De acuerdo con los primeros datos, tras el allanamiento en calle Las Calandrias al 200, en Oro Verde, se procedió al secuestro de 208.100 pesos y de tres teléfonos celulares. En el lugar, hubo un detenido y tres identificados.

En tanto, en un galpón ubicado en inmediaciones de calle Lebensohn, entre Padre Uva y Gral. Alberto Nasta, se incautaron bolsas de tela y barbijo, un router WIFI y envoltorios de nylon.

Mientras que, en otro procedimiento, en calle División de Los Andes al 2200, identificaron a dos hombres.

El operativo, que involucró a 140 efectivos policiales, estuvo destinado a desmantelar una red de cultivo y comercialización de marihuana, un trabajo que se desarrolló a lo largo de más de un año de investigaciones bajo las directivas del fiscal Leandro Ardoy y el juez Leandro Ríos.

El objetivo principal del operativo fue la investigación y desarticulación de una presunta red de cultivos ilegales de marihuana y su posterior comercialización. Se considera que la red operaba principalmente en la zona de Paraná y Oro Verde, distribuyendo productos ilegales tanto a nivel local como en otras regiones.

De los 13 allanamientos realizados, 10 se llevaron a cabo en diferentes comercios donde se venden elementos y parafernalia de cultivo, que generalmente utilizan los usuarios y cultivadores de cannabis, galpones y domicilios particulares en la ciudad de Paraná, mientras que los otros tres se efectuaron en la localidad de Oro Verde. En todos estos lugares se incautaron elementos y evidencia vinculados al cultivo de marihuana, en particular, dos invernaderos que estaban en pleno funcionamiento.

En concreto, se confirmaron los allanamientos a los dos locales de El Esqueje Grow Shop; y al domicilio particular de Iván Malajovich, el cannabicultor que fue sobreseído por El Tribunal Oral Federal de Paraná en octubre de 2022. Además, fueron demorados dos hermanos (T.C y M.C) y A.B, quienes habrían alquilado los inmuebles para el cultivo y distribución de marihuana.

En el marco de una causa por la presunta infracción a la Ley 23737, de Tenencia y tráfico de estupefacientes, se allanaron inmuebles ubicados sobre calle Juan B Justo; San Martín al 1400; 25 de Mayo al 1000; Ituzaingó al 100; Lebensohn al 4800; División de Los Andes al 2300; Ruperto Pérez al 400; Zanni al 2800 y al 3300; y Jujuy al 500. Mientras que, en Oro Verde, los procedimientos se concretaron en calles Las Tacuaritas al 400; en Las Calandrias al 5000 y Las Calandrias al 200.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, había anticipado que el Gobierno dará de baja las inscripciones al Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) como consecuencia del “desvío de la marihuana hacia el mercado ilegal”. “Vamos a dar todo de baja y vamos a empezar de cero”, aseguró.

Fuente: Elonce.com

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por Alejandro Alfie

La Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de cuatro exdirectivos de la TV Pública, por el retiro irregular de 11,4 millones de pesos en bolsas en efectivo, el año pasado, para producir la miniserie Los Amores Prohibidos de Belgrano. 

n un fallo dividido, los jueces confirmaron los procesamientos de los entonces funcionarios Guillermo Siaira, Ernesto Molinero, Alejandro De La Torre y Ariel Berliner, más la proveedora Adriana Maestri, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, cuyas penas pueden llegar hasta los seis años de cárcel.

Y revocaron el procesamiento del tesorero Claudio Lamalfa, que todavía sigue trabajando en la TV Pública, porque entendieron que todavía “no hay mérito suficiente” para procesarlo o sobreseerlo.

El juez Martín Irurzun detalló las irregularidades cometidas por los exfuncionarios, que “exceden las simples falencias administrativas” y “corroboran la existencia de un manejo discrecional en los fondos de RTA (Radio y Televisión Argentina) que resultó perjudicial para la entidad”.

Allí planteó que hubo tres expedientes en los que se estableció el retiro de fondos para la compra de materiales “para arte, vestuario y ambientación”. Pero que en ninguno había un presupuesto que detallara qué se iba a comprar, ni cuál era el costo, para hacer una “previsión económica” que a su vez permita controlar los gastos.

Irurzun también sostuvo que en ningún momento los acusados pudieron explicar por qué hicieron estas compras por fuera del “régimen de compras y contrataciones” y sin contar con la aprobación del área competente, que por las sumas involucradas correspondían a “Presidencia, Comité Ejecutivo o Directorio” de RTA.

“Las tres exacciones objeto de reproche superaban individualmente el monto máximo habilitado, ya sea para la contratación directa como para el anticipo de gastos”, sostuvo Irurzun en su voto, que fue avalado también por el juez Eduardo Farah. 

En cambio, el juez Roberto Boico firmó el fallo en disidencia, ya que entendió que debían dictar la “falta de mérito” para todos los acusados y profundizar la investigación en el rol de las autoridades de la empresa Radio y Televisión Argentina, que maneja a la TV Pública.

Es que, según planteó Boico -en su voto disidente- los acusados declararon que la presidenta de RTA, Rosario Lufrano, y otros funcionarios estaban al tanto de los avances en la producción de la miniserie, para la cual se retiró ese dinero en forma irregular.

La denuncia fue presentada por Ricardo Benedetti y Jimena Castiñeira contra la titular de RTA. A esa denuncia luego se le agregó otra de la propia denunciada Lufrano.

Rosario Lufrano, presidenta de Radio y Televisión Argentina.

Los exfuncionarios a los que la Cámara Federal les ratificó sus procesamientos fueron Guillermo Siaira, exdirector de Administración y Finanzas; y Ernesto Molinero, exgerente de Producción, que tenían contratos con la TV Pública y presentaron sus renuncias el año pasado, a pedido de Lufrano.

Además, los jueces procesaron a Alejandro De La Torre, director adjunto de Administración y Finanzas, y a Ariel Berliner, subgerente de Producción, que tenían cargos de planta permanente y fueron despedidos “con causa” a fines del año pasado por las autoridades del canal.

La quinta persona a la que los jueces le ratificaron su procesamiento fue Adriana Maestri. La escenógrafa no es empleada de RTA ni de la TV Pública, pero fue el caso que permitió demostrar la irregularidad de los gastos para la miniserie, ya que le pagaron 1,9 millón de pesos en efectivo, “sin firmar contrato alguno o presentar factura que documente la contraprestación comprometida”, plantearon los jueces en su fallo.

El único funcionario involucrado en esta causa que sigue cumpliendo funciones en la actualidad es el tesorero Claudio Lamalfa, que fue quien retiró los 11,4 millones de la sucursal del Banco Itaú que está dentro de las instalaciones del canal estatal.

Es que los jueces establecieron que el tesorero Lamalfa no formó parte de la administración fraudulenta, ya que fue apartado por los otros exfuncionarios de la operatoria irregular del dinero.

Desde que estalló el escándalo, el año pasado, ya se fueron diez funcionarios, incluyendo dos directores ejecutivos de la TV Pública: Eliseo Alvarez, que sufrió picos de presión cuando estalló el caso; y Leo Flores, que duró solo una semana, por presiones ideológicas de sectores ultracristinistas y tuvo que volver a su cargo anterior, como gerente artístico del canal.

El caso se conoció públicamente cuando Clarín reveló, el 9 de marzo del año pasado, que un directivo de la TV Pública retiró varios millones en efectivo, para pagar gastos de producción de una ficción sobre Manuel Belgrano; y que las autoridades del canal habían iniciado una auditoría interna y le habían reclamado a los directivos implicados que devolvieran ese dinero y entregaran los comprobantes de los pagos que realizaron esos días, ya que está prohibido en la TV Pública el retiro de dinero y pago en efectivo, sin contrato, autorización, ni presupuesto aprobado.

Fuente: Clarin

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