990 millones de pesos dispuesto en el expediente.

La ex presidenta concluyó que continuará sosteniendo su inocencia mediante todos los mecanismos previstos por el Estado de Derecho, al considerar que la defensa de las garantías judiciales trasciende su situación particular y constituye una cuestión de interés para toda la sociedad.

Agencia NA

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#CausaVialidad #decomisos

Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y otros cinco condenados en la causa Vialidad, deben devolver 685.000 millones de pesos como consecuencia de la sentencia acusatoria que confirmó, hace un año, la Corte Suprema de Justicia. De forma solidaria y con sus respectivos patrimonios, deben afrontar la cifra que refleja el fraude cometido contra el Estado, sin embargo, con una importante cantidad de quejas y recursos, buscan ganar tiempo y retrasar la decisión del máximo tribunal.

De cumplimiento efectivo hace un año, la sentencia acusatoria de la causa Vialidad tuvo como primer impacto, la detención de Cristina Kirchner (quien- cumple la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario), de José López, Lázaro Báez y Nélson Periotti también con la morigeración de su detención. Se notificó de igual manera, que todos los implicados no podrán ejercer, de por vida, cargos públicos.

Sólo resta que se dé inicio a la ejecución patrimonial que permitirá, el recupero del dinero producido con la maniobra delictiva. Desde 2003 a 2015 -dijo la justicia federal-, funcionó desde el Estado una organización criminal que adjudicó de forma irregular y con sobreprecios promedio del 65%, 51 licitaciones viales a Lázaro Báez. El 50% de esas rutas quedaron abandonadas.

El fraude cometido fue fijado, durante el juicio, en 85.000 millones de pesos. Cuando la Corte confirmó la condena por corrupción, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) responsable de ejecutar la pena, pidió al cuerpo de peritos contables del máximo tribunal, que esa cifra sea actualizada. Así, se determinó que a valores actuales, los condenados deben restituir al Estado un total de 685.000 millones de pesos.

Con el valor determinado, el Ministerio Público Fiscal realizó una identificación de 111 bienes muebles e inmuebles que constituyen la primera tanda de decomiso.

Ese pedido tuvo su correlato en un fallo que firmó el TOF 2 integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso en noviembre de 2025. Ante la orden de ejecución patrimonial, hubo una apelación y en febrero de este año, la Cámara de Casación confirmó que se debe proseguir con el decomiso.

Un nuevo planteo al respecto, retrasó por unos meses la puesta en marcha del procesos de decomiso. Pero el máximo tribunal penal, ratificó su criterio Y sostuvo que no existían argumentos jurídicos para habilitar la vía extraordinaria, esto es: que se pueda apelar ante la Corte Suprema la orden de dejar efectiva la ejecución patrimonial.

Con ese derrotero judicial, los condenados llegaron en queja ante el máximo tribunal. No sólo Cristina Kirchner, sino los demás acusados que se niegan a desprenderse de su patrimonio, también buscan que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti revierta el criterio fijado por el TOF 2 y la Casación.

Por estas horas, ante la Corte Suprema hay una gran cantidad de quejas presentadas por los condenados, entre ellas la ex Presidenta. Pero se acumulan a otros planteos, como el de la Unidad de información Financiera (UIF) que considera que los bienes susceptibles de decomisos en causas por lavado de activos, deben ser administrados por el organismo especializado en dicha materia.

De fuentes judiciales Clarín pudo saber que los recursos de queja ya ingresados a través de la Secretaría Penal, están bajo estudio. Cada planteo se aborda de manera individual y eso, en definitiva, demanda tiempo.

Junto a esos escritos, hay otros reclamos sobre la actualización de la cifra a decomisar. Los condenados en el caso Vialidad, encontraron el camino recursivo para retrasar la ejecución patrimonial.

“Van a exprimir todas las leyes y vericuetos legales para demorar la decisión final”, señaló una fuente judicial.

Como cabeza del Poder Judicial, la Corte será la responsable de administrar y establecer el fin de los bienes decomisados. Más específicamente, el oficio del TOF 2 fue dirigido a la Dirección de Gestión Interna en Infraestructura a cargo de Sergio Romero.

Es potestad de la Corte determinar el destino de los bienes recuperados en expedientes de corrupción, lavado de activos, narcotráfico. Puede elegir incorporar algunos al patrimonio del Poder Judicial, como también resolver si es conveniente la cesión a alguna organización o estamento público que lo haya requerido. Aquellas propiedades que no cumplan con dichas finalidades, serán sometidas a una subasta pública.

El TOF 2 informó que se procedió a inscribir la información completa de dichos bienes en la “Base General de Datos de Bienes Secuestrados o Decomisados en causas penales de competencia de la Justicia Nacional y Federal”, como indica el protocolo firmado por el máximo tribunal.

Los jueces aje ejecutan la pena del caso Vialidad, entendió que era tiempo de avanzar sobre la ejecución patrimonial, bajo la premisa de que “en los delitos de corrupción el decomiso cumple una función reparatoria del daño social causado, por lo que resulta importante otorgarle un sentido de restauración de la justicia y restablecimiento de equilibrio perdido, destinado a recuperar para la comunidad los activos obtenidos o utilizados en la comisión de delitos socialmente dañosos”.

En ese sentido, se recomendó a ma Corte que se priorice a la provincia de Santa Cruz a la hora de destinar un bien social a las propiedades.

“Conviene recordar que, si bien la maniobra fraudulenta acreditada afectó directamente los intereses pecuniarios de la administración pública nacional, también produjo un detrimento extraordinario en la red vial de la provincia de Santa Cruz, circunstancia expresamente desarrollada en la sentencia condenatoria”, indica el fallo a través del cual se oficializó el decomiso inicial.

La normativa sostiene que “son recursos específicos, propios del Poder Judicial de la Nación, afectados al presupuesto de gastos e inversiones, entre otros, los efectos secuestrados en causas penales, los objetos decomisados y todo otro ingreso que no teniendo un destino determinado se origine en causas judiciales”

Sobre la firma

Lucía Salinas

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales. lsalinas@clarin.com

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Fuentes vinculadas a su entorno, señalaron que presentaba un cuadro de apendicitis. Fue sometida a una intervención quirúrgica que concluyó poco después de las 21.30.

Así lo confirmaron anoche allegados a la expresidenta de 72 años y señalaron que, tras ser evaluada en su domicilio por un equipo médico, se dispuso “una evaluación más exhaustiva en dicho sanatorio”.

Los voceros adelantaron que no brindarán más detalles a la prensa sobre la situación de Cristina Fernández y precisaron que “cualquier novedad será comunicada a través de partes médicos de la institución”.

Dirigentes peronistas y militantes se acercaron anoche al Otamendi para acompañar a Cristina (Azcuénaga al 800, entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear).

Entre los presentes se encontraban la diputada Mayra Mendoza y el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla, entre otros.

En la vereda ubicada frente al centro médico, los militantes instalaron una bandera con la leyenda “Nunca caminarás sola”, la misma que utilizan los fanáticos del club de fútbol inglés Liverpool para alentar a su equipo.

En las últimas semanas, la expresidenta asistía desde su casa a las audiencias virtuales en el juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 7 por la llamada Causa Cuadernos, que se realiza en dos jornadas por semana.

Parte médico

El informe precisó que Fernández de Kirchner “fue sometida durante horas de la tarde a una cirugía laparoscópica”, intervención que “confirma el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada”.

Asimismo, el documento indicó que la ex mandataria se encuentra “evolucionando hasta el momento sin complicaciones post operatorias”.

El parte médico fue firmado por la directora médica del Sanatorio Otamendi, Marisa Lanfranconi.

La Prensa/Noticias Argentinas

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El cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación actualizó en 684.990.350.139,86 millones de pesos el monto sujeto a decomiso en la causa Vialidad y que será reclamado a los condenados, entre ellos la ex presidenta Cristina Kirchner.

El informe se realizó a pedido del Tribunal Oral Federal 2 de la ciudad de Buenos Aires, que llevó adelante el juicio y condenó a la ex mandataria, al empresario Lázaro Báez, al ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y al ex secretario de Obra Pública del kirchnerismo José López, a seis años de prisión por administración fraudulenta, informaron fuentes judiciales.

La cifra actualizada tomó como base 86.085.463.548,25 millones de pesos que el TOF2 fijó como monto a decomisar en 2022 cuando dio a conocer su veredicto, que quedó firme por decisión de la Corte Suprema en junio pasado.

Ante esto se hizo necesario disponer la actualización y ahora que terminó este trámite el Tribunal dará diez días hábiles a los condenados para depositar dinero o entregar bienes en la proporción que les corresponda. Si esto no se cumple se avanzará con ejecución de embargos.

La suma se reclama en base al perjuicio que se considera probado causaron al Estado Nacional los delitos cometidos con la adjudicación direccionada de 51 obras viales nacionales en Santa Cruz a empresas de Lázaro Báez, entre ellas “Austral Construcciones”.

Al dejar firmes las condenas, la Corte Suprema aludió a una “fenomenal maniobra defraudatoria” cometida entre 2003 y 2015, durante el kirchnerismo, con la adjudicación del 80% de la obra vial nacional en Santa Cruz a Báez.

La Prensa

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El intendente Martín “Tincho” Ascúa, actual jefe comunal de Paso de los Libres y candidato a gobernador de Corrientes por el PJ alineado con Cristina Kirchner, quedó en el ojo de la tormenta tras una denuncia formal por presunta malversación de fondos públicos por más de $12.000 millones.

La presentación fue elevada a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (PIA) del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

El intendente Martín “Tincho” Ascúa, actual jefe comunal de Paso de los Libres y candidato a gobernador de Corrientes por el PJ alineado con Cristina Kirchner, quedó en el ojo de la tormenta tras una denuncia formal por presunta malversación de fondos públicos por más de $12.000 millones. La presentación fue elevada a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (PIA) del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

La denuncia, firmada por Jacinto Alejandro Aguirre, vecino de la ciudad, expone un entramado de irregularidades administrativas, obras inconclusas o inexistentes, y cifras multimillonarias que no encuentran respaldo documental.

“Acusan al intendente Martín Ascúa de desviar más de 12.000 millones de pesos en obras inexistentes y gastos irregulares en Paso de los Libres.”

Uno de los casos más escandalosos es el de una supuesta obra de “cordón cuneta” valuada en $264 millones, que figura en los balances oficiales pero nunca se ejecutó en el terreno, según se afirma en el documento de 45 fojas.

Otra situación llamativa es el gasto de $1.515 millones asignados a la Secretaría de Derechos Humanos municipal, un área que cuenta con apenas dos empleados y cuya inversión supera ampliamente a la de sectores críticos como Salud o Acción Social. El contraste generó sospechas inmediatas sobre la veracidad y transparencia del destino de esos fondos.

La presentación también apunta contra una obra de “conectividad de las principales avenidas”, presupuestada en $3.000 millones, pero que no presenta avances visibles ni registros públicos que justifiquen su ejecución.

“Estamos hablando de cifras astronómicas que no se reflejan, ni en el desarrollo urbano ni en los servicios para la comunidad”, sostuvo Aguirre, quien además denunció haber solicitado en reiteradas ocasiones acceso a la información pública a través del Concejo Deliberante, sin recibir ninguna respuesta.

El documento señala que las irregularidades podrían configurar delitos como malversación de fondos y evasión fiscal, y pide a la Justicia que intime a los proveedores municipales para presentar la documentación correspondiente sobre cada obra y su ejecución real.

El escándalo estalla en un contexto de creciente malestar social por la falta de respuestas ante las recientes inclemencias climáticas que afectaron a la ciudad. Mientras los vecinos reclaman soluciones concretas, la gestión de Ascúa queda bajo una lupa judicial a días de la llegada a esa localidad de la líder de su espacio político, Cristina Fernández de Kirchner.

Corrientes al día Con información de diario La República

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La defensa de la ex presidenta de la Nación y actual titular del Partido Justicialista (PJ), Cristina Fernández de Kirchner, presentará este lunes el recurso de ‘queja’, ante la Corte Suprema de Justicia, para pedir su absolución en la causa Vialidad.

Se trata del último recurso que le queda al abogado Carlos Beraldi, que defiende a la ex mandataria, para pedirle al Máximo Tribunal que revierta la pena a seis años de prisión a la que fue condenada; el plazo vence el próximo martes 1 de abril.

La presentación estará fundada en que “se ha lesionado la garantía de ser juzgado por jueces independientes e imparciales”, como así también, “el deber de objetividad” del Ministerio Público Fiscal.

Si admite la queja,  la Corte Suprema de Justicia, que actualmente está integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Manuel García-Mansilla, dará paso a la intervención de la Procuración General (a cargo de Eduardo Casal) para que lleve a cabo el dictamen.

Por el momento no hay indicios sobre qué es lo que puede llegar a suceder, sin embargo, un antecedente que puede ser relevante, está vinculado con lo sucedido la semana pasada cuando, la Cámara de Casación Federal rechazó el recurso extraordinario que presentó la defensa de Fernández de Kirchner.

En la causa Vialidad se investigan “irregularidades” en la concesión de obras públicas llevadas a cabo en la provincia de Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez y por lo que, la ex Presidenta de la Nación tiene una condena confirmada por seis años de prisión por “fraude contra la administración pública”.

Noticias Argentinas

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Luego de que Cristina Fernández de Kirchner desafiara al gobierno de Javier Milei a desregular el negocio de los medicamentos, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y Cecilia Loccisano, viceministra de Salud, defendieron las decisiones oficiales y criticaron la gestión sanitaria de la expresidenta.

A través de un texto extenso, Sturzenegger, en su cuenta de X, salió a responderle a CFK. “Me alegro mucho que finalmente vea la necesidad de desregular el mercado de medicamentos, aunque lamento que no lo haya hecho ni durante los 8 años que ejerció la presidencia ni los 4 en los que fue presidenta del Senado”, introdujo.

Con respecto a las medidas tomadas durante la gestión de Javier Milei , aseguró que “en el DNU 70/23 impusimos que las recetas deben incluir los genéricos , cambiamos la ley de medicina prohibiendo a los médicos prescribir por marca, impusimos la receta electrónica para poder justamente controlar estas cosas además de para simplificarle la vida a la gente y tener mejor información para el sistema de salud. Eliminamos la obligación de vender los medicamentos de venta libre en farmacias y eliminamos la obligación de entregar los medicamentos en farmacia permitiendo la venta online mejorando la accesibilidad, sobre todo en el interior”.

Me alegro mucho que finalmente vea la necesidad de desregular el mercado de medicamentos, aunque lamento que no lo haya hecho ni durante los 8 años que ejerció la presidencia ni los 4 en los que fue presidenta del Senado.

Nosotros, en cambio, en el DNU 70/23 impusimos que las… https://t.co/4g7Pdg9RMN

— Fede Sturzenegger (@fedesturze) November 24, 2024

Sturzenegger criticó las palabras de Cristina Fernández de Kirchner al señalar que “todas estas medidas podría haberlas implementado, pero no ejecutó ni tan sola una de ellas. Es más su partido intentó en el Senado derogar el DNU 70/23 que, justamente implementa estas desregulaciones que ahora reclama”. Y agregó: “El precio de los medicamentos aumentó un 66% respecto a los medicamentos en EEUU, al mismo tiempo que acordó con la prepagas congelar los precios una movida con objetivos electorales la que sumada al aumento de los medicamentos en su gestión destruyó el sector”.

Por su parte, Loccisano destacó: “Este gobierno está avanzando en la desregulación del mercado de medicamentos. Ya le avisó a los gobernadores que pueden importar los remedios que consideren, bajando los costos de los programas sanitarios de cada provincia”

"Haz lo que yo digo, pero no lo que hago", después de gobernar 3 veces la Argentina, destruyendo el mercado con regulaciones y trabas, ahora se dio cuenta que quitar regulaciones es bueno para los argentinos? Lo festejamos, nunca es tarde.

Este gobierno está avanzando en la… https://t.co/x3HGSiPaxz

— Cecilia Loccisano (@LoccisanoCeci) November 23, 2024

Eldiario.es

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Alberto Fernández sigue de despedida. Faltan solo siete días para que Javier Milei jure y lo reemplace como Presidente y, en ese marco, realizó un balance de su gestión y volvió a criticar a la vicepresidenta Cristina Kirchner: “Tiene un modo de hacer política que a mí no me gusta”. También apuntó contra el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, al asegurar “no nos representa a todos”.

El mandatario, en una entrevista con la agencia Noticias Argentinas, se refirió a su futuro político y su rol como titular del PJ nacional, sobre todo luego del pedido del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, para que presente su renuncia.

“Yo soy un hombre de la política, toda mi vida hice política y seguiré haciendo política. No sé si seré candidato de vuelta. Yo no vivo de la política, soy un abogado que tiene su estudio, diez años estuve sin tener un cargo público y estoy pensando en otras cosas hoy en día, en cómo vivir. Uno nunca se va de la política”, sostuvo.

La foto de la transición. Alberto Fernández y Javier Milei en la quinta de Olivos

Las principales definiciones de Alberto Fernández en la entrevista:

La elección de candidaturas en el Frente de Todos: “Una interna hubiera sido mejor, hubiera movilizado mucho más a nuestra gente. Unas PASO hubieran dado más fuerza, pero creo que Sergio hizo un gran esfuerzo, una gran elección, pero no alcanzó”.

La derrota ante Javier Milei: “Seguramente, uno tiene que preguntarse por qué perdimos y no podemos pensar que perdimos porque la gente está equivocada, perdimos porque evidentemente el problema inflacionario se profundizó con la falta de dólares. Cuando la inflación alcanza los nieles que alcanzó los bolsillos se deterioran y no pudimos encontrar una respuesta a eso”.

Dudas sobre la medición de la pobreza: “Creo que está mal medida la pobreza. Es que si hubiera semejante cantidad de pobreza (40%), la argentina estaría estallada. Yo no puedo entender cómo se concilia que haya 40% de pobreza y al mismo tiempo llevemos 37 meses consecutivos de creación de empleo registrado”.

Las renuncias que presentaron varios ministros K tras la derrota en las elecciones legislativas: “Si aceptaba esas renuncias, la posibilidad de que se rompiera el frente era muy alta. Porque era decir “Váyanse ustedes”. Eso estoy seguro de que hubiera generado una ruptura y a mí me quedaban dos años por delante. A mí me encanta la valentía de los que dicen, animémonos y vayamos, porque al final de cuentas todos me pedían que hiciera eso, pero yo nunca vi a ninguno de ellos enfrentar una mirada de Cristina como yo enfrenté la mirada de Cristina. Yo prioricé ahí la unidad y lo haría mil veces más”.

Su relación con Cristina Kirchner: “Sentí que Cristina tiene una mirada distinta a la mía y a mí eso no me interesa, y me parece válido y legítimo. Creo que en algunas cosas pudo haber tenido razón y en otras cosas no, que sé yo… Creo que, además, tiene un modo de hacer política que a mí no me gusta, que tiene que ver con esa forma personalista de hacer política, pero yo la respeto, es una mujer que ha sido dos veces presidenta, una vez vicepresidenta”.

El rol de Kicillof en la etapa que se abre después del 10 de diciembre: “No sé si nos representa a todos, no tengo la impresión que nos represente a todos, es la verdad, lo digo con todo respeto. Hay otros sujetos políticos dentro del peronismo, Victoria Tolosa Paz, Gabriel Katopodis, Jorge Ferraresi, “Coqui” Capitanich, tienen un futuro impresionante por delante, por qué encerrarnos a pensar en los nombres que circulan desde el año 2003 ¿no? por qué no pensar en otros nombres”.

Cómo le gustaría que lo recuerden: “Como a un gobierno que de verdad soportó los cuatro peores años de la humanidad en este siglo, que soportó la pandemia, la guerra, la peor sequía y con una deuda impresionante y que heredamos un 54% de inflación, porque no es que teníamos la inflación en 0. Quisiera que sepan todos, que tanto yo como todos los ministros que me acompañaron trabajamos todos honesta y lealmente. Que seguramente nos habremos equivocado, pero nos equivocamos honestamente”.

Fuente: Infobae

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El fiscal federal Diego Velasco pidió que el entrecruzamiento de los teléfonos vinculados a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, sea agregado a la investigación por presuntas maniobras de lavado de dinero en la causa Hotesur-Los Sauces.

La presentación de la fiscalía ante el Tribunal Oral Federal 5 fue luego de que la Cámara Federal de Casación Penal revocara los sobreseimientos y habilitara el juicio oral y público donde se prevé sea juzgada Cristina Kirchner, su hijo Máximo y el empresario Lázaro Báez, entre otros.

Velasco pidió que sea agregado al expediente el informe de la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) en el marco de la causa conocida como “la ruta del dinero k”, del cual resultó sobreseída Cristina Kirchner aunque Báez fuera condenado.

Según ese informe, existieron 370 comunicaciones entre el dueño de Austral Construcciones y la ex Presidenta y sus principales “allegados”. El fiscal Guillermo Marijuan, si bien con este informe igualmente sobreseyó a la Vicepresidenta, sí dejó en claro que eso demuestra “el estrecho vínculo comercial” entre ambos.

Esos contactos telefónicos, que se suman a visitas a Olivos por parte de Báez durante la Presidencia de Cristina kirchner, fueron entre 2010 a 2013. 

Esas 300 comunicaciones fueron entere Cristina Kirchner y Lázaro Báez a través de teléfonos de líneas personales de la entonces Presidenta y también las de sus secretarios privados y/o colaboradores.

De esas comunicaciones, al menos cuatro se registraron en ese período entre las líneas a nombre de Cristina Kirchner y los teléfonos de Báez. También 23 comunicaciones con líneas de Casa de Gobierno, una con la Residencia de Olivos y las restantes con secretarios o colaboradores de Cristina Kirchner.

Velasco pidió incorporar ese informe al caso Hotesur-Los Sauces porque es “prueba nueva” que no se conocía hasta el momento.

Asimismo, la fiscalía le pidió al Tribunal que sume documentación de la causa por la cual terminó condenado por enriquecimiento ilícito el ex secretario de Obras Públicas durante el kirchnerismo José López. 

Es que López fue una pieza clave en el armado de la obra pública y donde ya fue condenada Cristina Kirchner en un juicio a seis años de cárcel, fallo que no está firme aún. El pedido fiscal incluye el peritaje sobre las comunicaciones del ex funcionario, el cual fue determinante en éste caso.

Velasco lo pidió en función de las comunicaciones de López con varios de los implicados en la investigación por lavado de dinero, a raíz del alquiler de hoteles y viviendas a manos de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López por parte de los Kirchner. 

Ésta es una primera tanda de medidas al Tribunal Oral luego de ser reabierto el caso y es parte de la “instrucción suplementaria” de cara al juicio oral y público. Todo ello mientras Cristina Kirchner y demás implicados aguardan ahora la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que analizará ese fallo de Casación que revocó los sobreseimientos. 

Escrito por Sergio Farella

NA – Buenos Aires, Argentina

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El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, avaló la apelación de su par ante el TOF 2, Diego Luciani, quien había rechazado que Cristina Kirchner sea condenada únicamente por el delito de administración fraudulenta en el caso Vialidad. El representante del Ministerio Público Fiscal indicó que hay elementos para que se la acuse también como jefa de una asociación ilícita, lo que elevaría su condena de seis a doce los años de cárcel. Con el respaldo del fiscal ante el máximo tribunal penal, los jueces están en condiciones de analizar el planteo de Luciani.

La Cámara de Casación es la responsable de revisar los fallos de los Tribunales Orales. Para poder hacerlo, el máximo tribunal penal debe cumplir una serie de pasos administrativos.

Cuando el fiscal de juicio apela la decisión del Tribunal, como fue el caso de Diego Luciani, para que la Sala correspondiente de la Casación Federal analice sus argumentos, debe existir el respaldo del fiscal ante ese tribunal. Algo que se llama “sostener el recurso”. Si ese aval no existe, la apelación no se tiene en cuenta y queda en nada.

Los integrantes de la Sala IV de la Casación, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, son los responsables de revisar la condena contra Cristina Kirchner en el caso Vialidad, y aguardaban la decisión del fiscal Mario Villar. Este martes, confirmaron fuentes judiciales a Clarín, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que el planteo de Luciani es válido y que debe ser analizado por los jueces.

En su dictamen, Villar cuestionó que se considere a las 51 licitaciones que ganó Lázaro Báez y que fueron cuestionadas “como un solo o único hecho del delito de administración fraudulenta contra la administración pública nacional“.

El fiscal advirtió sobre “la gravedad de los hechos y de los funcionarios involucrados, por lo que no deberían aplicarse automáticamente la doctrina del fallo de la Corte “Pompas” (que dice que si los diversos delitos se cometen bajo una única administración del patrimonio ajeno se los debe tratar a los fines de determinar la pena como si fueran un único hecho)”.

Por otro lado, argumentó que no fue una única administración sino tres las presidencias durante las cuales se ejecutaron los hechos. “Entonces, si se consideran los tres períodos presidenciales involucrados en el presente expediente, no existiría otra posibilidad que evaluar tres administraciones patrimoniales distintas”.

En función de estos planteos, el fiscal ante la Casación entendió que la pena por un solo hecho “no permite respetar el grado de ilicitud y de culpabilidad de los coautores y partícipes” y que por ese motivo la pena resultante del fallo, “al considerarlos un solo hecho no solo aparece como exigua sino como paradójica,pues comunica a la sociedad y, en particular, a los futuros funcionarios, que si se va a delinquir es mejor hacerlo muchas veces y se la cobrarán como una”.

Calificar la maniobra como hechos de administración fraudulenta contra la administración pública nacional como si fueran uno, entendió el fiscal Villar “hace que el tribunal excluya la aplicación del tipo penal de asociación ilícita fundando en que si es un solo hecho no hay múltiples planes delictivos que exige esa figura penal”.

Para la fiscalía, este entendimiento “está totalmente equivocado, porque la asociación ilícita exige múltiples planes delictivos, no delitos cometidos en concreto. Los imputados planificaron realizar todos los delitos que fueran necesarios para poder hacerse del dinero destinado a la obra pública, a través de una organización. aprovechando sus posiciones como funcionarios y así desviar los fondos”.

En otro tramo de su escrito el fiscal ante la Casación, Villar remarcó que abordar las 51 licitaciones como un solo hecho, evita extender hacia la figura de la asociación ilícita “que castiga el mero hecho de ser miembro y que ocurrió y se consumó antes de los hechos para los cuales se constituye. “El tratamiento beneficioso como un único hecho de la administración fraudulenta, no puede extenderse hacia el pasado donde se encuentra la consumación del tipo de asociación ilícita”, remarcó.

No sólo se estaría haciendo un “descuento por cantidad”, explicó el representante del Ministerio Público Fiscal, sino que tendría el efecto “retroactivo de eliminar un tipo penal ya consumado” y rel reproche de culpabilidad consecuente.

Respecto de Cristina Kirchner y su imputación por asociación ilícita, el fiscal consideró que “quien recibe o forma una organización que puede funcionar, a partir de allí, en forma ‘automatizada’ que solo requiere la intervención de aquél cuándo algo falla o sale mal o hay que reemplazar algún funcionario clave, es autora del hecho por su dominio funcional del mismo“. Y así le dio la razón a Diego Luciani.

Con este trámite cumplido, la Casación está en condiciones de fijar el calendario de audiencias, para que todos los que apelaron la sentencia condenatoria que dictó el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) expongan sus argumentos.

Cuando concluya esa seguidilla de audiencias en un caso que cuenta con más de ocho personas condenadas, más el planteo de la fiscalía para que se endurezca la acusación sobre todos los responsables de la maniobra defraudatoria, los integrantes de la Sala IV estarán en condiciones de pronunciarse: si confirman o no la condena del TOF 2.

Fuente: Clarin

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“Vieron lo que les dije ayer, ¿no? Que (Carlos) Beraldi iba a desnudar el guion de (Diego) Luciani y (Sergio) Mola. Me corrijo, fue mucho más allá: probó en forma documentada -como debe hacerse en cualquier juicio- que Luciani y Mola mintieron descaradamente. Él, por decoro profesional, lo llamó mala praxis”, escribió la titular del Senado en su cuenta de Twitter. 

Ayer, mediante una publicación en la misma red social, la ex jefa del Estado invitó a la ciudadanía a seguir el alegato a cargo de Beraldi y publicó un link del Poder Judicial en el cual se transmitirá en vivo y en directo la audiencia del juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py.

“Mañana, a partir de las 8, el Dr. Alberto Beraldi comienza el alegato de mi defensa en el juicio conocido como “Vialidad”. Escuchá atentamente cómo desnuda la farsa guionada de los fiscales Luciani y Mola. ¿Lo transmitirá Clarín y La Nación?”, escribió. La defensa se repartió en tres días. Hoy, Beraldi refutó las acusaciones y prometió “asombro” para mañana. Mientras que Cristina Kirchner tomará la palabra el viernes como su propia abogada representante.

Fuente: La prensa

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