La Policía Federal Argentina detuvo a un hombre de Chajarí con pedido de captura internacional, presumiblemente vinculado a la dictadura de Maduro

La Policía Federal Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, detuvo este jueves en la provincia de Entre Ríos a un ciudadano argentino con un pedido de captura internacional, a requerimiento de la justicia de la República Bolivariana de Venezuela, por el delito de “Tráfico Ilícito de material estratégico, Legitimación de Capitales y Contrabando Agravado”.

El detenido forma parte de una red de corrupción que involucraría a altos funcionarios del gobierno venezolano, como el exvicepresidente Tarek El Aissami.

La Oficina Central Nacional de Interpol en Caracas había emitido una alerta roja en la búsqueda de varias personas vinculadas a un esquema de corrupción en la comercialización de crudo de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa). Entre ellos se encuentra el argentino detenido por la PFA, imputado en la causa “PDVSA-CRIPTO”, por la que el Ministerio Público Fiscal de Venezuela solicitó también la detención de otros cuatro operadores Internacionales.

El aprehendido sería operador y testaferro de otro fugitivo, de nacionalidad italiana, que presumiblemente sería el principal miembro de la estructura delictiva. Se sospecha que el argentino creó compañías en múltiples jurisdicciones, en varias de las cuales figura como dueño, director y tesorero, para ejecutar actividades de trading, fletamiento, compra de buques tanqueros e identificaciones falsas, con la finalidad de materializar los robos de las cargas de crudo y posterior comercialización fraudulenta en provecho propio.

En consecuencia, los detectives federales de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones comenzaron con las pesquisas y tareas de campo para dar con el sospechoso. Recurrieron a diversas bases de datos tanto de organismos públicos como privados, investigaron redes sociales y explotaron los sistemas informáticos de la Organización Internacional de Policía Criminal – INTERPOL. De esta manera, lograron determinar varios domicilios que frecuentaría el investigado.

Asimismo, con la colaboración del Departamento Técnico del Cibercrimen para geolocalizar los aparatos telefónicos que utilizaba el sujeto, se pudo encauzar la pesquisa y ubicar la vivienda donde el buscado se alojaría junto a su familia, ubicada en la localidad de Chajarí, provincia de Entre Ríos. Una vez determinados estos datos, se inició un operativo que terminó con la detención del sospechoso.

El detenido, de 38 años de edad, quedó a disposición del Juzgado Federal de Primera Instancia de Concordia, a cargo de la Dra. Analía G. Ramponi, Secretaría Penal del Dr. Alan Bergolt, a la espera de su proceso extraditorio.

La orden de aprehensión fue firmada por el fiscal nacional 73 contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, Jean Karin López Ruiz, y afecta a los operadores Alessandro Bazzoni, de nacionalidad italiana; los mexicanos Joaquín Leal Jiménez, José Luis Chávez Calva y Rodrigo Guerena Bobadilla, y el argentino Bonelli Jorge Germán, ligado por lazos familiares a un ex alto cargo municipal kirchnerista de esta ciudad.

Según el documento de solicitud del fiscal 73, López Ruiz, obtenido por Primer Informe, la orden de captura se basa en “la presunta comisión de los delitos de tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos, legitimación de capitales, y asociación (para delinquir)”, y adicionalmente “el delito de contrabando agravado”.

El argentino B., Jorge Germán aparece como directivo de la firma Ragnhild Capital Inc, incorporada en octubre de 2017 en Panamá, en la cual también aparece Alessandro Bazzoni como directivo.

En ese firma aparece también como directiva Vanessa Natalia Ortiz, conocida como asistente de Bazzoni.

Primer Informe no pudo establecer la conexión del mexicano Rodrigo Guerena Bobadilla en la trama de Pdvsa-Cripto.

El fiscal del caso, el abogado Jean Karin López Ruiz, tiene su propio historial.

En 2019, López fue señalado como una figura muy cercana al fiscal Tarek William Saab, y vinculado al cierre del portal Venepress.

En octubre de 2020, López Ruiz presentó la acusación que terminó con la detención del periodista Roland Carreño, por presunto financiamiento al terrorismo. Según la defensa de Carreño, el fiscal no presentó “experticias que avale” el delito por la cual acusaron al periodista, lo cual constituye un caso de persecución por razones políticas, dado que Carreño era miembro de partido opositor Voluntad Popular. Fuente: Ministerio de Seguridad de la Nación/RX Medios/LaFusta