Reforma de la PFA: ¿avance en la seguridad o riesgo de autoritarismo?
Decreto 383/2025, que redefine la Policía Federal: crecen las alertas por posibles amenazas a los derechos civiles en Argentina.
Buenos Aires — 18 de junio de 2025.
El gobierno nacional publicó este martes el Decreto 383/2025, que redefine profundamente la estructura, misión y funciones de la Policía Federal Argentina (PFA). La medida, que busca profesionalizar la fuerza y enfocarla en delitos federales complejos, ha generado reacciones encontradas entre expertos, sectores políticos y organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre el riesgo de concentración de poder y eventuales excesos en el control de la disidencia.
El texto oficial, firmado por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, deroga el decreto 1866/2008 y aprueba un nuevo estatuto de la fuerza. Entre los puntos salientes se destaca que la PFA abandonará funciones de seguridad ciudadana en la Ciudad de Buenos Aires y pasará a concentrarse en prevención, investigación y persecución de delitos federales, como el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y delitos financieros.
Además, el decreto establece la reestructuración permanente de la fuerza, la modernización tecnológica a través de un nuevo “Programa Presupuestario de Modernización” y una política de recursos humanos que reducirá el número de nuevos ingresantes, promoviendo en cambio la contratación de profesionales universitarios.
Alcances del Decreto 383/2025
El decreto, promulgado bajo la administración del presidente Javier Milei,permite a la Policía Federal Argentina:
- Detenciones por “sospechas”: Las fuerzas de seguridad pueden detener a personas basándose en indicios o sospechas, sin la obligatoriedad de una autorización judicial previa. Esto amplía el margen de discrecionalidad de los agentes, lo que podría derivar en detenciones arbitrarias.
- Vigilancia sin orden judicial: Se habilita a las autoridades a realizar seguimientos y monitoreos, incluyendo el acceso a datos personales, sin la intervención de un juez. Esto incluye información obtenida a través de redes sociales, comunicaciones privadas u otros medios digitales.
- Uso discrecional de datos personales: El decreto permite a las fuerzas de seguridad recopilar, almacenar y utilizar datos personales con fines de investigación, sin establecer límites claros sobre el alcance o la duración de estas prácticas.
- Ampliación del marco de “seguridad pública”: Las disposiciones refuerzan el rol de la Policía Federal en la prevención de delitos, pero la vaguedad en la definición de lo que constituye una amenaza a la seguridad podría dar lugar a interpretaciones amplias y subjetivas.
El debate sobre los controles democráticos
Si bien el decreto no menciona expresamente nuevas atribuciones para monitorear redes sociales ni censurar la expresión ciudadana, diversos sectores han expresado preocupación por la amplia discrecionalidad que otorga al Poder Ejecutivo para reorganizar y manejar la PFA. “Estamos frente a un avance muy significativo del Ejecutivo sobre las capacidades operativas de la Policía Federal, sin la debida intervención legislativa”, advirtió el abogado constitucionalista Ricardo Montoya. “Si bien no autoriza censura, sí incrementa el riesgo de que la fuerza sea utilizada como herramienta política”, agregó.
En redes sociales circularon versiones afirmando que la PFA podrá “revisar redes sociales sin orden judicial”, aunque el texto del decreto no contiene ninguna referencia a tales atribuciones. No obstante, defensores de los derechos civiles subrayan que la vigilancia del espacio digital ya ha crecido en los últimos años, por lo que el fortalecimiento institucional de la PFA debe ir acompañado de garantías efectivas de respeto a los derechos ciudadanos.
Concentración de poder
El decreto se ampara en la Ley 27.742, que delega competencias legislativas en materia de seguridad al Poder Ejecutivo. Sin embargo, esa misma norma exige que toda medida de este tipo sea sometida a revisión por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, órgano que deberá ahora evaluar si el rediseño de la PFA cumple con los principios constitucionales.
Desde la oposición, legisladores como la senadora María Eugenia Cataldi (UCR) manifestaron inquietud: “Estamos frente a un gobierno que avanza sistemáticamente en la concentración de poder. La policía debe ser una herramienta de seguridad, no un instrumento de vigilancia de la ciudadanía”, sostuvo.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Seguridad aseguran que el decreto responde a una necesidad urgente de modernización y especialización de la fuerza, en línea con los modelos de agencias como el FBI estadounidense.
El desafío: evitar la deriva autoritaria
El rediseño de la PFA podría significar un salto cualitativo en la capacidad del Estado argentino para enfrentar el crimen organizado. Pero en el contexto actual —con un gobierno que ha mostrado tendencias a confrontar a voces críticas, periodistas y opositores—, varios observadores advierten que es necesario reforzar los controles democráticos, para evitar que el aparato policial termine siendo utilizado como mecanismo de represión de la disidencia.
Por lo pronto, todos los ojos están puestos en la Comisión Bicameral y en la comunidad de derechos humanos, que ya ha anunciado que hará un seguimiento minucioso de la aplicación del decreto.
Los principales riesgos identificados incluyen:
- Persecución política: La posibilidad de detener a personas por “sospechas” o monitorear sus actividades en redes sociales podría ser utilizada para silenciar a opositores, periodistas, activistas o cualquier ciudadano que critique al gobierno. Esto recuerda a prácticas de regímenes autoritarios donde la disidencia es reprimida bajo el pretexto de la seguridad.
- Erosión de derechos fundamentales: La eliminación de la obligatoriedad de órdenes judiciales para vigilancia y detenciones vulnera garantías constitucionales como el derecho a la privacidad, la libertad de expresión y el debido proceso.
- Falta de transparencia y rendición de cuentas: La ausencia de mecanismos claros de supervisión sobre las acciones de las fuerzas de seguridad podría facilitar abusos de poder, sin que existan instancias efectivas para cuestionar o revertir estas prácticas.
- Impacto en la libertad de expresión: La vigilancia de redes sociales y comunicaciones privadas podría generar un efecto inhibitorio, donde los ciudadanos se autocensuren por temor a represalias, afectando el debate público y la pluralidad de opiniones.
FM del Este 100.5
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