En el marco de la política de desregulación y transformación estatal que impulsa el gobierno nacional, el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó la reciente resolución 107 de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA), firmada el 20 de diciembre por Soher El Sukaria. Este cambio ilustra los esfuerzos liderados desde la Cámara de Diputados por Martín Menem para reducir el gasto político y optimizar el uso de los recursos públicos.

Una Institución Controvertida

La DPSCA fue creada bajo la Ley de Medios 26.522, impulsada por el kirchnerismo en 2009. Este organismo nació con la intención de recibir denuncias ciudadanas sobre supuestos abusos del periodismo. Sin embargo, con el tiempo, se convirtió en una herramienta de adoctrinamiento y persecución contra periodistas críticos del gobierno de entonces, como Luis Majul y Jonatan Viale.

A lo largo de los años, esta entidad acumuló un gasto de 70 millones de dólares, con una plantilla donde la mitad de los empleados estaban vinculados al partido de La Matanza. Solo en 2023, cada denuncia presentada ante la DPSCA tuvo un costo aproximado de 1,5 millones de pesos para los contribuyentes. Entre sus actividades cuestionables, destacaba un estudio de televisión portátil que recorría la costa en verano para realizar actividades de adoctrinamiento político disfrazadas de entretenimiento infantil.

Los Cambios Introducidos por la Resolución 107

Se reduce la planta de empleados de 144 a 40.

• Se remata el costoso estudio de televisión portátil.
• Se restringe el uso del organismo como herramienta de persecución política.

A pesar de estos avances, Sturzenegger planteó la necesidad de un debate parlamentario más profundo sobre la pertinencia de este tipo de instituciones, considerando su impacto en la transparencia y la libertad de prensa.

Un Nuevo Estilo de Gobierno: Abierto y Frontal

En contraste con las prácticas del pasado, el ministro subrayó el enfoque del gobierno de Javier Milei, caracterizado por la apertura, la transparencia y el respeto al debate de ideas. Comparando al presidente con Domingo Faustino Sarmiento, Sturzenegger lo describió como un “debatidor nato” que, al igual que el prócer, no rehúye las discusiones ni utiliza el dinero público para manipular o amedrentar.

El gobierno, según Sturzenegger, apuesta por una discusión franca donde todas las partes puedan expresarse libremente, dejando en manos de los votantes la evaluación de los modos y contenidos. Esto contrasta con las prácticas del kirchnerismo, que utilizó recursos públicos para disciplinar a la prensa mientras se alejaba de la ciudadanía.

La implementación de la resolución 107 es un ejemplo del compromiso del gobierno actual con la reducción del gasto político y la eliminación de estructuras innecesarias que solo contribuyen a empobrecer a la sociedad y limitar su libertad. Este cambio, impulsado por Soher El Sukaria y con el apoyo de Cristian Ritondo y Martín Menem, representa un paso más hacia la construcción de un Estado eficiente y respetuoso de los derechos de los ciudadanos.

El mensaje es claro: Argentina está dejando atrás un modelo que utilizaba los recursos públicos para el adoctrinamiento y la opresión, y avanza hacia un futuro donde Dios, Patria y Familia se erigen como los pilares de una sociedad más justa y libre.

FM del Este 100.5

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La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires falló en favor de Editorial La Capital SA y de la libertad de prensa al rechazar una demanda presentada por los ex funcionarios municipales Alejandro Vicente y Gustavo Gil de Muro.

El fallo firmado por los jueces Luis Esteban Genoud, Hilda Kogan, Sergio Torres y Daniel Soria destacó que “no se han podido identificar datos o juicios apreciativos o fácticos emanados del medio periodístico que puedan ser reputados de inexactos o agraviantes contra los accionantes”.

Vicente era Secretario de Gobierno y Gil de Muro, titular de la oficina Legal y Técnica, del gobierno municipal del fallecido intendente Carlos Arroyo cuando el diario La Capital publicó con frecuencia artículos periodísticos en el que se detallaban actos de la gestión. En varias de esas publicaciones Vicente y Gil de Muro creyeron ver elementos injuriantes y que afectaron “su honor” por lo cual habían reclamado el derecho a réplica, pero la Suprema Corte, tras un análisis detallado no solo desestimó el reclamo sino que terminó por “educar” sobre cuestiones vinculadas a la libertad de expresión y libertad de prensa.

“Las publicaciones sobre las cuales el Tribunal de Alzada otorgó el derecho a réplica -dice la Suprema Corte en referencia a la postura de la Justicia civil de Mar del Plata- carecen en verdad de imputaciones agraviantes o inexactas contra los accionantes, tanto respecto de su concreto y personal obrar en el marco de los hechos que dieron causa a la investigación judicial que se hallaba en curso al tiempo de la emisión de las noticias objetadas como de sus comparecencias a prestar declaraciones”.

Asimismo, agregó que “es pertinente al destacar que los artículos periodísticos contienen -además de los juicios apreciativos propios de los acontecimientos informados- numerosos juicios de valor que constituyeron verdaderos actos de ejercicio del derecho de opinión y crítica respecto de la labor desplegada por los accionantes tanto durante su gestión como funcionarios públicos municipales, como por sus declaraciones en la mentada causa judicial, modalidades y calidades en torno de las cuales la rectificación resulta asimismo improcedente”.

Los exfuncionarios arroyistas cuestionaron artículos publicados los días días 4 de diciembre y 20 de diciembre del año 2019; 15 de enero, 19 de febrero, 26 de febrero, 3 de marzo, 12 de marzo, 18 de mayo, 25 de mayo, 23 de julio y 15 de octubre del año 2020.

El diario La Capital, por medio de su cuerpo de abogados, había argumentado que “en la medida en que no se ha publicado información falsa o a sabiendas de su falsedad -si bien dichas publicaciones pueden haber irritado o inquietado a los actores en su calidad de funcionarios públicos- no hay espacio para replicar opiniones o contestar interpretaciones de hechos o sucesos, formando parte esto del ejercicio del derecho a la libertad de expresión”.

“Las publicaciones sobre las cuales el Tribunal de Alzada otorgó el derecho a réplica -dice la Suprema Corte en referencia a la postura de la Justicia civil de Mar del Plata- carecen en verdad de imputaciones agraviantes o inexactas contra los accionantes”.

Respuesta lapidaria

En un fallo que resalta la libertad de prensa, los jueces de la Corte Suprema explican de manera concisa el alcance y los límites del ejercicio periodístico, explicación en términos directos y que cobra absoluta importante si se recuerda que los dos demandantes, con el objeto de posicionarse en cierto lugar de jerarquía jurídica, se presentaron como abogados de gran conocimiento y carrera.

“Las reseñadas manifestaciones implican un claro juicio valorativo editorial en el que el discurso límite y la ironía forman parte del flujo de ideas y opinión en temas de interés público, extremos que deben considerarse amparados por el derecho a la libertad de expresión y comunicación del medio periodístico, sobre el cual no procede el derecho a réplica”, dice el fallo.

De manera taxativa los jueces aseguran que “no se han podido identificar datos o juicios apreciativos o fácticos emanados del medio periodístico que puedan ser reputados de inexactos o agraviantes contra los accionantes, así como el derecho a réplica tampoco resulta procedente respecto de los juicios de valor editoriales configurativos del libre ejercicio del derecho de opinión y crítica, amparados por garantías constitucionales”.

En ese sentido, el fallo sostiene que “el ámbito en el que campea el derecho de rectificación o respuesta es el fáctico o el de los hechos cuya existencia (o inexistencia) puede ser objeto de prueba judicial, quedando excluido el amplio sector en el cual lo decisivo no es atinente a los hechos, sino más bien a su interpretación: es el campo de las ideas y creencias, las conjeturas, las opiniones, los juicios críticos y de valor”.

Y dedica un tramo final de las conclusiones a la responsabilidad de los medios para las cuestiones que son de interés públicos y que, como en el caso de Vicente y Gil de Muro, tiene como protagonistas a funcionarios públicos: “Las noticias sobre las cuales los accionantes pretenden ejercer el derecho de rectificación fincan justamente en una cuestión de interés público ventilada ante el poder jurisdiccional y en su calidad de funcionarios públicos, circunstancias que justifican elevar el estándar de aplicación de las normas jurídicas tutoras de las libertades de expresión, información, opinión y crítica del medio periodístico. Por lo tanto, es más amplia la protección que cabe reconocer al ejercicio de la libertad de expresión en los asuntos de interés público o sobre la gestión de quienes desempeñan funciones públicas”.

En esa línea agrega que “los funcionarios públicos tienen un margen de exposición superior o una tutela más atenuada que los ciudadanos que no ocupan cargos públicos, sin perjuicio de que de dicha actividad periodística no pueda derivarse un ejercicio abusivo del derecho a informar. Pretender no encontrarse expuestos a ser referidos por los medios de comunicación en cuestiones públicas en una sociedad democrática no puede ser admisible, máxime cuando los funcionarios públicos son auditados constantemente en relación a hechos relativos al ejercicio de su cargo no solo por los ciudadanos sino también por otros agentes de la sociedad, como los medios de comunicación”.

La Prensa

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El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechaza los condicionamientos que el precandidato presidencial Javier Milei impuso a la prensa durante una visita a Tucumán, este lunes. Además, repudia las agresiones verbales y los maltratos sufridos por colegas de esa provincia por parte del personal de seguridad del diputado libertario.

Durante su estadía en Tucumán, Milei ofreció una conferencia de prensa junto a Ricardo Bussi en la que se limitó la cantidad de asistentes, de preguntas y el contenido de estas, prohibiéndose a los periodistas consultar sobre determinados asuntos, como libre portación de armas, venta de órganos y de niños. Incluso, atacó al periodista Hugo Alconada Mon (La Nación) por una publicación sobre la manipulación política en redes sociales. Además, se registraron agresiones verbales en contra de camarógrafos y fotógrafos y el diario LA GACETA advirtió que los colaboradores del precandidato presidencial cancelaron una entrevista luego de que este medio rechazara esas mismas condiciones sobre qué se podía preguntar y qué no.

FOPEA advierte que imponer condiciones sobre el contenido de una conferencia de prensa o entrevista afecta directamente la libertad de expresión y representa un acto de censura intolerable en una sociedad democrática. También recuerda a Milei y a la dirigencia política que los funcionarios públicos son quienes más deben tener en claro cuál es el rol de la prensa y la importancia de que la sociedad conozca el pensamiento de sus representantes, mucho más en un año electoral en el que es clave la información para la toma de decisiones cívicas.

Twitter de FOPEA

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También dijo el polémico exfuncionario que “a las autoridades del gobierno le caería muy bien que Nahuel tuviera un problema legal, inclusive en el marco de una investigación criminal”; a la vez que pidió “poner un grupo para trabajar esto”. El hecho ataca formalmente la libertad de expresión.

Marcelo Sain, de polémico y triste paso por el área más conflictiva de la provincia, destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos en el MPA por diez años, se fue sin pena ni gloria pero antes ordenó elaborar y “perfilar” tareas de inteligencia para perjudicar a personas o empresas y “armar carpetas” en su contra. Una de ellas, ahora lo sabemos, es el CEO y principal accionista de este grupo de medios.

Sain -quien fue ministro de Seguridad de la provincia desde diciembre de 2019 hasta marzo de 2021- dice a algún colaborador o funcionario que va a “ir perfilando” (esto es: generar documentos, dichos o acciones, reales o inventadas para perjudicar a una persona, empresa o institución) a Nahuel Caputto para “ir contra él”. Los audios corresponden al mes de abril de 2020, al inicio de la pandemia y del Aislamiento Social Preventivo y Obligagorio (Aspo), la primera modalidad de la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional. Pese a las restricciones, el accionar de la “inteligencia” local no se detenía.

En otro audio, directamente dirigiéndose a colaboradores de su -entonces- ministerio, Sain asegura que “a las autoridades del gobierno les caería muy bien que Nahuel tuviera un problema legal, inclusive en el marco de una investigación criminal. A ver si ponemos un grupo para trabajar esto”. Están claros los objetivos del entonces ministro Sain: “perfilar” expedientes, armar un “carpetazo” (como se dice en la jerga judicial a una causa inventada o armada para perjudicar a alguien).

En el audio se escucha también la sugerencia de generar “una investigación criminal” orientada hacia el mismo empresario periodístico, o sea, para decirlo de una manera sencilla, armar un causa penal de algún tipo, cualquiera. La indicación, al provenir de donde provino constituye un elemento muy grave debido a las eventuales consecuencias sobre persona y bienes del indicado por el exministro.

Finalmente, poner a trabajar a un grupo (dinero y tiempo públicos) para “ir contra” el CEO de un medio de comunicación que, se ha dicho, es específicamente atacar al titular de El Litoral y, a la vez, presidente desde hace seis años de la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (Adira) y activo miembro de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).

La lectura es evidente. Un ministro de Seguridad de la provincia distrajo fondos públicos, personal y tiempo para formular un ataque contra un empresario periodístico y con él a uno de los pilares básicos de cualquier democracia seria: la libertad de expresión.

Resulta totalmente repudiable que en democracia se produzcan persecuciones como las descriptas que violentan la labor periodística. Un valor elemental como la libertad de expresión se impone junto al ejercicio armónico de los derechos y las libertades constitucionales.

El hecho, además, constituye un claro intento de injerencia ilegítima e ilegal en la vida privada y comercial de un ciudadano con el fin ultimo de intervenir en la libertad de expresión.

Como final de la gestión Sain, fue el propio gobierno provincial quien lo destituyó como titular del Ministerio de Seguridad; y la justicia después, lo separó de su cargo en el MPA e introdujo un inhibición por diez años para ejercer allí cualquier función. La investigación sigue su curso.

Fuente: El Litoral de Santa Fe

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