MONTEVIDEO.– Después de haber logrado una media sanción en la Cámara de Diputados en agosto pasado, este miércoles el Senado uruguayo convirtió en ley un proyecto de eutanasia que aún enfrenta resistencias.

Bautizada “Muerte digna” e impulsada por el partido de izquierda en el gobierno, el Frente Amplio (FA), la iniciativa despenaliza la muerte asistida bajo ciertas condiciones. La Cámara de Diputados le dio media sanción en agosto y el Senado aprobó la norma con 20 votos a favor de un total de 31 parlamentarios presentes.

Así Uruguay se sumó a una pequeña lista de países que permiten la muerte asistida en el que figuran Canadá, Holanda, Nueva Zelanda y España. En América Latina, Colombia y Ecuador despenalizaron la eutanasia a través de fallos judiciales, pero esta es la primera vez en la región que se aprueba mediante una ley.Vista aérea del Palacio Legislativo —sede del poder legislativo del gobierno uruguayo— ubicado en el barrio Aguada, en Montevideo, tomada el 31 de enero de 2024MARIANA SUAREZ – AFP

Ser mayor de edad, ciudadano o residente y estar psíquicamente apto en etapa terminal de una patología incurable o que provoque sufrimientos insoportables, con grave deterioro de la calidad de vida, son algunos de los requisitos.

Según el proyecto, el médico al que se solicita el procedimiento está en condiciones de rechazar el pedido. En esa instancia, el paciente puede hacer una nueva solicitud a otro médico. En caso de que este también rechace el pedido, se deberá convocar a una junta médica que deberá estar integrada por tres médicos, un psiquiatra, un especialista en la patología que padece el paciente y un tercero a definir en la reglamentación de la ley. Las instituciones médicas también pueden rechazar el procedimiento.

Si el médico acepta la solicitud de asistencia para morir, deberá someter el caso a consideración de un segundo médico, que también tendrá acceso al historial clínico y mantendrá una consulta presencial con el solicitante. Si el segundo médico confirma la opinión del primero, el procedimiento podrá avanzar.

El paciente también deberá pasar por varias instancias previas antes de dejar su voluntad por escrito y frente a testigos, y puede arrepentirse en cualquier instancia del procedimiento.

El texto aprobado en Diputados incluye además la formación de una comisión de revisión de casos,que deberán reportar sus resultados anualmente.

Podrán ofrecer la eutanasia la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el principal prestador de salud pública de Uruguay, las instituciones privadas de salud sin fines de lucro conocidas como mutualistas, los seguros privados, el Hospital de Clínicas, la Sanidad Militar y la Sanidad Policial, pero no podrán brindarla las clínicas privadas. A efectos legales, los procedimientos de eutanasia se considerarán como muertes naturales.

Para la activista Florencia Salgueiro, de la agrupación Empatía, la clave de la normativa es el respeto que tiene por la voluntad de un adulto de terminar con su suplicio.

Florencia presenció la lucha de su padre por recibir asistencia para poner fin a su vida cuando el ELA hacía insoportables sus días. Pablo Salgueiro murió a los 57 años sin cumplir su deseo.

Los defensores del proyecto coinciden en que su redacción brinda garantías y representa la historia de un país acostumbrado a aprobar leyes liberales como la regulación del mercado de cannabis, el matrimonio igualitario y el aborto.Beatriz Gelós, quien padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), posa para una foto en su habitación del hogar de ancianos donde vive, en Montevideo, el 10 de octubre de 2025EITAN ABRAMOVICH – AFP

El 62% de los uruguayos están a favor de legalizar la eutanasia y apenas un 24% la rechaza, según una encuesta presentada en mayo por la Consultora Cifra.

El Colegio Médico respetó las diversas posiciones de sus socios y no proclamó una postura ante el tema. Sin embargo, asesoraron en todo el proceso “para tener las máximas garantías para los pacientes y para los médicos”, comentó el presidente de la entidad, Álvaro Niggemeyer.

Por su parte, la Iglesia Católica mostró “tristeza” ante la votación afirmativa en Diputados y la resistencia al proyecto traspasó los ámbitos religiosos. Más de una decena de organizaciones y decenas de personas rechazaron la redacción del proyecto por “deficiente y peligrosa”.

Con información de AFP/La Nación

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La iniciativa habilita al Poder Ejecutivo de la provincia a tomar deuda por hasta 500 millones de dólares o su equivalente en moneda local, posibilitando la restructuración de la deuda existente y destinando el excedente, en caso de haberlo, al desarrollo de obra pública.

En una sesión especial desarrollada este jueves, la iniciativa cosechó 21 votos afirmativos y 11 negativos, con oposición del bloque peronista y del libertario Carlos Damasco.

Al requerirse la mitad más uno, el presidente de la Cámara, Gustavo Hein, aportó su voto afirmativo en cada una de las ocasiones que fue necesario, logrando la mayoría especial.

De este modo, el oficialismo consiguió en menos de una semana que el proyecto del Poder Ejecutivo haga su recorrido por las dos cámaras legislativas. En el Senado fue necesario el apoyo de parte del peronismo, que votó dividido y acompañó.

Fuente: Ahora

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En el marco de la sesión especial N°5 del 146° período legislativo, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó este viernes la creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), iniciativa que ya contaba con media sanción del Senado.

De este modo, el proyecto fue convertido en ley y marcará el inicio de una nueva etapa en el sistema de salud provincial, en reemplazo del actual Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper).

Con esta sanción, la provincia contará con un nuevo esquema de obra social que busca modernizar, ampliar y garantizar el acceso a servicios de salud de calidad para trabajadoras y trabajadores del Estado provincial, así como para jubilados y pensionados.

La flamante OSER asumirá las funciones y obligaciones que hasta el momento estaban a cargo de Iosper, con el objetivo de fortalecer la cobertura médica, optimizar recursos y asegurar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo.

Durante el tratamiento del proyecto, legisladoras y legisladores destacaron el consenso alcanzado y subrayaron la importancia de avanzar hacia un modelo más eficiente, transparente y con mayor capacidad de respuesta ante las demandas sanitarias de la población beneficiaria.

La iniciativa forma parte de una agenda de reformas impulsada por el Poder Ejecutivo con el fin de garantizar derechos esenciales y mejorar la gestión de los organismos públicos.

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Se aprobó por unanimidad el proyecto que declara el estado de emergencia pública en materia de seguridad alimentaria hasta el 31 de diciembre. La situación de las universidades nacionales fue parte del debate en la sesión.

Durante la quinta sesión ordinaria del 145° periodo legislativo, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y convirtió en ley el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se declara el estado de emergencia pública en materia de seguridad alimentaria en el ámbito de la provincia de Entre Ríos hasta el 31 de diciembre de 2024.

El objetivo de la norma, que se trató sobre tablas, es “garantizar la atención básica de la alimentación a través de la provisión de alimentos de calidad y la nutrición adecuada, priorizando la atención de la población en situación de vulnerabilidad social y en riesgo de subsistencia”.

En ese sentido, se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar contrataciones directas, al tiempo que se dispone un incremento de los créditos y partidas presupuestarias vigentes para las políticas alimentarias y se autoriza a realizar ampliaciones y modificaciones al Presupuesto con un incremento de un 50% como mínimo.

Además, la ley crea la Mesa de Diálogo Social en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Humano, como órgano de participación y consulta, integrada por representantes del Poder Ejecutivo, el Legislativo, las universidades, las organizaciones sociales e integrantes de la Mesa Contra el Hambre de Entre Ríos.

El presidente de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, Bruno Sarubi (Juntos por Entre Ríos), sostuvo: “La alimentación es un derecho fundamental para el desarrollo y está muy ligada al derecho a la vida y a la dignidad humana. Al mismo tiempo, la inflación es un flagelo que nos atraviesa a todos, que daña fundamentalmente a los sectores más vulnerables. Fue del 20,6% en enero y 254% interanual, el índice más alto de los últimos 33 años”.

Sarubi explicó que cuando asumió el actual gobierno provincial encontró 20.000 módulos alimentarios y ningún proceso licitatorio abierto, siendo que en 2023 la demanda había sido de 107.000 módulos. Agregó que las licitaciones demoran por lo menos seis meses, lo cual hace que fracasen debido al aumento de precios.

Laura Stratta (Más para Entre Ríos) argumentó: “Esta es una declaración de emergencia de las más urgentes, porque el deterioro en la calidad de vida de grandes sectores de la población se vio impactado muy fuertemente debido a la devaluación abrupta que implementó el presidente Javier Milei”. Resaltó además los aportes realizados por su sector político en el Senado.

Julia Calleros (Fe y Libertad), Roque Fleitas (La Libertad Avanza) y Liliana Salinas (Partido Conservador Popular) manifestaron el acompañamiento de sus bloques a la iniciativa. En el mismo sentido se expresaron Carolina Streitenberger (Juntos por Entre Ríos) y Silvia Moreno (Más para Entre Ríos).

Educación pública

Por otro lado, se aprobaron distintos proyectos de declaración y de resolución. Entre estos últimos, los que peticionan al gobierno nacional por el financiamiento para las universidades, presentados desde los bloques Juntos por Entre Ríos y Más para Entre Ríos.

El tema estuvo presente también en el turno de los homenajes. Fabián Rogel (Juntos por Entre Ríos) se refirió a la defensa de la educación pública. En ese sentido, Laura Stratta reivindicó la manifestación popular de esta semana.

Asimismo, se refirieron al tema los diputados Juan José Bahillo (Más para Entre Ríos), Vilma Vázquez (Juntos por Entre Ríos), Lorena Arrozogaray (Más para Entre Ríos), Juan Manuel Rossi (Juntos por Entre Ríos), Carola Laner (Juntos por Entre Ríos), Roque Fleitas, Liliana Salinas y Julia Calleros.

Fuente: Diputados Entre Ríos

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En la habitual conferencia de prensa, el vocero aclaró que si bien no se trata de un tema urgente, “en algún momento se debatirá”. “Hoy no está en agenda. Hoy el Presidente está enfocado en lo urgentísimo”, afirmó el funcionario, y completó: “Está abocado a evitar la catástrofe y tratar de que estos meses pasen lo más rápido posible”.

En la misma línea, remarcó: “Esos son los objetivos principales. Todo el gabinete y poder Ejecutivo está abocado a lo urgentísimo que son hoy los problemas que tiene la gente con la inflación, el trabajo, poder llegar a trabajar”.

Luego del discurso de Milei en el Foro Económico de Davos, en el que hizo mención de “la agenda sangrienta del aborto”, el vocero puntualizó que “con esa definición que dio el Presidente podemos sospechar que efectivamente es un tema que en algún momento se debatirá, pero solo estoy sacando una conjetura de lo que me acabas de decir en relación a ese fragmento del discurso de Davos”.

En los últimos días, la gestión libertaria declaró por decreto al 2024 como el año “de defensa de la vida, la libertad y la propiedad”, por lo que las voluntades de avanzar contra la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo no sorprendería.

Fuente: La Prensa

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El Senado entrerriano dio este miércoles sanción definitiva al nuevo Régimen Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial de Entre Ríos, que actualiza el sistema vigente de exención de impuestos e incentivos fiscales para las empresas que implementen ciertas prácticas de producción, exportación e innovación, entre diversos criterios.

La ley fue aprobada por unanimidad y ya contaba con media sanción de la Cámara Baja provincial. El texto asume el objetivo de promover la “transformación del perfil productivo de la provincia, mediante la promoción de la creación de valor agregado en origen, en un marco de uso sustentable de los recursos naturales” y estimular la “radicación industrial con base en un desarrollo geográfico equilibrado”, entre otros propósitos.

La ley llega para reemplazar y actualizar la legislación vigente, que desde 2013 también exime de impuestos provinciales a industrias nuevas o que planifiquen expandirse en la provincia, pero con requisitos que el nuevo proyecto viene a flexibilizar más.

La ley anterior tenía cierta complejidad de implementación por las condiciones que exigía a las empresas en cuanto a ventas, equipamientos, infraestructura, exportación y contratación de personal. La exención que se otorgaba a la industria se determinaba por una fórmula de cálculo y variaba según el cumplimiento de esas condiciones. Así, el acceso a la eximición impositiva variaba desde un 40% a un 70% entre una empresa y otra.

La ley que aprobó este miércoles en Senado aplica para establecimientos existentes que incrementen su capacidad operativa instalada como mínimo 15% y para aquellos “nuevos”: los que inicien su producción “en forma parcial o total” a partir de la vigencia de la nueva ley y al que reactive y ponga en marcha uno que haya estado inactivo por un año o más.

Las empresas que deseen las exenciones no deben registrar deudas fiscales, sociales o administrativas con el Estado provincial.

La nueva legislación otorga la exención total durante 10 años para nuevas empresas, que sólo deben cumplir dos de estos cuatro requisitos: incrementar la capacidad de producción sin reducir personal; incrementar planta de personal efectiva;: adquisición de bienes de capital sin reducción de personal; e incremento de exportaciones sin reducción de personal.

Las exenciones provinciales incluyen Ingresos Brutos, Inmobiliario, Sellos y Automotor.

La nueva normativa también prevé incentivos “regionales” según el lugar donde se establezcan. Para esto, el Ejecutivo dispondrá cuáles serán “zonas de desarrollo estratégico industrial”. Se suman, a su vez, incentivos “sectoriales”, para aquellas que presenten proyectos industriales de industria 4.0, implementación de Buenas Prácticas Industriales, sustentabilidad ambiental, gestión de calidad o que el incremento de personal sea de mujeres.

El proyecto sancionado prevé, como novedad, el reintegro del costo de las tarifas eléctricas de un 10%, 8% o 4%, según el tamaño de la empresa, y aquellas que implementen energías renovables pueden sumar un 5% a ese beneficio.

Finalmente, el gobierno destaca la ventaja para micro y pequeñas empresas (que representan más del 80% de la industria de la provincia) que pueden acceder a beneficios sin necesidad de que incrementan producción, tanto para firmas existentes o nuevas.

En tanto, los establecimientos industriales nuevos pueden obtener un reintegro de hasta un 50% de las inversiones que realicen en obras eléctricas y gasíferas.

Fuente: UNO Entre Ríos

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La norma, aprobada por un amplio consenso, incluye incrementos en la obra pública, educación, salud y desarrollo social.

Tampoco prevé endeudamiento para gastos corrientes.

“Lo más importante que le vamos a dejar a la gestión que venga es un ordenamiento fiscal y financiero de la provincia, donde hay previsibilidad, donde el orden de las cuentas públicas hace que se puedan tomar decisiones y cumplirlas”, sostuvo el mandatario en referencia al presupuesto 2023.

En esa línea, puso de relieve que el presupuesto se aprobó con el apoyo de la mayoría de los espacios políticos que integran la legislatura. Resaltó que la norma “va a constituir un fondo de reserva con los excedentes que se produzcan para hacer frente a la deuda en moneda extranjera que tiene la provincia”, y enfatizó: “el orden fiscal es clave para continuar las políticas públicas”.

“Nosotros siempre buscamos que haya consensos y no imponer las mayorías”, ratificó.

El 14 de diciembre el presupuesto obtuvo sanción definitiva por parte del Senado, que lo aprobó por unanimidad de todos los bloques.

Además de contemplar una partida especial destinada al incremento de salarios frente a las variaciones inflacionarias, la Ley de Leyes de la provincia establece incrementos en obras públicas, educación, seguridad, salud y desarrollo social.

A esto se suma la creación de un fondo de reserva que permite a la provincia hacer colocaciones financieras atadas al tipo de cambio. El mecanismo mejorará la posición del gobierno para hacer frente a la deuda en moneda extranjera.

Por otra parte, también se dará continuidad a las políticas para la promoción de la actividad económica de la provincia, tales como el subsidio a las tasas de interés para que la producción y las pymes de Entre Ríos accedan a financiamiento en condiciones más beneficiosas.

Asimismo, se destinarán los recursos para seguir implementando el Programa de Promoción del Empleo Industrial Entrerriano, que se elaboró con la colaboración de la Unión Industrial de Entre Ríos.

Por último, también se continuará fortaleciendo el Fondo de Garantías de Entre Ríos (Fogaer), para brindar garantías a las pymes de la provincia que buscan financiamiento en mejores condiciones a través del mercado de capitales o del sistema bancario.

Gobierno de Entre Ríos

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Este camino debe ser el producto de la discusión y el debate de ideas acerca de las necesidades y la realidad de la Argentina, desde una mirada situada y soberana, para dar respuesta a los nuevos desafíos que imponen las transformaciones tecnológicas y el desarrollo de la economía digital y, a su vez, armonice con estándares regionales e internacionales, desde un enfoque de derechos humanos.

Bajo este lineamiento, la Agencia de Acceso a la Información Pública inició un proceso de debate participativo, abierto y transparente llevando adelante de mesas preparatorias y mesas de diálogo con diversos sectores de la sociedad, durante los meses de julio y agosto. Producto de la participación y el debate, se redactó una Propuesta de Anteproyecto que fue presentada el pasado 30 de agosto, en la Cúpula del Centro Cultural Kirchner.

El 12 de septiembre se habilitó la instancia de consulta pública (Resolución AAIP 119/2022) con el propósito de garantizar la efectiva participación de la ciudadanía, de acuerdo con el Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas (Anexo V del Decreto 1172/03). Sin embargo, a raíz de la presentación de distintas solicitudes para extender el plazo de la participación, se prorrogó la consulta pública hasta el 11 de octubre inclusive (Resolución AAIP 145/2022).

A lo largo de este proceso se recibieron 173 opiniones, aportes y comentarios presentados por 123 participantes correspondientes a la ciudadanía en general, organizaciones de la sociedad civil, universidades e investigadores, sector privado y sector público nacional e internacional.

Como resultado de este proceso de debate, se presentó un Nuevo Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales.

A continuación se encuentran distintos documentos elaborados y recibidos en el marco del proceso para la elaboración de la propuesta de actualización de la Ley; los documentos de referencia y la información sobre las mesas de diálogo nacionales e internacionales; la presentación del Anteproyecto de Ley y la instancia de consulta pública.

Documentos del proceso participativo, abierto y transparente

• Elevación del Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales.
• Informe sobre el Proceso de Elaboración Participativa de Normas en relación al Anteproyecto de Ley de Protección de Datos Personales.
• Anexo 1.
• Anexo 2.
• Anexo 3.
• Anexo 4.
• Documentos recibidos en las mesas de debate.

Documentos de referencia

• Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales.
• Antecedente 2018 – Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales (perdió estado parlamentario).
• Ley N° 27.483 de aprobación del Convenio 108 del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal.
• Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) – Unión Europea.
• Estándares de Protección de Datos Personales de la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD).
• Principios actualizados sobre la privacidad y la protección de datos personales, con anotaciones de la OEA.
• Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial – UNESCO.
• Ley General de Protección de Datos (LGPD) – Brasil.
• Ley Orgánica de Protección de Datos Personales – Ecuador.

Mesas de diálogo nacionales e internacionales

Reuniones preparatorias – Experiencias internacionales

Primera reunión – 9 de agosto de 2022

Segunda reunión – 10 de agosto de 2022

Tercera reunión – 12 de agosto de 2022

Cuarta reunión – 16 de agosto de 2022

Quinta reunión – 17 de agosto de 2022

Sexta reunión – 18 de agosto de 2022

Séptima reunión – 19 de agosto de 2022

Presentación de la propuesta de actualización y consulta pública

Presentación de la actualización de la ley

Inicio de la consulta pública

Presentaciones de la propuesta de actualización

Extensión del plazo de la consulta pública

Fin de la consulta pública

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Impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través de la presentación de la diputada Carina Ramos, la iniciativa significa un importante e inédito avance en materia de políticas públicas para el patrimonio entrerriano.

Al respecto, la secretaria de Cultura, Francisca D’Agostino declaró: “el trabajo sobre la norma legal es el resultado de múltiples reflexiones sobre la necesidad de pensar el patrimonio material de los entrerrianos. La conservación es el primer paso para profundizar en los aspectos patrimoniales de nuestra cultura e identidad. La conservación de nuestros edificios emblemáticos, pero también de las casas particulares, una calle, un monumento o un lugar tienen una importancia muy valiosa en los imaginarios de las ciudades, en el carácter de fuente documental histórica, en el legado para el presente y para las futuras generaciones. En otras palabras, al conservar un edificio, espacio o monumento estamos aportando a la generación de conocimiento y a la identidad cultural de nuestros pueblos”.

“Esperamos ansiosos su tratamiento en Senadores”, finalizó.

En consonancia con lo expresado por la funcionaria al frente de Cultura, el arquitecto Gabriel Terenzio – jefe del Área Patrimonio Cultural y Ambiental de la Secretaría de Cultura– resaltó lo importante de la creación de esta ley y aportó detalles significativos: “El patrimonio arquitectónico que se encuentra declarado en los 16 departamentos entrerrianos comprende entre 600 áreas y edificios, tanto públicos como privados de alto valor histórico patrimonial, abarcando construcciones del Siglo XIX y XX. Es muy importante que el mismo sea preservado para futuras generaciones, razón por la cual la implementación de un concurso que reconozca un beneficio a quienes conservan y mantienen vivo el patrimonio edilicio es vital. Así entonces, desde el Estado se alienta a la comunidad a que acceda a inmuebles y áreas como plazas y parques que estén restaurados y puestos en valor para la seguridad y disfrute de todos”.

Concurso anual

Según la norma legal, que pasa a Cámara de Senadores para su tratamiento, la ley tiene el objetivo de promover y concientizar sobre la importancia de la preservación urbana del patrimonio arquitectónico como legado identitario para futuras generaciones. Al mismo tiempo, el Gobierno Provincial fomentará los trabajos y/o tareas de mantenimiento y conservación que posibiliten el rescate y la preservación integral y/o fachadas de inmuebles patrimoniales urbanos de propiedad del Estado municipal y provincial situados en el territorio de la provincia, entidades civiles sin ánimo de lucro y de particulares en todo el territorio entrerriano. Se valorarán los criterios patrimoniales de orden histórico arquitectónico utilizados en la restauración edilicia llevada a cabo por el titular del inmueble en base a cuatro líneas de acción patrimonial respecto del bien restaurado, a saber: antigüedad; representatividad; integridad; y autenticidad.

El listado de los inmuebles a concursar se confeccionará con la/s propuesta/s que postulen: organismos del Estado provincial; municipal; entidades públicas en general; entidades privadas; y personas físicas/particulares.

Las propuestas se recepcionarán en la Secretaría de Cultura de Entre Ríos acompañada de nota de solicitud, fundamentación, antecedentes y documentación respaldatoria que se considere relevante. Toda presentación deberá comprobar titularidad dominial y libre deuda impositiva provincial o con plan de regularización en curso. La nómina resultante se cursará al Área de Patrimonio Cultural y Ambiental –área dependiente de la Secretaría de Cultura–, quien verificará que todos los inmuebles urbanos presentados cumplan con los requisitos correspondientes para participar del concurso provincial. Con ambos requisitos comprobados el listado será remitido al Jurado que se conformará para tal fin.

Sobre el beneficio

El beneficio a la Conservación del Patrimonio Edilicio está previsto para bienes inmuebles privados y públicos, del territorio de la provincia, que se encuentren alcanzados por el impuesto inmobiliario urbano.

En el caso de inmuebles privados urbanos que resulten seleccionados en primero, segundo y tercer lugar por el jurado, el beneficio consiste en una exención del ciento por ciento anual por un periodo determinado, establecido en la presente ley y con el siguiente alcance.

Primer seleccionado: por tres años a contar desde el primero de enero del año siguiente al que resultó seleccionado;

Segundo seleccionado: por dos años a contar desde el primero de enero del año siguiente al que resultó seleccionado; y

Tercer seleccionado: por un año a contar desde el primero de enero del año siguiente al que resultó seleccionado.

En el caso de inmuebles públicos urbanos (pertenecientes al Estado provincial o municipal), el beneficio consistirá en una mención y entrega de placa indicando que el inmueble ha resultado seleccionado.

(Prensa Secretaría de Cultura)

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En la Comisión de Comunicaciones y Transporte de la Cámara de Diputados se reeditó este martes el debate respecto de la creación de Consorcios Camineros para el mantenimiento de caminos de la provincia. Son dos los proyectos en estudio, el que presentó el diputado Esteban Vitor (bloque PRO) y el más reciente que cuenta con la autoría del diputado Néstor Loggio (Frente Creer). Apenas trascendió la intención de avanzar con esta nueva legislación tanto el Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever) como los trabajadores pertenecientes a la repartición expresaron su rotundo rechazo.

Vitor, al presentar una propuesta en abril de 2021, ya había instalado la discusión y de hecho en la gestión anterior quiso promover el tema sin suerte. Tiempo después, Loggio se interesó por la cuestión y elaboró una iniciativa que llegó a la comisión en septiembre de este año.

Uriel Brupbacher (bloque PRO) es el presidente de la Comisión que tendrá la responsabilidad de dictaminar respecto de la suerte de ambos proyectos. Para ello este martes convocó a las autoridades de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) –participaron por Zoom–, representantes de la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco) y de la Federación Agraria de Entre Ríos (FAA).

Consultado por UNO el legislador anticipó que se tendrá en cuenta la opinión de las diferentes organizaciones involucradas, entre ellas el Sindicato de Vialidad, para luego lograr el dictamen en el seno de la comisión. “La idea es llevarlo al recinto antes de fin de año”, puntualizó.

Se espera que se convoque a una nueva reunión de comisión luego del 11 de noviembre, donde serán invitados los titulares de los consorcios que están funcionando en distintas localidades de la provincia. Para Brupbacher la intención es generar consensos entre ambos proyectos y tratar de alcanzar una iniciativa unificada.

“Hay que darle un marco”

El diputado y exintendente de Viale reflexionó acerca del contenido de las propuestas en estudio, el rol de los consorcios camineros que ya operan en zonas rurales y las demandas que no puede cumplir Vialidad Provincial. “Básicamente, Vialidad en la situación en la que está no puede llegar a todos lados. Se trata de reglamentar lo que en la práctica se hace. Fui intendente y muchos de los caminos rurales se arreglaban con el trabajo de los productores agropecuarios y de algunos vecinos. Se hace sin ninguna reglamentación, con esto se busca darle un marco a eso. Y obviamente que el gobierno provincial aporte fondos para ello. Ahí viene una de las discusiones: si esto lo hacés con un goteo diario tipo coparticipación para los consorcios o si lo hacés por proyectos con desembolsos en función del proyecto que el consorcio presente”, planteó.

Brupbacher entiende que la legislación servirá para que los consorcios “reciban los fondos de manera más organizada”, y aclaró que las cuestiones vinculadas al ámbito técnico “no hay que sacárselas a Vialidad, porque un consorcio no va a tener la posibilidad de hacer una obra de arte en un puente o reperfilar un camino”.

Soever en estado de alerta

Soever se declaró en estado de alerta ante un nuevo proyecto de consorcios camineros. En un comunicado enviado a UNO se manifestó “el enérgico rechazo” a la iniciativa “por entender que sólo se pretende transferir recursos públicos a manos privadas”.

“Consideramos que esta iniciativa, del diputado Néstor Loggio, expresa una privatización encubierta, ya que tal como está enunciado pretende que los recursos de Vialidad sean destinados a terceros”, observaron desde el sindicato.

Del mismo modo cruzaron al diputado peronista porque “arremete contra el trabajo y el sustento de miles de familias”. Si bien plantearon que la situación es preocupante, esperan con optimismo la decisión que tomará la bancada oficialista cuando el proyecto llegue al recinto. “Más allá de esta arremetida del ‘compañero’ Loggio, confiamos que los diputados justicialistas adoptaran una posición en resguardo de la fuente de trabajo de los 2.000 trabajadores y trabajadoras viales”.

En el documento argumentaron porque se oponen a esta nueva legislación. “Los consorcios no serían un complemento a la tarea que realizan hoy los trabajadores viales, porque no pretenden tener recursos propios, si no que servirse de la partida presupuestaria de Vialidad. Esta particular iniciativa nos pone en alerta, ya que ha habido otros intentos en el pasado. En los cuales lo que se pretendía era una velada ‘privatización’, a través de la tercerización del mantenimiento de los caminos, y poniendo en riesgo no solo la fuente laboral, sino también el patrimonio del Estado provincial”, enfatizaron.

Y a modo de cierre dijeron: “Este es un claro intento privatista que apunta al desmantelamiento del organismo vial”.

Los empleados de Vialidad se concentraron en el organismo

Los empleados de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) se autoconvocaron este martes en la sede central del organismo en Paraná para transmitir su preocupación por el tratamiento en Diputados de la creación de un régimen de consorcios camineros. “Manifestamos la preocupación de muchos compañeros viales por el proyecto de ley, mediante el cual se pretende una privatización encubierta, ya que la misma busca que los recursos de Vialidad pasen a manos de terceros, peligrando la fuente laboral de más de 1.600 familias”.

Durante la manifestación se advirtió “por el silencio político y gremial”.

Los trabajadores informaron que hoy a las 8 se concentrarán en el mismo lugar para debatir los pasos a seguir.

Fuente: Uno Entre Ríos

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El texto había sido aprobado por la Cámara de Diputados el 31 de agosto, también con los votos del oficialismo y el rechazo de Juntos por el Cambio.

El presidente del bloque del Frente Creer, Armando Gay (Concordia), hizo una moción de tratamiento sobre tablas del expediente 25.727, y luego fue quien defendió la iniciativa en el recinto.

“El exgobernador Jorge Busti decidió crear en 2003 este órgano para limitar la facultad que tenía respecto de las designaciones, y asignarle la tarea de realizar los concursos para remitir las ternas vinculantes”, recordó el senador justicialista sobre el órgano que luego se incorporó en la Carta Magna entrerriana.

Y agregó: “Siempre digo que las normas se deben ir actualizando y aggiornando al contexto de la realidad, que es dinámico. En este caso se hacía necesario actualizar la ley del Consejo de la Magistratura”.

“Esta reforma es más que nada una consecuencia natural del tiempo y la necesidad de que las instituciones se adapten al tiempo histórico y nuevas demandas de la sociedad”, afirmó.

En esa línea, sostuvo: “La abogacía, la gente, la provincia, la práctica judicial, no es la misma hoy que en el 2003. Como toda organización, debe recoger la experiencia de su propia vida, pero a la vez implementar los cambios y reformas para mejorar cuestiones que en la práctica han ido generando deficiencia en el mismo funcionamiento”.

“En la Cámara de Diputados se llamaron a todas las instituciones directamente vinculadas, que acercaron propuestas, también críticas, que se volcaron en el dictamen, que luego fue votado”, marcó. Y destacó: “El ingreso de dos universidades fuertemente arraigadas en la provincia, como la UNER y la UADER, que han demostrado el compromiso con la provincia al querer formar parte del Consejo de la Magistratura”, al tiempo que agradeció “el rol” que ha tenido la Universidad Nacional del Litoral.

“La sociedad reclama transparencia todos los días, y la imagen de los poderes públicos, y el judicial en particular, demandan esa apertura republicana que permita a la sociedad tener garantías de esa transparencia y honestidad en el funcionamiento institucional”, analizó, tras lo cual hizo un punteo de los cambios que introduce la ley, que ahora pasará al Ejecutivo para su promulgación.

“Estas reformas están destinadas a mejorar la transparencia, celeridad y eficiencia de este proceso, y harán del Consejo un mejor órgano técnico”, aseguró.

Y redondeó: “Esta reforma es un claro paso hacia adelante. Un salto de calidad que busca robustecer la legitimidad de los hombres y mujeres que buscan acceder a la magistratura, y permitiendo el principio de idoneidad y la máxima transparencia como pilares fundamentales de un poder judicial independiente y de cara a la sociedad”.

Rechazo opositor

“En la sesión anterior, mi bloque sostuvo ante la creación de la Fiscalía Anticorrupción la unanimidad de acompañar las políticas públicas que consideramos cuestión de estado. Esa era una de ellas. Esta iniciativa, con un tratamiento exprés, está muy lejos de ello”, dijo, a su turno, el senador Rubén Dal Molín (Juntos por el Cambio-Federación). Y agregó: “Tendrá legalidad por su tratamiento exprés y aprobación, pero no tendrá, a nuestro criterio, la legitimidad que se alcanza con la satisfacción de actores involucrados”.

“En esta misma Cámara en la designación de jueces le hemos preguntado por el proceso a pretendientes a cargos, y siempre destacaron que era un proceso transparente y adecuado, y solamente planteaban quizás algo más de recursos para que tenga celeridad” los concursos, planteó. También citó el comunicado del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, “donde destaca que el Consejo de la Magistratura es un organismo modelo en el país y que no resultaban adecuadas y beneficiosas para el sistema de designación” las modificaciones.

“Esta iniciativa no tiene consenso porque altera el equilibrio de los estamentos del Consejo que nuestros constituyentes lo dejaron plasmado en la Constitución al tratar que el Superior Tribunal de Justicia no tuviera injerencia dentro de este organismo. Pero el Superior Tribunal de Justicia, a partir de esta nueva reforma, va a tener intervención antes, durante y después de los concursos”, advirtió.

“Señala un reconocido constituyente en alguna nota que publicara que la Constitución Provincial no le permite ni al Superior Tribunal ni al Ministerio Público ninguna intervención en el Consejo. Es una intervención que se persigue disciplinar a los postulantes”, dijo Dal Molín citando un fragmento de una columna de opinión de Julio Federik.

Consejo de la Magistratura: una degradación inaceptable

“Por supuesto que valoramos la intervención de universidades que existen en nuestra provincia, pero entendemos que en este marco no tienen ellos la mirada académica integral de derecho que sí tienen aquellas como la UNL”, entendió. “Por eso, entendemos que la limitación que se le otorga en este marco a la UNL no es ventajosa en el término de su participación en el Consejo”, agregó.

“Destacamos también el punto del orden de mérito. La no puntuación que va a ocurrir a partir de esta modificación nos hace pensar que de qué serviría rendir, esmerarse, estudiar, si luego no voy a saber en qué lugar de la terna estoy”, observó.

“Y por último, desde lo político, ya lo hemos manifestado: en nuestro criterio esta ley tiene un objetivo, que es la intromisión del poder político en alguna parte de la Justicia cuestión que hoy es muy delicada y en un momento extremadamente sensible para el país”, completó.

Por su parte, el presidente del bloque opositor, Francisco Morchio (Gualeguay), agregó: “Quiero solo llamar la atención a las formas en que se llega a tratar este proyecto de ley. En labor parlamentaria lo conversamos (NdR: a la vicegobernadora Laura Stratta), me ha dado razones, pero este proyecto no viene aprobado de unanimidad de Diputados, y lo van a aprobar sobre tablas en esta sesión sin pasar por comisión”.

“Me parece que merecería una discusión en comisión. Me hubiese gustado saber qué piensan las universidades, las ONGs, el Colegio de Abogados, la Asociación de la Magistratura… nuestra Legislatura es bicameral, y los senadores también tenemos derecho a escuchar a los actores y sacar nuestras conclusiones, y no a ser una escribanía de la otra Cámara. No sé si hubiéramos llegado a un consenso, pero en estas condiciones no hay posibilidad de consenso”, cerró.

Desde el Frente Creer

A su turno, Horacio Amavet (Frente Creer-Uruguay) sostuvo: “Estoy convencido que esta ley viene a mejorar, adecuar, sistematizar y transparentar aún más y dotarla de mayor autonomía provincial”.

“Coincido con Dal Molín que prefiero las leyes por unanimidad, pero considero que Diputados dio un amplio debate, se atendieron muchas sugerencias y, a veces, en la democracia no se puede coincidir absolutamente en todo. Pero en definitiva creo que hay que avanzar en este proyecto porque mejora el Consejo de la Magistratura”.

El senador Adrián Fuertes (Frente Creer-Villaguay) dijo coincidir “con respecto al rol que ha tenido el Senado en el tratamiento” aunque destacó el debate en comisión en la Cámara Baja; y enrostró que el Consejo de la Magistratura de la Nación hoy está presidido por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, en respuesta a las críticas por la participación que tendrá el STJ.

“Hemos visto cómo el presidente de la Corte es en paralelo el presidente del Consejo de la Magistratura. No se puede cuestionar esto si no se cuestiona lo otro”, afirmó.

“No se puede avalar la máxima autoridad en el Consejo de la Magistratura a nivel nacional y tener un criterio diferente en la provincia”, completó.

Seguidamente, y tras una breve intervención de Gay y Morchio, se dio lugar a la votación.

Nota de la UNL

Este martes, ante el ingreso del proyecto en el Senado, la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, Claudia Levin, había enviado una nota dirigida a la presidenta del cuerpo legislativo, Laura Stratta, solicitando ser convocados para dar a conocer su opinión sobre la iniciativa.

Acuerdo del STJ

Además, en su reunión de Acuerdo General de este martes, el STJ se expresó sobre la iniciativa. Al respecto, sostuvo: “El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos -único máximo tribunal del país que no integra el Consejo de la Magistratura de su jurisdicción- comparte en líneas generales las necesarias _aggiornantes_ propuestas de modificación del Instituto que coadyuvarán en la transparencia y celeridad de sus procedimientos; en especial, el reconocimiento de integración del estamento académico con docentes de Universidades con sede en la provincia, la conformación de listas anuales de Jurados y su sorteo en acto público para intervenir en cada concurso, la conformación de un banco de casos de conocimiento público del cual emergerían por sorteo los casos concretos para cada examen de oposición y, por último, la simplificación del control judicial de las decisiones administrativas del Consejo, evitando una extensa tramitación por la vía administrativa o Contencioso Administrativa ordinaria, contraria a la necesaria pronta resolución definitiva de los eventuales conflictos que se susciten, llevándolos directamente a decisión del último órgano judicial competente en la materia”.

Fuente: Análisis Digital

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Está prevista en el Artículo 208 de la Constitución Provincial.Al encuentro lo presidió el vicepresidente primero del cuerpo, Daniel Olano.

La Fiscalía Anticorrupción de la provincia tendrá a su cargo la investigación y acusación de los hechos de corrupción. Como así también, otros delitos contra la administración pública.

Tras la sesión, la vicegobernadora Laura Stratta destacó que la aprobación definitiva era un compromiso que el gobernador formuló en la apertura del período de sesiones ordinarias en febrero. Además, remarcó que luego de presentarse el proyecto de ley por el Poder Ejecutivo, la Legislatura entrerriana trabajó con seriedad en el tema, lo que se reflejó en la aprobación por unanimidad en ambas Cámaras.

Fuente: Prensa Senado

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