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Confirmó que todavía no está operativo y planteó interrogantes sobre controles, imágenes y mecanismos para determinar las infracciones.

Las fotomultas en Entre Ríos destinadas a detectar conductores que utilicen el celular o circulen sin cinturón de seguridad generaron interrogantes sobre su funcionamiento y validez. El abogado Tomás Cabrera presentó un pedido de informes ante la Dirección de Prevención y Seguridad Vial y, en diálogo con Elonce, explicó cuáles fueron las respuestas recibidas y qué aspectos considera que todavía deben ser analizados antes de que el sistema comience a funcionar.

Detectaron radares no autorizados en rutas nacionales: qué debe tener una fotomulta válida

Cabrera explicó que su interés surgió precisamente después de conocer, a través de Elonce, la implementación proyectada del mecanismo. A diferencia de los radares tradicionales, que determinan la velocidad de circulación, las nuevas cámaras permitirían observar situaciones dentro del habitáculo.

“Me empecé a preguntar de qué manera el Estado iba a controlar dentro del habitáculo qué era lo que sucedía, cómo diferenciaban un celular de, por ejemplo, una billetera, cómo iban a hacer los que trabajan con aplicaciones como Uber o alguna moto que utiliza el teléfono para trabajar”, explicó.

El sistema todavía no está operativo

A partir de esas inquietudes, Cabrera realizó una presentación que incluyó 14 puntos, entre ellos cuestiones vinculadas con el derecho a la imagen, el almacenamiento de los registros y la forma en que se determinaría si efectivamente existió una infracción.

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Uno de los principales datos surgidos de la respuesta oficial fue que el nuevo sistema todavía no se encuentra operativo en Entre Ríos. Según explicó el abogado, actualmente continúa en una instancia previa a su implementación definitiva.

El letrado indicó que la Dirección de Prevención y Seguridad Vial respondió diferentes puntos y proporcionó información sobre la empresa encargada del servicio, además de aspectos relacionados con la conservación y sobrescritura de las imágenes captadas.

Cómo se determinaría una infracción

Cabrera estableció una diferencia entre estas cámaras y los cinemómetros utilizados habitualmente para controlar la velocidad. Estos últimos requieren controles técnicos que permitan garantizar que las mediciones sean correctas.

“Los cinemómetros tienen que estar certificados por el INTI, que verifica que los aparatos con los que se mide la velocidad estén bien calibrados. Si el cinemómetro toma que vas a determinada velocidad, la velocidad es efectivamente esa”, explicó.

En el sistema proyectado para detectar cinturones de seguridad o utilización del teléfono, en cambio, Cabrera señaló que se trataría de un mecanismo de captura de imágenes que posteriormente serían verificadas por un agente para determinar si existió o no una infracción.

Las dudas sobre la finalidad preventiva

Otro de los cuestionamientos formulados por el abogado estuvo relacionado con la finalidad preventiva de los controles automatizados. Según explicó, las normas de seguridad vial deberían procurar principalmente impedir que continúe una conducta riesgosa.

“El principio general de la seguridad vial y del respeto a las normas tiene que ver con la prevención, es decir, que no sucedan las faltas, que no se cometan infracciones”, sostuvo Cabrera.

En ese sentido, planteó que un sistema automatizado registra una conducta pero no necesariamente permite detenerla en el momento. “Puedo venir a una velocidad que no corresponde y me voy a llenar de multas, pero no se corta la falta. Eventualmente tampoco se elimina el riesgo que genera esa inconsistencia con las normas”, ejemplificó.

Qué debería revisar un conductor ante una fotomulta

Consultado acerca de los elementos que debería observar una persona al recibir una fotomulta, Cabrera mencionó diferentes requisitos que pueden resultar relevantes al momento de evaluar una eventual impugnación.

Entre ellos enumeró la autorización del dispositivo, la jurisdicción de la ruta o camino, la correcta notificación y la inclusión del lugar, fecha y hora de la presunta infracción.

“Los descargos o las cuestiones sobre cómo se impugnan estas fotomultas tienen que ver con si el radar estaba autorizado, por qué camino o ruta se transitaba, la jurisdicción, si la notificación fue bien hecha y algunos requisitos formales”, detalló.

El debate por los estudios de siniestralidad

Cabrera también hizo referencia a disposiciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial vinculadas con la instalación y autorización de sistemas de control de velocidad.

Según explicó, entre los criterios nacionales aparecen los estudios de siniestralidad, destinados a determinar si existe una justificación preventiva para instalar dispositivos en determinados sectores.

“Actualmente y con este sistema en particular, según el pedido de informe que hice, no hay un estudio de siniestralidad”, aseguró. No obstante, aclaró que se trata de jurisdicciones diferentes y que los requisitos establecidos a nivel nacional no necesariamente resultan aplicables de manera directa al sistema provincial.

“Hay una diferencia de criterio”

El abogado mencionó como ejemplo situaciones registradas en otras provincias, donde, según planteó, algunos controles fueron instalados en lugares con escasa circulación o bajos índices de siniestros, lo que generó cuestionamientos sobre su finalidad.

“Ahí queda más en evidencia que se persigue por ahí un fin más recaudatorio”, opinó Cabrera al referirse a esos casos y aclaró que su planteo respecto de Entre Ríos pasa por determinar si la ubicación de los dispositivos estará respaldada por criterios preventivos.

“No es que sea un requisito en esta ruta en particular porque es jurisdicción provincial, pero hay una diferencia de criterio a la hora de evaluar si colocar o no colocar y dónde colocar radares y sistemas de detección de faltas para que también se cumpla este fin preventivo de los siniestros”, puntualizó.

Las cámaras están en período de pruebas

Desde el programa también se recordó que autoridades provinciales habían explicado previamente que el sistema se encontraba en etapa de pruebas. Entre los casos analizados aparece la situación de conductores de aplicaciones como Uber, que utilizan teléfonos celulares como herramienta de trabajo.

Según la explicación oficial brindada previamente a Elonce, la intención no sería sancionar a quienes utilicen el teléfono colocado en un soporte fijo dentro del vehículo, sino detectar conductas consideradas riesgosas durante la conducción.

Precisamente, la capacidad para diferenciar esas situaciones forma parte de los aspectos que deberán resolverse durante las pruebas. Mientras el sistema continúa sin aplicación efectiva, el debate se centra en las garantías para los conductores, los criterios utilizados para determinar las infracciones y la finalidad preventiva de los nuevos controles.

Fuente: elonce.com

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Buenos Aires, 11 julio (NA) – Martín Insaurralde vuelve a quedar bajo la lupa a partir de una nueva investigación periodística que vincula a su entorno familiar con una presunta estructura de financiamiento irregular relacionada con el sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires. 

La denuncia pone el foco en Priscila Ferrante, sobrina de la expareja del exjefe de Gabinete bonaerense, quien habría mantenido vínculos laborales con una empresa que obtuvo contratos públicos tras el desembarco político del dirigente en la administración provincial.

La investigación, presentada por la periodista Guadalupe Vázquez en su programa de Radio Rivadavia, sostiene que Ferrante trabajó entre 2016 y 2018 para la firma Always Group S.A., una empresa tecnológica dedicada, entre otras actividades, a la provisión de cinemómetros y sistemas utilizados para el control del tránsito.

Uno de los datos que despierta sospechas es que la compañía fue incorporada al Registro de Proveedores de la Provincia de Buenos Aires apenas diez días después de que Insaurralde asumiera como jefe de Gabinete bonaerense, en septiembre de 2021.

Según la investigación, ese ingreso coincidió con el crecimiento de la empresa dentro del sistema de contrataciones públicas y con su participación en el negocio de las fotomultas, un esquema que ya había quedado bajo investigación judicial por presuntas irregularidades durante la gestión del exministro de Transporte Jorge D’Onofrio.

Vázquez afirmó que la Justicia ya investiga el patrimonio de Ferrante y recordó que el juez federal interviniente ordenó levantar el secreto fiscal y bancario para determinar la evolución de sus bienes. Además, señaló que la mujer ya había aparecido vinculada en otra causa judicial por presuntas maniobras de facturación apócrifa junto a su expareja Ever Russo.

La Agencia Noticias Argentinas supo que la periodista también advirtió sobre la existencia de una presunta triangulación de fondos mediante universidades nacionales para canalizar contrataciones vinculadas al sistema de fotomultas, un mecanismo que, según indicó, ya había sido detectado en investigaciones previas.

En ese sentido, sostuvo que Always Group comparte domicilio legal con otras firmas mencionadas en la causa por las fotomultas y que ya pudo confirmarse su condición de proveedora tanto del Gobierno bonaerense como del municipio de Almirante Brown. 

Respecto de Lomas de Zamora, señaló que aún no pudo verificarse formalmente la contratación debido a la falta de acceso público al registro de proveedores, aunque indicó que los equipos homologados por la empresa serían los mismos que funcionan en ese distrito.

“Fue inscripta como proveedora del Gobierno de la provincia solo diez días después de que Insaurralde asumiera como jefe de Gabinete. Una coincidencia, casualidad, no lo creo”, afirmó Vázquez al presentar los resultados de su investigación.

La periodista explicó que toda la documentación reunida ya fue puesta a disposición del fiscal Sergio Morla, quien investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Insaurralde, y del fiscal Álvaro Garganta, a cargo del expediente por las presuntas irregularidades en el sistema de fotomultas.

De acuerdo con la investigación, esta nueva línea podría sumarse a otras hipótesis sobre supuestas fuentes de financiamiento atribuidas al exfuncionario, entre ellas el manejo de recursos de la Jefatura de Gabinete bonaerense, el negocio del juego y desarrollos inmobiliarios en la costa atlántica.

La causa continúa en etapa de investigación y será la Justicia la que determine si existen elementos suficientes para avanzar sobre las presuntas maniobras denunciadas y establecer eventuales responsabilidades penales.

Agencia NA

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Más de 40.000 kilómetros relevados en todo el país

Durante el 2026, la ANSV realizó a través de sus agentes de fiscalización y metrología vial, un relevamiento sobre los 40.000 kilómetros de rutas nacionales.

Al inicio del operativo, se registraban 526 cinemómetros autorizados para operar e infraccionar en rutas nacionales, siendo 363 equipos fijos y 163 equipos móviles.

Del total de radares fijos autorizados, 239 equipos fueron encontrados operando en el lugar para el cual habían sido habilitados; y 124 equipos no fueron hallados en el sitio autorizado al momento del relevamiento.

Ante esta situación, la ANSV se encuentra intimando a las jurisdicciones correspondientes para que informen la situación operativa de los equipos. En caso de constatarse que los cinemómetros ya no se encuentran en funcionamiento, se procederá a la baja de las autorizaciones correspondientes.

En este sentido, el organismo ya comenzó a efectivizar las primeras bajas de autorizaciones. Además, intimará a aquellas jurisdicciones que presentaban verificaciones técnicas vencidas para que regularicen su situación bajo apercibimiento de revocar las habilitaciones vigentes.

Fotomultas: Más de 150 radares no autorizados

Durante la fiscalización, la ANSV también detectó 152 radares fijos que operaban sin autorización nacional para labrar infracciones en rutas nacionales.

Frente a estas irregularidades, el organismo exigió el cese de utilización de los equipos y el retiro de los dispositivos instalados sin habilitación correspondiente.

La intervención de la ANSV se encuentra respaldada por la Ley Nacional 26.363 y el Decreto Reglamentario 1716/2008, que establecen que ningún cinemómetro puede operar legalmente en una ruta nacional sin autorización previa de la ANSV.

La normativa nacional le otorga al organismo la facultad de autorizar, fiscalizar y controlar los sistemas automáticos de constatación de infracciones, garantizando que los dispositivos funcionen de manera transparente, técnica y conforme a derecho.

Un reciente fallo de la Corte Suprema ratificó el rol de la ANSV como autoridad competente en materia de radares sobre rutas nacionales, ante un reclamo del municipio de Darwin, provincia de Río Negro.

El objetivo de este proceso de regularización que lleva adelante la ANSV es prevenir prácticas irregulares y asegurar controles enfocados en la seguridad vial y el cuidado de la vida.

¿Qué información debe tener una infracción por fotomulta para que sea válida?

Para que una infracción por fotomulta sea válida, debe incluir datos precisos sobre el radar utilizado —como marca, modelo, número de serie, homologación y calibración vigente—, además de la información exacta de la infracción: lugar, fecha, hora, velocidad permitida y velocidad registrada, junto con una imagen clara de la patente del vehículo.

También debe figurar la identificación del operador habilitado, la autoridad que emitió el acta y el juzgado competente. A su vez, el control debe estar previamente señalizado y la infracción debe notificarse dentro de los plazos legales correspondientes.

Cualquier ciudadano puede consultar la habilitación y autorización de radares fijos y móviles que operan en rutas nacionales a través del sitio web oficial de la ANSV.

Fuente: Elonce.com

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La causa judicial que investiga presuntas irregularidades en el sistema de fotomultas y en la adjudicación de concesiones de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) volvió a tomar impulso luego de que la Coalición Cívica ampliara la denuncia contra el ex ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, y otros funcionarios y empresarios vinculados. El espacio liderado por Elisa Carrió solicitó a la Justicia profundizar la pesquisa por fraude al Estado, asociación ilícita y lavado de activos, al considerar que se trata de un “entramado orgánico” con capacidad de influir sobre expedientes, contratos y decisiones políticas.

La presentación agregó elementos vinculados a posibles relaciones societarias y operativas entre D’Onofrio, la ex presidenta del Concejo Deliberante de Pilar Claudia Pombo, el intendente Federico de Achával, y la empresa Franutec, una de las firmas bajo investigación en el esquema de monitoreo, procesamiento y cobro de infracciones de tránsito. Según la denuncia, estas conexiones no serían aisladas, sino parte de un sistema que habría operado con un nivel de coordinación destinado a beneficiar a ciertos actores privados.

La causa, que lleva adelante el Juzgado Federal de Campana, ya tiene imputadas a 16 personas, incluido el propio D’Onofrio, quien recibió un embargo de 350 millones de pesos dispuesto por el juez Adrián González Charvay. El fiscal Álvaro Garganta identificó al menos tres maniobras principales: un circuito clandestino para borrar multas mediante gestores que cobraban alrededor del 50% del valor de la infracción; la adjudicación presuntamente direccionada de concesiones de VTV; y un esquema de facturación irregular con empresas proveedoras de cinemómetros en distintos municipios.

Una de las empresas señaladas, Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., habría sido intermediaria obligada para las compañías interesadas en operar plantas de VTV, cobrando una comisión del 8,5% por cada verificación realizada. Además, la Justicia investiga el rol de CECAITRA, que habría tenido participación directa en la administración de fotomultas con contratos que ahora se sospechan irregulares.

En paralelo, surgieron líneas de investigación que incluyen otros posibles vínculos económicos, como la financeira Token Capital, allanada a comienzos de año, y la denuncia por supuestas “empleadas fantasmas” en una peluquería perteneciente a Pombo.

Desde el plano político, la Coalición Cívica sostiene que el caso “es de extrema gravedad institucional” y representa un modelo de corrupción sistémica en la administración bonaerense. El espacio pidió que se profundicen peritajes informáticos, análisis patrimoniales y la trazabilidad financiera de los contratos.

Por su parte, D’Onofrio rechaza las acusaciones y afirma que todo se trata de un armado político que será desestimado cuando se verifiquen los sistemas informáticos utilizados para gestionar las multas. Niega cualquier vínculo irregular con las empresas mencionadas y asegura que su patrimonio es compatible con sus ingresos.

Mientras la causa avanza, la ampliación de la denuncia volvió a poner en el centro el millonario negocio de las infracciones y la VTV en la provincia de Buenos Aires, un sistema históricamente cuestionado pero que ahora enfrenta una de sus investigaciones más complejas y profundas.

FM del Este 100.5

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Además, las infracciones menores solo recibirán un apercibimiento.

Estas nuevas medidas fueron anunciadas por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, quien instruyó al jefe de Policía, Gustavo Maslein, para que rijan desde este miércoles 13.

En tal sentido, queda prohibido el cobro de multas en los puestos camineros. Las mismas serán abonadas por los infractores por los canales de cobro habilitados por la Administración Central para tal fin.

Otra de las medidas anunciadas es que se dejará de cobrar multas por infracciones menores.

“Desde ahora, los funcionarios policiales se concentrarán en la prevención vial y en la concientización a los conductores y sólo apercibirán al infractor y harán una invitación a corregir cuando se trate infracciones menores. Nos vamos a concentrar en aquellas infracciones graves que realmente representen un peligro para quienes transitan por las rutas entrerrianas”, sostuvo el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia.

Gobierno de Entre Ríos

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