Escándalo en Vialidad: el Gobierno denunció presuntos sobreprecios y hubo 15 allanamientos en cuatro provincias
La Dirección Provincial de Vialidad detectó irregularidades en contrataciones y presentó una denuncia ante la Justicia. Investigan a empleados y proveedores por posibles sobreprecios en compras públicas.
El Gobierno provincial denunció ante la Justicia presuntos sobreprecios en compras de Vialidad
El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público Fiscal de Paraná por presuntos sobreprecios en distintas compras y contrataciones realizadas en el organismo.
La presentación judicial fue realizada por el director administrador de la DPV, Exequiel Donda, quien explicó que la medida se adoptó tras detectar “diferencias significativas entre los presupuestos oficiales aprobados y los precios cotizados por oferentes” en diversos expedientes.
“Durante el año 2024, en el marco del seguimiento administrativo y técnico de los procesos de adquisición de bienes y servicios, comenzaron a advertirse inconsistencias y diferencias significativas entre los presupuestos oficiales y los precios cotizados en contrataciones directas, licitaciones privadas y cotejos de precios”, señaló Donda.
Ante la situación, desde el organismo se dispusieron medidas correctivas que incluyeron cambios en responsables de áreas, ajustes en los procedimientos y mayor transparencia en los llamados, lo que permitió obtener ofertas mucho más bajas que las previstas inicialmente en los presupuestos oficiales.
La revisión de expedientes anteriores permitió advertir la existencia de posibles sobreprecios en compras ya concretadas, lo que derivó en la denuncia judicial presentada por el organismo.
De acuerdo con lo informado, en la maniobra estarían involucrados empleados de Vialidad y algunos proveedores, aunque no se descarta que existan casos similares en otras dependencias que actualmente también están bajo investigación.
Medidas de transparencia y control
Desde la actual gestión se destacó que esta denuncia se enmarca en una política de transparencia y control del gasto público, implementada para garantizar un uso responsable de los recursos del Estado.
Entre las acciones adoptadas se encuentran el control estricto del otorgamiento de viáticos, la optimización del consumo de combustible y la supervisión de los procesos administrativos sensibles.
“Las irregularidades son anteriores a nuestra gestión, aunque algunas fueron detectadas ya bajo mi dirección. En cuanto se descubrieron, se denunciaron”, afirmó Donda, quien además remarcó que el personal involucrado “es de carrera dentro del organismo” y que la investigación permitirá “separar a quienes actuaron correctamente de quienes no”.
“Desde que asumí, confié en el personal de Vialidad. Acá hay mucha gente buena y comprometida, pero quien no lo sea, pasará esto: será denunciado”, concluyó el funcionario.
15 allanamientos en cuatro provincias
A partir de la denuncia radicada por la Dirección Provincial de Vialidad, este martes se realizaron 15 allanamientos simultáneos ordenados por el fiscal Gonzalo Badano y ejecutados por la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos.
Los operativos tuvieron como objetivo recolectar documentación, equipos informáticos y pruebas vinculadas a la compra de suministros y otros bienes.
Las diligencias judiciales se desarrollaron en nueve domicilios de Paraná, dos en Santa Fe, dos en Córdoba y dos en Buenos Aires, lo que demuestra la amplitud territorial de la investigación y el interés del Ministerio Público Fiscal en determinar el alcance de las presuntas irregularidades.
Fuentes cercanas a la causa indicaron que la documentación secuestrada será clave para trazar la ruta de las contrataciones sospechadas, determinar responsabilidades administrativas y penales, y evaluar si existieron connivencias entre funcionarios y proveedores.
La presentación judicial y los allanamientos marcan un paso relevante en el camino hacia una mayor transparencia en la administración pública provincial, en línea con las políticas impulsadas por el Ejecutivo entrerriano para preservar el patrimonio del Estado y garantizar la eficiencia en la gestión de los recursos.
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