El Senado cierra filas para exigir a Milei el reparto de fondos: un acuerdo federal sin precedentes

El Senado presentó un proyecto con apoyo de todos los bloques, salvo La Libertad Avanza, para obligar al gobierno de Javier Milei a repartir fondos a las provincias y frenar el ajuste fiscal.

El planteo, impulsado por gobernadores de distintas fuerzas políticas, apunta a poner freno a la discrecionalidad con la que la Casa Rosada ha manejado hasta ahora los recursos nacionales.

El texto ingresado al Congreso obliga al Ejecutivo a transferir automáticamente los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), sin intervención arbitraria. Además, propone desarticular varios fideicomisos que concentran partidas millonarias bajo control nacional, para redirigir esos fondos mediante los mecanismos de coparticipación, asegurando un reparto más equitativo entre provincias.

El Proyecto

La propuesta fue elaborada tras una reunión frustrada entre gobernadores y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, donde no hubo respuestas satisfactorias a los reclamos por el recorte de transferencias y la parálisis de obras públicas. Lejos de desalentar el reclamo, el encuentro consolidó una inédita unidad entre oficialismo y oposición en el Congreso.

Entre los senadores firmantes se encuentran referentes del peronismo, del radicalismo, del PRO y de fuerzas provinciales. Incluso Alfredo De Angeli, senador entrerriano alineado históricamente con el macrismo, rubricó ambas iniciativas. De este modo, Milei queda políticamente aislado en el Senado frente a un bloque amplio que amenaza con avanzar en leyes que obliguen a la Casa Rosada a respetar el federalismo fiscal.

Desde las provincias, los gobernadores se mantienen firmes: no están pidiendo favores, aseguran.

Según sus argumentos, están reclamando lo que les corresponde, y que la Nación les retuvo de manera indebida.

Hablan de un billón de pesos que, afirman, debería haber regresado a sus arcas y terminó engrosando la caja nacional.

El contenido del proyecto incluye la redistribución automática de los fondos del impuesto a los combustibles, que actualmente se canalizan por fideicomisos nacionales. De aprobarse la ley, un porcentaje importante de esa recaudación iría directamente a las provincias, con un criterio de distribución mixta: una parte igual para todos los distritos y otra proporcional a los índices de coparticipación vigentes.

Este nuevo frente legislativo marca un punto de inflexión en la relación entre el Ejecutivo y las provincias. El mensaje es claro: el Congreso está dispuesto a tomar la iniciativa para defender los recursos de las jurisdicciones frente a un modelo de ajuste centralista que, según advierten los gobernadores, pone en riesgo el funcionamiento básico de servicios y obras en todo el país.

Mientras tanto, el gobierno nacional deberá decidir si enfrenta esta presión con nuevas negociaciones o si se arriesga a un veto que lo deje aún más aislado en el escenario político nacional.