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Denuncian a D’Onofrio por un negociado millonario con fotomultas y la VTV

Denuncian a D’Onofrio por un negociado millonario con fotomultas y la VTV

La Coalición Cívica amplió la acusación por presunto lavado de activos, fraude al Estado y una red de influencias que habría operado durante su gestión al frente del Ministerio de Transporte bonaerense.


La causa judicial que investiga presuntas irregularidades en el sistema de fotomultas y en la adjudicación de concesiones de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) volvió a tomar impulso luego de que la Coalición Cívica ampliara la denuncia contra el ex ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, y otros funcionarios y empresarios vinculados. El espacio liderado por Elisa Carrió solicitó a la Justicia profundizar la pesquisa por fraude al Estado, asociación ilícita y lavado de activos, al considerar que se trata de un “entramado orgánico” con capacidad de influir sobre expedientes, contratos y decisiones políticas.

La presentación agregó elementos vinculados a posibles relaciones societarias y operativas entre D’Onofrio, la ex presidenta del Concejo Deliberante de Pilar Claudia Pombo, el intendente Federico de Achával, y la empresa Franutec, una de las firmas bajo investigación en el esquema de monitoreo, procesamiento y cobro de infracciones de tránsito. Según la denuncia, estas conexiones no serían aisladas, sino parte de un sistema que habría operado con un nivel de coordinación destinado a beneficiar a ciertos actores privados.

La causa, que lleva adelante el Juzgado Federal de Campana, ya tiene imputadas a 16 personas, incluido el propio D’Onofrio, quien recibió un embargo de 350 millones de pesos dispuesto por el juez Adrián González Charvay. El fiscal Álvaro Garganta identificó al menos tres maniobras principales: un circuito clandestino para borrar multas mediante gestores que cobraban alrededor del 50% del valor de la infracción; la adjudicación presuntamente direccionada de concesiones de VTV; y un esquema de facturación irregular con empresas proveedoras de cinemómetros en distintos municipios.

Una de las empresas señaladas, Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., habría sido intermediaria obligada para las compañías interesadas en operar plantas de VTV, cobrando una comisión del 8,5% por cada verificación realizada. Además, la Justicia investiga el rol de CECAITRA, que habría tenido participación directa en la administración de fotomultas con contratos que ahora se sospechan irregulares.

En paralelo, surgieron líneas de investigación que incluyen otros posibles vínculos económicos, como la financeira Token Capital, allanada a comienzos de año, y la denuncia por supuestas “empleadas fantasmas” en una peluquería perteneciente a Pombo.

Desde el plano político, la Coalición Cívica sostiene que el caso “es de extrema gravedad institucional” y representa un modelo de corrupción sistémica en la administración bonaerense. El espacio pidió que se profundicen peritajes informáticos, análisis patrimoniales y la trazabilidad financiera de los contratos.

Por su parte, D’Onofrio rechaza las acusaciones y afirma que todo se trata de un armado político que será desestimado cuando se verifiquen los sistemas informáticos utilizados para gestionar las multas. Niega cualquier vínculo irregular con las empresas mencionadas y asegura que su patrimonio es compatible con sus ingresos.

Mientras la causa avanza, la ampliación de la denuncia volvió a poner en el centro el millonario negocio de las infracciones y la VTV en la provincia de Buenos Aires, un sistema históricamente cuestionado pero que ahora enfrenta una de sus investigaciones más complejas y profundas.

FM del Este 100.5


 

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