La orden provino del tribunal federal que integran los jueces Mariano Llorenz, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia y fueron categóricos. Desarchivar la causa que el juez Ariel Lijo había investigado durante un largo proceso de tiempo, adelantada por Noticias Argentinas de manera exclusiva, sin encontrar razones ni fundamentos que prueben la existencia de una red de trata de personas en las que fueron involucrados el empresario y escritor Alejandro Roemmers y el empresario de medicina y directivo de River Plate, Matías Barreiro. 

Lijo concluyó que en la denuncia realizada por Roberto Mazzoni se acreditaron relaciones pero, siempre, lo que aparece son intercambios de dinero por sexo o dinero por acompañamiento pero, de ninguna manera, maniobras vinculadas a la trata de personas. 

El delito de la trata de personas es uno de los más aberrantes que puedan tipificarse en un código de leyes en la actualidad. Es un delito internacional de lesa humanidad y viola los derechos humanos de la persona afectada. Para la ONU, ningún lugar en el mundo es inmune a la trata de personas, que consiste en vender, comprar y comercializar a las personas como si se tratase de objetos.

A pesar del consenso existente para condenar estas prácticas el delito persiste y representa la nueva esclavitud en el siglo XXI. La ONU señala que “…el 66% de las víctimas de trata de personas identificadas desde 2006 en países de América Latina son mujeres, el 13% niñas, el 12% hombres y el 9% niños”.

En este contexto, señalar con el dedo índice a uno de los integrantes de una de las familias más acaudaladas de la Argentina y a un dirigente de uno de los principales clubes deportivos del país, requiere de una investigación exhaustiva y de declaración de testigos que avalen la acusación que no fueron presentados durante el período de instrucción realizado por Ariel Lijo.

Para el juez federal, candidato a integrar la Corte Suprema de Justicia, en esta causa no aparecen indicios de trata ni hay menores de edad involucrados. Se aportaron chats y conversaciones como pruebas pero se trata de transacciones y acuerdos entre adultos libres y conscientes de sus actos. Con estos argumentos se archivó la causa. Nadie fue imputado por ningún delito y se terminaron las especulaciones sobre el honor y el buen nombre de los señalados por Mazzoni.

Sin embargo, ni Alejandro Roemmers ni Matías Barreiro podrán pasar la hoja rápidamente por estas acusaciones que no pudieron ser probadas en sede judicial porque la Cámara Federal, con la firma de los jueces Mariano Llorenz, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, ordenó el desarchivo de la causa, que era lo que había pedido la Asociación Civil Madres Víctimas de Tratas.

La sentencia de Cámara Federal es del 8 de julio de 2024 y revocó la sentencia del juez federal Lijo, En el marco del expediente N° 1052 / 2022, caratulado “Legajo nº 9 – Querellante: Mazzoni, Roberto Oscar. Imputado: Roemmers, Alejandro Guillermo y otros s/legajo de apelación”, la Cámara revocó la sentencia de archivo y ordenó al juzgado a proseguir con la investigación de acuerdo a los parámetros establecidos en dicha sentencia para recién establecer si corresponde o no su archivo.

Para tomar esta decisión, la Cámara consideró, respecto al fondo de la cuestión, que “compartimos el carácter prematuro asignado por el impugnante a la resolución puesta en crisis”. Es decir, que los hechos denunciados “no pueden ser desestimados sin la realización de las correspondientes medidas probatorias que diluciden esos interrogantes”. En este sentido, consideró que “los elementos de convicción hasta aquí colectados resultan insuficientes para archivar la causa en los términos en los que lo ha hecho el Magistrado de grado”.

Además, los integrantes de la Asociación Civil Madres Víctimas de Trata hicieron alusión a posibles conductas que guardarían conexión”. Al respecto, señala que al respecto, el Juez Lijo “no ha ordenado medida alguna a los fines de ahondar sobre la misma”.

Según trascendió en Comodoro Py, dos jóvenes se presentaron ante la Asociación mencionada y “expresaron a viva voz, que su vida corría peligro, atento a que las secuencias vividas involucraban a gente famosa y poderosa, y temían realizar una declaración en sede judicial”.

La presentación también señaló que las víctimas, según expresaron desde la asociación, manifestaron haber sido drogadas mientras participaron de fiestas, en las cuales los denunciados habrían sido parte.

Una vez más, el escritor Alejandro Roemmers volvió a resaltar que es víctima de una fake news.

En un comunicado que dio a conocer a través de sus abogados señaló que, “….la justicia archivó la falsa denuncia de Roberto Mazzoni después de dos años en que no se presentara ninguna prueba y ningún damnificado en la causa, ni siquiera el propio Mazzoni, ya que nunca trato al Sr. Roemmers. Reiteramos: no existe ni una sola persona, ni mayor ni menor de edad, ni en nuestro país ni en el exterior, que haya jamás manifestado alguna queja respecto al
comportamiento impecable del Sr. Alejandro G. Roemmers”.

Además, se puso de manifiesto las credenciales poco creíbles del denunciante Mazzoni. “Manifestamos también que, mediante un escrito presentado en la justicia, hemos ofrecido testigos y pruebas que demuestran el accionar de Roberto Mazzoni, la incitación del falso testimonio y su voluntad de pedir dinero a cambio de no difamar falsamente”.

Por último, los letrados señalaron que “Pedimos a todos no hacerse eco de estas absurdas injurias que no tienen ningún fundamento y son un grave delito que nuestro código penal aun no permite evitar al tiempo de su ocurrencia”.

Sin embargo, la reciente declaración de Mazzoni en el Senado Nacional  y el tratamiento del pliego para que Ariel Lijo acceda a ser integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, provocaron declaraciones políticas como las de Álvaro de Lamadrid que puso el foco en la instrucción judicial.

Para los nombrados en la causa se trata de una tormenta perfecta. La nominación de la administración de Javier Milei a favor de Ariel Lijo para sumarse a la Corte Suprema se mezcla con la investigación de un caso que requiere la certeza absoluta de inocencia o culpabilidad por las graves acusaciones realizadas.

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El juez Leopoldo Bruglia cumplió con su advertencia: esta semana presentó una demanda millonaria contra Alberto Fernández por dañar su honor y dignidad y afectar su imagen pública. Fue cuando lo trató de ocupar un cargo en la Cámara Federal en contra de la Constitución Nacional. Según la documentación, a la que accedió Infobae, el camarista no solo reclama un resarcimiento económico y la retractación pública del jefe de Estado. En plan de demostrar su postura, le pidió a la justicia que confirme si el Presidente es profesor de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, ordene un peritaje que determine los “criterios de realidad” del mandatario y llame a declarar a un grupo de testigos, entre los cuales sobresale la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió.

“No estamos ante un hecho de simple ofensa. Estamos hablando de un Presidente de la Nación, descalificando falazmente a un juez de la Nación, utilizando un medio de comunicación masivo y con enorme repercusión social. Es evidente que no se lo puedo permitir”, sostuvo en su demanda. A criterio de Bruglia, Fernández sólo buscó descalificar un fallo que no era de su agrado generando “una estigmatizante, denigrante y humillante imputación” con “absoluta deslealtad” a la verdad.

Y añadió: “No se ha privado el doctor Fernández, especialista en derecho penal en la UBA, de no dejar duda alguna en cuanto a lo que se refiere a mi persona. Prueba de ello es que me mencionó con nombre y apellido, como integrante del Poder Judicial, en mi carácter de juez federal, publicando una seguidilla irreflenable de tweets, al instante mismo de tomar estado público el fallo de Revolución Federal”. Ante esto, Bruglia advirtió: ”Fallé legalmente corresponde y con los debidos fundamentos respetando el profesionalismo que me esfuerzo en practicar en los ya 30 años que llevo de trayectoria en el cargo de juez de Cámara”.

No es un dato menor que el juez mencione su medio siglo de carrera judicial y sus tres décadas como juez. Es que Alberto Fernández y Leopoldo Bruglia se conocen de otra vida. Se cruzaban en la facultad de derecho como estudiantes. Bruglia fue muy cercano al grupo de amigos de la hermana de hoy jefe de Estado.

Como en toda demanda por daños, el afectado debe pedir una cifra. Bruglia reclama 40 millones de pesos y la retractación pública “por el mismo medio y cuenta personal” del jefe de Estado y por los principales medios nacionales en papel y digital. Se busca una “condena justa y equitativa, que contempla la magnitud del daño provocado y su dimensión”, señaló.

“No es sustancial para mí la solución patrimonial. No llega a restaurar lo dañado. Pero es muy importante intentar reponer algo de lo que en muchas ocasiones hemos perdido en el correcto ejercicio de la jurisdicción, en colisión con intereses políticos (…). Es una cuestión de límites, de excesos y de impunidad”, afirma el escrito que lleva la firma de los abogados patrocinado Estela Eva Pastorini y Juan Manuel Blanco.

Los tuits de Alberto Fernández que generaron la demanda civil

El eje de esa demanda es la publicación que Alberto Fernández hizo el 2 de noviembre pasado, a las 16:42, desde su cuenta de Twitter, después del fallo de la Sala I de la Cámara Federal porteña en donde se resolvió dejar en libertad a los cuatro integrantes de la agrupación “Revolución Federal”, en la mira de la vicepresidenta Cristina Kirchner desde su intento de homicidio ocurrido el 1 de septiembre. Para criticar el fallo, el jefe de Estado aseguró que dos de los integrantes de ese tribunal “ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución”.

De inmediato, Bruglia denunció públicamente la “gravedad institucional” de esas manifestaciones, sostuvo que no es ilegítimo, habló de una injerencia sobre el Poder Judicial y sostuvo que los dichos de Fernández son “ofensivos”, “falaces” e “inaceptables. Y anunció una demanda por daños y perjuicios y su renuncia a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional por no haber salido rápidamente a repudiar esas expresiones. En su demanda, el juez volvió sobre esa entidad. Es más, señaló que esta presentación formal es una búsqueda de reparación individual ante la falta de un gesto colectivo de sus pares.

Las palabras del Presidente apuntaban a deslegitimar el rol de Bruglia y su colega Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal. En julio del 2020 el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, pidió la revisión de una decena de traslados que consideraba irregulares. Allí figuraban los nombres de los dos jueces que habían integrado el Tribunal Oral Federal 4 y que, en la gestión macrista, habían sido trasladados por el entonces Consejo de la Magistratura a la Sala 1 de la Cámara Federal, un tribunal clave a la hora de decidir el futuro de las causas que se investigan en Comodoro Py. Desde allí, Bruglia y Bertuzzi intervinieron, por ejemplo, en el caso “Cuadernos”, en la cual Cristina Kirchner fue señalada como la jefa de una asociación ilícita que recaudaba dinero entre empresarios entre 2003 y 2015.

Cristina Kirchner (Aglaplata)

El jefe de Estado firmó un decreto desplazándolos y devolviéndolos a tribunales orales. El caso, que generó un enorme ruido judicial, político y mediático, llegó a la Corte Suprema vía per saltum. Los jueces resolvieron allí terminar con el sistema de traslados. Dijeron que para estar en la Cámara Federal Bruglia y Bertuzzi debían ganar un concurso y conseguir acuerdo del Senado. Pero advirtieron que lo mismo corría para el resto de todo el universo de jueces en esa condición. Mientras tanto, Bruglia y Bertuzzi podían permanecer en sus cargos.

No obstante, los jueces fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aseguraron, tal como lo reveló la semana pasada Infobae, que “quedó demostrada la maniobra de destitución selectiva de jueces” porque sólo se activaron los concursos que buscaban reemplazarlos a ellos y al juez del Tribunal Oral Federal Federal 7, Germán Castelli, que interviene en el futuro juicio por “Cuadernos”.

Desde la Sala I de la Cámara Federal, a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Mariano Llorens les tocó intervenir en la investigación del atentado contra la vicepresidenta. Y también en una causa que analiza si la agrupación Revolución Federal difundió “masivamente propaganda de odio” y cometió “actos violentos” contra dirigentes del Frente de Todos para “combatir ideas ajenas por la fuerza o el temor”. El juez Marcelo Martínez De Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita detuvieron a cuatro de sus integrantes y la Cámara Federal decidió excarcelarlos tras imponerles una serie de reglas. Ahí aparecieron los tuits del presidente.

Segunda parte los mensajes del Presidente tras el fallo de Revolución Federal

Como en toda demanda civil, antes de ir a tribunales se fija una mediación. La cita tuvo lugar el 23 de diciembre en una oficina de la calle Paraná al 300, aunque las partes podían participar virtualmente. Bruglia se conectó por zoom desde su despacho en el segundo piso de los tribunales de Comodoro Py 2002. El presidentefaltó a la cita. A esa hora se reunía con un grupo de gobernadores peronistas para resolver que no iba a acatar el fallo de la Corte Suprema que ordenó devolver fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y plantear la recusación de los ministros del máximo tribunal.

Ante la ausencia de Alberto Fernández, Bruglia quedó habilitado para avanzar en el juicio. Previo pago a la tasa de justicia, el camarista presentó por estas horas su demanda, que ya fue sorteada por la Cámara en lo Civil. Según la documentación, a la que accedió Infobae, Bruglia acusó al jefe de Estado de causarle “daño al honor, reputación y dignidad, con afectación moral; daño a su imagen pública, familiar, social e institucional exponencialmente propagados sin límite alguno por la irrefrenable herramienta pública utilizada por el ofensor que llegara a la comunidad toda” y con “fuertes implicancias en el ejercicio de mi actividad de juez”. Eso, agregó, provocó “un daño a mi buen nombre y honor, con repercusiones sobre mi dignidad y afectación a la intimidad”.

El escrito de 43 páginas apuntó contra “la abrupta, sorpresiva, injustificada y falaz publicación efectuada” por el Presidente en la red social Twitter. Para Bruglia, Alberto Fernández incurrió en la “transgresión a los principios de decoro y respeto a la buena fe” porque “los hechos públicamente transmitidos” por el jefe de Estado “son absolutamente mendaces, en tanto no cuentan con asidero, ni sustento real ni legal alguno resultando injustificados, falsos y contrarios a derecho”.

Uno de los puntos de la demanda es resaltar el “daño ilimitado” que provocó: el demandado es “abogado, hijo de juez, profesor universitario y Presidente de la Nación Argentina; características que lo convierten en un personaje especialmente cualificado, lo que provoca que su conducta asuma ribetes que no son ordinarios, así como tampoco las consecuencias dañosas de sus dichos. Y su escondida motivación solo él la sabrá. Tal vez intenta agradar. Quedara solo en el campo de lo condicional y las suposiciones”, dijo y añadió: “Lo que ya no puede conjeturarse es la clara intención política”.

Para Bruglia, la “degradación verbal” que intentó el jefe de Estado tuvo su origen en el enojo que le provocó el fallo. “El origen son las resoluciones que no le gustaron al señor presidente de la Nación” y así se buscó “el desprestigio de mi persona: la actitud públicamente desarrollada, calificándome de usurpador del cargo, sumamente improcedente y arbitraria, no fue otra cosa que una crítica parcial, sin sustento alguno, antojadiza e inconsistente al fallo dictado por la Sala que integro”.

Fue entonces que Bruglia adjuntó a la demanda el fallo de la Corte Suprema que demuestra “la legitimidad que tengo para desempeñarme en el cargo, corroborándose así que no estoy usurpando la jerarquía que ostento y la falaz manifestación del demandado”. El fallo anuló el decreto de destitución que había firmado Fernández y ordenó su vuelta a la Cámara Federal. “Cargo que ostento hasta la actualidad y en virtud del cual se dictó el fallo que, huelga decir, no fue de agrado del demandante”, resaltó. “Al sostener falsamente en cada uno de los tweets a los que me remito -en un texto que avasalla mi dignidad y afecta toda mi trayectoria judicial de casi 50 años- que no cuento con legitimidad para su ejercicio, no solo pretende avasallar la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino que ademas quiso ‘plantar’ una falsedad ideológica en la población”

Las pruebas de la demanda: de Twitter a la UBA y de “Lilita” a un peritaje de personalidad

Leopoldo Bruglia en la puerta del Palacio de Tribunales (Ariel Torres)

El camarista pidió incorporar el fallo sobre Revolución Federal que ordenó excarcelaciones, las diferentes notas sobre las críticas presidenciales y la resolución del máximo tribunal sobre los traslados. También que se le consulte al Consejo de la Magistratura si registra “algun tipo de sanción, falta u observacion respecto de su trayectoria como juez” desde que comenzó a ejercer su cargo. Y a la secretaría general de la Cámara Federal porteña sobre su propio legajo donde surge su trayectoria.

Además, Bruglia pidió librar oficio a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires para saber si Alberto Fernández es allí profesor y desde cuándo.Incluso, reclamó una copia de su legajo personal, “con la documentación adicional que integre su formación académica”. Es de público conocimiento que el presidente da clases allí, una actividad que interrumpió aún ejerciendo la titularidad del Ejecutivo. Pero Bruglia subrayó que “esta medida probatoria se justifica en cuanto a su especialidad y desempeño como docente en la UBA determina una capacidad mayor de motivarse” y conocer “el alcance y la gravedad” de sus actos. “Incide efectivamente sobre la magnitud del aspecto subjetivo en la intención de dañar” y “ofender, repercutiendo también la extensión del daño. Algo interesante para discutir en el presente”.

La demanda reclamó informes a Twitter: quiere tener acreditado detalles de la cuenta de Alberto Fernández, su verificación y seguidores, y el número de veces que cada tweet fue visto, cada vez que fue retuiteado y cada vez que le dieron likes. También reclamó un perito informático para que acredite, entre otras cuestiones, si hubo modificaciones en los mensajes que son eje de esta causa.

De testigos, Bruglia propuso llamar a declarar a cinco personas: Cristian Abritta, ex secretario de la Corte Suprema que intervino en la causa de los traslados; el abogado Mauricio D’Alessandro, un experto en el fuero civil para dimensionar el daño causado; el constitucionalista Daniel Sabsay, y el diputado del PRO Pablo Tonelli, que como miembro del Consejo de la Magistratura vio cómo se gestionó el traslado a la Cámara Federal y cómo luego el actual oficialismo decidió cuestionarlo. La última testigo propuesta es la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió, en su carácter de constitucionalista. “Lilita” fue una de las dirigentes políticas que más fuertemente salió a respaldar a Bruglia y Bertuzzi cuando se dispuso removerlos.

Como reserva final, Bruglia dejó planteada la posibilidad de hacer un peritaje “vinculado a aspectos de la personalidad del demandado, exclusivamente en cuanto a su percepción de criterios de realidad”.

Por último, Bruglia acotó: “mal podría argumentar” el presidente “que estaba haciendo uso del derecho a la libertad de expresión cuando faltó a la verdad deliberadamente, indujo a error a los demás de manera premeditada, intencional e inaceptable con la sola finalidad de causar una gravísima lesión”. “Todos y cada uno de los argumentos esbozados por el Dr. Fernández son falsos. Lo sabía y solo quería descalificar (…) La libertad de expresión debe ser concebida como una garantía de acceso a la democracia y no como un mecanismo que permita dañar la imagen de las personas”.

El juicio recién comienza.

Fuente: Infobae

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