Chocolate por la Noticia
“Caso Chocolate Rigau: para la Legislatura bonaerense no hubo irregularidades”
El caso de Julio “Chocolate” Rigau ha generado una serie de investigaciones y debates en la Legislatura bonaerense. Rigau, un puntero político vinculado al PJ, fue detenido en septiembre de 2023 mientras intentaba retirar dinero utilizando múltiples tarjetas de débito pertenecientes a empleados de la Legislatura.
Este incidente destapó un esquema en el que se habrían desviado fondos públicos a través de la creación de empleos ficticios, conocidos como “ñoquis”. Las investigaciones preliminares sugieren que este mecanismo podría haber causado un perjuicio al Estado provincial de al menos $395,4 millones entre 2022 y 2023, cifra que podría ser mayor al considerar años anteriores.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, la Legislatura bonaerense ha mostrado resistencia a colaborar con la Justicia. Se han registrado demoras y obstáculos en la entrega de documentación solicitada por los fiscales, lo que ha llevado a considerar la posibilidad de allanamientos para obtener la información necesaria.
Hay sobradas evidencias de prácticas opacas en el manejo de fondos públicos que han generado críticas hacia la falta de transparencia en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Diversos sectores políticos y sociales exigen respuestas y acciones concretas para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
Mismo curro en Entre Ríos, pero con mucho más dinero en juego
El sistema Kirchnerista (que seguramente se replicaba en varias provincias) generaba otra caja negra para ernriquecimiento ilícito y para la política.
El caso de estafa en la Legislatura de Entre Ríos, conocido como “contratos truchos“, involucró la contratación de aproximadamente 350 empleados fantasmas, resultando en un desfalco estimado de 53 millones de dólares entre 2008 y 2018.
El esquema consistía en la emisión de contratos a personas que no desempeñaban funciones reales en la Legislatura. Los pagos se realizaban mediante cheques endosados y facturas con montos superiores a los percibidos por los contratados. Muchas firmas en los documentos fueron falsificadas, y algunos beneficiarios desconocían su participación en estos contratos.
La investigación del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos identificó a varios implicados, aunque se cuestionó la ausencia de altos funcionarios en la causa. Se sospecha que los fondos desviados se utilizaron para financiar actividades políticas y enriquecimiento personal.
Este escándalo llevó a la implementación de medidas administrativas, como la sustitución de cheques endosados por transferencias bancarias directas a los contratados, con el fin de aumentar la transparencia en los pagos.
Los involucrados:
La causa conocida como “contratos truchos” en la Legislatura de Entre Ríos involucra a numerosos funcionarios y empleados que participaron en un esquema de desvío de fondos públicos a través de contratos laborales ficticios. A continuación, se detallan algunos de los principales implicados y sus roles:
- Gustavo Pérez: Exsubdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado. Tras ser desplazado de su cargo, continuó como empleado del Senado, aunque no se registra su asistencia regular al trabajo. Posee propiedades en Villa Libertador San Martín, Oro Verde y Paraná. Análisis Digital
- Juan Domingo Orabona: Exdirector General de Administración de la Cámara de Senadores y exsubsecretario de Presupuesto y Finanzas del Ministerio de Educación de Entre Ríos. Actualmente, es funcionario de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Análisis Digital
- Alfredo Bilbao: Integrante de uno de los estudios contables que manejaba los contratos fraudulentos. Actualmente, es empleado del Senado de la Nación y continúa con negocios inmobiliarios en General Alvear. Posee inmuebles en Villa Libertador San Martín, Oro Verde y Paraná. Análisis Digital
- Pedro Eduardo Opromolla: Exdirector Administrativo Contable de la Dirección de Bromatología. Actualmente, cumple funciones en el Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados de la provincia. Análisis Digital
- Jorge Fabián Lázzaro: Exdirector Administrativo Contable del Senado (2011-2015). Actualmente, trabaja regularmente en el Servicio Administrativo Contable del Senado. Análisis Digital
- Sergio Cardoso: Exdirector del Servicio Administrativo Contable de Diputados. Actualmente, es empleado de Archivo y cumple con sus funciones diariamente. Intentó levantar la inhibición de sus bienes, pero continúa inhibido. Análisis Digital
- Juan Pablo Aguilera: Cuñado del exgobernador Sergio Urribarri y exsecretario del bloque de senadores del PJ. Actualmente, es empleado de la Cámara de Senadores, pero no concurre a trabajar desde hace años. Análisis Digital
- Alejandro Almada: Cuñado de Juan Pablo Aguilera. Es empleado de la Cámara de Diputados, reside en Misiones y continúa cobrando su sueldo sin que se conozca su lugar de trabajo. Análisis Digital
- Jorge Enrique De Breuil: Persona de confianza de Guillermo Pedro Guastavino. Actualmente, vive en Córdoba, se ha jubilado y mantiene contacto con Guastavino. Ha estado involucrado en diversas empresas y fideicomisos relacionados con inversiones inmobiliarias. Análisis Digital
- Ariel Roberto Faure: Exempleado del Senado de la Nación, oriundo de La Paz y contador público. Actualmente, reside en San Benito, Departamento Paraná. Análisis Digital
- José Javier Schneider: Contador que se desempeñaba en el Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Senadores desde 2008. Fue desplazado tras el inicio de la causa, pero actualmente trabaja en el área de Patrimonio del Senado y registra su entrada y salida. Análisis Digital
- Hugo Mena y Flavia Beckman: Encargados de cobrar los contratos y retirar el dinero. Residen en Paraná y poseen un comercio minorista de almacén y dietética. Análisis Digital
Este esquema de corrupción, que operó durante aproximadamente una década, implicó la emisión de contratos laborales ficticios en ambas cámaras de la Legislatura provincial. Los fondos asignados a estos contratos eran desviados y retirados en efectivo por personas designadas para tal fin. Se estima que el monto defraudado asciende a más de 2.500 millones de pesos.
Cadena Entrerriana 96.5MHz LRS 798
A pesar de la magnitud del fraude y del tiempo transcurrido desde el inicio de las investigaciones, el proceso judicial ha enfrentado múltiples dilaciones. Se esperaba que las audiencias de remisión a juicio oral se realizaran en 2024; sin embargo, han sido suspendidas, y se prevé que el juicio se postergue hasta 2025, coincidiendo con un año electoral.
La causa ha generado un fuerte debate sobre la transparencia y la corrupción en la administración pública de Entre Ríos, evidenciando la necesidad de reformas estructurales para prevenir futuros casos similares.
Para una comprensión más detallada del caso, puede consultar los siguientes videos:
Fuente: FM del Este 100.5 con info de La Nación y medios linkeados en nota
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