La medida antisocial del intendente SOCIALISTA de Chajarí que perjudica especialmente a familias de escasos recursos

“Es momento de que los intendentes elijan de qué lado están: si del lado de la gente o del lado de la mala política”

Desde el 11 de octubre de 2024, rige en todo el país la Resolución 267/24 de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, que prohíbe la inclusión de cargos ajenos a los bienes y servicios contratados en las facturas de empresas de servicios públicos. Sin embargo, en Chajarí, la municipalidad continúa aplicando una Tasa que representa más del 20% del valor del consumo de electricidad, desafiando abiertamente la normativa vigente.

La resolución tiene como objetivo proteger los intereses económicos de los consumidores y establece que las facturas deben reflejar únicamente la descripción y el precio correspondiente al servicio prestado. Las empresas de servicios públicos que no cumplan con esta normativa podrán enfrentar sanciones severas, incluyendo multas y sumarios administrativos, de acuerdo con la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor.


Luis Caputo


El artículo 4 de dicha ley dispone que los consumidores tienen derecho a recibir información clara y detallada sobre los servicios contratados, mientras que el artículo 8 bis exige un trato digno y equitativo. Estos derechos, consagrados en el artículo 42 de la Constitución Nacional, protegen a los ciudadanos contra abusos que comprometan sus intereses económicos y su capacidad de elección.

En Entre Ríos, una provincia donde las tarifas de energía son de las más altas del país, este impuesto municipal es percibido como un golpe antisocial, que afecta especialmente a los sectores más vulnerables. A pesar de las denuncias y de los llamados a eliminar este tipo de gravámenes, el Gobierno de Chajarí, bajo el argumento de la “autonomía Municipal” ha decidido mantener este cargo que encarece en un ridículo y oneroso PORCENTAJE las boletas de luz de los usuarios.

La medida nacional ha sido ampliamente respaldada por asociaciones de consumidores que exigen el fin de estos cobros indebidos, señalando que encarecen injustamente los servicios básicos. Además, se estableció una herramienta para que los ciudadanos denuncien las irregularidades a través del correo electrónico denunciatufactura@comercio.gob.ar, permitiéndoles reclamar directamente ante la Secretaría de Industria y Comercio.

El incumplimiento de la normativa pone a Chajarí en el centro del debate. Muchos vecinos, especialmente aquellos de menores ingresos, consideran este impuesto como un atropello y cuestionan la negativa del gobierno local a adecuarse a las disposiciones legales. “La factura de luz ya es impagable, y este porcentaje que se lleva la municipalidad lo hace aún peor. Es un abuso”, expresó una vecina de la ciudad.

Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, criticó duramente a los municipios que, como Chajarí, insisten en mantener estos impuestos, acusándolos de obstaculizar los esfuerzos del Gobierno Nacional para reducir la inflación. “Es momento de que los intendentes elijan de qué lado están: si del lado de la gente o del lado de la mala política”, señaló el funcionario.

La entrada en vigencia de la Resolución 267/24 representa una oportunidad para que los vecinos de Chajarí reclamen por sus derechos y exijan una facturación transparente y justa. Sin embargo, el desafío ahora es lograr que el gobierno local tome medidas concretas para cumplir con esta normativa y alivie la carga económica de sus ciudadanos, particularmente en un contexto de alta inflación y creciente desigualdad social.

FM del Este 100.5

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