El exdiputado nacional del PRO planteó que el PRO debe preservar una identidad propia y construir una alternativa para 2027, basada en el diálogo, las instituciones y la seguridad jurídica.
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El exdiputado nacional del PRO cuestionó el rumbo económico del Gobierno, la pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento de las familias y el deterioro de la infraestructura. Planteó además que el PRO debe preservar una identidad propia y construir una alternativa para 2027, basada en el diálogo, las instituciones y la seguridad jurídica.
El futuro del PRO de cara a las elecciones de 2027 atraviesa una discusión interna que, según el exdiputado nacional Jorge Enríquez, está lejos de estar resuelta. En diálogo con El Despertador, de FM del Este, el dirigente reconoció que existe un sector importante del partido que impulsa una alianza con La Libertad Avanza, pero sostuvo que también hay dirigentes que rechazan esa posibilidad y pretenden preservar una identidad política propia.
Enríquez se ubicó explícitamente en este último grupo.
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“Hay un sector del PRO muy importante que quiere una alianza con La Libertad Avanza y hay otro sector que no es menos importante que no estamos de acuerdo con esto”, afirmó.
Según explicó, el PRO ha acompañado aquellas medidas del Gobierno con las que coincide, particularmente las vinculadas con el equilibrio fiscal, la reducción de la inflación y la eliminación de regulaciones que considera perjudiciales para la actividad económica. Sin embargo, marcó una diferencia de fondo con la forma en que el oficialismo construye sus relaciones políticas.
“Nosotros creemos que hay que actuar en un marco de cooperación. El Presidente y el mileísmo entienden que hay que jugar en un marco de conflicto”, sostuvo.
Para Enríquez, la cooperación requiere confianza y esa confianza no puede limitarse a acuerdos circunstanciales cuando el Gobierno necesita votos en el Congreso.
El costo social del ajuste
Durante la entrevista también cuestionó distintos aspectos de la política económica y planteó que el equilibrio de las cuentas públicas no puede ser el único indicador para evaluar el éxito de una gestión.
Puso como ejemplo la situación de los jubilados, las personas con discapacidad, las universidades y la infraestructura vial. En particular, sostuvo que resulta difícil considerar exitoso un programa económico si el orden fiscal se consigue a costa de postergar necesidades básicas.
“Así es muy fácil que me cierren los números, pero ¿cuáles van a ser las consecuencias al futuro?”, planteó.
El dirigente del PRO cuestionó además el deterioro del poder adquisitivo. Consideró que, aunque la reducción de la inflación constituye un dato positivo, no alcanza para resolver el problema de quienes enfrentan ingresos que no logran acompañar el costo de vida.
En ese sentido, relató el caso de un médico conocido suyo que lleva un registro personal del precio de determinados productos básicos. Según ese relevamiento, el dulce de leche y los fideos habrían registrado aumentos muy superiores a los indicadores generales de inflación durante los primeros meses del año.
La conclusión de Enríquez fue que las estadísticas macroeconómicas deben ser contrastadas con la economía cotidiana de las familias.
“Cuando usted ve todo este panorama, la gente hizo un sacrificio tremendo y esto le empieza a cansar”, sostuvo.
Enríquez afirmó que millones de argentinos se encuentran actualmente endeudados y advirtió sobre las consecuencias que puede tener la imposibilidad de afrontar los créditos.
Más allá del dato puntual, que atribuyó a información difundida públicamente, su preocupación estuvo centrada en las consecuencias sociales de ese proceso: familias que recurren al crédito para sostener gastos cotidianos y que posteriormente pueden quedar excluidas del sistema financiero si no logran cumplir con sus obligaciones.
Para el dirigente, esta situación constituye otro indicador que debería incorporarse al análisis del funcionamiento de la economía.
Rutas, combustibles e infraestructura
Enríquez también dedicó una parte importante de la entrevista al deterioro de la infraestructura vial.
Sostuvo que el estado de las rutas nacionales constituye una situación “dramática” y cuestionó que recursos provenientes de impuestos vinculados con los combustibles no se traduzcan, a su criterio, en las obras necesarias para mantener y recuperar la red vial.
Recordó además que durante el gobierno de Mauricio Macri se construyeron kilómetros de autovías y sostuvo que actualmente se necesita una inversión significativa para recuperar rutas deterioradas.
La discusión, para Enríquez, vuelve a plantear el mismo interrogante: si el objetivo es cerrar las cuentas públicas, pero se posterga infraestructura esencial, cuál será el costo económico futuro de esa decisión.
Críticas al RIGI y a la estrategia de inversiones
En la entrevista se cuestionó el discurso oficial sobre las inversiones y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La observación radica en que Argentina necesita atraer capital, pero no debería limitarse a ofrecer sus recursos naturales sin construir simultáneamente condiciones para generar empleo, producción y desarrollo.
“Si vos venís por mis recursos, venís por mi casa. No venís a invertir, venís a llevarte”, sostuvo el periodista, al cuestionar determinadas características de los proyectos extractivos.
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También expresó dudas sobre las cifras de inversiones anunciadas oficialmente y reclamó mayor claridad sobre cuánto capital efectivamente ingresó al país y cuánto corresponde a anuncios o proyectos futuros.
Su planteo se relaciona con una de las ideas centrales de su discurso: la necesidad de recuperar seguridad jurídica y previsibilidad institucional como condición para atraer inversiones de largo plazo.
“Si el PRO se incorpora al proyecto libertario, desaparece”
La definición más contundente de la entrevista llegó al abordar directamente el futuro electoral del PRO.
Enríquez consideró que una incorporación plena del partido al proyecto de La Libertad Avanza podría significar la pérdida definitiva de su identidad.
“La mayoría de la gente ve que si el PRO se incorpora al proyecto libertario, el PRO desaparece para siempre”, afirmó.
Frente a ese escenario, planteó recuperar una construcción política más amplia, tomando como referencia la experiencia de Juntos por el Cambio, aunque sin desconocer los errores cometidos por aquella coalición.
“Queremos revitalizar eso con todos los errores que pudo haber tenido, pero también con el respeto a las instituciones”, señaló.
Para Enríquez, el espacio que podría construirse hacia 2027 debería incluir a sectores que no se sienten representados ni por el oficialismo libertario ni por el kirchnerismo.
Su diagnóstico es que existe un sector importante del electorado que rechaza los extremos y que busca una alternativa política capaz de combinar reformas económicas con institucionalidad.
Instituciones y seguridad jurídica
La defensa de las instituciones aparece como uno de los ejes centrales de la posición de Enríquez.
El exlegislador sostuvo que los cambios económicos pueden ser necesarios, pero que deben desarrollarse dentro de un marco institucional estable. En su visión, una economía puede alcanzar determinados resultados de corto plazo, pero difícilmente consolidará inversiones y crecimiento sostenido si no existe confianza en las reglas de juego.
“Lo que busca el inversor, tanto extranjero como nativo, es credibilidad, confianza y seguridad jurídica”, afirmó.
En ese punto también cuestionó la posibilidad de modificar permanentemente las reglas institucionales según las necesidades del gobierno de turno.
Para Enríquez, la previsibilidad no es un concepto abstracto: constituye una condición necesaria para que una inversión pueda proyectarse durante décadas.
Un PRO con identidad propia hacia 2027
La entrevista dejó así planteada una discusión que excede la eventual conformación de listas electorales.
El interrogante para el PRO, según la posición expresada por Enríquez, no es solamente con quién competir en 2027, sino qué identidad pretende conservar y qué propuesta política quiere ofrecerle al electorado.
El dirigente no cuestiona la necesidad de equilibrio fiscal ni niega los avances en materia de inflación. Su crítica está dirigida a la forma de implementar esas políticas y, fundamentalmente, al costo social que puede producir un ajuste que no contemple salarios, jubilaciones, infraestructura, educación y actividad productiva.
Enríquez sostiene que el PRO puede acompañar las reformas que considere positivas sin transformarse en parte subordinada del oficialismo.
La discusión queda abierta: alianza con La Libertad Avanza, reconstrucción de una coalición más amplia o candidatura propia. Para el exdiputado, la decisión determinará no solamente el resultado electoral de 2027, sino también si el PRO conserva un espacio político propio en la Argentina de los próximos años.
Jorge Ricardo Enríquez es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y dirigente político vinculado al PRO. Su trayectoria combina actividad política, gestión pública y especialización en materia jurídica e institucional.
Fue convencional constituyente de la Ciudad de Buenos Aires en 1996, donde presidió la Comisión de Justicia y Seguridad durante la elaboración de la Constitución porteña. Posteriormente se desempeñó como funcionario del Gobierno de la Ciudad y fue subsecretario de Gobierno durante las gestiones de Fernando de la Rúa y Enrique Olivera.
Entre 2000 y 2007 fue legislador de la Ciudad de Buenos Aires, primero por la Unión Cívica Radical y posteriormente por el PRO. Durante su paso por la Legislatura ocupó la Vicepresidencia Primera del cuerpo.
También integró el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, donde se desempeñó como consejero y secretario general entre 2012 y 2014. Su actividad estuvo vinculada especialmente con cuestiones de administración de justicia, autonomía porteña y transferencia de competencias judiciales.
Posteriormente fue subsecretario de Justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cargo desde el cual participó en debates sobre la transferencia de competencias de la Justicia Nacional a la órbita porteña.
En diciembre de 2017 asumió como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, electo por Cambiemos en representación del PRO. Durante su trayectoria parlamentaria y política mantuvo una fuerte presencia en debates vinculados con la Justicia, el derecho constitucional y el funcionamiento de las instituciones.
En el ámbito académico se desempeña como profesor de posgrado en Derecho Constitucional y Penal, con actividad docente en universidades argentinas y extranjeras.
Actualmente mantiene actividad pública como dirigente y analista de cuestiones políticas, jurídicas e institucionales. Su posición dentro del PRO resulta particularmente relevante en la discusión sobre el futuro del partido y su relación con La Libertad Avanza de cara a las elecciones de 2027.
