EEUU investiga por sobornos a un grupo empresarial que prestó servicios a la Justicia de Entre Ríos y a municipios

El Departamento de Justicia de Estados Unidos detuvo a un exdirectivo de una multinacional de ese país por el pago de sobornos a funcionarios de Argentina, Brasil y México.

Esa empresa, que se dedica al tratamiento de residuos patológicos, fue contratada en 2022 y 2023 en licitaciones públicas por el Poder Judicial de Entre Ríos, así como varios municipios.

El mexicano Mauricio Gómez Báez era el número uno de Stericycle, y “quedó acusado de repartir al menos US$10,5 millones entre funcionarios argentinos, brasileños y mexicanos nacionales, regionales y municipales, entre 2011 y 2016, como mínimo, coimas que le permitieron ganar o retener contratos que le redituaron beneficios a Stericycle por más de US$21 millones”, según detalló este miércoles La Nación.

Los investigadores determinaron que el pago de sobornos en la Argentina se canalizó a través de la subsidiaria que Stericycle montó en Buenos Aires, Hábitat Ecológico SA, que escondió el pago de sobornos bajo la palabra clave “alfajores” o detrás de las siglas “IP”, en alusión a “incentive payments”, que puede traducirse como “pagos de incentivo”.

Hábitat Ecológico tiene, como parte del holding de Stericycle, a la firma SOMA S.A., que ganó cuatro licitaciones del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, en tiempos en los que ya se conocía que estaba siendo investigada por el pago de coimas.

Stericycle reconoció de manera oficial en 2022 que había pagado sobornos en Argentina, Brasil y México, y acordó pagar penalidades por más de US$84 millones a las autoridades de Estados Unidos y Brasil, no así de la Argentina, donde hasta el momento no se abrió una investigación penal.

En el caso de Stericycle, la Fiscalía sostuvo que el 70% de los contratos que consiguieron o retuvieron Gómez Báez y sus acólitos fue con gobiernos provinciales o regionales, tanto en la Argentina, como en Brasil y México. Esos contratos solían durar un año y se renovaban mediante “incentivos” o “alfajores” a ciertos funcionarios, señala el reconocido periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación.

Además de Entre Ríos, las operaciones de Stericycle en la Argentina, ya fueran como Hábitat Ecológico y firmas vinculadas como Medam BA SA y SOMA SA abarcaron una las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chaco, Formosa, Salta y Santa Fe, y la ciudad de Buenos Aires.

En esta provincia también ha sido contratista de varios municipios.

Según las licitaciones publicadas por el STJ de Entre Ríos, en la N° 04/22, con el objeto “Contratación del servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición de residuos biopatogénicos”, para las Morgues Judiciales de Concordia, Gualeguaychú y Gualeguay, se pagó a SOMA S.A. (única oferente) 811.789,20 pesos. Otra licitación de 2022 para la Morgue Judicial de Oro Verde, SOMA S.A. recibió 515.448 pesos.

En 2023, para las morgues de Concordia, Gualeguaychú y Gualeguay se destinaron 1.582.970,40 pesos para la contratación de la firma perteneciente a Stericycle. Y nuevamente con destino al “Edificio Tribunales y la Morgue Judicial”, según aquella convocatoria, SOMA S.A. vendió sus servicios al Superior Tribunal de Justicia por 1.020.291,36 pesos. Esta vez no fue la única empresa que se presentó, sino que le ganó a Horizonte Gases SRL, de Concordia, quien, según se concluyó en ese expediente, no cumplió con los requisitos de la licitación. Esta última empresa fue allanada el año pasado por una causa por presunto incumplimiento de la Ley que regula el tratamiento de residuos peligrosos.

Seguramente han existido contrataciones tanto de parte del Poder Judicial como del Ejecutivo provincial y Municipalidades durante el período investigado.

SOMA S.A. se encuentra habilitada por la Secretaría de Ambiente de la provincia en el rubro “Transportistas interjurisdiccionales de Residuos Biopatogénicos”, y es una de las pocas opciones que hospitales, centros de salud y clínicas tienen para entregar estos residuos.

El periodista Hugo Alconada Mon, en su artículo, detalló que de acuerdo a documentos obrantes en el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores (SEC por sus siglas en inglés), la cúpula argentina de Stericycle calculó y autorizó las coimas, “que típicamente se pagaron al contado”. ¿Cómo era el proceso? Un empleado de la firma elevaba el monto del soborno –“habitualmente un porcentaje del monto del contrato”-, la cúpula aprobaba el cálculo y pago, y el empleado retiraba el dinero –los “alfajores”- de las oficinas en Buenos Aires para entregarlo al funcionario corrupto.

El martes próximo, el mexicano Gómez Báez irá a una audiencia donde podría acogerse al régimen de arrepentido colaborador y así prender el ventilador sobre quiénes eran los funcionarios que recibían los retornos.

Fuente: La Nación – Análisis Digital