En silencio, ya se vacunaron más de 300 presos en cárceles federales y varios fueron trasladados fuera de los penales

El dato surge de un pedido de acceso a la información que hizo Infobae ante el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Todavía no se anunció la campaña de vacunación porque hay muy pocas dosis. El caso del represor Miguel Donda, uno de los que tuvo que ser trasladado para vacunarse

No hay fotos. Tampoco una comunicación oficial que pueda agitar los ánimos dentro de los penales. Todavía está muy fresco el recuerdo del motín en Devoto, al comienzo de la pandemia, que provocó la salida indiscriminada de presos y un debate profundo en la sociedad. El Servicio Penitenciario Federal (SPF) confirmó este viernes que se están aplicando vacunas contra el Covid-19 dentro las cárceles federales. Lo hizo ante un pedido de acceso a la información presentado por Infobae. También hay detenidos que se vacunan fuera de los penales, con una orden judicial y el traslado a cargo del SPF.

Luego de varias idas y vueltas, el SPF respondió que “se han recibido y aplicado 356 dosis a internos alojados en cárceles federales hasta la fecha”. La nota está fechada el 18 de mayo y la firma José Luis Guarino, a cargo de la Dirección General de Régimen Correccional, pero recién fue comunicada este viernes a Infobae en el marco de un pedido de acceso a la información.

Los nombres de los vacunados se mantienen en reserva. En el SPF argumenten que la difusión de los datos afectaría la “confidencialidad” de los detenidos. Pero este medio pudo saber que en esa lista hay represores (la mayoría tienen más de 70 años), narcos, corruptos y homicidas.

¿Cuál es el criterio adoptado para vacunar en las cárceles federales?, preguntó este medio en los últimos días sin obtener respuesta. La titular del SPF, María Laura Garrigós de Rebori, tampoco quiso responder. Una semana atrás, sin embargo, en una entrevista con el sitio “El Cohete a la Luna”, la funcionaria dijo: “En las redes sociales me insultan diciendo que no deberíamos vacunar a los presos. Esto tiene muy poco criterio porque quien se enferme va a usar una cama de hospital, esté preso o no”.

Maria Laura Garrigos de Rebori (Télam)

La vacunación a los detenidos en realidad comenzó hace más de un mes pero en ese momento era solo en cárceles provinciales. Y quedó a criterio de cada jurisdicción. El tema nunca se discutió en el Consejo Federal de Salud, que reúne a los ministros de todas las provincias y al de la Ciudad de Buenos Aires. “Cada provincia decide cómo implementa el plan estratégico de vacunación de acuerdo a sus necesidades y sus curvas”, respondieron en ese momento en el Ministerio de Salud de la Nación.

El gobierno de Formosa dio el puntapié inicial en soledad. Las autoridades del Servicio Penitenciario Federal se enteraron de la vacunación en las cárceles de esa provincia por los medios. La decisión de Gildo Insfrán despertó polémica porque en ese momento todavía había unas 500 mil personas esperando por una vacuna, incluso miles de los grupos de riesgo.

Luego se sumó la provincia de Neuquén, con los presos alojados en la Unidad Federal de Senillosa y en unidades provinciales. El criterio, en ese caso, fue priorizar solo a los mayores de 60 años o a los que tienen factores de riesgo.

¿Cuál es el criterio utilizado por el SPF? En principio se estaría privilegiando a los mayores de 70 años, y a todos aquellos que tiene comorbilidades. El dato no fue confirmado por las autoridades del SPF, pero surge de un expediente judicial, donde se debatió la vacunación para el represor Adolfo Miguel Donda, condenado a perpetua por los crímenes cometidos en la ESMA, donde nació Victoria Donda.

“En consonancia con los criterios de vacunación de la comunidad y dando por cierto que la salud en cárceles es salud pública, y las cárceles forman parte de la sociedad, se ha requerido y reclamado en más de una oportunidad al Ministerio de Salud de la Nación en carácter prioritario la entrega de las dosis de vacunas para su aplicación en las personas alojadas mayores de 70 años de edad”, sostuvo José Luis Guarino, funcionario del SPF, en una nota enviada al juzgado federal 2 de Lomas de Zamora el 19 de abril.

Donda es uno de los detenidos que lograron vacunarse afuera de la cárcel, con un turno que le tramitaron sus propios familiares. El proceso fue bastante complejo. El represor había conseguido un turno para el 1 de abril y obtuvo una autorización del Tribunal Oral Federal 5, pero el SPF no lo pudo trasladar y se perdió esa oportunidad. Las autoridades argumentaron que no tenían móviles disponibles. Entonces, el defensor oficial que representa a Donda tramitó un habeas corpus y logró que se concrete el traslado.

Fuente judiciales confirmaron ayer a Infobae que el represor finalmente logró vacunarse en el Hipódromo de San Isidro el 24 de abril con la primer dosis de la vacuna Covishield.

No es el único caso. También hay problemas con los traslados en el Servicio Penitenciario Provincial. Matías Enrique está alojado en la unidad 45 de Melchor Romero y estaba autorizado por la Justicia para ser vacunado este jueves en un hospital de La Plata porque es un paciente de riesgo. Por falta de móviles también se perdió el turno. “Nos encontramos imposibilitados de realizar el traslado requerido debido a impedimentos logísticos, sumado a la carencia de personal de nuestra dependencia en razón de la pandemia COVID-19”, contestó el SPB el martes pasado.

López entrando los bolsos al convento de General Rodríguez

Aunque nunca se comunicó, la vacunación en las cárceles federales lleva varias semanas. La mayoría de los presos fueron inoculados dentro de los penales como el caso del ex secretario de Obras Públicas, José López, que logró vacunarse el 19 de mayo con la primera dosis de Sinopharm por una orden del Tribunal Oral Federal 1.

Otro ex funcionario K vacunado es el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime (66), detenido en la cárcel de Ezeiza. “El 11 de mayo le dieron la primer dosis de la Sputnik V”, dijo una fuente judicial.

La respuesta del SPF al pedido de acceso a la información presentado por Infobae aclara que las dosis aplicadas en las cárceles federales son suministradas por el Ministerio de Salud de la Nación. En cambio, las dosis aplicadas en las cárceles provinciales son entregadas por los gobiernos locales.

¿Quién determina los factores de riesgo y las prioridades?, preguntó Infobae durante toda la semana. “Si no hubo criterio para otorgar las domiciliarias al comienzo de la pandemia, mucho menos hay para esto”, lamentó una fuente penitenciaria que recorre los penales a diario y realiza informes sobre las cárceles.

También hay detenidos que tramitaron el turno a través de sus familiares y pidieron autorización a la Justicia para vacunarse afuera de los penales. Ahí el límite es la logística.

Presidiarios se ven el techo de la prisión federal del barrio residencial Villa Devoto, en Buenos Aires, Argentina, Abril 24, 2020. REUTERS/Agustín Marcarián

Pese a los reclamos iniciales, en las cárceles del sistema federal no hubo brotes masivos durante la pandemia, aunque murieron 19 reclusos por coronavirus (15 en la Provincia, 1 en CABA y 3 en Salta) y hubo 631 casos confirmados.

Muy distinta es la situación de los penitenciarios. En las cárceles federales ya se aplicaron 5.000 vacunas. Para ello se montaron tres vacunatorios en Marcos Paz, Devoto y Ezeiza, con personal de Salud propio. Esas dosis fueron parte de una gestión puntual que hizo el Servicio Penitenciario Federal y el Ministerio de Justicia ante el Ministerio de Salud de la Nación.

Infobae preguntó por escrito cuál fue el criterio a la hora de seleccionar a los penitenciarios, porque hay denuncias internas que se privilegió a los de mayor jerarquía. Pero el SPF decidió no contestar esa pregunta. En cambio, informó que hasta el 27 de mayo ya se habían inoculado a 2.815 agentes que prestan servicios en los penales del interior del país. Solo con la primera dosis.

Por Nicolás Pizzi / Fuente: Infobae