Demanda de ADECEN (Asociación de defensa al consumidor de Entre Ríos) :

Tras una avalancha de amparos particulares en el año 2016 por un voraz aumento de la tarifa eléctrica, que no fue publicado en el Boletín Oficial, ADECEN tomó la decisión de presentar un amparo colectivo en el ámbito Civil y Comercial contra la distribuidora Enersa para que se declare “la nulidad o ilegitimidad de los incrementos de tarifa registrados entre el 1/1/2016 al 31/10/2016” por cuanto esos aumentos no cumplieron con una cláusula prevista en la Ley de Marco Regulatorio Eléctrico: su publicación en el Boletín Oficial.

La jueza Silvina Rufanacht, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 6, de Paraná, dictó un primer fallo favorable a Adecen el 6 de agosto de 2021.

Enersa y la Fiscalía de Estado apelaron esa resolución, pero la Sala Segunda de la Cámara Civil y Comercial de Paraná confirmó lo resuelto.

El caso llegó al STJ con un recurso de inaplicabilidad de ley planteado por la Fiscalía de Estado. Planteó la excepción de litis pendencia, esto es que hay un juicio pendiente por el mismo tema que se tramita en la Cámara en lo Contencioso Administrativo. En su dictamen, el Procurador General Jorge Amílcar Luciano García opinó que debía hacerse lugar al recurso de inaplicabilidad de ley planteado por el Estado Provincial, revocarse el fallo impugnado admitiéndose las excepciones planteadas y rechazarse la acción interpuesta.

Dijo el Procurador que en este caso “existe litispendencia y que el derecho de fondo aplicable a la solución del presente, es el Marco Regulatorio Eléctrico Provincial, Ley Nº 8916, decreto reglamentario y Contrato de Concesión de la Distribuidora de Electricidad en la Provincia, poniendo de relieve la deficiente y errónea integración de la litis dado que el ente emisor de las resoluciones cuya legitimidad se cuestiona (Ente Provincial Regulador de la Energía de Entre Ríos) no ha sido convocado al proceso”.

Palabras más, palabras menos:

La defensa oficial determinó que el amparo no era la vía para establecer reclamos y que debía irse por la Justicia Ordinaria.

A todas luces, esta decisión buscaba la dilación de la resolución, que podría tomar muchos años, evidenciando que la decisión oficial se tomó ante la necesidad de la defensa de impedir una resolución oficial cuasi inmediata.

La Sala Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia (STJ) dictó una resolución que se convirtió en un gran alivio para el Estado provincial y, fundamentalmente, para la distribuidora Energía Entre Ríos SA (Enersa): frenó los efectos de dos fallos que habían condenado a la devolución a los usuarios del servicio eléctrico de un aumento del 136% dispuesto en 2016, y que según la demanda que inició la Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos (Adecen) se había aplicado de modo irregular y sin cumplir la legislación vigente.

Fuente: FM del Este 100.5

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Adecen inició una demanda contra la distribuidora Enersa para que se declare “la nulidad o ilegitimidad de los incrementos de tarifa registrados entre el 1/1/2016 al 31/10/2016” por cuanto esos aumentos no cumplieron con una cláusula prevista en la Ley de Marco Regulatorio Eléctrico: su publicación en el Boletín Oficial.

La demanda planteó que se “ordene la devolución de las sumas percibidas por los incrementos de tarifa por ese período”, y que “se declare la nulidad y/o ilegitimidad de todas modificaciones en los parámetros tarifarios operadas desde el 1º de enero de 2016 y hasta el mes de octubre de 2016 sin la previa notificación a los usuarios conforme las previsiones del artículo 45 inciso c de la Ley Nº 8.916” de Marco Regulatorio Eléctrico
La jueza Silvina Rufanacht, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 6, de Paraná, dictó un primer fallo favorable a Adecen el 6 de agosto de 2021.
Enersa y la Fiscalía de Estado apelaron esa resolución, pero la Sala Segunda de la Cámara Civil y Comercial de Paraná confirmó lo resuelto. Según el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, de aplicarse esos fallos Enersa debería enfrentar la devolución a sus usuarios de una cifra cercana a los $2.000 millones por aquel aumento de 2016 que quedaría sin efecto.

El caso llegó al STJ con un recurso de inaplicabilidad de ley planteado por la Fiscalía de Estado. Planteó la excepción de litis pendencia, esto es que hay un juicio pendiente por el mismo tema que se tramita en la Cámara en lo Contencioso Administrativo. En su dictamen, el Procurador General Jorge Amílcar Luciano García opinó que debía hacerse lugar al recurso de inaplicabilidad de ley planteado por el Estado Provincial, revocarse el fallo impugnado admitiéndose las excepciones planteadas y rechazarse la acción interpuesta. Dijo el Procurador que en este caso “existe litispendencia y que el derecho de fondo aplicable a la solución del presente, es el Marco Regulatorio Eléctrico Provincial, Ley Nº 8916, decreto reglamentario y Contrato de Concesión de la Distribuidora de Electricidad en la Provincia, poniendo de relieve la deficiente y errónea integración de la litis dado que el ente emisor de las resoluciones cuya legitimidad se cuestiona (Ente Provincial Regulador de la Energía de Entre Ríos) no ha sido convocado al proceso”.

Con el voto de los vocales Martín Carbonell y Leonardo Portela, la Sala Civil del STJ declaró “procedente” el recurso de inaplicabilidad de ley presentado por el Estado Provincial, admitió la excepción de litispendencia por conexidad interpuesta y, en consecuencia, dispuso “casar la sentencia de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelaciones de Paraná”. En el punto central, el alto cuerpo ordenó que “se suspende hasta el dictado de un pronunciamiento definitivo de la cuestión debatida en la causa que tramita ante el fuero contencioso administrativo”.

“Esa sentencia es fundamental”, evaluó el fiscal Rodríguez Signes. “Planteamos una litispendencia. Es decir, dijimos que hay otro juicio conexo a este, en el cual somos parte, radico en la Cámara Contencioso Administrativo. La sentencia hizo lugar a nuestro planteo, suspende los efectos de la sentencia, y manda a sustancia primero el juicio en contencioso administrativo. Según la suerte de ese juicio será el efecto de este juicio de Adecen. Para nosotros es triunfo enorme esta sentencia porque para los efectos de una sentencia que patrimonialmente es devastadora para el patrimonio de Enersa”, apuntó.

Fuente: Entre Ríos Ahora

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La millonaria demanda de una asociación de consumidores contra la distribuidora estatal Energía Entre Rios SA (Enersa), que está a resolución del Superior Tribunal de Justicia (STJ) con un recurso de inaplicablidad de ley, tuvo la baja de una jueza: la vocal Gisela Nerea Schumacher, que integra la Sala Civil y Comercial.

La magistrada se excusó de intervenir en ese caso por cuanto «resolvió en dos peticiones que son idénticas a las formuladas por la misma parte actora en dos causas que tramitaron ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 1 en las que intervino como magistrada y emitió diversos pronunciamientos». Antes de ser designada en el STJ, Schumacher fue vocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

Se trata de una demanda que inició  la Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos (Adecen) contra un aumento tarifario aplicado en 2016 por Enersa y que habría fallado en un punto: no fue publicado en el Boletín Oficial y, por tanto, entiende que no podría haber cobrado vigencia. Dos fallos le dieron la razón a Adecen, pero el Gobierno acudió ante el STJ.

En una resolución que firmaron los vocales Martín Francisco Carbonell, Leonardo Portela y Miguel Ángel Giorgio, la Sala Civil y Comercial del STJ  entendió que Schumacher «viene asistida de una razón atendible, puesto que las opiniones expuestas en los precedentes señalados tienen relación directa con las impugnaciones realizadas por Enersa y el Estado Provincial en sus respectivos recursos de inaplicabilidad de ley».

«En efecto -señalaron los magistrados-, en el particular caso, cabe concluir que existen razones suficientes como para que la Sra. magistrada excusada se sienta afectada íntimamente, en tanto ha emitido opinión o juicio de valor, con carácter previo, conforme las exigencias previstas por la normativa procesal, respecto de cuestiones que a la postre terminarán siendo valoradas por esta Sala a los fines de dilucidar el presente pleito en esta instancia extraordinaria».

La decisión de la jueza se da en el marco de un pleito de envergadura. La Fiscalía de Estado en su afán por intentar dar vuelta dos sucesivos fallos que anularon un aumento en la tarifa eléctrica aplicado por la distribuidora oficial Enersa, en 2016, y que fue reprochado judicialmente por la Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos (Adecen).

Jueces Portela, Carbonell y Giorgio.

Adecen inició una demanda contra Enersa para que se declare «la nulidad o ilegitimidad de los incrementos de tarifa registrados entre el 1/1/2016 al 31/10/2016» por cuanto ese incremento no cumplió con una cláusula prevista en la Ley de Marco Regulatorio Eléctrico: su publicación en el Boletín Oficial.

La demanda planteó que se «ordene la devolución de las sumas percibidas por los incrementos de tarifa por ese período», y  que “se declare la nulidad y/o ilegitimidad de todas modificaciones en los parámetros tarifarios operadas desde el 1º de enero de 2016 y hasta el mes de octubre de 2016 sin la previa notificación a los usuarios conforme las previsiones del artículo 45 inciso c de la Ley Nº 8.916” de Marco Regulatorio Eléctrico.

La Sala II de la Cámara Civil y Comercial, con la firma de los vocales Rodolfo Guillermo Jáuregui y Norma Viviana Ceballos, concedió los recursos de inaplicabilidad de ley presentados el 4 de abril de 2022 y el 5 de abril de 2022 por Fiscalía de estado y Energía Entre Ríos SA (Enersa) contra la sentencia dictada el 156 de marzo de 2022.

Entre Ríos Ahora

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La acción judicial se tomó con el objetivo de que se declare “la nulidad o ilegitimidad de los incrementos de tarifa registrados entre el 1/1/2016 al 31/10/2016». Y además se «ordene la devolución de las sumas percibidas por los incrementos de tarifa por ese período”.

La demanda sumarísima contra Enersa reclama que “se declare la nulidad y/o ilegitimidad de todas modificaciones en los parámetros tarifarios operadas desde el 1º de enero de 2016 y hasta el mes de octubre de 2016 sin la previa notificación a los usuarios conforme las previsiones del artículo 45 inciso c de la Ley Nº 8916” de Marco Regulatorio Eléctrico.

También por violatorio del “Reglamento de Suministro (Aprobado por el Decreto Nº 734/2012), y en subsidio de las aplicadas en el mismo período de manera previa a la publicación en el boletín oficial de las Res. EPRE Nº 67/14, 146/15, 150/15 y 12/16 y se condene a la demandada a la devolución de las sumas de dinero percibidas en su consecuencia con más sus intereses. Asimismo, solicita se declaren abusivas y por lo tanto nulas las disposiciones del punto 3.6 del Anexo II del Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica para los Servicios Prestado por Energía de Entre Ríos S.A., en cuanto impone a los usuarios residenciales un plazo de cinco días hábiles a contar de ocurrido el daño para articular el reclamo indemnizatorio por daños derivados de la prestación del servicio; y por último se declaren abusivas y por lo tanto nulas las eximiciones y limitaciones en la responsabilidad de la demandada previstas en los puntos 7.4.1., 7.4.2. y 7.4.3. del Anexo VI Normas de calidad del servicio público y sanciones del contrato de concesión, por estar prohibidas a tenor del art. 37 inc. A de la LDC e inc. g del Anexo de la Res. 53/2003 SCD y CD”, según el escrito judicial.

El primer fallo

En Entre Ríos, durante 2016, la tarifa de luz aumentó un 137%. Y aunque hubo una batalla judicial contra esos tarifazos, el STJ finalmente terminó confirmando los incrementarios tarifarios.

La jueza Silvina Rufanacht, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 6, dictó un primer fallo favorable a Adecen el 6 de agosto de 2021, y el punto central de la controversia es que los aumentos fueron dispuestos pero no publicados en el Boletín Oficial como ordena la reglamentación vigente. Las subas cobraron vigencia el 1° de enero de 2016, pero la resolución que avaló ese aumento recién se publicó en el Boletín Oficial seis meses después: el 21 de junio de 2016.

“Resuelto lo anterior, y conforme el principio de irretroactividad de las normas (…) sólo resultan legítimos los aumentos aplicados a partir del 30/06/2016, correspondiendo ordenar la devolución a los usuarios residenciales que conforman la clase que representa la actora de las sumas ilegítimamente percibidas por la demandada en virtud del aumento de los cuadros tarifarios dispuestos por las Res. 67/14, 146/15, 150/15 y 12/16 desde el 01/01/2016 al 29/06/2016”, ordenó la jueza. “A las sumas adeudadas en virtud de lo ilegítimamente percibido -añade-, se le deberán adicionar intereses calculados con la Tasa Activa del Banco Nación, desde el 01/01/2016 y hasta su efectivo pago”.

El fallo establece que “dicha devolución deberá hacerse por el mismo medio por el que fueron percibidos, es decir en la factura de cobro del servicio de los usuarios residenciales activos, realizándose la correspondiente compensación entre los montos de la factura a cobrar y los que se deben a los usuarios en virtud de la presente sentencia. Para tal cometido, la empresa demandada deberá hacer un cálculo actuarial por el área correspondiente, según la cantidad de usuarios que conforman la clase aquí representada y las categorías tarifarias de los usuarios según el consumo que ostentaban al 29/06/2016, y prorrateados luego según el porcentaje que cada categoría representa en el total de la suma correspondiente a los aumentos ilegítimamente percibidos, y a su vez según la cantidad de usuarios de cada categoría.

Para el caso de de usuarios residenciales que no se encuentren activos a la fecha del cumplimiento de la sentencia, el cumplimiento de la devolución de los montos ilegítimamente percibidos que a ellos adeuda Enersa, queda a cargo de la demandada, quien podrá citarlos para el cobro a sus oficinas comerciales por el medio que le parezca más conveniente”.

Preocupación en el gobierno

El fallo no está firme: el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, manifestó que esa sentencia de primera instancia está en apelación ante la Cámara Civil y Comercial y todavía no hay resolución. La expectativa oficial es que en segunda instancia ese fallo pueda ser revertido.

El trámite de esa causa genera preocupación en el Gobierno por las eventuales consecuencias económicas que podría generarle a la distribuidora Enersa. En este sentido, el fiscal del Estado asumió que “estamos muy preocuapdos por ese caso. Si se hace una liqudiación, el monto estimativo a devolver es unos 1.200 millones de pesos”.

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