En la presentación realizada por los fiscales rosarinos se determina hechos que “evidencian la existencia de un manejo promiscuo entre ambas sociedades, que hacen presumir que se pasaban mercadería de un lado a otro según las necesidades de cada una”.

La acusación surge a partir de una denuncia presentada por la firma Commodities SA de la familia Grassi, que entre 2018 y fines de 2019 entregó en depósito en las instalaciones de Renova un total de 500.785 toneladas de soja con dos modalidades: a fijar y mercadería en custodia; de esa suma se comercializaron 445.177 toneladas a favor de Vicentin, que, por entonces, era la empresa controlante de Renova.

A fines de 2019, cuando Vicentin se declara en cesación de pagos, los accionistas de Commodities intentan recuperar las 55.639 toneladas que habían quedado almacenadas en Renova, mercadería que por entonces tenían un valor de 23,7 millones de dólares. Pero no tuvieron éxito.

Commodities no efectuó venta ni transferencia alguna en favor de Vicentin de las 55.639 toneladas, las cuales, de todas maneras, fueron transferidas a Vicentin entre el 31 de mayo de 2019 y el 30 de junio de 2020, es decir, incluso luego de la cesación de pagos.

“Estas circunstancias fueron advertidas por las autoridades de Commodities SA al imponerse la documentación relativa al concurso de Vicentin SAIC. En la presentación concursal, dentro del legajo de acreedores, Vicentin expuso que tenía un pasivo que se correspondía con una deuda con Commodities, generada, según expresaban, por la adquisición de 49.100 toneladas de soja”, señala el escrito.

Por tal motivo, los fiscales entienden que tales movimientos configuraron un intento de las autoridades de Renova y de Vicentin, de cargar a esta última., en estado de cesación de pagos, con pasivos correspondientes a Renova que, obviamente, no está en default.

Vale recordar que el 3 de diciembre de 2019, apenas un día antes de declararse en cesación de pagos, Vicentin vendió el 16,6% del capital de Renova a una empresa controlada por Viterra por un monto de 122,7 millones de dólares, operación que permitió a la compañía europea hacerse con el control de Renova.

Eduardo Gancberg (ex presidente de Renova y ex presidente y CEO de Víterra) y Daniel Buyatti (es director de Renova por Vicentin), a juicio de los fiscales Moreno y Narvaja, son quienes tienen mayores responsabilidades en el presunto delito de administración fraudulenta, razón por la cual solicitaron para ambos la pena de cinco años de prisión más accesorias legales y costas.

Para Máximo Padoán se solicitó una pena de cuatro años y seis meses de prisión, mientras que para Diego Mejuto y Daniel Pájaro el pedido fue de cuatro años, y para Alberto Julián Macua, Roberto Alejandro Gazze, Cristián Andrés Padoán, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin y Yanina Colornba Boschi fue de tres años y seis meses de prisión.

Por último, los fiscales rosarinos pidieron la apertura del juicio oral con integración de un tribunal pluripersonal a efectos de juzgar el caso.

Fuente: Bichos de Campo

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El juez Fabián Lorenzini, titular del Juzgado de Primera Instancia del Distrito en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, resolvió rechazar la propuesta que contemplaba un rescate de los activos y las operaciones de la empresa concursada por parte de un consorcio integrado por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Bunge y Viterra.

Frente a esta sorpresiva noticia, el directorio de Vicentin emitió un  breve comunicado en el que avisa que “apelará la resolución por ser manifiestamente arbitraria e infundada, solicitando además la suspensión inmediata de sus efectos para evitar la configuración de perjuicios irremediables”.

En los fundamentos de esa decisión Lorenzini explica que la propuesta “no ofrece pautas claras para los acreedores que deberán esperar doce años para cobrar el saldo de sus créditos”, además del hecho de que no permite la libre disponibilidad de acciones o títulos de deuda para que sus tenedores tengan la posibilidad de obtener liquidez inmediata en mercados secundarios.

“Tampoco se contempla, un eventual dividendo sobre las acciones por parte de sus tenedores mediante el cual se podría generar un mecanismo que justifique una espera tan prolongada, en el supuesto de que la rentabilidad de la empresa fuera superior a la proyectada”, expuso el magistrado santafesino. En ese marco, consideró que ese “sacrificio que se impondría a los acreedores excede el limite de lo legalmente admisible”.

El juez habilitó el proceso de “cram down”, el cual contempla la apertura de un registro para la inscripción de las propuestas, de manera tal que, una vez realizada la valuación de los activos comprendidos en el concurso, los acreedores puedan votar por la alternativa que consideran más viable o acorde a sus intereses.

Lorenzini estableció como fecha para apertura del “Registro de Oferentes” del proceso de “cram down” el día 18 de septiembre de 2023, el cual se extenderá por un plazo 10 días hábiles judiciales (hasta el 29/09/2023 inclusive).

En el “cram down” los acreedores pueden otorgar conformidad a la propuesta de más de un interesado y rigen iguales mayorías y requisitos de forma que para el acuerdo preventivo del período de exclusividad, con la diferencia que, en lugar de una sola propuesta oficial, compiten entre sí todas las ofertas presentadas por los interesados.

En el caso de Vicentin, además de ACA, Bunge Viterra, existen otros dos grupos más –conformados por acopios, empresas agroindustriales y agropecuarias– interesados en presentar propuestas de rescate de la empresa.

En caso de que ninguna de las propuestas presentadas logre la mayoría necesaria para imponerse, entonces la compañía concursada se declara finalmente en quiebra.

Bichos de Campo

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