Ley de bases: Primer proyecto para darle luz verde al RIGI en Entre Ríos
Lo impulsan los tres bloques libertarios. Prescribe la adhesión de Entre Ríos, particularmente, al capítulo de la Ley Bases que refiere a la promoción de grandes inversiones. “Somos una provincia con grandes recursos, debiendo generar las condiciones para obtener un trabajo genuino”, se fundamenta en el texto.
La boleta violeta de Javier Milei, en Entre Ríos, dejó cinco diputados divididos en tres bloques con fuertes disidencias internas. Sin embargo, la instrumentación de la Ley Bases, en la provincia, ha propiciado el acuerdo: las tres bancadas le ponen la firma a un proyecto para adherir sin vueltas, en Entre Ríos, al capítulo refiere al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
El texto, de autoría del diputado Carlos Damasco (bloque Fe y Libertad), lleva la firma de adhesión como coautores de Liliana Salinas (Partido Conservador Popular); y de Roque Fleitas, presidente de la bancada de La Libertad Avanza.
El RIGI supone cambios profundos en materia impositiva, aduanera, laboral, judicial. El artículo 165 define a las grandes inversiones como “de interés nacional” y las considera “útiles y conducentes para la prosperidad del país, el adelanto y bienestar de todas las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios”.
El mismo artículo deja expreso, con una redacción que más parece un manifiesto que el sentido de dictar una norma, que “cualquier norma o vía de hecho por la que limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido” por la ley en el capítulo del RIGI, en cualquier jurisdicción que haya adherido a la norma “será nula de nulidad absoluta e insanable y la justicia competente deberá en forma inmediata impedir su aplicación”.
Proyecto
El texto de Damasco tiene tres artículos (uno de forma). En el primero expresa la adhesión parcial a la Ley Nacional N° 27.742, específicamente “al Título VII, denominado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones”.
En el segundo, se deroga “toda norma o disposición que contraríe lo dispuesto” por el RIGI y este punto es clave en función del impacto que tendría en los ordenamientos jurídicos a nivel provincial y local, con normas que han sido fruto de procesos históricos, reclamos, demandas locales con relación al desarrollo económico y su impacto. Toda una memoria social, expresada en la ley, que de algún modo pasará por el cimbronazo de la Ley Bases.
En los fundamentos, se afirma que la vigencia del regimen “nos coloca (a los entrerrianos) en las primeras posiciones para el ingreso de inversiones, pudiendo aumentar la producción y el empleo en la provincia, teniendo un marco legal que regula y da seguridad jurídica a los inversionistas”.
Remarca que los sectores incluidos en el régimen son la foresto-industria, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo, gas e infraestructura. “Contamos con una provincia con grandes recursos, debiendo generar las condiciones para obtener un trabajo genuino, desarrollo, beneficios en ingresos brutos, inversiones y un mejor futuro para todos los entrerrianos y entrerrianas”, expresa el diputado de Gualeguaychú y convoca a sus pares a aprobar la iniciativa.
Otras provincias han avanzado con intentos de legislar, en sus jurisdicciones, la adhesión a la Ley Bases y al RIGI específicamente. Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, envió un proyecto del Ejecutivo para su tratamiento; también ingresó un texto para ser debatido en Jujuy; y de algún modo los mandatarios que firmaron el Pacto de Mayo, incluido Rogelio Frigerio, ratifican allí la voluntad de avanzar con el RIGI, lo que también quedó expresó con los votos de los legisladores nacionales del oficialismo.
Rechazo
Adelantó su oposición el MST en el FIT – Unidad. La dirigente Nadia Burgos consideró que la adhesión propuesta por Damasco supone “entregar nuestra soberanía productiva y nuestros bienes comunes por 30 años”.
Apunta a los beneficios que implica el régimen a los sectores agroindustriales y agroganaderos y pone el foco, especialmente, en la inversión en infraestructura que, advierte, se traduce en Entre Ríos en “especulación inmobiliaria”.
Rechaza el partido de izquierda “el uso de los bienes comunes y la fuerza de trabajo” al servicio de ganancias de inversiones “sin control y sin ningún criterio ambiental y social” para su aplicación.
Fuente: Página Política
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