Precandidato a intendente, al banquillo de los acusados en un juicio por contrabando

El precandidato a intendente de Concordia por Juntos por Entre Ríos, Eduardo Cristina, será juzgado junto a otras 18 personas por conformar una supuesta aduana paralela que habría causado un daño al Estado nacional por unos 3 millones de dólares.

El debate oral y público se realizará el próximo 11 de octubre, ante el Tribunal Oral Federal de Paraná.

El próximo 13 de agosto, Cristina competirá en la interna de Juntos por la intendencia de Concordia. Su lista irá pegada con la del precandidato a la gobernación, Rogelio Frigerio, y con las de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

De acuerdo a lo informado en su momento por Diario UNO, la investigación estuvo centrada en el ingreso a la Argentina a través de la Aduana de Concordia de mercadería que se consideraba en tránsito entre Uruguay y Chile.

En el inicio de la causa, se detectó un camión cuya carga estaba valuada en 370 mil dólares, más de diez veces el valor declarado (u$s 22 mil). La sospecha fue que la intención era descargar en la Argentina el excedente no declarado de productos de electrónica, bazar, ferretería e informática. Los involucrados eran integrantes de la Aduana Concordia, transportistas e integrantes de una empresa textil argentina.

En noviembre del año pasado, la Cámara Federal de Apelaciones integrada por Cintia Gómez, Mateo Busaniche y Daniel Alonso resolvió una serie de planteos de las defensas y confirmó los procesamientos por contrabando y otros delitos.

Además de Cristina, se sentarán en el banquillo Eduardo Mella; Federico Hanson Rosende; Eduardo Burgos; Jorge Barrera; Juan Montoreano; Virginia Silvano; Juan Covarrubias Jara; Alfredo Pariente; Roberto Tapia Guzmán; Carlos Maulen Delgado; Fernando Olivas Ortega; Marco Cedra; Rogelio Carbonell Araya; Ricardo Gómez Guerra; Manuel Muños Quirós; Robert Trombotti Fernández; Jorge Dufau y Guillermo Iacobell.

La Justicia Federal argentina intentó realizar este juicio el año pasado, pero no pudo debido a una complejidad implícita: muchos de los acusados son chilenos o uruguayos y fue dificultoso notificarlos y hacerlos comparecer. Se espera que en esta oportunidad, y luego de haber apelado a la colaboración de los poderes judiciales de los países vecinos, el debate pueda llevarse a cabo.

Fuente: APF Digital