Juez Alfredo López y el jury por antisemitismo: las irregularidades en el proceso

El juez federal Alfredo López cuestionó el proceso iniciado tras las denuncias por presunto antisemitismo. Denunció restricciones para producir prueba, una declaración sin preguntas y otras irregularidades que, según sostiene, afectaron su defensa.

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El jury ya entró en su etapa final.

El juez federal de Mar del Plata Alfredo Eugenio López enfrenta la etapa decisiva del jury de enjuiciamiento que puede determinar su continuidad en el cargo. El proceso se inició a partir de denuncias por presunto antisemitismo vinculadas con publicaciones realizadas en X.

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En una entrevista exclusiva con “El Despertador”, por FM del Este 100.5, el magistrado cuestionó el procedimiento, denunció restricciones a su defensa durante la etapa de acusación y advirtió que el caso puede convertirse en un precedente para limitar la libertad de expresión sobre asuntos de política internacional.

Cronología de los hechos

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El caso del juez federal Alfredo Eugenio López ya no puede ser leído solamente como una controversia alrededor de publicaciones en redes sociales. A esta altura, el expediente plantea una discusión mucho más profunda: qué límites puede imponer el Estado a las opiniones de un magistrado sobre asuntos de interés público y hasta dónde puede llegar un proceso disciplinario cuando la conducta cuestionada está vinculada con expresiones políticas.

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López habló este martes con El Despertador, por FM del Este 100.5, y realizó un repaso de la causa que actualmente mantiene en suspenso su futuro como titular del Juzgado Federal N.º 4 de Mar del Plata.

La audiencia de debate ante el Jurado de Enjuiciamiento comenzó el 6 de julio. El propio Consejo de la Magistratura confirmó oficialmente que el proceso se desarrolla por una acusación de mal desempeño y que la acusación está encabezada por el consejero y senador Luis Juez y el abogado Alberto Maiques.

Pero para López, detrás del expediente existe una cuestión mucho mayor.

El origen: una publicación sobre Netanyahu

Según explicó el magistrado durante la entrevista, todo comenzó cuando publicó en su cuenta de X información vinculada con la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su entonces ministro de Defensa.

A partir de esa publicación, sostuvo, comenzó una sucesión de ataques, insultos y denuncias en redes sociales.

La primera presentación fue realizada por la DAIA ante el Consejo de la Magistratura. Posteriormente se incorporaron otras denuncias, entre ellas las atribuidas al Foro Argentino contra el Antisemitismo y a particulares.

La existencia de varias presentaciones contra López está documentada en la cobertura del propio proceso: entre los denunciantes aparecen la DAIA, Sabrina Ajmechet —presidenta del Foro Argentino contra el Antisemitismo— y los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda. La acusación sostiene que las publicaciones del magistrado configuraron un patrón de hostilidad hacia los judíos, el sionismo y el Estado de Israel.

López rechaza esa interpretación y sostiene que sus publicaciones constituyeron expresiones relacionadas con cuestiones de política internacional y que no tuvieron como destinataria a una comunidad religiosa.

La primera cuestión que plantea el juez: ¿qué delito cometió?

Uno de los argumentos centrales de la defensa es precisamente éste: las publicaciones cuestionadas no constituyen, por sí mismas, un delito penal.

El propio López sostuvo que las organizaciones denunciantes recurrieron al Consejo de la Magistratura porque, según su interpretación, no existía una conducta penalmente reprochable que pudiera sostener una denuncia ante la Justicia ordinaria.

Ese argumento aparece también en el descargo que el magistrado presentó ante el Consejo de la Magistratura. Allí sostuvo que del relato de las denuncias no surgía la comisión de un delito y cuestionó que se utilizara el procedimiento disciplinario para sancionar expresiones realizadas en redes sociales.

Aquí aparece una diferencia jurídica fundamental: que una expresión pueda resultar ofensiva, polémica o políticamente inconveniente no significa automáticamente que constituya un delito ni que necesariamente configure mal desempeño judicial.

El jury deberá determinar precisamente si las conductas atribuidas al magistrado alcanzan el umbral disciplinario exigido para justificar su destitución.

Una declaración sin preguntas

Uno de los puntos más fuertes planteados por López durante la entrevista es el modo en que se desarrolló su primera comparecencia ante la Comisión de Acusación.

Según relató, presentó previamente el informe previsto por el artículo 11 del reglamento y luego fue citado a declarar en una instancia que él mismo comparó con una declaración indagatoria.

Pero, según su testimonio, no recibió ninguna pregunta por parte del órgano que debía examinar sus explicaciones.

“Si un juez cita a una persona que está dispuesta a declarar, evidentemente le hace preguntas para aclarar la verdad de los hechos”, sostuvo.

Para López, la ausencia de interrogantes resultó particularmente llamativa porque daba la impresión —según su percepción— de que la decisión ya estaba tomada.

Es un punto que merece atención porque no se trata simplemente de una discrepancia política: la finalidad de una instancia de descargo es precisamente permitir que el acusado explique los hechos y que el órgano instructor pueda esclarecer aquello que considera controvertido.

La gravedad concreta de esta objeción, sin embargo, deberá determinarse a partir del expediente y del reglamento aplicable, y no solamente de la entrevista.

La prueba que, según López, no pudo producir en la primera etapa

El segundo cuestionamiento es todavía más específico.

El magistrado afirmó que durante la etapa ante la Comisión de Acusación no se le permitió producir prueba propia, mientras que sí se incorporaron los elementos ofrecidos por los denunciantes.

También sostuvo que algunos de los testigos eran integrantes o personas vinculadas con las organizaciones que habían formulado las denuncias.

En palabras de López, la situación fue particularmente problemática porque la decisión de avanzar hacia el jury se habría adoptado sobre la base de una prueba que él no pudo controvertir adecuadamente.

La transcripción de la entrevista registra además un dato importante: el magistrado señaló que, posteriormente, ya ante el Jurado de Enjuiciamiento, sí pudo ofrecer prueba.

Y allí aparece uno de los elementos que considera decisivos para su defensa.

Cuando llegó el jury, aparecieron otros testimonios

Durante el juicio, López pudo incorporar testimonios que, según explicó, cuestionaron directamente la acusación de antisemitismo.

Entre ellos mencionó a Pablo Stolkiner, integrante de la comunidad judía, quien habría declarado que las organizaciones denunciantes habían atribuido al juez expresiones que no había realizado.

También mencionó a Martín Gac, asesor y consultor de origen judío vinculado al Parlamento Europeo.

La defensa también presentó testimonios de personas que habían trabajado con López durante su carrera judicial, entre ellas un exsecretario del Juzgado Federal de Mar del Plata y un magistrado ante quien había trabajado anteriormente.

Para López, esos testimonios permiten demostrar que una crítica al Estado de Israel, al sionismo o a determinadas políticas del gobierno israelí no equivale necesariamente a una manifestación de odio contra los judíos como pueblo o religión.

El jury deberá valorar esas pruebas junto con las presentadas por la acusación.

El episodio de la audiencia que terminó convertido en una noticia diferente

Otro de los puntos que López considera particularmente grave fue la cobertura periodística de un episodio ocurrido durante los alegatos.

Según su relato, algunas personas que ya se encontraban dentro de la sala reaccionaron ante intervenciones del senador Luis Juez.

López niega categóricamente que se haya producido una irrupción de “grupos antisemitas”.

Afirmó que se trató de personas que ya estaban presentes individualmente en el lugar y mencionó a Raúl Padró y Chinda Brandolino.

El juez sostuvo que la audiencia continuó y que no existió una irrupción organizada.

Sin embargo, medios nacionales informaron el episodio de otra manera. Noticias Argentinas, por ejemplo, publicó que durante los alegatos hubo gritos considerados antisemitas y que la sala fue desalojada por orden del presidente del tribunal.

Aquí hay una cuestión periodística que no debería soslayarse: existen versiones contrapuestas sobre lo sucedido en la sala.

Por eso, la forma profesional de informar el episodio no es presentar una de ellas como verdad definitiva, sino dejar claramente establecida la controversia y recurrir, si fuera posible, al registro audiovisual oficial de la audiencia.

El antecedente de los fallos que incomodaron al poder

López también sostiene que su situación actual no puede separarse de una trayectoria judicial en la que tomó decisiones que afectaron intereses políticos y estatales.

Durante la entrevista enumeró varios antecedentes.

Pase sanitario

En diciembre de 2021, López dictó una medida cautelar que eximió a una mujer de la exigencia del pase sanitario para determinadas actividades. Posteriormente adoptó medidas similares en otros casos. La cuestión fue planteada desde el principio en términos de autonomía personal y libertad frente a la obligación de acreditar la vacunación.

Vacunación contra el COVID en menores

En diciembre de 2022, el Juzgado Federal N.º 4 de Mar del Plata dispuso una medida vinculada con la vacunación contra el COVID en menores de entre seis meses y 16 años, exigiendo información sobre riesgos, efectos adversos y contraindicaciones antes de la inoculación.

El antecedente está documentado incluso en un informe de la Suprema Corte de Justicia de México sobre decisiones judiciales relacionadas con la pandemia, que recoge la resolución del juzgado de López y sus fundamentos relativos al acceso a la información.

La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo

En junio de 2021, López dictó una medida cautelar que suspendió la aplicación de la Ley 27.610 en el marco de una causa iniciada por un particular.

El magistrado fundamentó su decisión, entre otros aspectos, en la obligación internacional del Estado argentino de proteger la vida desde la concepción. La medida fue posteriormente cuestionada y apelada.

No es necesario coincidir con esos fallos para reconocer un dato institucional: López tomó decisiones judiciales altamente controvertidas en cuestiones que dividieron profundamente a la sociedad argentina.

Eso forma parte de su trayectoria y ayuda a comprender por qué su figura genera adhesiones y rechazos tan fuertes.

¿Castigar al juez por lo que publica?

Aquí está, probablemente, el núcleo más importante del caso.

López sostiene que el problema no es solamente su situación personal.

Afirma que lo que está en juego es la posibilidad de que un juez —y, por extensión, cualquier ciudadano— pueda discutir públicamente asuntos de política internacional sin que una crítica al gobierno de un Estado extranjero sea automáticamente interpretada como odio hacia una comunidad religiosa.

Durante la entrevista lo expresó con claridad: si el proceso termina estableciendo que determinadas opiniones sobre Israel son incompatibles con el ejercicio de la magistratura, podría generarse un precedente con efectos mucho más amplios que el caso López.

La acusación, por supuesto, sostiene una posición diferente: entiende que las expresiones atribuidas al magistrado excedieron los límites de la libertad de expresión exigibles a un juez y configuraron un comportamiento incompatible con la función judicial.

El punto central, entonces, no debería resolverse mediante etiquetas.

Debe resolverse examinando qué dijo exactamente López, en qué contexto lo dijo, a quién estaba dirigido, qué prueba existe sobre su intención y si esas expresiones alcanzan el estándar jurídico de mal desempeño que habilita la destitución de un magistrado.

El momento decisivo

El debate oral ya terminó y las partes presentaron sus alegatos. El propio Consejo de la Magistratura confirmó oficialmente la realización de las audiencias y de la etapa de alegatos.

Según la información publicada sobre el proceso, ahora corresponde al Jurado de Enjuiciamiento deliberar y resolver si corresponde la destitución o la restitución del magistrado.

López, mientras tanto, sostiene que espera que los integrantes del jurado valoren la prueba producida y resuelvan “con honor, dignidad y valentía”.

También dejó planteada una cuestión que trasciende su propio expediente.

¿Puede un juez ser removido por expresar públicamente una posición política sobre un gobierno extranjero?

Si la respuesta fuera afirmativa, habrá que establecer con precisión dónde comienza el mal desempeño y dónde termina la libertad de expresión.

Porque la discusión no debería ser si Alfredo López resulta simpático o antipático. Tampoco si uno coincide o discrepa con sus posiciones sobre Israel, Gaza, el aborto, las vacunas o el pase sanitario.

La pregunta institucional es otra:

¿existen pruebas suficientes de una conducta incompatible con la función judicial o se está utilizando el régimen disciplinario para sancionar opiniones que resultan incómodas?

Esa es la cuestión que el Jurado de Enjuiciamiento tiene ahora en sus manos.

Y por eso, más allá de cualquier posición ideológica, el proceso merece ser observado con lupa, con las pruebas sobre la mesa y con todas las garantías de defensa.

Porque si el Estado puede remover a un juez por sus opiniones sin demostrar una conducta disciplinariamente reprochable, el problema deja de ser solamente Alfredo López.

Pasa a ser un problema de todos.

FM del Este 100.5