¿Proscripción o condena? El argumento de Cristina Kirchner se complica

“Cristina no está proscripta, está cumpliendo una condena por corrupción”, sostuvo el Juez Jorge Gorini.

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La definición del juez Jorge Gorini y el caso Ricardo Echegaray vuelven a poner en discusión la estrategia de Cristina Kirchner para recuperar la posibilidad de ser candidata en 2027.

La palabra “proscripción” se convirtió en el eje de la estrategia política de Cristina Kirchner. Desde que quedó firme su condena en la causa Vialidad. La expresidenta sostiene que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos no es una consecuencia legítima de una sentencia penal, sino una maniobra destinada a sacarla de la carrera política.

Pero en los últimos días aparecieron dos elementos que complican ese relato.

El primero es particularmente significativo: Jorge Gorini, uno de los jueces que integró el Tribunal Oral Federal N° 2 que condenó a Cristina Kirchner, salió públicamente a rechazar la idea de que la expresidenta esté “proscripta”.

Cristina Kirchner lleva su condena a la ONU y habla de una “proscripción” política

“Cristina no está proscripta, está cumpliendo una condena por corrupción”, sostuvo el magistrado. La afirmación no es menor: proviene precisamente de uno de los jueces que intervino en el proceso que terminó con la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La diferencia semántica es, en realidad, política y jurídica.

Una proscripción implica impedir que una persona participe de la vida política por razones políticas. En cambio, en el caso de Cristina Kirchner, la imposibilidad de ejercer cargos públicos deriva de una condena penal por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, ratificada por las distintas instancias judiciales hasta llegar a la Corte Suprema.

La Corte confirmó la condena en junio de 2025. Desde entonces, Cristina cumple una pena de seis años de prisión bajo modalidad domiciliaria y tiene vigente la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La estrategia de Cristina apunta justamente a esa inhabilitación

La propia Cristina Kirchner dejó claro que el objetivo central de su ofensiva judicial no es solamente cuestionar las condiciones de su prisión domiciliaria.

En su carta pública de julio, anunció que llevó su reclamo al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Allí cuestionó la sentencia, denunció supuestas violaciones a sus derechos políticos y apuntó especialmente contra la inhabilitación perpetua.

La estrategia tiene una lógica política evidente: si consigue revertir la inhabilitación, podría intentar recuperar la posibilidad de competir electoralmente.

Y eso explica también el renovado operativo del kirchnerismo alrededor de una eventual candidatura para 2027. Máximo Kirchner volvió a afirmar que quieren que su madre sea candidata, mientras distintos dirigentes de La Cámpora reforzaron la consigna de que Cristina debe volver a competir.

El problema es que, mientras el kirchnerismo habla de “proscripción”, la Justicia continúa tratando las consecuencias de las condenas como lo que son: consecuencias jurídicas de sentencias penales.

El caso Echegaray: cuando la inhabilitación se convierte en una consecuencia concreta

En ese punto aparece un episodio que resulta especialmente incómodo para la estrategia de Cristina Kirchner.

Ricardo Echegaray, histórico funcionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y extitular de la AFIP, fue exonerado de ARCA después de que quedara habilitada la ejecución de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió en la causa Oil Combustibles.

Echegaray fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. Además de la pena de prisión, recibió una inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública.

Durante años continuó formando parte de la estructura estatal pese a aquella condena. Pero después de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara su recurso extraordinario, ARCA decidió hacer efectiva la inhabilitación y dispuso su exoneración.

Ahora Echegaray intenta frenar judicialmente su desvinculación y sostiene que debería esperarse una definición definitiva de la Corte Suprema. Ese planteo vuelve a poner sobre la mesa una cuestión central: qué ocurre cuando una sentencia penal impone como consecuencia la imposibilidad permanente de ejercer funciones públicas.

Y allí aparece el problema político para Cristina.

El caso Echegaray no es jurídicamente idéntico al de la expresidenta. Se trata de causas diferentes, personas diferentes y situaciones administrativas diferentes. Pero existe un punto común: una condena penal incluye una inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública.

Si en un caso esa consecuencia es considerada una sanción derivada de una sentencia y no una “proscripción política”, resulta más difícil sostener que toda inhabilitación judicial de un dirigente condenado constituye, por sí misma, una persecución política.

La discusión que queda planteada

El debate, entonces, ya no pasa solamente por Cristina Kirchner como dirigente política.

La pregunta es mucho más incómoda: ¿una persona condenada por corrupción puede ser inhabilitada para ejercer cargos públicos sin que eso sea considerado una proscripción?

La respuesta del juez Gorini es categórica: sí.

Desde esa perspectiva, Cristina no habría sido excluida de la política mediante una decisión administrativa o una prohibición dictada contra una dirigente por sus ideas. Estaría impedida de ocupar cargos públicos como consecuencia de una sentencia penal que incluye expresamente esa sanción.

El kirchnerismo plantea exactamente lo contrario. Para Cristina y sus abogados, la inhabilitación es la verdadera finalidad política de la condena. En su presentación internacional, la expresidenta sostuvo que existe una persecución destinada a impedirle ejercer sus derechos políticos.

La disputa está lejos de terminar. De hecho, Cristina busca ahora que un organismo internacional intervenga sobre una sentencia que ya fue confirmada por la Justicia argentina.

Pero hay algo que cambió.

Ya no alcanza con repetir la palabra “proscripción”. Hay que demostrar por qué una inhabilitación que surge de una condena penal debería ser considerada una proscripción política.

Y el caso Echegaray agrega un dato difícil de ignorar: cuando una sentencia establece una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, el Estado puede terminar aplicándola, incluso años después y aunque el condenado continúe recurriendo ante la Justicia.

Para Cristina Kirchner, el problema es todavía mayor porque su estrategia de regreso político depende precisamente de conseguir que esa inhabilitación sea dejada sin efecto.

Mientras tanto, el juez que la condenó sostiene que no hay proscripción.

Hay una condena.

Y esa diferencia puede terminar siendo decisiva para el futuro político del kirchnerismo.

FM del Este 100.5