La iniciativa se enmarca en el proceso de modernización del Estado y es el resultado de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Economía y las secretarías de Transporte y de Modernización.

La medida está destinada a vehículos particulares radicados en Entre Ríos, cuyos titulares tengan domicilio en la provincia. La nueva modalidad digital permite simplificar el proceso, evitar instancias presenciales y facilitar el acceso desde cualquier punto del territorio.

El trámite se realiza a través de la plataforma Mi Entre Ríos, donde se emite una constancia que certifica la exención de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), conocida en otras jurisdicciones como Verificación Técnica Vehicular (VTV).

En este marco, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, destacó que “este es un paso más en el proceso de digitalización que venimos llevando adelante en la provincia. Como plantea el gobernador, se trata de traer a Entre Ríos al siglo XXI. En este caso, incorporamos a la plataforma Mi Entre Ríos un trámite clave como la VTV, que antes era manual y presencial. Se suma así a otros avances importantes, como la digitalización de turnos de salud, la simplificación del vínculo con ATER mediante la eliminación de más de 100 tasas, y las mejoras en transporte con la implementación de la SUBE y la gestión digital de beneficios para docentes y estudiantes”.

Por su parte, el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza, señaló que “a partir de hoy, el trámite de la VTV pasa a ser 100% digital y ya está disponible en la plataforma Mi Entre Ríos. Cualquier ciudadano puede ingresar desde su celular o computadora y completarlo de manera íntegramente online. Hasta ahora, este proceso requería realizarse de forma presencial, incluso en puestos camineros. Este avance forma parte de una decisión firme del gobernador de modernizar el Estado, reducir la burocracia y cuidar el tiempo de los ciudadanos. Y no será el último paso: estamos trabajando para que cada vez más trámites puedan resolverse de manera digital”.

En tanto, el secretario de Transporte, Aníbal Steren, indicó que “desde la Secretaría de Transporte venimos trabajando de manera articulada con el área de Modernización y el Ministerio de Economía para avanzar en la digitalización de trámites. Ya dimos pasos importantes con la SUBE y ahora con la VTV, que se suma a este proceso. Seguimos controlando que las empresas de transporte cumplan con la revisión técnica obligatoria, y al mismo tiempo buscamos simplificar gestiones para hacerle la vida más fácil a los entrerrianos en su vínculo con el Estado provincial”.

Cabe recordar que, mediante el Decreto N° 4331/98, la Revisión Técnica Obligatoria se encuentra suspendida en la provincia. No obstante, la constancia resulta necesaria para circular por rutas nacionales o en otras jurisdicciones donde este requisito es exigido. El certificado tiene una vigencia de 120 días desde su emisión y se otorga de manera gratuita.

Cómo realizar el trámite

Para obtener la constancia, los interesados deben ingresar a la plataforma Mi Entre Ríos o utilizar la aplicación móvil. Allí deberán seleccionar la opción “Nuevo trámite”, buscar “Constancia de excepción de Revisión Técnica Vehicular (VTV)” y completar el formulario con los datos requeridos. Además, será necesario adjuntar imágenes del DNI del titular y de la Tarjeta Verde del vehículo.

Una vez aprobado, el documento será enviado en formato PDF, listo para ser descargado, impreso y presentado ante los controles correspondientes.

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La causa judicial que investiga presuntas irregularidades en el sistema de fotomultas y en la adjudicación de concesiones de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) volvió a tomar impulso luego de que la Coalición Cívica ampliara la denuncia contra el ex ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, y otros funcionarios y empresarios vinculados. El espacio liderado por Elisa Carrió solicitó a la Justicia profundizar la pesquisa por fraude al Estado, asociación ilícita y lavado de activos, al considerar que se trata de un “entramado orgánico” con capacidad de influir sobre expedientes, contratos y decisiones políticas.

La presentación agregó elementos vinculados a posibles relaciones societarias y operativas entre D’Onofrio, la ex presidenta del Concejo Deliberante de Pilar Claudia Pombo, el intendente Federico de Achával, y la empresa Franutec, una de las firmas bajo investigación en el esquema de monitoreo, procesamiento y cobro de infracciones de tránsito. Según la denuncia, estas conexiones no serían aisladas, sino parte de un sistema que habría operado con un nivel de coordinación destinado a beneficiar a ciertos actores privados.

La causa, que lleva adelante el Juzgado Federal de Campana, ya tiene imputadas a 16 personas, incluido el propio D’Onofrio, quien recibió un embargo de 350 millones de pesos dispuesto por el juez Adrián González Charvay. El fiscal Álvaro Garganta identificó al menos tres maniobras principales: un circuito clandestino para borrar multas mediante gestores que cobraban alrededor del 50% del valor de la infracción; la adjudicación presuntamente direccionada de concesiones de VTV; y un esquema de facturación irregular con empresas proveedoras de cinemómetros en distintos municipios.

Una de las empresas señaladas, Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., habría sido intermediaria obligada para las compañías interesadas en operar plantas de VTV, cobrando una comisión del 8,5% por cada verificación realizada. Además, la Justicia investiga el rol de CECAITRA, que habría tenido participación directa en la administración de fotomultas con contratos que ahora se sospechan irregulares.

En paralelo, surgieron líneas de investigación que incluyen otros posibles vínculos económicos, como la financeira Token Capital, allanada a comienzos de año, y la denuncia por supuestas “empleadas fantasmas” en una peluquería perteneciente a Pombo.

Desde el plano político, la Coalición Cívica sostiene que el caso “es de extrema gravedad institucional” y representa un modelo de corrupción sistémica en la administración bonaerense. El espacio pidió que se profundicen peritajes informáticos, análisis patrimoniales y la trazabilidad financiera de los contratos.

Por su parte, D’Onofrio rechaza las acusaciones y afirma que todo se trata de un armado político que será desestimado cuando se verifiquen los sistemas informáticos utilizados para gestionar las multas. Niega cualquier vínculo irregular con las empresas mencionadas y asegura que su patrimonio es compatible con sus ingresos.

Mientras la causa avanza, la ampliación de la denuncia volvió a poner en el centro el millonario negocio de las infracciones y la VTV en la provincia de Buenos Aires, un sistema históricamente cuestionado pero que ahora enfrenta una de sus investigaciones más complejas y profundas.

FM del Este 100.5

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Por Bruno Yacono

El magistrado ya tiene en la mira una peluquería y una financiera, que allanó en enero pasado.

La causa que investiga al exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofriopor enriquecimiento ilícito, lavado de dinero e incumplimiento de los deberes de funcionario público, a través de supuestos negocios irregulares con la VTV y las fotomultas,podría sumar un elemento inesperado.

El abogado de la Coalición Cívica, Matías Yofe, hizo una presentación ante el juez Alvaro Gonzalez Charvay para que se investigue una cancha de fútbol a través de la cual se podrían haber lavado dinero de los contratos irregulares que Transporte firmó con la empresa Franutec S.A.. Esta firma recibió la adjudicaciónde las zonas 5,9 y 16 de la provincia de Buenos Aires, es decir, los partidos de Moreno, Lobos, General Rodríguez, Mercedes, Ezeiza, entre otros.

Uno de los directivos de Franutec S.A. es Cristian Germán Ojeda, dueño, a su vez, de la financiera Token Capital, que fue allanada en enero pasado. Este hombre también es propietario de unas canchas de fútbol en donde funciona una peña de Boca Juniors. El complejo está ubicado en la calle Belgrano al 1200.

Caso D’Onofrio: piden investigar una cancha de fútbol que se usaría para lavar plata de contratos de la VTV

Según Yofe, esas canchas se podrían haber utilizado para canalizar buena parte de los fondos que la empresa Franutec le pudo haber abonado a D’Onofrio y la concejal Claudia Pombo en concepto de coimas a cambio de los contratos de la VTV.

A su vez, la Coalición Cívica también pide colocar la mira en Natasha Natural Migueles, pareja de Ojeda, que posee un showroom llamado “NatSheti” ubicado en la Avenida del Golf al 1500.

“Llama la atención la cantidad de salidas del país de Cristian German Ojeda y Natasha Natural Migueles, en sus redes sociales, pude registrar viajes ostentosos, a destinos costosos, con autos de alta gama”, expresó el dirigente en su requerimiento al juez.

En este caso, la Justicia no solo investiga la supuesta maniobra irregular de asignación de contratos de la VTV sino también donde se pudieron haber derivado los fondos ilícitos. En este punto están en la mira una financiera (Token Capital); una peluquería vinculada a la exconcejal Pombo (HairSpray) y ahora se sumó el pedido para investigar las canchas de fútbol.

La otra pata de la investigación del caso D’Onofrio: el supuesto negocio de las fotomultas

El caso D’Onofrio está dividido en varios expedientes. Además de los negocios con la VTV, también se investiga un supuesto negocio millonario con las fotomultas. Allí hay dos expedientes abiertos.

Uno es el que llevaba adelante el juez Juan Manuel Culotta, que en febrero pasado allanó 11 municipios, entre los que se encuentran La Matanza, General Rodríguez, Zárate, Roque Pérez, entre otros. Estas jurisdicciones están en la mira por los convenios que firmaron con la Universidad Nacional de San Martín, vinculados al sistema de cobro de multas por infracciones de tránsito.

Según el testimonio de Pablo Javier Sanguinetti, Director Provincial de Apoyo y Coordinación Técnica Administrativa de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial de PBA, de lo recaudado por las fotomultas un 80% debe ir a los municipios y un 20% a la provincia.

Este hombre señaló, a su vez, que del 80% que corresponde a las intendencias o las empresas prestadoras del servicio de cámaras como TRANSITO SEGURO o la firma SECUTRANS de Leandro Camani, un importante porcentaje de esos fondos se desviaban a la Universidad Nacional de San Martín y su fundación pese a que no se encontraban en el registro de proveedores. Así se habrían enviado a esa casa de estudios más de $1900 millones en 2024.

La Justicia investiga si después de cobrar ese dinero la Universidad luego se lo giraba a la empresa Secutrans y Transito Seguro. La primera tiene contratos importantes en municipios como Hurlingham, General Pueyrredón y San Isidro. Los investigadores están detrás de esta intermediación y de los contratos que firmaron estas empresas.

A su vez, hay otro expediente que lleva adelante el fiscal Álvaro Garganta y el juez de Garantías Juan Pablo Massi, en el que investigan los supuestos beneficios que la gestión de D’Onofrio le habría concedido a una empresa a cargo de las fotomultas en cinco municipios de la provincia de Buenos Aires.

Se trata de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA), una asociación civil que agrupa a pequeñas y medianas empresas del sector, con 155 cámaras en La Matanza, Moreno, Tigre, Brandsen y Campana.

El fiscal Garganta pidió allanar esta firma, ya que tendría probado que desde el 3 de enero de 2022 efectuó fotomultas irregulares, con cámaras que no tendrían autorización para funcionar.

Desde CECAITRA le dijeron a TN que cuando se instalaron esas cámaras la reglamentación era diferente a la actual, lo que no las convierte en equipos que estén operando de manera ilegal y que están a total disposición de la investigación.

Fuente: TN

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