Protocolo Antipiquetes: La Justicia lo declaró nulo y el Gobierno apelará la medida
El fallo judicial declaró la nulidad del Protocolo Antipiquetes, mientras el Ministerio de Seguridad ratificó que apelará la medida y defendió la herramienta como clave para garantizar el orden y la libre circulación.
La Justicia federal declaró nulo el denominado “Protocolo Antipiquetes”, la normativa impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación para regular el accionar de las fuerzas de seguridad ante cortes de calles y manifestaciones, y que fue difundida oficialmente por la cartera a través de un comunicado días atrás.
El fallo fue dictado por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, luego de hacer lugar a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Según la sentencia, la normativa adolece de vicios en su conformación legal, ya que —sostiene el magistrado— la administración pública no puede dictar reglas con efectos normativos que, a su juicio, restringen derechos constitucionales como la libertad de reunión, expresión y petición.
El posteo del @MinSeguridad_Ar
Se apelará esta decisión de la Justicia. Ni un paso atrás contra los que quieren que regrese el caos y el desorden.
— Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) December 29, 2025
El Protocolo es legítimo y se cumple. En esta Argentina, ley y orden. pic.twitter.com/mtn5JC64iQ
El fallo también subraya que, al no establecer directrices específicas para proteger a grupos vulnerables presentes en las manifestaciones —como personas mayores o con discapacidad—, el protocolo omitió obligaciones recogidas en normas nacionales e internacionales de derechos humanos.
Ante esta decisión, el Gobierno nacional anunció que apelará el fallo ante instancias superiores. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, utilizó sus redes sociales para expresar el rechazo del Ejecutivo y ratificar la postura que ya había sido difundida en el comunicado oficial del ministerio: “Sin Protocolo no hay orden, hay caos”.
En ese sentido, Monteoliva defendió la herramienta que incorporó la gestión anterior y que el ministerio describe como legítima, con fundamentos técnicos, jurídicos y operativos para garantizar la libre circulación y la convivencia ciudadana. El Gobierno aseguró que no dará “un paso atrás” en la defensa del protocolo y que confía en revertir la decisión judicial en instancias superiores.
Desde la cartera de Seguridad argumentan que el Protocolo “no prohíbe, ordena” y que su aplicación ha sido validada en múltiples ocasiones por la Justicia, sosteniendo que contribuyó a que “las calles vuelvan a pertenecer a quienes eligen trabajar, circular y vivir en libertad”.
La anulación judicial del Protocolo Antipiquetes plantea un nuevo capítulo en el debate sobre la regulación de las manifestaciones sociales en Argentina, y abre un conflicto jurídico entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo sobre los límites de la regulación del orden público.
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