Documentos oficiales prueban que un convenio del Gobierno de Entre Ríos con la UNLP, viola decretos del propio gobierno
El gobierno de Entre Ríos firmó un convenio con la UNLP para que la casa de estudios realice un estudio de impacto ambiental de las areneras silíceas en Ibicuy. El dirigente socialista, Juan Carlos Meillard lo cuenta en detalle en «El Despertador»
El dirigente socialista de “Juntos por el Cambio”, Juan Carlos Meillard, accedió a través de información pública a documentos que demuestran que el gobierno de Entre Ríos firmó un convenio para que la Universidad Nacional de La Plata realice un estudio de impacto ambiental en las arenas entrerrianas de Ibicuy. Este convenio viola un decreto del mismo gobierno de Gustavo Bordet, porque
la Universidad Nacional de La Plata no tiene legitimación para realizar estudios de impacto ambiental sobre las areneras.
La «desprolijidad» del gobernador Gustavo Bordet no sólo se enfoca en el contrato a la universidad, sino que además, lo hizo por un monto de 92 mil dólares.
El convenio se firmó tras la exigencia de un fallo judicial, originado por un amparo interpuesto por la organización Cauce y Agmer contra el gobierno provincial, la Municipalidad de Ibicuy y la empresa YPF, respecto a la actividad de extracción de arena en el sur provincial.
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Según el referente socialista, “el gobernador definió no cumplir con nuestra propia legislación: el Decreto Nº 4977/09, que regula el impacto ambiental en la provincia y establece que los consultores ambientales responsables de los mismos deben estar registrados ante la Secretaria de Ambiente, formalizado esta exigencia a través de su artículo 47º: ‘Se crea en el ámbito de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia el REGISTRO DE CONSULTORES EN ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, en el cual constará: 1.- La nómina de consultores individuales o firmas consultoras habilitados para suscribir Estudios de Impacto Ambiental y auditorías ambientales, antecedentes en éstas áreas’”.
Además, Meillard aseguró que, en ese registro, figuran “profesionales idóneos matriculados de Entre Ríos”, así como también “universidades locales”: “No existe registro alguno de la Universidad Nacional de La Plata, por lo que la entidad no tiene legitimación para realizar dichos estudios”.
“Es todavía más sorprendente el desarrollo de este convenio, cuando el propio Estado provincial dispone de un conjunto de profesionales a los que puede requerir que participen en un estudio de estas características, entendiendo que los funcionarios públicos debieran involucrarse en la tarea entendiéndola como de carácter de carga publica dentro de lo que se refiere a sus funciones”, suma como argumento.
Asimismo, según el artículo 27º del mencionado decreto, “el Estado provincial puede recurrir a los consultores ambientales registrados, sin olvidar que es potestad del gobierno solicitar a los colegios profesionales para que participen en estas actividades designando a profesionales con experiencia dentro de la actividad en nuestra jurisdicción y recibiendo su correspondiente compensación”, citó el dirigente de la oposición.
“Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, observo una enorme falta de eficacia a la hora de administrar los recursos humanos del Estado, siendo más atractivo para el gobierno actual el gasto de grandes sumas de dinero en organizaciones estatales ajenas a la propia gestión, evadiendo así sus obligaciones y propiciando negocios poco claros, de altísimos costos y que carecen de pretensiones de legitimidad”, remató.
Fuente: FM del este 100.5 con información de «Análisis«
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