Escándalo en la Procuración del Tesoro: Despidos masivos tras sospechas de filtración en el juicio por YPF

El Gobierno nacional echó a más de 60 funcionarios de la Procuración del Tesoro por sospechas de traición al Estado en el juicio multimillonario por la expropiación de YPF. Se habla de venta de información sensible y filtraciones que habrían favorecido a los demandantes en Estados Unidos.

La Casa Rosada ordenó este miércoles una profunda reestructuración en la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) tras detectar presuntas filtraciones de información clave en el marco del juicio por la expropiación de YPF, que se tramita en Nueva York. Las sospechas apuntan a un núcleo de empleados del organismo —algunos con vínculos históricos con el kirchnerismo— que habrían colaborado con los demandantes, comprometiendo así la posición argentina en una causa de más de 16.000 millones de dólares.

La Procuración del Tesoro Nacional inició una investigación interna tras detectar posibles filtraciones vinculadas al juicio por la expropiación de YPF, que se desarrolla en Nueva York, y que comprometerían la posición de Argentina frente al fondo demandante Burford Capital. Según confirmaron fuentes del Gobierno, se sospecha que empleados del organismo habrían vendido información sensible, lo que motivó una purga interna que incluyó más de 60 despidos. La decisión fue acompañada por un comunicado oficial que anunció una “reestructuración institucional inmediata” con el objetivo de eficientizar el funcionamiento del organismo y reducir el gasto público, y fue formalizada posteriormente en el Boletín Oficial.

La maniobra, que desde el Ejecutivo calificaron como “un acto de deslealtad grave al interés nacional”, motivó el despido inmediato de más de 60 funcionarios y la disolución de varias áreas técnicas, en lo que fue presentado oficialmente como una reestructuración enmarcada en la Ley de Bases y la política de austeridad del presidente Javier Milei.

La Procuración —dirigida desde febrero por Santiago Castro Videla— difundió un comunicado en el que evitó referirse directamente al escándalo, pero sí destacó la eliminación de “lujos jerárquicos”, el “recorte histórico de personal” y la drástica reducción de estructuras administrativas. Entre las medidas más significativas se encuentra la disolución de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, símbolo de la formación ideológica impulsada por el kirchnerismo en la administración pública.

Sin embargo, fuentes cercanas al Ejecutivo confirmaron a Infobae que la decisión responde directamente a la preocupación por la venta de información reservada sobre la estrategia judicial del Estado argentino en el caso YPF. La filtración, de comprobarse, podría haber favorecido a los fondos demandantes y agravado la ya delicada situación financiera de la Argentina, que enfrenta intereses acumulados de más de 2 millones de dólares por día.

“Estamos hablando de una traición a todos los argentinos. El kirchnerismo no solo montó una expropiación irregular que violó la ley —como confesó Axel Kicillof— sino que dejó sembrado un aparato dentro del Estado que hoy conspira contra los intereses nacionales”, sostuvo una alta fuente de Casa Rosada.

En los pasillos oficiales se habla de una “purga necesaria” en un organismo clave que tiene bajo su órbita litigios internacionales de altísima sensibilidad y que, según sostienen, estaba infiltrado por operadores políticos leales a la gestión anterior. Las medidas apuntan a reorganizar el funcionamiento del cuerpo de abogados del Estado, reasignar funciones y eliminar gastos superfluos, incluyendo comitivas y viajes oficiales.

El escándalo estalla en medio de un complejo escenario económico y político, con la oposición acorralando al oficialismo en el Congreso por los vetos presidenciales, y con las provincias reclamando mayores fondos. Esta crisis institucional en el corazón del sistema de defensa jurídica del Estado argentino suma un nuevo capítulo de tensión y alerta.

Desde el Gobierno aseguran que seguirán investigando para determinar si hubo responsabilidades penales y no descartan futuras denuncias ante la Justicia. Mientras tanto, el caso YPF sigue avanzando en la Justicia estadounidense, y las consecuencias de lo ocurrido podrían costarle al país una cifra millonaria e histórica.

FM del Este Con información de Infobae y La Nación