El costo del consenso: las claves del nuevo Presupuesto 2026
El Gobierno busca un Presupuesto 2026 con consenso amplio, capitalizando su negociación con gobernadores y legisladores dialoguistas para asegurarse apoyos sin perder el eje del equilibrio fiscal.
Según El Cronista, esa estrategia implica concesiones puntuales en el proyecto, pero también restricciones firmes en otras partidas.
1. La regla de oro: equilibrio fiscal
El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, afirmó que el “equilibrio fiscal” es la línea que no se puede cruzar en las negociaciones: cualquier reclamo o cambio debe respetar la meta de superávit primario.
El proyecto para 2026 prevé un superávit primario del 1,5 %, cifra que ya había sido planteada para 2025.
2. Reclamos de las provincias: obras, jubilaciones y coparticipación
Varios gobernadores ya pusieron sobre la mesa sus demandas:
- Reclaman más fondos para obras viales y rutas, aprovechando rutas nacionales que fueron transferidas a las provincias.
- Exigen que se compense la deuda previsional que aún mantienen algunas provincias con la Nación: algunas estimaciones mencionadas por El Cronista hablan de miles de millones mensuales para sanear esas cajas jubilatorias provinciales.
- Además, piden que haya una distribución más equitativa de tributos: por ejemplo, quieren que parte de lo recaudado por el impuesto a los combustibles se distribuya vía coparticipación, en lugar de mantenerse como asignaciones discrecionales.
3. Leyes sociales en juego
Como parte del acuerdo político, algunos bloques dialoguistas insisten en que el Presupuesto incluya financiamiento para leyes ya aprobadas en el Congreso:
- Emergencia en discapacidad
- Emergencia pediátrica
- Financiamiento universitario
El impacto fiscal de estas medidas no es menor: según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley de discapacidad podría costar hasta 0,5 % del PBI si se extiende hasta fin de 2026.
4. Ingresos adicionales y nuevas asignaciones
El proyecto prevé un crecimiento en los ingresos por impuestos, especialmente por lo recaudado desde los combustibles (que crecería como porcentaje del PBI).
Además, se plantea darle prioridad a la inversión en infraestructura vial si se obtienen recursos extra, aprovechando el reclamo de gobernadores por más obras.
5. Tensión política: lo que es negociable y lo que no
Aunque hay voluntad de diálogo, la negociación no es total. Guberman dejó claro que algunas partidas son “intocables”: asistencia social, Seguridad y Defensa, y la reducción del tamaño del Estado, por ejemplo, no están en discusión para ceder.
Por otro lado, algunos gobernadores creen que este presupuesto puede ser una oportunidad para avanzar en sus demandas estructurales si están dispuestos a ceder en otros puntos, lo que refuerza la lógica del “costo del consenso”.
¿Qué significa esto para el futuro económico?
- Si se aprueba con las concesiones previstas, puede fortalecer la relación entre la Casa Rosada y varios gobernadores, lo que facilitaría la gobernabilidad para el próximo año.
- A nivel fiscal, mantener el superávit es una señal de disciplina, pero la presión para aumentar ciertas partidas (como obras o compensaciones previsionales) podría tensionar ese equilibrio.
- Para las provincias, lograr parte de sus reclamos podría ser clave para mejorar su sustentabilidad financiera y encarar proyectos estructurales “clásicos” (rutas, infraestructura).
- En lo social, incluir las emergencias y el financiamiento universitario podría fortalecer el legado del presupuesto, más allá del ajuste.
FM del Este 100.5 Con información de “El Cronista”
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