Senado debate el veto de Milei: la Ley de Discapacidad podría restituirse y declarar la emergencia hasta 2027
El Congreso busca rechazar el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La norma garantiza pensiones, prestaciones y financiamiento a más de 4,5 millones de personas con discapacidad en Argentina.
En una sesión cargada de tensión política, el Senado de la Nación se prepara para tratar este jueves el veto que el presidente Javier Milei aplicó sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, una iniciativa que había logrado amplio respaldo parlamentario y que ahora podría ser restituida por insistencia de ambas Cámaras.
El proyecto, presentado por la senadora Anabel Fernández Sagasti (UxP), declara la emergencia nacional en discapacidad hasta diciembre de 2027, con el fin de garantizar derechos básicos y la cobertura de tratamientos y prestaciones para más de 4,5 millones de argentinos con algún tipo de discapacidad, según el Censo 2022.
Un debate clave en el Congreso
La Cámara de Diputados ya había avanzado en la insistencia para sostener la ley, lo que dejó al Senado como escenario decisivo. De alcanzarse la mayoría especial requerida, el Congreso podría tumbar el veto presidencial, en lo que sería un duro revés político para el Gobierno de La Libertad Avanza.
Según señalaron fuentes parlamentarias, la oposición dialoguista y los bloques federales jugarán un rol central. El oficialismo, en minoría, intentará frenar la votación o forzar su dilación.
Qué contempla la ley vetada
La norma establece un paquete de medidas de alcance nacional:
- Pensión No Contributiva por Invalidez equivalente al haber mínimo garantizado y compatible con ingresos laborales u otras fuentes de sustento, siempre que no superen tres salarios mínimos.
- Prohibición de suspensiones masivas de pensiones, garantizando el debido proceso y la notificación fehaciente.
- Financiamiento pleno de la Agencia Nacional de Discapacidad, con presencia territorial y atención presencial.
- Actualización mensual de aranceles del sistema de prestaciones básicas de atención integral (Ley 24.901) de acuerdo a la inflación.
- Compensación económica a prestadores y fortalecimiento de talleres protegidos y programas de inclusión laboral, educativa, de transporte y deporte adaptado.
- Autorización al Jefe de Gabinete para realizar las modificaciones presupuestarias necesarias
El trasfondo político y social
El veto de Milei se apoyó en argumentos de impacto fiscal, bajo la premisa de reducir el gasto público. Sin embargo, organizaciones de personas con discapacidad, prestadores de servicios y legisladores de la oposición denunciaron que la decisión implica un retroceso en derechos adquiridos y una vulneración de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional en Argentina.
“Estamos ante un Gobierno que ve las pensiones como un gasto a recortar y no como un derecho social”, advirtió Fernández Sagasti en los fundamentos del proyecto. Según datos aportados por la legisladora, existen más de 500.000 personas en trámite de pensión y otras 300.000 sometidas a auditorías sin garantías claras, lo que genera incertidumbre y desprotección.
Una pulseada con alto costo político
De confirmarse el rechazo al veto, Milei enfrentaría uno de sus golpes más significativos en el Congreso desde el inicio de su gestión. Para la oposición, en cambio, se trataría de un triunfo legislativo con fuerte impacto social.
El desenlace de la sesión no solo definirá el futuro de la ley, sino que marcará también un hito en la relación de fuerzas entre el Ejecutivo y el Parlamento, en un escenario donde la política social se coloca en el centro del debate nacional.
FM del Este 100.5
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