El fiscal pide 12 años de prisión para Cristina Kirchner e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos

La fiscalía que interviene en el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre el 2003 y el 2015 pidió que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea condenada a 12 años de prisión y que se la inhabilite de por vida a ejercer cargos públicos.

El pedido de condena fue formulado por el fiscal Diego Luciani ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, tras considerar que la exmandataria fue la “jefa de la asociación ilícita” a la que se acusa, además, de haber cometido el delito de administración fraudulenta en contra de la administración pública.

El funcionario no solo pidió la inhabilitación perpetua para ocupar cargos de la vicepresidenta sino también de todos los ex funcionarios acusados en la causa por el presunto direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Además, solicitó el decomiso de $5.321 millones, monto en el que -según estimó su par Sergio Mola- se defraudó al Estado. 

En otra enérgica exposición en el tramo final de la etapa de alegatos ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 (TOF 2), Luciani consideró que Cristina y los demás acusados llevaron adelante “la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”. Y en esa línea, acusó a la dos veces presidenta de la Nación de actuar con “ánimo de lucro y codicia”.

NINGUN ATENUANTE

Luciani dijo no encontrar “un sólo atenuante” de la pena solicitada a Cristina Kirchner. Expuso un listado extenso de los agravantes de la pena por los delitos de asociación ilícita y fraude a la administración pública y refirió a una condena máxima de 16 años de prisión.

En el listado de agravantes señaló la “magnitud” de los delitos investigados, “su poder de dirección”, la “extensión del daño”, y el “lucro personal” que persiguió la Vicepresidenta.

También hizo hincapié en el “cargo” que ocupaba ella y su marido, en referencia al fallecido Néstor Kirchner. Otro punto fuerte es “el desprecio a la ciudadanía” y “la falta de arrepentimiento” por parte de ella.

Sobre el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, sobre el empresario Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López tampoco halló “atenuantes” de la pena y en el caso del exministro tuvo en cuenta las condenas anteriores.

La Prensa