En el caso se estableció que la obra tuvo un presupuesto de más de $20 millones, cifra que para la Fiscalía estuvo inflada en varios millones. En el caso fue clave la pericia del ingeniero Beltrán Uranga, fallecido en 2023.

Según consignó el sitio Entre Ríos Ahora, este jueves, ante la jueza de Garantías Matilde Federik, la Fiscalía y la defensa del imputado presentaron un acuerdo de juicio abreviado en el cual el exfuncionario municipal asumió expresamente su responsabilidad en los hechos y su culpabilidad en el desvío de caudales públicos. La jueza dijo que dará su veredicto en los próximos días. No obstante, es probable que el acuerdo sea homologado y Treppo sea condenado.

El acuerdo de juicio abreviado presentado en la audiencia fija una pena de multa de carácter millonario que supera los 14 millones de pesos. Según la fundamentación expuesta por el Ministerio Público Fiscal, la sanción dineraria acordada entre las partes asciende exactamente a la suma total de 14.163.056,56 pesos. Esta cifra constituye un valor actualizado del monto sustraído originalmente de las arcas municipales en el año 2015, momento en el cual se tramitó y ejecutó la obra vial objeto del juzgamiento penal.

A su tiempo, en el transcurso de la audiencia celebrada este jueves, el fiscal Gonzalo Badano explicó de manera detallada ante la magistrada el procedimiento técnico mediante el cual se determinó el importe final de la pena de multa que establece el Código Penal. El fiscal precisó que el valor original de la sustracción de fondos públicos fue estimado pericialmente -a través de un informe del ingeniero Beltrán Uranga, fallecido en 2023- en un monto de 5.591.876 pesos. Para fijar la pena dineraria acorde a la realidad económica actual, la Fiscalía procedió a realizar una actualización del perjuicio en base a la aplicación de la tasa activa de interés que regula el Banco de la Nación Argentina. Posteriormente, sobre la suma global actualizada resultante de dicho cálculo acumulado, las partes pactaron establecer la multa definitiva en un 40% de ese monto total, lo que arrojó la suma exacta de 14.163.056,56 pesos.

Asimismo, el fiscal Badano detalló los criterios y pautas punitivas considerados para la graduación de la pena imponible a Treppo. El representante de la acusación pública señaló que a fin de fijar esta pena de multa se tuvo en cuenta como agravante central la enorme magnitud del perjuicio económico ocasionado al erario público municipal y la jerarquía del imputado, ya que era la máxima autoridad de la Municipalidad de Seguí al tiempo de cometerse los hechos. En contraposición, como elementos atenuantes de la responsabilidad penal se ponderaron la ausencia de antecedentes penales en el legajo personal de Treppo y su reconocimiento explícito de los hechos atribuibles. En cuanto a las condiciones de cumplimiento, la Fiscalía remarcó que el pago de la multa deberá hacerse efectivo por única vez y dentro de un plazo perentorio de siete días.

Por su parte, el fiscal Franco Bongiovanni expuso la plataforma probatoria de la acusación y señaló que en las computadoras de la empresa contratista Organización Industrial Construcciones Sociedad Anónima, OICSA, se halló un archivo de planilla de cálculo de Excel que constituye una prueba dirimente en la causa. De acuerdo con la explicación fiscal, el archivo informático contenía previamente los datos detallados de la obra e incluso el monto por el cual se iba a ejecutar, a pesar de que la convocatoria a licitación formal no había sido pública en ese momento.

El fiscal Bongiovanni precisó que se trataba de un archivo de planilla de Excel denominado textualmente CDI, Trama Vial de Asfalto, 20 millones y 16 cuadras, el cual registraba una última publicación o modificación guardada el 4 de febrero de 2015. A criterio de la Fiscalía, este elemento acredita fehacientemente que los particulares que luego lograron la contratación «producto de la imprudencia del funcionario», dijo el fiscal, confeccionaron de algún modo y por sí mismos la oferta económica que luego fue formalizada por el municipio.

La causa y la imputación

La causa se inició en 2016 a raíz de la denuncia del bloque de concejales de Cambiemos de la localidad. Ya en el proceso penal, la fiscalía atribuyó a Treppo que en su calidad de presidente Municipal de Seguí, realizó las gestiones directas ante el responsable del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Ing. José López, para la obtención de financiamiento nacional a fin de realizar la extensión de la trama vial de 16 cuadras de asfalto para el Ejido urbano de la localidad de Seguí, en el Departamento Paraná. La obra fue inscripta formalmente en el marco del Plan Más Cerca de Seguí-SSDUV (SVH) MAS CERCA – 1049/15-EXPTE. No 307618, y las tramitaciones culminaron con la firma del Convenio Único de Colaboración y Transferencia suscripto entre el Ministerio de Planificación Federal de la Nación y la Municipalidad de Seguí en fecha 14 de mayo de 2015.

Para lograr dicho cometido, Treppo se valió del asesoramiento técnico de la ingeniera en construcciones Sara Carina Zapata, quien fue contratada por el municipio como asesora externa y designada responsable técnica de la obra. La obra preveía la transferencia e inversión de fondos públicos por un monto de veinte millones seis cientos cuarenta y cuatro mil treinta y seis pesos con ochenta y un centavos (20.644.036,81 pesos), según el presupuesto oficial elaborado y presentado ante las autoridades nacionales.

A partir de allí, y en el marco del procedimiento de excepción previsto por la Ley Provincial No 10.198, sancionada en fecha 5 de marzo de 2013, a la que adhirió la Municipalidad de Seguí con el dictado de la Ordenanza Municipal No 03/2013 de fecha 8 de marzo de 2013, Treppo actuó en connivencia con Aníbal Hereñú, responsable de la empresa constructora Organización Industrial Construcciones S.A. (OICSA). La firma OICSA resultó adjudicataria de la obra proyectada según el Decreto Municipal No 190/2015 de fecha 8 de junio de 2015.

Posteriormente, el día 25 de junio de 2015, Treppo y Hereñú celebraron un Contrato de Obra que estipuló a favor de la empresa precios desproporcionados con los valores reales de mercado o plaza para aquella fecha. Dichos valores resultaron a la postre coincidentes con el presupuesto oficial originalmente previsto de 20.644.036,81 pesos.

Para justificar la constante transferencia de los fondos desde el Estado Nacional hacia el municipio, la cual incluyó un primer envío de 4.220.063,96 pesos abonado en concepto de anticipo financiero el 24 de junio de 2015, un segundo envío de 3.830.109,41 pesos correspondiente al primer certificado de fecha 24 de septiembre de 2015, y finalmente un pago final de 12.593.863,44 pesos por los certificados 2 y 3 de fecha 26 de enero de 2016, la ingeniera Sara Carina Zapata y el ingeniero civil Hernán Roberto Barrera, este último en representación de OICSA, emitieron consecutivas certificaciones de avance de obra. Las certificaciones indicaban un 28,4 por ciento en julio de 2015, un 58,7 por ciento en agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2015, y un 12,9 por ciento desde el 11 de enero de 2016 al 4 de febrero de 2016.

Dichas certificaciones de obra fueron emitidas sin llevar a cabo ningún tipo de ensayo o control de calidad en la ejecución de las obras, omitiendo además llevar los registros correspondientes. La acusación determinó que estas omisiones tuvieron el claro propósito de aligerar el ritmo de los trabajos e imposibilitar posteriores controles que pudieran efectuarse, a fin de evitar la comprobación de la calidad de los materiales utilizados en la obra y verificar la correspondencia entre el trabajo efectivamente realizado y lo presupuestado.

Con pleno conocimiento de tales irregularidades, Treppo y el contador municipal Monzón, designado como representante contable para la obra, suscribieron las declaraciones juradas de rendición de cuentas que permitieron el envío desde Nación de las sumas comprometidas. Los fondos ingresaron a la Cuenta Corriente del Banco de la Nación Argentina No 2230013386, de titularidad del Municipio de Seguí, momento a partir del cual Treppo tuvo la disposición y administración de dichos fondos. Esto le permitió efectuar los pagos a la empresa contratista OICSA por la suma total de 20.644.036,81 pesos, exactamente coincidente con el presupuesto oficial.

Sin embargo, conforme los precios del mercado de plaza, la obra debería haber tenido un costo mínimo de doce millones de pesos (12.000.000 pesos) aproximadamente y como máximo un valor equitativo estimado de quince millones cincuenta y dos mil ciento sesenta pesos con setenta y dos centavos (15.052.160,72 pesos). Esta distorsión en los costos generó un perjuicio directo al erario público municipal por la suma aproximada de 5.591.876 pesos, la cual constituye la base de la sustracción indebida de caudales públicos.

El desenlace logrado mediante esta presentación pone fin a casi una década de trámite judicial. Cabe recordar que en el transcurso de este proceso penal, en el año 2025, el juez Ricardo Bonazzola otorgó el beneficio de la probation a los empresarios Daniel Hereñú, Hernán Barrera, Néstor Hereñú y Néstor Iván Szczech, quienes se encontraban imputados por su participación y beneficio en el contrato de la obra de Seguí.

Fuente: Entre Ríos Ahora

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#Allanamiento por infracción a la ley 10.566 (narcomenudeo)

CHAJARÍ — En un operativo llevado a cabo este mediodía, la División Drogas Peligrosas de la Delegación Chajarí concretó un exitoso allanamiento en el marco de la lucha contra el narcomenudeo (Ley Provincial N.º 10.566). El procedimiento se desarrolló en un domicilio situado sobre calle Estrada al 1800 aproximadamente y dejó como saldo un hombre detenido y múltiples elementos secuestrados.

Durante la irrupción en la vivienda, los uniformados identificaron a dos personas mayores de edad —un hombre y una mujer— y constataron la presencia de una menor, hija de ambos moradores.

El botín del allanamiento

La requisa arrojó resultados altamente positivos para la causa. En el lugar, la Policía incautó:

• Siete teléfonos celulares, claves para peritajes informáticos.
• Dinero en efectivo en moneda nacional.
• Envoltorios de marihuana listos para su comercialización (confirmados tras el test orientativo positivo) y restos ínfimos de estupefacientes.
• Prendas de vestir y otros objetos de interés directo para la investigación.

Tras finalizar las diligencias, el morador de la vivienda quedó formalmente detenido a disposición de la Justicia, que ahora avanza para determinar el alcance de la red de comercialización en la zona.

Div. Drogas Peligrosas – Delegación Chajari.

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El procedimiento permitió además secuestrar importantes sumas de dinero en distintas monedas, teléfonos celulares, un arma de fuego, municiones y un automóvil Toyota Corolla con adulteraciones en sus numeraciones de chasis y motor.

El operativo se concretó el sábado 31 de octubre, en el establecimiento rural denominado “Doña Inés”, ubicado sobre la Ruta Nacional N.º 127, en jurisdicción de Hasenkamp, departamento Paraná. Las tareas fueron desarrolladas por la Sección Narcotráfico de la División Operaciones, dependiente de la Dirección General de Drogas Peligrosas, en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional N.º 23.737.

La investigación permitió establecer la ubicación del sospechoso, quien registraba un pedido de captura vigente y estaría vinculado a una importante causa por narcotráfico iniciada en febrero de este año, a raíz del secuestro de aproximadamente 1.300 kilogramos de marihuana transportados en una camioneta Renault Jumper, en la ciudad de La Paz. Cabe destacar que, en el marco de esa misma causa judicial, también se encuentra detenido un funcionario de la Policía de Entre Ríos que reviste la jerarquía de comisario, circunstancia que dimensiona la relevancia y complejidad de la investigación.

Al momento de irrumpir en el establecimiento rural, donde el hombre se mantenía oculto, este advirtió la presencia de los efectivos e intentó darse a la fuga. Sin embargo, la rápida intervención policial permitió frustrar el intento de escape y concretar su detención, poniendo fin a un período de búsqueda que se extendió durante aproximadamente dos meses.

Durante el allanamiento, si bien no se hallaron sustancias estupefacientes, se secuestraron numerosos elementos de interés para la investigación. Entre ellos, un automóvil Toyota Corolla que presentaba adulteraciones en las numeraciones de chasis y motor, seis teléfonos celulares, una carabina, diecinueve cartuchos calibre .22 sin percutir y una cédula de identificación vehicular.

Asimismo, se incautó dinero en efectivo que ronda aproximadamente los dos millones de pesos argentinos, más de doscientos cuarenta pesos estadounidenses, sesenta mil pesos guaraníes y una suma menor de reales brasileños.

En el lugar también fueron identificadas cinco personas, mientras que un hombre quedó detenido e incomunicado por disposición judicial.
El procedimiento contó con la colaboración de la Compañía de Operaciones Especiales (C.O.E.), dependiente de la Dirección General de Operaciones y Seguridad Pública, y se desarrolló con intervención del Juzgado Federal de Paraná N.º 1, a cargo del Dr. Leandro Ríos, y de la Secretaría Criminal y Correccional N.º 1, a cargo de la Dra. María Silvia González.
La investigación continúa bajo las directivas de la Justicia Federal, con el objetivo de profundizar las diligencias y establecer el alcance de las responsabilidades penales correspondientes.

La perseverancia investigativa, el trabajo especializado y la coordinación con la Justicia resultan fundamentales para localizar a personas con pedido de captura y avanzar en causas de narcotráfico de gran relevancia en Entre Ríos.

Dirección General Drogas Peligrosas

La causa por el secuestro de más de 1.300 kilos de marihuana en La Paz sumó un nuevo detenido. Se trata de Juan Esteban Siebenlist Bustos, el conductor de la camioneta que transportaba la droga, quien permanecía prófugo y quedó alojado en la Unidad Penal N° 1 de Paraná. Hasta el momento, no declaró.

Su captura representa un avance en la investigación sobre el traslado del cargamento, pero no modifica la situación del abogado y comisario Daniel Alejandro Rosatelli, quien continúa detenido en el mismo penal a la espera de una resolución sobre su situación procesal.

Además, permanece sin explicación otro aspecto de la investigación: el abogado que figura como titular de la camioneta utilizada para transportar la droga no fue citado a declarar ni investigado. (La Fusta)

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En un operativo conjunto entre la División Drogas Peligrosas de Federación y efectivos de la Comisaría Suburbios, llevado a cabo entre la noche del viernes 31 de octubre y la madrugada del sábado 1 de noviembre, se logró desarticular una presunta maniobra vinculada al narcomenudeo sobre la Autovía Gervasio Artigas.

El procedimiento se concretó en la rotonda de acceso a la ciudad de Federación, donde el personal policial interceptó y efectuó una requisa vehicular sobre un automóvil marca Chevrolet Spin, en el marco de las tareas habituales de prevención y control en rutas y accesos de la jurisdicción.

Leé también: Denuncian grave caso de abuso sexual en Chajarí y acusan de encubrimiento e irregularidades a la justicia local

Resultados del operativo

Como producto de la inspección exhaustiva del rodado, los efectivos policiales lograron incautar los siguientes elementos de interés para la causa:

• Estupefacientes: Un envoltorio conteniendo 150 gramos de clorhidrato de cocaína.
• Efectivo: La suma de $300.000 en moneda nacional.
• Dispositivos: Tres teléfonos celulares.

Situación judicial

Tras el hallazgo de la sustancia, tres hombres mayores de edad fueron detenidos en el lugar y puestos a disposición de la Justicia.

El procedimiento se desarrolló en estricto cumplimiento de la Ley Provincial N.º 10.566 (de adhesión a la ley nacional de narcomenudeo). Las actuaciones quedaron a cargo del Juzgado de Garantías, conducido por el Dr. Sergio Rondoni Caffa, y de la Unidad Fiscal, bajo la dirección de la Dra. Luciana Hernan.

Desde las fuerzas de seguridad destacaron que este tipo de resultados ratifica la efectividad de los controles vehiculares estratégicos en rutas provinciales y nacionales, fundamentales para la prevención y detección temprana del tráfico y la comercialización de sustancias ilícitas en la región.

Div. Drogas Peligrosas Federación P.E.R.

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Con estudios más complejos tratarán de saber si fue abusada sexualmente. Ayer, un menor habló en Cámara Gesell.

El estudio médico forense realizado sobre los restos de la docente Nanci Estela Godoy dejó estupefactos a los investigadores. La mujer asesinada en el paraje El Malezal, departamento de Esquina, sufrió al menos 20 heridas ocasionadas con cuchillos.

La mujer de 52 años trató de defenderse de sus atacantes, quienes le ocasionaron lesiones en el rostro, el cuello, abdomen, antebrazo, mano y las piernas.

En el Instituto Médico Forense de la ciudad de Corrientes, el jueves, los profesionales dejaron asentado que la maestra murió a causa de una hemorragia masiva o “shock hipovolémico”. Esto significa que Nanci tuvo una muerte extremadamente violenta y traumática.

De acuerdo a lo trascendido respecto de la autopsia, ante las características de las lesiones los asesinos, cuanto menos dos, usaron dos o más armas blancas.

Cuando el miércoles hicieron un examen en el sitio del hallazgo notaron que el cadáver estaba en un avanzado estado de descomposición. La data de muerte no fue establecida.

La mano izquierda fue mutilada y al estar largo tiempo en contacto con el agua, en una zona con presencia de peces y animales silvestres, algunas de sus partes blandas fueron mordidas.

Para tratar de saber si la víctima también fue blanco de abuso sexual, como lo sostiene una de las principales hipótesis, realizarán estudios más complejos.

En tal sentido, fuentes del caso mencionaron que habrá colaboración del Instituto Médico Forense de la provincia de Córdoba para estudios entomológicos, con los cuales pretenden saber fecha probable del crimen.

Aparte, con el área de Medicina Genómica de la Universidad Nacional del Nordeste harían una búsqueda de posibles rastros genéticos de terceros y así saber si la docente también fue agredida sexualmente.

Ayer, un chico de 12 años, hijo de Rosa Leguizamón, imputada en principio como posible partícipe en el delito de homicidio simple, habló en Cámara Gesell y su testimonio ya fue anexado al expediente.

Rosa es la persona que guiaba y acompañaba a caballo a la maestra a llegar a la escuela 626 donde la docente era directora suplente.

El abogado de la sospechosa, Marcos Ernesto Neironi, dijo que su defendida no estaba en la escena del crimen, sino en la localidad de Sauce. “El primer día manifesté y dije que Rosa no tenía nada que ver con esta cuestión” y, en este sentido, afirmó contar con dos testigos.

Cabe recordar que Nanci viajaba en vehículo hasta determinado punto de la estancia “El Curupí” y desde allí debía realizar el resto del trayecto a pie o sobre algún equino. Es una zona de difícil acceso y hacia allí había salido, desde la ciudad de Esquina, el martes 6 de octubre.

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Un último mensaje recibido por uno de sus hijos fue en la noche del miércoles 7. Sin embargo, ante semejante suceso ahora quedan dudas de si aquella comunicación vía celular fue realizada por la víctima o si alguien más utilizó el celular para hacerse pasar por ella.

El aparato de comunicación fue recuperado. Según la Policía, tal como aparece en una filmación ampliamente difundida de manera pública, estaba adentro del bolso de la docente, hallado a pocos metros del cuerpo, en un sector de bañado donde también estaban las botas de la mujer.

Imputados como presuntos autores de femicidio están detenidos el capataz de la estancia, Ireneo Antonio Zarza, hombre que aparece hasta el momento como principal sospechoso; un peón rural identificado como Felipe Sandoval, y Nahuel Rojas, pareja de Leguizamón. Los tres, al igual que Rosa, están bajo medida de prisión preventiva.

Hay un quinto acusado en el caso: Ezequiel Bordón, quien al inicio de la búsqueda de la docente, iniciada el 15 de octubre, habría dado un falso testimonio a modo de encubrimiento.

Fuente: Diario Epoca

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Según se informó, la mercadería tiene un valor estimado en plaza de 450 millones de pesos.

Detalles del operativo

El operativo se llevó adelante en la zona de control aduanero del paso internacional, donde agentes del organismo realizaron tareas de inspección y verificación para determinar las características de los productos detectados.

La intervención se enmarcó en los controles que desarrolla la Aduana para detectar posibles infracciones a la normativa vigente, entre ellas aquellas vinculadas con la comercialización de productos que podrían vulnerar derechos de propiedad intelectual.

En el operativo participaron agentes de la Aduana de Concordia, de la Sección Procedimientos Regionales, de la División Prohibiciones y Fraude Marcario y de la Sección Brigada de Fondeo.

Las distintas áreas trabajaron de manera coordinada durante la inspección de la mercadería y las verificaciones correspondientes en el sector de control aduanero del puente internacional.

El procedimiento fue resultado de un trabajo conjunto entre la Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior y la Subdirección General de Control Aduanero, dos áreas del organismo que intervinieron en las acciones de fiscalización.

Los controles sobre mercadería de origen extranjero

Desde ARCA se enmarcaron este tipo de procedimientos en las tareas destinadas a prevenir y detectar infracciones aduaneras, además de proteger los derechos de propiedad intelectual.

La detección de los 15.000 relojes inteligentes, cuyo valor estimado en plaza alcanza los 450 millones de pesos, se produjo en un punto de control estratégico para el tránsito internacional de personas y mercaderías entre Argentina y Uruguay.

Fuente: Ahora

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La causa expone graves irregularidades en la investigación, fallas en el protocolo médico y medidas judiciales que revictimizan a la joven de 18 años.

Chajarí, Entre Ríos — El periodista local Marcelo Brignardello hizo pública una grave denuncia por un presunto delito de abuso sexual con acceso carnal agravado que tuvo lugar en la ciudad de Chajarí durante la madrugada del feriado del 12 de octubre. El hecho, que hasta el momento no había tomado estado público, involucra a dos jóvenes de buen nivel socioeconómico vinculados a círculos de poder local, y pone en tela de juicio el accionar de la fiscalía, la policía y el cumplimiento de los protocolos médicos.

Los hechos y el modus operandi

Según el relato de la víctima —una joven de 18 años con una personalidad muy inocente, a quien el periodista denominó con el nombre ficticio de «Laura» para preservar su identidad—, los acontecimientos comenzaron en un boliche bailable ubicado en la zona de Avenida 1° de Mayo.

La víctima fue abordada por dos jóvenes a quienes describió de buena apariencia y dueños de vehículos de alta gama. Uno de ellos fue identificado como Diego, propietario del automóvil involucrado y comerciante de la zona, y el otro como Juan, señalado como familiar directo de un funcionario jerárquico del gabinete municipal.

De acuerdo con la investigación preliminar y los testimonios recabados por Brignardello, a la joven se le habría administrado una sustancia psicotrópica (presuntamente clonazepam) en su bebida dentro del local bailable. Posteriormente, fue subida a una camioneta y trasladada contra su voluntad hacia una zona cercana a un puente (hacia la zona de Paso Chajarí / Citrícola), donde ambos sujetos la sometieron sexualmente mientras ella se encontraba bajo los efectos de la droga y con pérdida parcial de conocimiento. Tras el ataque, los agresores la regresaron y la abandonaron cerca del boliche.

Deficiencias en el protocolo y la investigación

El informe periodístico destaca una serie de graves irregularidades procesales y policiales que, según se advierte, favorecen la impunidad de los acusados:

• Examen médico parcial: El médico policial en turno no habría cumplido con la totalidad del protocolo de revisión para víctimas de violencia sexual. La joven fue examinada únicamente de la cintura para abajo, omitiendo la revisión de la espalda, el abdomen y brazos (donde presentaba marcas y rasguños), y tampoco se convocó a personal femenino de la policía científica o criminalística para la pericia.
• Hisopados incompletos: Se realizaron únicamente dos de los tres hisopados correspondientes a las cavidades corporales pertinentes según los protocolos de rigor.
• Falta de secuestro del vehículo: El automóvil donde se perpetró el ataque no fue secuestrado por la fiscalía para la recolección de fluidos, rastros biológicos u otras pruebas periciales, permaneciendo en la vía pública (Avenida 1 de Mayo).
• Omisión de muestras clave: No se tomaron muestras de ADN bajo las uñas de la víctima ni se practicaron los test toxicológicos en el tiempo y forma óptimos para certificar el tipo de sustancia de sometimiento administrada. (Nota: El periodista destacó como excepción positiva la labor del hospital local, el cual sí aplicó de manera correcta el protocolo de profilaxis, suministro de antibióticos, antivirales y medicación preventiva).

Medidas revictimizantes y críticas al sistema judicial

Un aspecto que generó mayor indignación en la denuncia fue la emisión de una orden de restricción recíproca fechada el 23 de octubre (casi dos semanas después del hecho). Dicha medida judicial ordenaba no solo que los acusados no se acercaran a la víctima, sino que también imponía a la propia víctima una prohibición de acercamiento y una medida restrictiva por 90 días, lo que la exponía a sanciones legales por residir a pocas cuadras del domicilio del principal acusado.

Brignardello calificó esto como un error grave e inadmisible por parte de los tribunales de Chajarí, señalando paralelismos con situaciones de hostigamiento e impunidad ocurridas históricamente en la región y cuestionando la falta de celeridad, la protección a hijos del poder local y el rol de la justicia frente a delitos graves.

FM del Este 100.5 con información de “RX/La Fusta”

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La nueva sede permitirá concentrar oficinas que funcionaban en distintos espacios, mejorar las condiciones de trabajo del personal y generar un ahorro anual estimado en casi 60 millones de pesos al dejar de pagar el alquiler del inmueble actual.

Acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y el jefe de Policía, comisario Claudio González, recorrieron en primera instancia la dependencia anterior ubicado en calle Gualeguaychú en Paraná. Al llegar al nuevo edificio el mandatario destacó la importancia de la nueva Jefatura Departamental de Policía de Paraná y señaló que la obra estuvo paralizada durante varios años. “Esta idea surgió en 2011, se empezó a trabajar, pero, como muchas obras de la provincia, estuvo paralizada durante mucho tiempo. Se retomó a mediados de 2023 y hoy se termina. Creo que es un edificio como el que merece nuestra Policía”, expresó. Además, remarcó el valor simbólico de la nueva sede: “Tiene que ver con la idea de cuidar a los que nos cuidan, de darles dignidad y un lugar digno, que además sea agradable para quienes lo visitan, ya sea para radicar una denuncia o hacer un trámite”.

En ese sentido, Frigerio sostuvo que la obra forma parte de una política orientada a mejorar las condiciones de trabajo del personal policial. “Venimos llevando adelante con el ministro y el jefe de Policía, desde el primer día, una política para jerarquizar la función del policía, cambiar el paradigma de nuestra Policía y, dentro de las posibilidades que tenemos, darle las mejores condiciones para que haga su trabajo”, afirmó. Respecto del traslado, precisó que ya comenzó y que quedan algunos detalles finales para completar la puesta en funcionamiento de la sede.

Por último, el gobernador se refirió a las intervenciones realizadas en otras dependencias policiales y a las inversiones en equipamiento. “Hay refacciones en muchas comisarías a lo largo y a lo ancho de la provincia. Hemos tenido la oportunidad de visitar muchas comisarías arregladas y nuevas”, indicó. Asimismo, destacó las inversiones en infraestructura, vehículos, chalecos antibalas, armamento, indumentaria y uniformes, y concluyó: “Hemos invertido durante estos 33 meses, precisamente para darle otra jerarquía” a la Policía de Entre Ríos.

Tras recorrer las nuevas instalaciones, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, destacó que se trata de “una inversión importante pensando en el bienestar del personal” y aseguró que “el ambiente hace a la función”. En ese sentido, explicó que el objetivo es centralizar las actividades en el nuevo edificio. “La idea es traer todo el funcionamiento acá”, dijo, y señaló que “se van a trasladar algunas dependencias que actualmente funcionan en inmuebles alquilados, para evitar gastos superfluos y concentrar las actividades de la jefatura central y la departamental”, precisó.

Por su parte, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, agradeció la presencia del gobernador y de las autoridades, y expresó su satisfacción por las nuevas instalaciones. “Estoy feliz por el personal porque van a hacer uso de este nuevo lugar”, sostuvo. Asimismo, recordó que se viene trabajando para dotar a los efectivos de las herramientas necesarias para afrontar las tareas de cada día.

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Una inversión que permitirá reducir gastos de funcionamiento

Uno de los principales beneficios económicos del cambio de sede será el ahorro de recursos públicos. Actualmente, la Provincia abona 4.682.459 pesos mensuales en concepto de alquiler y 600.000 pesos por período por la Tasa de Servicios Sanitarios. Una vez que cesen esas obligaciones, el ahorro anual estimado ascenderá a 59.789.515 pesos.

La puesta en funcionamiento se realiza por etapas, a medida que se habilitan los distintos sectores. Hasta el momento, se entregaron los pisos segundo, tercero y cuarto, mientras que la finalización total de la obra está prevista para febrero o marzo de 2027.

El edificio cuenta con espacios destinados a oficinas administrativas, un salón auditorio, áreas de archivo, cocina y comedor para el personal, además de estacionamiento vehicular. También dispone de ascensores, rampas y escaleras que facilitan la circulación y el acceso de personas con movilidad reducida.

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Los procedimientos se realizaron en cinco provincias, incluida Entre Ríos. Secuestraron dinero, vehículos y dispositivos electrónicos. Hay 23 detenidos.

Los allanamientos se realizaron en cinco provincias, incluída, Entre Ríos. Los procedimientos en territorio entrerriano, se desarrollaron en Villaguay y se indaga sobre un presunto fraude tributario de 10 millones de dólares.

Fueron parte de un megaoperativo realizado por la Policía Federal Argentina (PFA) en distintas provincias del país. La investigación, denominada “Retenciones Fantasma”, derivó en 85 procedimientos y la detención de 23 personas, acusadas de integrar una presunta maniobra destinada a obtener beneficios fiscales indebidos mediante operaciones ficticias de compraventa de granos.

El despliegue fue llevado adelante por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional. Los procedimientos se concretaron en distintas jurisdicciones, entre ellas la ciudad entrerriana de Villaguay, donde se realizaron medidas ordenadas por la Justicia Federal.

Según la información oficial, la maniobra investigada habría provocado un perjuicio estimado en 10 millones de dólares a las arcas del Estado nacional. La causa se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGI), que detectó irregularidades vinculadas con 59 contribuyentes.

Cómo funcionaba la presunta maniobra millonaria

De acuerdo con la investigación, los involucrados habrían simulado operaciones de compraventa de granos con el objetivo de generar retenciones impositivas ficticias y acceder a reintegros indebidos del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La operatoria se habría desarrollado mediante la utilización del Sistema de Control de Retenciones (SICORE), donde se registraban retenciones que, según la hipótesis de los investigadores, no correspondían a operaciones comerciales reales.

NT). Estas diligencias permitieron identificar a personas físicas y jurídicas presuntamente relacionadas con las operaciones investigadas.

Un operativo con 85 allanamientos en distintas provincias

Con los elementos reunidos durante la pesquisa, el juez Gustavo Darío Meirovich, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, ordenó el allanamiento de 85 domicilios distribuidos en distintas jurisdicciones del país.

Los procedimientos se realizaron en Rosario y General López, provincia de Santa Fe; Villaguay, Entre Ríos; Sarmiento y la capital de Santiago del Estero; Córdoba capital; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Escobar, provincia de Buenos Aires.

El informe oficial confirmó que Villaguay estuvo entre las localidades alcanzadas por el operativo, aunque no precisó cuántos allanamientos se realizaron en esa ciudad ni si hubo personas detenidas específicamente en Entre Ríos.

Detuvieron a 23 personas y secuestraron dinero y vehículos

Como resultado del despliegue nacional, 23 personas fueron detenidas y quedaron a disposición del magistrado interviniente. Todos los imputados son argentinos y mayores de edad.

El objetivo de las medidas fue secuestrar documentación y otros elementos de interés para la investigación, además de concretar las detenciones dispuestas por la Justicia.

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Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron 10 vehículos, 55 teléfonos celulares, 15 notebooks, 13 computadoras, tres tablets, tres netbooks, tres dispositivos de almacenamiento externo y dos gabinetes informáticos. También incautaron documentación considerada de interés para la causa.

En cuanto al dinero en efectivo, la Policía Federal informó el secuestro de 15.433.100 pesos argentinos, 78.205 dólares estadounidenses, 7.715 euros y 1.000 pesos chilenos. Además, fueron incautados una licencia de conducir y un Documento Nacional de Identidad (DNI).

La investigación judicial

La causa tramita ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, a cargo de Gustavo Darío Meirovich, con intervención de la Secretaría Nº 4, encabezada por Damián Ignacio Mazzucco.

También interviene la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nº 7, a cargo de Gabriela Ruíz Morales, con la Secretaría de Diego Crespi.

Las actuaciones se desarrollan por presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario y otros delitos contemplados en la Ley Nº 27.430 y el Código Penal de la Nación.

La investigación continúa bajo la órbita judicial para determinar las responsabilidades individuales y el alcance de las operaciones presuntamente fraudulentas que motivaron el despliegue policial.

Fuente: ElOnce

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El operativo culminó con cuatro personas detenidas, el secuestro de 263 envoltorios de cocaína, más de $2 millones en efectivo y nueve teléfonos celulares. La Justicia dispuso la clausura preventiva del lugar investigado.

La Policía de Entre Ríos volvió a golpear estructuras dedicadas a la comercialización de estupefacientes.

En el marco de una investigación por infracción a la Ley Provincial N.º 10.566, se llevaron adelante tres allanamientos en la ciudad de Paraná, que culminaron con cuatro personas detenidas y el secuestro de cocaína, dinero en efectivo y elementos de interés para la causa.

Uno de los puntos centrales del operativo fue un búnker destinado presuntamente a la comercialización de estupefacientes a menor escala, directamente a los consumidores, ubicado en la Cortada Profesor Wirth, frente a la Villa 351, donde se desplegaron medidas judiciales orientadas a desarticular la actividad ilícita investigada.

El procedimiento se concretó durante la jornada de este jueves 22 de octubre, comenzando alrededor de las 07:00 horas y se extendió hasta después de las 17:00, demandando una extensa jornada de trabajo policial y judicial, con intervención de la División Antidrogas, dependiente de la Dirección General de Drogas Peligrosas, y la colaboración de la Compañía de Operaciones Especiales (C.O.E.) y la Guardia de Infantería Adiestrada (G.I.A.), dependientes de la Dirección General de Operaciones y Seguridad Pública.

Como resultado de las medidas judiciales, se secuestraron 263 envoltorios de cocaína, cuales eran destinados directamente a los consumidores, además de $2.099.500 en efectivo, nueve teléfonos celulares, documentación y otros elementos de interés para la investigación.

El operativo finalizó con cuatro personas detenidas, tres hombres y una mujer, mientras que otras dos personas fueron identificadas en el marco de las actuaciones.

Las medidas se desarrollaron con intervención del Juzgado de Garantías N.º 8, a cargo del Dr. Pablo Zoff, y de la Fiscalía Especializada, representada por el Dr. Santiago Alfieri. Quienes dispusieron la Clausura del lugar, preventivamente hasta nuevas medidas.

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El resultado de este operativo pone de manifiesto la importancia del trabajo policial sostenido, la investigación profesional y la coordinación entre las distintas áreas intervinientes, herramientas fundamentales para combatir el narcomenudeo y avanzar sobre los puntos de venta de estupefacientes. La labor desarrollada por el personal policial, en articulación con la Justicia, reafirma el compromiso de la Policía de Entre Ríos con la prevención del delito, el esclarecimiento de hechos ilícitos y la protección de la comunidad, mediante acciones concretas destinadas a desarticular estas actividades y evitar que estos espacios continúen siendo utilizados para la comercialización de drogas.

Direccion General de Drogas Peligrosas – Policía de Entre Ríos

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Buenos Aires, 22 octubre (NA) – Dos nuevos detenidos hay en la causa en la que se investiga la desaparición de Nancy Godoy en la provincia de Corrientes y de esta manera la Fiscalía busca cerrar el círculo sobre qué pasó con la docente.

Fuentes del caso le confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que este miércoles por la noche se realizaron allanamientos que concluyeron con las detenciones de los peones Ireneo Zarza y Sandoval.

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Se aguarda que en las próximas horas los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González imputen a los nuevos detenidos, que se suman a Rosa Leguizamón; su pareja, Nahuel Rojas; y Ernesto Ezequiel Bordón.

Con el avance de la investigación el círculo empieza a cerrarse sobre la vinculación de Zarza con el femicidio y desaparición de la docente a partir de los distintos testimonios recogidos.

La pesquisa lo ubica en las horas previas a que Godoy sea vista por última vez en un “puesto tapera” situado a unos 150 metros de la escuela, donde solía pernoctar. Según dijeron testigos, también se lo vio tomando whisky y bastante agresivo, supo saber este medio.

Sumado a las nuevas detenciones, en el allanamiento a la casa de Leguizamón en la localidad correntina de Sauce secuestraron “elementos que pertenecerían a la docente y que eran buscados desde el inicio de la investigación”.

Conforme a la información aportada, los objetos incautados, que serían una campera negra y dos alpargatas, fueron incorporados a la causa y sometidos a las pericias correspondientes para determinar su vinculación con la desaparición de Godoy.

A su vez, se espera que los elementos incautados sean exhibidos este jueves a sus familiares para su reconocimiento. Durante este jueves también los fiscales realizarán dos nuevas entrevistas y buscarán avanzar en la obtención de muestras de ADN de la hermana y el hijo de la víctima.

Las autoridades explicaron que estas muestras son con el fin de poder cotejarlas ante el eventual hallazgo de restos humanos en la zona donde se están profundizaron los rastrillajes.

Agencia NA

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La Cámara de Diputados aprobó hoy con una abrumadora mayoría la nueva ley sobre protección social de la Discapacidad, en el marco de negociaciones que permitieron sumar al peronismo a un acuerdo con La Libertad Avanza y bloques dialoguistas.

De esta manera, se alcanzó la media sanción con 237 votos positivos, 9 negativos y cuatro abstenciones, y la iniciativa fue girada al Senado, donde se espera un tratamiento en el corto plazo.

El dictamen de mayoría, denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad“, que el oficialismo acordó con el presidente del bloque de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, toma en cuenta prácticamente todo el esquema de beneficios plasmados en la ley 27.793 sobre Discapacidad pero le quita el carácter de emergencia y transitoriedad, convirtiéndola en una norma de orden público, con efectos permanentes, que exceden los gobiernos de turno.

Lo que se mantiene de la ley de emergencia es, por ejemplo, la compatibilidad entre el goce de una pensión contributiva por discapacidad (70% del haber jubilatorio mínimo) para titulares del CUD y tener un empleo formal o monotributo, siempre y cuando los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles.

Además se mantiene el principio de nomenclador único, se ratifica la indexación automática periódica de los aranceles de las prestaciones por el índice de movilidad jubilatoria (atado al IPC), y se garantiza la cobertura básica de protección médica del Plan Federal Incluir Salud para quienes tengan la pensión por discapacidad.

En cuanto al financiamiento, se establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior en términos reales al ejercicio fiscal del año anterior.

Por otro lado, se crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del debido proceso inclusivo.

Y se incorporó a pedido de aliados una cláusula transitoria que exige un cronograma para el pago de las compensaciones atrasadas a prestadores, con un plazo máximo de 30 días para la reglamentación del PEN.

Durante toda la jornada, los referentes de Unión por la Patria se juntaron durante horas con representantes de colectivos de discapacidad para discutir con ellos la posibilidad de confluir con el oficialismo en el dictamen de mayoría en lugar de seguir aferrándose a la prórroga de la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2027. 

Los discursos

El miembro informante del oficialismo, Gerardo Huesen, defendió la iniciativa y aseguró que “la discapacidad no es un eslogan ni mucho menos debe quedar atrapada en discusiones políticas”. 

“Hablamos de personas con derecho a vivir con la mayor autonomía posible, y estamos trabajando para que así sea. Recibimos un sistema que no rompimos nosotros y, frente a esta realidad, La Libertad Avanza se está haciendo cargo”, apuntó. 

Según dijo, “la discusión debería centrarse en cómo construir un sistema transparente y accesible, con controles y con los derechos garantizados para quienes corresponda”. 

“Ha llegado el momento de dejar de administrar esa deuda con las personas con discapacidad y empezar a construir soluciones permanentes. Estamos trabajando para dejar un sistema más ordenado, con reglas claras y mayor previsibilidad para las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores”, señaló. 

El tucumano libertario expresó que “lo que debería preguntarse la política es si podemos seguir legislando emergencias una tras otra, en lugar de pensar políticas permanentes”. 

“Las personas con discapacidad no pueden vivir en emergencias permanentes ni depender de prórrogas o de decisiones políticas cada vez que quieran ejercer sus derechos”, insistió. 

Y agregó que “este dictamen de mayoría supera esa lógica” ya que “la propuesta es transformar los mecanismos de la ley de emergencia en respuestas permanentes”. 

Puso como ejemplos el financiamiento específico, la continuidad de las prestaciones, la actualización del nomenclador por el IPC y la compatibilidad de las pensiones con el trabajo formal y las compensaciones a los prestadores por los atrasos en los pagos.

“Son herramientas concretas que generan previsibilidad, garantizan derechos y brindan tranquilidad a las personas con discapacidad y a sus familias. Esto también es libertad. No se trata de dejar a una persona sola frente a sus dificultades, sino de brindarle herramientas”, cerró.

A su turno, Juan Marino confirmó que Unión por la Patria aceptaba adherir al proyecto que el oficialismo había cerrado con Herrera Ahuad, ya que no estaban los votos para pelear por la prórroga de la emergencia y mal que mal, el dictamen de mayoría daba respuesta a la gran mayoría de las demandas de las organizaciones de y para personas con discapacidad.

“Hoy nos levantamos y empezamos a conversar entre diputados y diputadas. Vimos que no íbamos a tener los votos necesarios para prorrogar la ley de emergencia. Empezamos a dialogar con las organizaciones para determinar nuestra conducta. Sobre la base de esas conversaciones, nos plantearon que fuéramos a discutir para que el dictamen que sí se pudiera aprobar contemplara mejoras y no regresiones”, relató el diputado opositor acerca del giro brusco en la postura de Unión por la Patria.

Una de las mejoras incorporadas al proyecto que Marino puso en valor es el plazo de 160 días para que aquellas personas con pensiones por discapacidad que en una auditoría sean observadas por inconsistencias en alguno de los requisitos puedan realizar su descargo antes de que se les suspenda el beneficio.

Durante su exposición, el legislador de UxP ponderó la lucha del colectivo de discapacidad que “logró, en su momento, la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad” y luego voltear el veto, además de “obtener fallos judiciales que obligaron al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir la ley”. 

“Al día de hoy, las organizaciones siguen luchando para que Milei cumpla la ley”, e identificó el incumplimiento de la ley como la causa principal de la “situación crítica” del sector.

También recordó que en el proyecto de Presupuesto 2027 original, los ministros Diego Santilli y Luis Caputo planteaban “eliminar el nomenclador y la cobertura de salud”, lo que representaba “un ataque en toda la línea a los derechos de las personas con discapacidad”. 

“Acá hay un problema de fondo: ninguna ley va a superar la situación de emergencia. Para que se supere, Milei tiene que cumplir la ley, porque lo que ratificamos en esta norma ya está contemplado en la Ley de Emergencia”, enfatizó. 

Precisó que “hay 324.303 personas que esperan que el Poder Ejecutivo resuelva su pedido de pensión y no tienen respuesta” y que “solo a 8.000 les dieron el alta”. 

“Tienen que cumplir la ley para que se supere la emergencia. También se tiene que actualizar el nomenclador de las prestaciones. El presupuesto incluye un recorte del 13,9 % para Incluir Salud. Eso no puede ser así. Los centros de día están cerrando porque no están haciendo los estudios de costos que establece la Ley de Emergencia”, advirtió Marino. 

Por su parte, Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) destacó que se logró que en el dictamen de mayoría se garantice la cobertura médica del Incluir Salud no solamente a titulares de pensiones por discapacidad sino también a titulares de pensiones por invalidez laboral.

Otro cambio que marcó como positivo fue la compatibilidad entre la titularidad de pensiones por discapacidad y el goce de asignaciones familiares.

“Desde la oposición escuchamos a las organizaciones, articulamos entre distintos bloques y logramos corregir un dictamen que estaba incompleto y dejaba afuera derechos fundamentales”, subrayó la ex ministra de Desarrollo Social.

Según indicó, “cada una de estas modificaciones fue fruto de la escucha, la negociación y el compromiso de quienes defendemos los derechos de las personas con discapacidad”. 

“La votación es un paso fundamental. Ahora vamos a seguir peleando para garantizar el presupuesto y que cada uno de estos derechos se cumpla. Porque ninguna ley sirve si después el Gobierno no la aplica”, remató Tolosa Paz.

La diputada nacional del Frente de Izquierda Romina del Plá anticipó que esa bancada no apoyará con el voto el proyecto sobre Discapacidad acordado entre el oficialismo, Unión por la Patria y otras fuerzas parlamentarias.  

“Nosotros no vamos a acompañar este dictamen que han negociado porque no creemos en esta concordia y en esta concertación”, argumentó la legisladora del Partido Obrero.

“Hay quienes dicen ojalá que el Gobierno cumpla la ley. Yo no creo en los reyes magos. Seguramente algunas cosas va a cumplir y otras no”, advirtió la diputada opositora.

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Según dijo, “hay cosas que se están acomodando en el marco de la visita del Papa pero sabemos que la Iglesia no va a resolver las cosas”.

En tanto, la diputada nacional de Defendamos Córdoba Natalia de la Sota ratificó que no acompañará con el voto el proyecto sobre Discapacidad negociado entre el oficialismo y Argentina Federal y al que se sumó Unión por la Patria tras la aplicación de una serie de cambios al texto.

“Como no hay garantia de que el presupuesto sea modificado y lo que ha habido estos años es maltrato y ajute pido que el proyecto vuelva a comisiones y le permita a organizaciones con discapacidad ser parte de esta discusión”, reclamó la legisladora opositora.

De la Sota explicó que las organizaciones de y para personas con Discapacidad de Córdoba le pidieron avanzar con la prórroga de la ley de emergencia.

Al intervenir en la Cámara baja, cuestionó a quienes desde la oposición justificaron su apoyo al proyecto del oficialismo al sostener que se trata de la ley posible ante la falta de votos para sostener la prórroga de la emergencia.

Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) valoró el acuerdo en Diputados pero reclamó “garantizar lo más rápido posible la sanción definitiva en el Senado de la Nación y sin ningún tipo de especulación”.

“Yo voy a acompañar el dictamen con las modificaciones por el excelente trabajo que hizo el diputado Herrera Ahuad, y todo lo que pudieron aportar las diversas organizaciones y familias de personas con discapacidad. Pero desde lo personal no les creo nada. No les creo nada porque no han tenido en todo este tiempo ni la mínima ternura, ni la mínima intención de ponerse en el lugar del otro”, expresó.

“Que estemos sentados acá, no es por la sensibilidad del presidente de la nación ni de muchos de los funcionarios de este gobierno. Durante estos 3 años, no tuvieron la mínima voluntad de darle una respuesta a las personas con discapacidad”, recriminó.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, destacó el trabajo conjunto si bien calificó la ley de discapacidad como “perfectible”.

“El 75% de la ley de emergencia está contenido en este proyecto. Así que dejen de bardear la ley de emergneica porque fue un insumo fundamental para esto que estamos discutiendo hoy”, enfatizó el santafesino. 

“Me parece que hoy estamos haciendo una buena tarea y ojalá lo podamos honrar hoy y en el debate del presupuesto”, concluyó.

Por último, la oficialista Laura Rodríguez Machado (LLA) rescató “las coincidencias” encontradas entre los bloques y afirmó que entre todos estaban “haciendo un poco de historia”.

La cordobesa valoró “el inmenso esfuerzo” que hizo Herrera Ahuad para unir a bancadas que tenían “desconfianzas” entre sí.

“Nosotros somos los que definimos lo que va a pasar con el presupeusto en esta cámara. ¿O a ustedes alguien les indica cómo tienen que votar?” Nosotros somos los responsables de lo que salga en el Presupuesto”, dijo para transmitir tranquilidad a quienes dudan respecto de la correción de los capítulos del Presupuesto vinculados a la discapacidad. 

Agencia NA

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