Preocupación en Chajarí por el aumento del vandalismo juvenil: ¿quién se hace responsable?

Al menos tres domicilios fueron vandalizados este fin de semana. Obras en construcción y viviendas con sus moradores padecen cada vez más de ataques de menores que solo buscan destruír.

En Chajarí, el vandalismo protagonizado por menores de edad se está convirtiendo en una problemática recurrente que afecta a distintos barrios de la ciudad. Cámaras de seguridad han registrado diversos episodios que han sido denunciados, pero la respuesta generalizada suele ser: “Si son menores, los van a largar enseguida”. Esta percepción de impunidad genera un profundo malestar entre los vecinos.

La ley argentina establece que los progenitores de los menores deben hacerse responsables de los delitos cometidos por sus hijos. Sin embargo, en la práctica, las consecuencias legales y económicas no siempre parecen efectivas o suficientes para evitar la repetición de estos actos vandálicos, pero esta responsabilidad tiene limitaciones y depende del contexto.

Aspectos legales de la responsabilidad parental

  1. Responsabilidad civil: Según el Código Civil y Comercial de la Nación, los padres son responsables civilmente por los daños causados por sus hijos menores de edad que están bajo su cuidado. Esto implica que deben indemnizar a las víctimas por los daños ocasionados, salvo que demuestren que no tuvieron culpa en la falta de supervisión o educación adecuada.
  2. Responsabilidad penal: Los menores de 16 años no son imputables en Argentina, es decir, no pueden ser juzgados penalmente ni cumplir penas de prisión. Sin embargo, el Estado puede intervenir a través de medidas de protección o programas socioeducativos.
    • Si el menor tiene entre 16 y 18 años, puede ser imputable por delitos graves, pero el enfoque principal suele ser la reinserción social.
    • En estos casos, aunque los padres no enfrentan responsabilidad penal directa, se espera que colaboren con las medidas impuestas por el sistema judicial.

Limitaciones y desafíos

Aunque la ley establece una responsabilidad civil para los padres, en la práctica, muchas veces es difícil lograr que las familias indemnicen o asuman una reparación efectiva, especialmente en contextos de vulnerabilidad social. Esto alimenta la sensación de impunidad en la comunidad y genera debates sobre cómo abordar esta problemática de manera más efectiva.

Puerta de doble vidrio Blindex, destrozada por vándalos

El debate sobre la imputabilidad y la educación

El debate en torno a la edad de imputabilidad y el rol de la educación en la prevención de delitos cometidos por menores sigue siendo central en la agenda pública. Si bien la legislación actual prioriza la protección de los derechos del niño, muchos sectores reclaman una revisión de las normas para equilibrar estos derechos con la seguridad y tranquilidad de la sociedad.

En resumen, aunque los padres son responsables en términos civiles por los actos de sus hijos, el sistema penal y la realidad práctica presentan desafíos que hacen que esta responsabilidad no siempre se traduzca en una solución efectiva para los problemas que enfrentan las víctimas o la sociedad en general.

La falta de presencia policial: otro eje del debate

A esta problemática se suma la percepción de una insuficiente presencia policial en las calles. Vecinos han señalado que agentes en servicio son destinados a la custodia de empresas privadas, como bancos, lo que deja desprotegidas a muchas zonas residenciales. Esta situación agrava el sentimiento de inseguridad y la angustia de quienes han sufrido daños en sus propiedades o bienes.

Un policía que dedica su vida a proteger a la comunidad debe experimentar una profunda frustración y desmotivación cuando siente que su labor es en vano debido a la inacción o ineficacia de la justicia. Detener a un delincuente y ver cómo rápidamente vuelve a las calles por decisiones judiciales percibidas como indulgentes puede generar una sensación de impotencia, como si los esfuerzos realizados no tuvieran valor. Esto no solo afecta su compromiso con el deber, sino que también alimenta un sentimiento de abandono institucional, al percibir que el sistema no respalda plenamente el sacrificio y los riesgos que asumen a diario en su tarea de garantizar la seguridad pública.

Un llamado a la responsabilidad y a un debate necesario

El costo económico y emocional que estos actos generan para las familias y para la ciudad en general es alto. La sociedad exige que alguien se haga responsable. Por un lado, los padres deben asumir su rol en la educación y el control de sus hijos. Por otro, se necesita un compromiso estatal que garantice tanto la prevención como la efectiva aplicación de sanciones.

Además, vuelve a instalarse el debate sobre la edad de imputabilidad. ¿Es justo que menores de determinada edad estén exentos de enfrentar consecuencias legales por sus actos? ¿Es hora de actualizar las leyes para reflejar una realidad social compleja y cambiante?

Un problema de todos

Resolver este problema requiere de una solución integral que incluya educación, prevención, y una administración eficiente de los recursos policiales. Solo así será posible garantizar una convivencia pacífica en Chajarí, donde las pérdidas económicas y la angustia por la inseguridad no sigan siendo el precio que toda una sociedad deba pagar por la falta de educación y control de algunos.

Es hora de actuar, de debatir seriamente, y de tomar decisiones que reflejen el valor de una comunidad comprometida con su bienestar colectivo.

FM del Este 100.5

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