El Ministerio de Justicia de la República Argentina anunció la anulación de los acuerdos establecidos por el gobierno anterior, a través de los cuales se cedieron tierras del Parque Nacional Nahuel Huapi a grupos autodenominados mapuches, acusados de estar involucrados en diversos delitos. Según el comunicado oficial, estos grupos han estado implicados en reiterados actos de usurpación y destrucción de bienes públicos y privados en el país.

El comunicado critica a la gestión anterior por haber “regalado tierras del Estado” a estos grupos, a los que se señala como delincuentes, afectando tanto el patrimonio nacional como los derechos de todos los ciudadanos argentinos. En lugar de aplicar las sanciones legales correspondientes, se les otorgaron beneficios que, según el actual gobierno, incentivaron los actos de violencia y destrucción.

Ante estos hechos, el actual gobierno decidió dar por finalizados dichos acuerdos y reafirmó que “Argentina no cede ni negocia ante el chantaje ni la violencia”. En el cierre del mensaje, el Ministerio de Justicia aseguró que la defensa del imperio de la Ley es una prioridad y que no permitirán que este tipo de atropellos se repitan.

La situación ha generado gran controversia, poniendo en debate la gestión de las tierras y los conflictos territoriales en la región de la Patagonia. Este nuevo giro en las políticas del gobierno marca un claro cambio de postura respecto a las decisiones tomadas anteriormente en torno a los derechos y conflictos de tierras en la región del Parque Nacional Nahuel Huapi.

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— Ministerio de Justicia (@MinJusticia_Ar) October 1, 2024

FM del Este 100.5

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Editó: ANA MONTES DE OCA

Una revisión profunda de las dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, arrojó un sinfín de irregularidades, incluyendo el uso de una sede del INADI para llevar a cabo negocios financieros irregulares con clientes privados. En resumidas cuentas, la habían convertido en una “cueva” donde vendían dólares. 

Cúneo Libarona ha estado inmerso en un intenso proceso de auditoría desde que asumió el cargo, con el objetivo de arrojar luz sobre el funcionamiento real de su ministerio. Según las investigaciones internas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuenta con una plantilla de seis mil empleados, una cantidad considerable para una institución de este tipo. Sin embargo, se ha descubierto que mil de estos empleados, aproximadamente, están en licencia y no asisten a sus lugares de trabajo. 

Para abordar esta cuestión, implementó un sistema de registro de asistencia mediante huellas dactilares, el cual fue saboteado en varias ocasiones. Ante esta resistencia, se optó por instalar cámaras de vigilancia para monitorear las entradas del edificio y se implementaron registros manuales de asistencia.

Fuente: Mendoza Post

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